Desde la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Limitada (Fedecoba), Ariel Guarco, aseguró que “el cooperativismo es una voz común que puede generar dialogo y consenso”, y en esa línea, remarcó: “Necesitamos leyes que promuevan un mayor desarrollo del sector”.

La reunión se dividió en distintos paneles en los que los expositores interactuaron con los legisladores nacionales, con el objetivo de realizar aportes para futuras iniciativas legislativas de interés cooperativo.

Por su parte, César Basañes, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), pidió “fortalecer la organización de las cooperativas del consumo”; mientras que Valeria Fernández Soler (Eresmipme) se refirió al proyecto de reforma integral del Articulo 64 de la Ley de Cooperativas, en lo que respecta a “las inhabilidades para conformar los órganos de administración de las cooperativas».

En tanto, desde la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Cooperativa (Faess), Pablo Rodofilli, expuso la iniciativa que impulsan y explicó que, la misma, está orientada a “la incorporación de la atención primaria de salud”, al enfatizar en la importancia de “las posibilidades de acceso a la cobertura de salud”.

Luego, Manuel Leiva (Facttic) se refirió a la modificación en los límites de créditos para las cooperativas, al señalar que “son menores que el de las empresas del mismo tamaño». “Las cooperativas también generamos inclusión y empleo”, argumentó.

Además, expusieron Carlos Mansilla (Unicoop), Dante Cracogna (FACC Consumo), Verónica San Martín (IMFC), Luis Bavestrello (FACC Crédito), Bruno Comelatto (Fedecaba-TES), Leandro Monk (Facttic), Victoria Noriega Sánchez y Roberto Casal, de Fesubgas; Diego Yanez (Fecescor), Rodolfo Tolosa (Fedetur), Angel Echarren (Fedecoba), Gustavo Sosa (Untref), Melina Merkier, educadora y divulgadora; Mariel Boggiero (FAESS), y Eduardo Canedi (Celsi).

A modo de cierre, el titular de la Comisión, Toniolli, sostuvo que “las cooperativas trabajan, generan trabajo y brindan servicio”.

La entrada Las cooperativas fueron al Congreso Nacional a exponer su necesidades y propuestas se publicó primero en El Ciudadano.

Este año coincide con el Año Internacional de las Cooperativas designado por la ONU, y mientas el sector que promueve la economía solidaria se transforma en una alternativa sustentable en el duro momento económico del país.

Durante la conmemoración se destacó los valores solidarios del sector asociativo, bajo el lema “Las cooperativas promueven soluciones inclusivas y sostenibles para un mundo mejor”.

El secretario de Cooperativas provincial Toselli destacó que la jornada sirve para “sensibilizar a la opinión pública con las contribuciones de las cooperativas al desarrollo sostenible”, y recordó que el territorio santafesino aloja a una de cada diez cooperativas del país.

En el acto recibió una placa en nombre del sector de la Economía Social el histórico dirigente asociativo Roberto “Vasco” Bereciartúa, ex concejal, ex director nacional de Desarrollo Cooperativo e integrante de la comisión directiva del Museo de la Memoria, quien al agradecer repasó los principales hitos históricos y jurídicos de las cooperativas.

Bereriartúa recordó a otro Vasco, José Abelli, fallecido el año pasado y quien fuera el primer presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y a Mario Schujman, prestigioso abogado de cooperativas y mutuales que murió en 2023. Ambos fueron honrados con sendas placas en el Monumento en 2024.

Entre muchos militantes y dirigentes del sector de la economía social estuvieron presentes el ex ministro de la Producción provincial y ex secretario de Alimentos nacional Luis Contigiani, en representación de Agricultores Federados Argentinos (AFA); el diputado nacional Esteban Paulón, integrante de la comisión de Auntos Cooperativos, Mutuales y Organismos No Gubernamentales de la Cámara baja, y Manuel Leiva, titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic).

El Consejo de Asociativismo y Economía Social, recordaron en el acto, entregó a los convencionales constituyentes que a partir de la semana próxima comenzarán el proceso de reforma de la carta magna santafesina un documento con las demandas del sector para ser incluido en el nuevo texto jurídico.

La entrada Día del Cooperativismo: una celebración solidaria en un año especial para el sector de la Economía Social se publicó primero en El Ciudadano.

En efecto, la novedad impactó en el mercado de las telecomunicaciones también a las cooperativas de comunicación, donde se da un hecho inédito con un oligopolio pocas veces visto y que genera incertidumbre dentro del segmento de los pequeños proveedores de internet y telefonía en el que se encuentran las cooperativas de servicios.

