La audiencia pública sobre la adhesión de la provincia de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART, prevista para este miércoles, fue pospuesta para el 28 de agosto. Se realizará en el hall de la Legislatura y fueron convocados los sindicatos de todas las centrales gremiales, la Asociación de Abogados Laboralistas, representantes de la Justicia Laboral, de los Colegios Profesionales, de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales con sede en la provincia y representantes de Cámaras Empresarias y del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, siguen las posturas a favor y en contra del proyecto que tiene media sanción del Senado provincial desde el 4 de julio pasado. La iniciativa, remitida a la Legislatura en diciembre de 2018 por el gobierno de Miguel Lifschitz, apunta a que la provincia adhiera al título I de la ley nacional 27.348, complementaria de la ley nacional 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, una de las demandas centrales del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo: bajar los costos laborales y reducir la litigiosidad. Para la mayoría de los gremios, detrás de la movida se oculta un intento de flexibilizar las condiciones laborales.
Así lo entiende el Frente Gremial del Partido Socialista. En un comunicado firmado por Diego Virgili, secretario gremial nacional del PS, se indica que “en un contexto de crisis económica y social, marcado por la pérdida de empleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, junto a un incremento exponencial de las tarifas de los servicios públicos, las condiciones laborales sufren un notorio deterioro todos los días”.
“A esta situación –sigue el documento– se suma el proyecto de modificación a la Ley de ART propuesta por el gobierno nacional, a la que varias provincias adhirieron, generando nuevas pérdidas de derechos. Entre sus puntos más destacados, con los cambios se prevé obligar a los trabajadores a asistir a comisiones médicas antes de comenzar un juicio contra la patronal. Así, esta modificación evita que las empresas tengan que pasar por el juicio”.
“De este modo, el trabajador no podrá recurrir a la justicia laboral, sino que pasará a una comisión de salud de las ART. Con lo cual no tendrá derecho de implementar un juicio, ni de preguntar por qué se produjo el accidente laboral. Desde el Frente Gremial del PS entendemos que la prevención es la principal herramienta para asegurar que puedan desarrollar sus actividades en un clima de salud y seguridad laborales garantizadas. En consecuencia, solicitamos a los diputados santafesinos honrar la ley 12.913 de Comité Mixto”, agrega el comunicado.
“Si Santa Fe adhiere a la ley impulsada por el gobierno nacional, los accidentes seguirán sucediendo, los trabajadores seguirán muriendo. Por eso, exigimos la pronta constitución de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en todos los espacios de trabajo, públicos y privados de la bota a lo largo y ancho de la provincia”, finaliza el documento firmado por Diego Virgili.
Camioneros a favor
En las semanas previas al tratamiento del proyecto en el Senado, la mayoría de los gremios enrolados en la CGT y las dos CTA se manifestaron en contra de la reforma. Distinta postura asumió el Sindicato de Camioneros, que demandó la adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART.
El reclamo lo realizó el secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, en el marco de una jornada de capacitación sobre prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, organizado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en la ciudad de Rosario, del que participaron además representantes de los sindicatos de la construcción, metalúrgicos y cerealeros.
“Está claro cómo nos está afectando el hecho de que Santa Fe no haya adherido a la Ley de ART. Nos encontramos muy preocupados por esta situación porque vemos que no se trata de resolver”, sostuvo Aladio.
Según el gremialista, “es necesaria la adhesión a esta ley”, aunque “poniendo las cláusulas que sean necesarias para la provincia. Esto redundaría en beneficios para los trabajadores y permitiría que inversores privados puedan llegar a la provincia”.
El FSP, en contra
Por su parte, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, ratificó que su bloque votará en contra de la adhesión a la nueva normativa nacional y dio algunas cifras para argumentar su postura: “Hay 1400 accidentes laborales por día en Argentina y un trabajador muere cada doce horas en el país. El problema es el desprecio de las grandes empresas contra los productores de la riqueza que son los trabajadores”.
En diálogo con El Ciudadano, Del Frade sostuvo que “la mayoría de los accidentes laborales se da en las grandes empresas” y agregó que “la ley favorece el negocio de las ART, no a los trabajadores”.
Según datos aportados por el legislador, las principales nueve Aseguradoras de Riesgo de Trabajo facturaron el año pasado 84.588 millones de pesos. “Su negocio está en los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Si se cuidara la salud, si se hicieran las inversiones para proteger a las y los trabajadores, las ART no tendrían semejante volumen de ventas. Pero por eso necesitan una ley que desprecie la protección de las y los hacedores de la riqueza. De allí que necesiten imponer los criterios médicos por encima del concepto de justicia laboral. Esa garantía del negocio construido con la enfermedad de las y los trabajadores fue votado en el Senado de la provincia de Santa Fe”.
“La adhesión a la ley nacional de las ART supone la imposición de las juntas médicas por sobre la Justicia Laboral, la resignación de la soberanía santafesina para proteger a sus trabajadores, garantiza el negocio de las ART y avanza en la desarticulación de los derechos laborales, la vieja y persistente piedra en el zapato de las patronales que siempre maldicen estas conquistas catalogando esos principios sociales como costo laboral argentino”, concluyó Del Frade.
