Veintiséis femicidios, entre ellos seis vinculados, y 36 intentos, fueron cometidos en el primer mes de 2021, según informó la organización Mumalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, que exigió «la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans».
Según el listado difundido durante este lunes por el Observatorio de la mencionada agrupación, entre el 1º y el 31 de enero de este años se produjo un femicidio cada 27 horas, y en el mismo período ocurrieron también cinco muertes violentas de mujeres vinculadas con el narcotráfico o con crímenes relacionados con venganzas o deudas.
Además, otros siete casos de mujeres asesinadas se encuentran en etapa de investigación, a la espera de la realización de autopsias o pericias complementarias para que la Justicia determine el contexto en que sucedieron los homicidios.
A su vez, el registro señaló que 27 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de esos hechos, y que 36 mujeres fueron víctimas de intentos de femicidio.
En tanto, el desglose de los datos indicó que en el 59% de los casos, los femicidios fueron cometidos por parejas, ex parejas o familiares; y que otro 29% por hombres conocidos por las víctimas o integrantes de sus círculos íntimos.
Sobre el lugar de los asesinatos, el informe explicó que el 63% se concretó en las viviendas de las mujeres -donde residían solas o con sus parejas-, el 17% en la vía pública, el 8% en el espacio de trabajo de las víctimas y el 4% restante en los domicilios de los femicidas.
Por último, las cifras destacaron que el 25% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor, y que el 17% poseía una orden de restricción de contacto o perimetral y otro 4% contaba con un botón antipánico.
«Seguimos exigiendo al Estado Nacional que declare la #EmergenciaNiUnaMenos, priorizando recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+», sostuvo Mumalá en un comunicado de prensa.
En ese sentido, demandó la puesta en marcha «sin burocracias ni clientelismo» de medidas económicas para las víctimas de violencia de género y para el colectivo travesti-trans, como los programas Potenciar Trabajo y Acompañar.
«Reclamamos la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diversa y disidente», finalizó .
