Los gremios del sector público vuelven a la mesa paritaria a ratificar su rechazo a la revisión de la cláusula gatillo. Convocados por el gobierno provincial, dirigentes de los sindicatos estatales UPCN y ATE, de los docentes Amsafé, Sadop, UDA y Amet, de los médicos nucleados en AMRA y del Sindicato de Trabajadores Viales tienen previsto reunirse este jueves desde las 9.30 con funcionarios provinciales para “monitorear” la aplicación de la cláusula de actualización salarial en relación a la caída de la recaudación y de la coparticipación federal.
La postura de los gremios es pública: rechazan de plano cualquier tipo de modificación respecto del acuerdo firmado en abril, que incluyó –además de un aumento del 15% en dos tramos– una cláusula por la cual los salarios de los trabajadores públicos se actualizan de manera automática una vez que son superados por el índice de inflación medido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec).
Los principales dirigentes sindicales están dispuestos a “monitorear” junto a los funcionarios de la provincia el avance de la inflación y el impacto de la recesión económica en la recaudación propia y en los fondos coparticipables de origen nacional. Los últimos datos oficiales dan cuenta de un déficit fiscal de 10.500 millones de pesos al cierre del primer semestre del año. A ese panorama se suman las últimas medidas fiscales del gobierno nacional, que también repercutirán en las finanzas de las provincias. Esa conjunción de factores encendieron las alarmas en la Casa Gris, que –después de haberla ratificado– ahora puso en duda el cumplimiento de la cláusula gatillo hasta fin de año, tal como dispone el acta paritaria de abril.
Sin embargo, aunque están dispuestos a revisar las cuentas de la provincia, los dirigentes sindicales dejaron en claro que no aceptarán ninguna limitación a la aplicación de la cláusula gatillo. “Ante el intento de instalar dudas respecto a la continuidad del pago de la actualización salarial (cláusula gatillo), que afecta a toda la docencia provincial, desde Amsafé expresamos que esta política salarial es producto de un acuerdo paritario y como tal un derecho adquirido por los trabajadores de la educación. Cualquier discusión salarial, sea con este gobierno o el que viene, debe darse en el ámbito natural, que es la paritaria”, indicaron desde el principal gremio docente de la provincia.
“Desde Amsafé queremos dejar en claro que vamos a defender todos y cada uno de los puntos que peleamos en la paritaria provincial. Desde la cláusula gatillo en los salarios de docentes activos y jubilados hasta los concursos y las condiciones de trabajo. En este difícil momento, donde la inflación golpea nuestros salarios, exigimos a quienes gobiernan y a los candidatos electos que tengan la máxima responsabilidad. Es doloroso que se pretenda hacer pagar el costo de la crisis económica a quiénes no la hemos generado y la estamos padeciendo”, añadieron desde el sindicato que conduce Sonia Alesso.
En la misma línea se expresó el titular de UPCN, Jorge Molina: “Tenemos un acuerdo de política salarial firmado en la paritaria central hasta fin de año y está homologado por un decreto del Poder Ejecutivo, por lo que si el gobierno afectara la liquidación de los sueldos estaría incumpliendo con sus obligaciones”.
En tanto, Jorge Hoffmann, secretario general de ATE, indicó que “el único tema” que se va a conversar con el gobierno es “la evolución de las cuentas públicas”. Y agregó: “De ninguna manera se está discutiendo la continuidad de la cláusula gatillo, que es legal. En 2016 perdimos entre 8 y 10 puntos, ahora con la cláusula gatillo vamos dos meses atrás de la inflación, no es una panacea; en diciembre vamos a estar 12 puntos atrás de la inflación”.
Desde el gobierno provincial señalaron que “en cumplimiento de lo previsto en las actas paritarias” se resolvió convocar a los gremios provinciales para evaluar “el impacto económico que generaron en las arcas provinciales las últimas medidas del gobierno nacional”, en particular la suba del piso del impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica.
