El gobernador Omar Perotti instruyó al Fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder, para que se presente como querellante en la causa por supuestos hechos de “espionaje ilegal” durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad de la propia provincia.
El decreto 022 del pasado 18 de enero lleva la firma del mandatario y de la ministra de Gobierno Celia Arena y define “intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad”.
Entre sus fundamentos, el decreto señala que después de los allanamientos al Ministerio de Seguridad del 26 de noviembre, el gobernador pidió al fiscal de Estado iniciar “procedimientos administrativos que legalmente correspondan”, en relación a un sumario interno.
Sin embargo, siempre según el texto oficial, “con posterioridad al mencionado acto administrativo, pero en relación a la Investigación Penal Preparatoria, ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de dicha investigación”.
“Que el estado actual de la investigación -de acuerdo a los mencionados trascendidos periodísticos- hace oportuno instruir nuevamente al Fiscal de Estado -órgano que constitucionalmente tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los Tribunales de Justicia- a que se presente en nombre y representación de ésta como querellante en la Investigación Penal Preparatoria”, sigue el texto.
La medida del Ejecutivo se explica en que “se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública” y sostiene “el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados”.
Como un anticipo de esta novedad, Sain había señalado al gobernador sin nombrarlo por la falta de apoyo ante las denuncias en su contra y su ex equipo de funcionarios.
“Quien conduce tiene que bancar, particularmente a aquellos que se jugaron el cuero y el trabajo por una gestion de gobierno acordada explícitamente”, escribió en Twitter días atrás.
Un poco de historia
El origen de la causa surgió a partir de una serie de allanamientos sorpresivos llevados a cabo el pasado 26 de noviembre de 2021 en las sedes de Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad, situación que provocó la renuncia del otrora secretario de Seguridad Germán Montenegro y del resto de los funcionarios de la cartera que actualmente dirige Jorge Lagna.
En ese entonces también dejaron el cargo Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones). También dejaron el cargo Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control), Nadia Schujman (asesora) y Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal).
Las renuncias fueron resueltas ante la crisis generada por el anuncio de la investigación en curso por maniobras ilegales supuestas en la recolección de información. Aunque los funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que se referenciaba en Sain y el que encabeza Lagna.
