La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODYARA), que había llamado para este jueves un paro en todo el país en reclamo de la reincoporación de los trabajadores despedidos en las plantas de la empresa Cargill de Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear y Bahía Blanca, dejó la medida en suspenso: “Ante la inminente realización de la huelga nacional, nuestra organización gremial fue convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para una audiencia este jueves 17 a las 15 horas. El inicio de la medida queda supeditada al resultado de dicha audiencia”, anunció el secretariado de la entidad sindical.
La Federación Aceitera, que representa a todos los gremios del sector del país a excepción del Soea de San Lorenzo, resolvió profundizar el conflicto con la multinacional de origen norteamericano, que en un comunicado ratificó la “decisión irreversible” de “reemplazar a 34 personas por otras”, resaltando que “no se trata de despidos arbitrarios e indiscriminados” sino de su suplantación “en idénticas condiciones de contratación” por empleados “con actitudes y comportamientos acordes a las necesidades del negocio”.
El conflicto en Cargill va camino a ser señero entre los choques por condiciones de trabajo y fuentes laborales. “Los trabajadores aceiteros y desmotadores de todo el país le decimos a la empresa multinacional Cargill que no puede seguir adelante con sus despidos arbitrarios, con su ataque a los derechos laborales y sindicales, con su persecución a la comisión gremial interna intentando su desafuero y despido, con su deterioro de las condiciones de salud y seguridad en la planta, con sus lockouts patronales y sus descuentos de salario ilegales”, plantearon desde la Federación enrolada en la CGT.
La respuesta de la firma agroexportadora fue negar la situación denunciada: “Se desmiente en forma categórica que exista deterioro de las condiciones de salud y seguridad en nuestras plantas”, replicó Cargill, cargando culpas sobre e sindicato: “Llo único que provocó condiciones inseguras fueron los más de 85 paros frecuentes e intermitentes realizados mientras la plantas estuvieron operativas”, sostuvo. Y alegó que la empresa debió suspender “las operaciones en tres oportunidades”, obligada al ponerse “en riesgo la seguridad de las personas y de las operaciones”.
Así las cosas, no habrá actividad en plantas y puertos de la actividad de todo el país, incluido el Gran Rosario: “Tal determinación fue tomada en base al mandato establecido por el voto de los delegados presentes en el 9° plenario de delegados de base realizado en la ciudad de Buenos Aires los días 14 y 15 de marzo del presente año”, explicó la Federación Aceitera. Y ratificó: “Frente a la ofensiva patronal, con la fuerza colectiva de la huelga garantizamos la plena vigencia de nuestros derechos como trabajadores”.