Tras el anuncio de Telefónica, Telecom comunicó que “concretó la adquisición del capital accionario de Telefónica Móviles de Argentina S.A.” y dijo que está realizando las presentaciones regulatorias correspondientes.

Aseguraron, además, que la inversión incluye no sólo la puesta en valor de la fibra óptica sino también “el despliegue de sitios móviles 5G en las mismas zonas y en la expansión de servicios de valor agrietado con video on demand, internet de las cosas, productos corporativos, fintech, e-commerce, inteligencia artificial y servicios de nube”.

Sin embargo, hubo un hecho por demás llamativo.

El Gobierno de Javier Milei, fanático del libre mercado, salió cuestionar la operatoria e instruyó al Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que investiguen la transacción cuyo resultado supone que el Grupo Clarín, propietario de Telecom, controlará una proporción cercana al 70 por ciento del mercado. Gran parte del otro 30 por ciento queda en manos de Claro y las cooperativas.

Con todo, por el momento, en el sector cooperativo de telecomunicaciones se mantienen cautelosos, aunque por lo bajo, un importante referente del sector, señaló al portal de noticias Ansol que “es compleja la situación, porque es reciente y hay que evaluar, aunque normalmente para los pequeños este tipo de concentraciones no son buenas”.

En esa línea, los cooperativistas de telecomunicaciones que ven la situación con desconfianza.

Pero también están los que creen que puede significar una oportunidad. Un caso testigo será el de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) que en la actualidad tiene un acuerdo con Movistar (Telefónica) para llevar conectividad a pueblos del interior a través de su sistema de celulares Imowi. Ahora ese negocio pasa a manos de Telecom con Personal, por lo que habrá que ver cómo sigue.

“Sería peor que aparezca un tercero sin inversiones previas en Argentina, que genere una distorsión, lo importante es que la macro permita que sigamos creciendo, por lo que el contexto nacional es el problema”, disparó Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur) a Convergencia, el sitio sobre las telecomunicaciones en América latina y el Caribe.

En este contexto, una primera conclusión en el sector es la importancia de que el Gobierno Nacional no hay dinamitado el Enacom, ya que es el único ente que tiene las herramientas para emparejar la cancha.

Lo que pase de ahora en adelante será cuestión de tiempo, porque la incertidumbre es lo que más impera en las cooperativas de telecomunicaciones.

La entrada Venta de Telefónica a Telecom: desconfianza y cautela en las cooperativas de comunicación se publicó primero en El Ciudadano.

“Es el mismo gobierno que cerró las escasas posibilidades de financiamiento del sector cooperativo y de la agricultura familiar, vinculadas a créditos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), dependiente de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Es el mismo gobierno que utiliza al sector para impulsar un sistema de negocios espurio”, sostiene el comunicado conjunto, publicado por el diario digital Tiempo Argentino, en referencia al primer mensaje presidencial donde se afirmaba que la supuesta inversión sería para “fondear a pequeñas empresas”.

Las entidades rurales afirman que esta crisis se da en un “contexto macroeconómico que continúa asfixiando a los pequeños y medianos productores, agricultores familiares, campesinos, cooperativas y pymes” que no cuentan con acceso al financiamiento para enfrentar la pérdida de rentabilidad y la competencia desleal provocada por la importación de productos subsidiados y por el accionar de “grandes corporaciones que imponen sus condiciones”.

En ese contexto, Mesa Agroalimentaria Argentina señaló: “Javier Milei se inclina por promover casinos y timbas en las que unos pocos ganan millones de dólares, pero más grave aún es que el presidente, en lugar de enfocarse en acompañar a los sectores productivos, dedica su tiempo y sus redes a promover estafas”.

Y agrega: “Estos hechos dejan a la luz la falta de moral y de ética de funcionarios y pseudo empresarios. Demandamos que se investigue a fondo”.

La entrada El “otro campo” cruzó a Milei por el criptoescándalo: “Más producción y menos timba” se publicó primero en El Ciudadano.

La disolución de la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami) fue un baldazo de agua helada para la Economía Social y Solidaria.

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, esgrimió las razones de la decisión: “Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra”.

Sin embargo desde el sector de la Economía Social y Solidaria, dieron su punto de vista.

