Vuelve a hacer calor. Unos grados centígrados menos que a principio de enero pasado, cuando unas 200 familias de distintas zonas de la ciudad –pero principalmente de los barrios Acindar, Alvear y Vía Honda– tomaron alambres, piolines, maderas y cuanto elemento demarcatorio encontraron para lotear parte de las cinco hectáreas ubicadas en Avellaneda al 4300. Allí, hombres y mujeres sin viviendas o apretados (y viviendo de prestado) dividieron parcelas de 9 por 12 metros. Respetaron dos canchas de fútbol, una de 7 y otra para 11 jugadores. El predio está rodeado por un Fonavi y dos complejos de viviendas gubernamentales. La propiedad original se divide entre el gremio estatal UPCN, una sociedad formada por los sindicatos de petroleros Supe, del Hielo y del Correo, un tercero a la Municipalidad y el restante al privado Marcos Leone. Hasta enero, el verde era para los caballos y vacas de Don Tito, que tuvo que viajar a Reconquista a cuidar a un familiar. El viaje del celador del predio derivó en la usurpación. Una línea temporal del conflicto señalaría: primero, una mediación de Control Urbano. Segundo, juicio iniciado y desalojo violento. Tercero, una intervención del Ejecutivo local. Y cuarto, la retirada voluntaria de 150 de las familias con la promesa oficial de “canalizar sus problemas por las vías institucionales”. Las 50 familias que descreyeron de la capacidad estatal para solucionar sus problemas pasaron en pocos meses a cambiar las chapas de sus ranchos por ladrillo hueco y cemento. A mitad de año, la Justicia santafesina archivó el pedido de desalojo de UPCN y el municipio por vía penal. Quedó el privado, Marcos Leone como único actor posible de pedir la fuerza policial. Fuentes judiciales confirmaron que los restantes actores deberán recurrir a la instancia civil. Paralelo a los documentos y carátulas en Tribunales provinciales, las 150 familias que habían dejado el lugar retornaron allí. Sin respuestas, y con miedo de perder una oportunidad, cimentaron un nuevo barrio en el sudoeste.
José, que vive frente a las casas del plan de relocalización Rosario Habitat, explica a El Ciudadano: “Primero el alumbrado público y la recolección de basura. Después le ponemos nombre (por el nuevo barrio)”. Con una pala en la mano, cava lo que será la conexión cloacal de su casa de material. No es la única. Común a lo que ocurre en los asentamientos irregulares, como describió la subsecretaria General de la Municipalidad, Lorena Carbajal, las familias adquirieron materiales de construcción más avanzados. “No. El fútbol se respetó (rie). No tenemos problemas entre nosotros. Queremos quedarnos y cuidar el lugar”, cuenta José, que antes vivía en Pascual Rosas y Godoy y es changarín. Su terreno es contiguo al primer almacén del barrio, abierto gracias a una conexión eléctrica casera, como gran parte de las cinco hectáreas.
Como en cualquier barrio de la ciudad se repiten los carteles: “Se vende terreno” y “Se vende casa”. No hay nombres de inmobiliarias y hay espacio para otras ofertas como: “Se vende bolsa de maíz”.
El lote de Marcelo, también changarín con esposa y dos hijas, mira a la Vía Honda a la que se llega cruzando bulevar Avellaneda. Para el hombre, las posibilidades de muchos de los que hoy ocupan esos lugares de obtener un espacio propio por vías convencionales está tan lejos como las Dolfines Guaraní (conocidas como “Las torres Dolfinas”), el desarrollo inmobiliario millonario aún visible desde Avellaneda al 4300. “Esto es lógico. Hay problemas habitacionales y la gente vive amontonada. Pensar en un alquiler es olvidarte de comer. ¿Quién tiene garantías para los créditos que hay?”, fundamenta Marcelo. La frase resuena al entender que pasando la Vía Honda, aún más cerca de avenida Circunvalación, unas 18 hectáreas se convertirán en 580 lotes como parte del programa “Mi Tierra, Mi Casa” del gobierno santafesino. O si se considera que un sindicato de empleados públicos erigió unas 50 viviendas destinadas a sus afiliados –de dos y tres dormitorios– en el sector sudoeste del predio. Tal como indicó a este medio Néstor Audero, representante de UPCN, se instaló un cerco perimetral en las obras en construcción y se puso vigilancia a cargo de un policía adicional para evitar la usurpación de los nuevos vecinos. El plan original del gremio era hacer más un centenar de viviendas en sus casi tres hectáreas del espacio verde. “En todos lados se hacen casas y nosotros no vamos a quedarnos atrás”, insiste Marcelo.
