Un joven de 24 años fue imputado por el crimen de su ex suegro Martín Carlos Orellano, de 40 años, ocurrido el fin de semana pasado durante un cumpleaños en la zona oeste. El sospechoso fue imputado de pelear con la víctima, pegarle un tiro y obligar a su actual novia a irse con él mientras amenazaba al resto con el arma homicida para que no se acercaran.
La fiscal Gisela Paolicelli acusó al sospechoso, identificado como Marcelo M., de 24 años, por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación y privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por haber sido cometido con violencia y contra una persona a quien se le debe respeto particular y por el uso de arma de fuego.
El sábado 24 de septiembre pasado a las 20.30 un amigo de la víctima festejó su cumpleaños en su casa ubicada en calle 1906 al 5300, casi en la intersección con avenida Uriburu al 5200, del extremo oeste de la ciudad.
Allí estaba además el ex yerno de Orellano y entre ellos inició una discusión por problemas de vieja data. Cuando los entredichos empezaron a subir de tono, algunos invitados y los anfitriones intentaron interceder para separarlos. En ese momento, el imputado extrajo un arma de fuego de la cintura y le pegó un tiro en el tórax a Martín, contó la fiscal Paolicelli en la imputación.
La lesión le produjo a la víctima un shock hipovolémico por hemorragia torácica masiva que le provocó la muerte.
Un joven discutió con un invitado en una fiesta y lo asesinó de un balazo
El agresor agarró a su actual pareja del brazo y la obligó a subirse a un Renault 11 mientras hacía ademanes con el arma para evitar que alguna persona se acercara e impidiera que se fuera del lugar con la joven, quien quedó retenida en contra de su voluntad, relató la Fiscalía.
Poco después abandonó el auto en calle 1707 al 7600, en barrio Santa Lucía, y liberó a su novia luego de pasar por un domicilio ubicado en pasaje 1746 al 2100 donde agarró una moto y se fugó. Luego, este martes el sospechoso se presentó junto a su abogado ante los pesquisas de la Brigada de Homicidios en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de Lamadrid al 500.
En la audiencia, tras la imputación, la fiscal pidió una medida cautelar efectiva. El juez Pablo Pinto aceptó la acusación y dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir dos años hasta el juicio oral.
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