Impulsada por el diputado nacional Eduardo Toniolli y por un amplio espacio de asociaciones del sector, se presentó en la Cámara Baja un proyecto de Ley de Experiencias Educativas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria. La iniciativa busca el reconocimiento de un formato de gestión educativa que, a pesar de alcanzar a los distintos niveles del sistema, y contar con un amplio desarrollo territorial, no tiene un marco normativo que la regule.
”La ley de Educación Nacional establece que el sistema educativo está integrado por la gestión estatal, la privada, y la cooperativa y social, pero para estas últimas no detalla el tipo de experiencias ni de sujetos que contempla” explicó Toniolli y sostuvo “lo que apuntamos es a definir, caracterizar y regular estas experiencias, y reconocer la colaboración que prestan muchas organizaciones de la sociedad civil a la hora de garantizar el acceso al derecho a la educación de muchos compatriotas”.
“Ahí donde el Estado no llegó -o alguna vez estuvo y se retiró-, y a los privados no les interesó prestar un servicio, nuestra comunidad fue ensayando distintas respuestas para resolver sus necesidades educativas. Esta iniciativa se propone reconocer esas experiencias, colaborar con su financiamiento, y -en última instancia- promover un trabajo de mayor articulación con los distintos niveles del Estado», señaló el diputado santafesino, y agregó: “hoy cada provincia regula a su manera las escuelas e institutos de gestión social, e incluso en muchos casos ni siquiera los contempla. Es lo que queremos modificar: buscamos establecer criterios básicos comunes para que estas experiencias se integren al sistema educativo nacional».
Para Natalia Peluso, directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación, el proyecto “es el resultado de muchos años de trabajo de un enorme colectivo de federaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones que hacen escuela y educan con muchísimo compromiso en toda la Argentina”.
En ese sentido, Juan Giménez, presidente de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Buenos Aires, consideró que la iniciativa “recupera mucho de lo caminado por los diferentes colectivos y logra sintetizar y dar cuenta delo común que identifica a estas experiencias territoriales, con una fuerza democratizadora en las relaciones que en ella se construyen y con un proyecto político, pedagógico y social que parte de pensarse dentro de una economía social, solidaria y popular”.
A su turno, Mariana Gadea, presidenta del Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, afirmó que «la gestión comunitaria se presenta como una realidad que se consolida, no sólo porque en distintos momentos de la historia han dado respuesta a la ausencia o falta de presencia del Estado, sino también porque al ser construída en comunidad, el sentido de pertenencia y la identidad social y comunitaria es un modelo educativo que vino para quedarse», y brindó algunos números elocuentes: «sólo en la provincia de Buenos Aires, podemos dar cuenta de más de 600 instituciones educativas de gestión social y comunitaria en el nivel inicial, que garantizan la inserción de salas de 4 y 5 del sistema educativo de más de 60 mil niños y niñas».
El texto presentado en el Congreso crea la figura de Experiencias Educativas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria (EEGSCyC), y abarca todo establecimiento educativo que sea gestionado por asociaciones civiles, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones campesinas, pueblos originarios, y organizaciones barriales y comunitarias, y que funcione en forma pública y abierta. Generalmente este tipo de experiencias cumplen una función social, y actúan en asociatividad y complementariedad con el Estado, participando de las políticas y programas educativos orientados a garantizar la igualdad de derechos y el acceso a los mismos.
Además de organizaciones del sector y funcionarios de distintos niveles del Estado, acompañaron la presentación las diputadas Blanca Osuna (presidenta de la Comisión de Educación de la cámara baja) y Natalia Zaracho, y los diputados Guillermo Carnaghi y Eduardo Fernández, todos co impulsores de la iniciativa, que ya cuenta con una veintena de firmas de legisladores nacionales.
