La causa por el asesinato de Maximiliano Zamudio, de 16 años, que tiene a un prefecto como único sindicado de disparar los tres tiros contra el adolescente en la puerta de su casa de barrio Tablada en 2015 se desarchivó el 28 de julio pasado luego de que el fiscal Regional, Patricio Serjal, revisara la decisión de desestimarla que había tomado el fiscal Miguel Moreno, en marzo del año pasado. El fiscal Regional designó a la titular de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional, Karina Bartocci. Tras tres años de lucha, la familia a través de sus abogados en la querella anunció que este lunes a las 9 el prefecto tendrá la audiencia imputativa. La querella en representación de María, mamá de Maxi, adelantó que pedirá que se lo acuse por homicidio agravado y que se le dictamine la prisión preventiva.
El 27 de mayo de 2015 alrededor de las 22, la cuadra de Colon al 4300 estaba casi desierta. Esa parte no estaba asfaltada por lo que no tenía demasiada circulación de vehículos. Por esto, los pocos vecinos que estaban en la vereda se quedaron mirando cuando el conductor de un Ford Falcon dobló muy despacio. Se quedaron mirando y vieron que el conductor llamó a Maxi, que estaba acodado en la entrada de una casa. El chico se acercó a la ventanilla y, después de un intercambio de palabras, lo vieron caer al piso por dos disparos. El hombre salió del auto, le pegó una patada y volvió a gatillar, esta vez en la cabeza.
El hombre del Falcon fue identificado como el prefecto Ariel Condori Apaza, de 35 años, y el caso quedó a cargo del fiscal Miguel Moreno. La familia presentó más de seis testigos que reconstruyeron lo que vieron: que Maxi estaba desarmado, el prefecto de civil, que lo llamó desde el auto, que tras unos entredichos el adolescente cayó baleado y que luego se bajó y lo ejecutó de un tiro en la cabeza. El prefecto nunca negó que haya disparado, pero su versión fue que le tiró en el marco de un robo y que Maxi llevaba algo que supuso era un arma. El uniformado declaró que esa noche había ido hasta esa cuadra para buscar un equipo de música a una conocida, a quien presentó como testigo. La familia investigó y denunció que la mujer declaró bajo coacción del prefecto. El fiscal dijo que la testigo había sufrido amenazas. Esto se conoció en la audiencia imputativa del 3 de agosto de 2015, cuando el sospechoso quedó acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. El fiscal Moreno decidió que el prefecto continúe en libertad y en el ejercicio de sus funciones ya que consideró que no había elementos que indiquen riesgo procesal ni entorpecimiento de la prueba. “Siempre se mostró colaborador en la investigación y no hay ningún indicio de que pueda entorpecer la investigación, por lo que no tengo que presumir que se pueda fugar. Su comportamiento posterior dan cuenta de que tiene voluntad de someterse a la acción de la Justicia”, dijo en ese momento Moreno, quien en marzo de 2017 pidió el archivo de la causa. “Gracias a la lucha colectiva se logró el desarchivo de la causa, el apartamiento de Moreno por su inadecuado desempeño en las investigaciones y el maltrato hacia los familiares, así como la designación de un nuevo fiscal, Rafael Coria. Con posterioridad, Coria volvió a solicitar el archivo de la causa que, nuevamente, fue revertido gracias a la organización y la tenacidad de sus familiares y quienes acompañamos el proceso de lucha”, describieron en un comunicado la Multisectorial contra la Violencia Institucional.
En julio pasado, el fiscal Regional derivó la causa a la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional. “Luego de tres años y medio de esta causa, y en base a la consideración de nuevas medidas probatorias incorporadas este año, Condori Apaza será imputado este lunes a las 9 en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro”, describe el escrito de la Multisectorial para terminar con un pedido a la fiscal: “esperamos que acompañe el pedido de la querella y que el tribunal dictamine la prisión preventiva del prefecto por considerar que las condiciones para evaluar el peligro procesal han cambiado considerablemente. Exigimos también al Poder Judicial la prontitud y eficacia que las familias y la sociedad en su conjunto merecen en la resolución de este tipo de delitos”.
En ese marco, organizaciones sociales y la Multisectorial convocaron a acompañar a la familia de Maximiliano Zamudio este lunes 10 de diciembre a partir de las 9 en la puerta del edificio del Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro.
