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Se encadenaron en el patio de la Gobernación

Familiares de víctimas de homicidios se encadenaron ayer en la plaza interna de la sede local de la gobernación para exigir que desde el Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas les otorguen respuestas a sus delicadas situaciones.

Familiares de víctimas de homicidios se encadenaron ayer en la plaza interna de la sede local de la gobernación para exigir que desde el Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas les otorguen respuestas a sus delicadas situaciones. “Tenemos una compañera a la cual la Policía le mató el marido y luego del homicidio se quedó sin casa; pero desde la provincia no le otorgan ningún tipo de ayuda”, contó Gabriela, una de las mujeres que participó de la protesta. Uno de los problemas que se suscitó durante la protesta es que los policías que custodian ex Jefatura le cortaron el paso a la prensa (cualquier otra persona podía ingresar) e intentaron evitar que el diálogo con los manifestantes.

“Pariendo Justicia” es un grupo de familiares de víctimas que se organizaron para afrontar en conjunto sus nuevas realidades. Se asisten entre ellos; se acompañan al médico, comparten sus vivencias e intentan que sus dramas no les impidan levantarse todos los días de la cama. “Lo que queda después de un asesinato es terrible. Familias destruidas, sin recursos, viudas que tienen que sostener una casa y educar a sus hijos sin tener plata para darles de comer. Nosotros nos asistimos mutuamente. Hacemos lo que el Estado debería hacer”, explicó una de las integrantes.

Uno de los casos emblemáticos de “Pariendo Justicia” es el de Leila. Su marido Iván Mafud, fue acribillado por policías la madrugada del 8 de septiembre de 2014 en Roldan, luego de una persecución de casi 50 kilómetros; en un hecho por el cual 15 policías fueron acusados –algunos por homicidio doblemente calificado y otros por encubrimiento– por el fiscal Miguel Moreno en febrero pasado. La mujer de Iván, meses después del crimen, quedó en la calle luego de que se incendiara su casa y desde entonces exige, sin respuestas, que Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas –que depende del Ministerio de Seguridad, la misma área que debía controlar a los homicidas de Iván– le otorgue algún tipo de ayuda.

“La gente que trabaja en el Programa nos admite que no tienen recursos; pero a la vez nos prepotean y nos dicen que así no vamos a conseguir nada. Nosotros no podemos seguir esperando. Hay una responsabilidad de la que se tienen que hacer cargo”, explicó Gabriela.

Seguridad

Párrafo aparte se merece el accionar las autoridades de seguridad la sede de Gobierno, quienes ante la protesta de “Pariendo Justicia” decidieron cerrar los portones de hierro de la ex Jefatura y administrar a gusto y piacere el flujo de personas que ingresaban al predio. Así fue como prohibieron la entrada a dos periodistas de El Ciudadano y sí habilitaron el paso a muchas otras personas que llegaban para realizar trámites de diferente índole. Cuando el vigilante que abría y cerraba las rejas fue entrevistado sobre el motivo de la medida, se negó a dar explicaciones, al igual que su superior, que impartía órdenes a través de un handy.

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