María Eva Raffoul Sinchicay, presidenta de la fundación La Base, explicó que “La Base está cumpliendo 20 años este diciembre y en 15 de esos años gestionamos fondos Conami; fondos que nos han permitido acompañar el fortalecimiento del trabajo asociativo y autogestionado”.

Y agregó: “Estamos hablando de ley (26.117) del año 2006 que busca promover las finanzas solidarias, entendiendo la importancia de aportar financiamiento a las personas y grupos que no accedían o que accedían en las peores condiciones de usura, pero también fortalecer un sector que era muy pequeño: el de las organizaciones de microcrédito, llevando esta herramienta a todo el país, y no solo quedando en las grandes ciudades de la Argentina”.

“La Base creció durante todos estos años, acompañando fábricas recuperadas, grupos asociativos, y la política pública de financiamiento al sector que trajo Conami es una parte fundamental de ese crecimiento”, remarcó Raffoul Sinchicay

Como conclusión, lamentó: “Mientras las grandes empresas reciben subsidios y beneficios fiscales, quienes forman parte de la Economía Social, Solidaria, Popular, Feminista y Comunitaria quedan una y otra vez fuera del sistema”.

¿La disolución de la Conami es constitucional?

Alberto Gandulfo fue coordinador general de la Conami durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Sobre la disolución, expresó: “El Gobierno lanza el Decreto 1094/24 con el fin de disolver la ley 26.117 y un decreto no puede disolver una ley. Son fascistas y gobiernan por decreto y, si no, compran voluntades, como hemos visto con el caso (Edgardo) Kueider”.

“Se trata de una ley nacional que tiene 22 leyes de adhesión de todas las provincias; es decir, está avanzando sobre las leyes provinciales, lo cual es inconstitucional”, completó.

Sobre los argumentos de Sturzenegger, Gandulfo planteó: “Desde que se fue Cristina Kirchner que la Conami se desfinanció. Salvo algún intento de reflotarlo, lo desfinanciaron también durante el Gobierno de Alberto Fernández y hay que hacerse cargo”.

“Esta es la parte que no entienden Sturzenegger. Son subsidios que se transforman en créditos. Son créditos no bancarios, por lo cual no son regulados por el Banco Central. Y esta es una metodología reconocida internacionalmente. Más de 660 mil microcréditos se entregaron hasta 2015. Luego, vinieron los sucesivos desfinanciamientos”, recordó.

En otro orden, Gandulfo se solidarizó con las y los trabajadores: “Los equipos técnicos no solo fueron desmantelados y maltratados, sino que jamás tuvieron directiva alguna. Por eso mismo, ponen hoy a disposición a personal altamente calificado como parte del desguace del Estado que se está haciendo”.

“Con esto, se castiga a la Economía Social y Solidaria, a la Economía Popular, a las cooperativas de trabajo, a las mutuales, al trabajo autogestivo y se enmarca en la estrategia de un Gobierno que desde hace un año viene haciendo estas cosas, sin miramiento alguno”, concluyó.

Por su parte, el dirigente cooperativo y mutual César Malato instó a “las y los legisladores nacionales, sean de los partidos que sean, y a las organizaciones sociales, cooperativas, mutuales, iglesias, fundaciones, asociaciones civiles, a ejercer conjuntamente una acción positiva que ponga en la discusión de la agenda pública la necesidad de una herramienta de las características de la Conami, inclusive mejorando los aspectos negativos que pueda haber tenido esta experiencia.

Malato, presidente de la Federación de Cooperativas Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua (Fedesam), apuntó: “Desde nuestra Federación, repudiamos esta decisión, que evidencia un profundo desconocimiento del impacto positivo de estas políticas. Exigimos que se revea esta medida y que se informe detalladamente sobre la ejecución presupuestaria del programa, la cantidad de microcréditos otorgados en los últimos años y la situación de los trabajadores y beneficiarios afectados por esta decisión”.

“El cierre de la Conami no sólo destruye una iniciativa con impacto probado, sino que también ignora el valor del microcrédito como un motor de inclusión, permitiendo que pequeños productores, trabajadores, mutuales, iglesias y organizaciones sociales se integren al mercado laboral y desarrollen proyectos que fortalecen a sus comunidades”, remarcó

La entrada Cierran la Comisión Nacional del Microcrédito. ¿Es constitucional la disolución? se publicó primero en El Ciudadano.

Dicha jornada fue organizada por el Instituto de Ayuda Económica Mutual (Iaem), la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas “Brigadier General Estanislao López” (Fesaem) y la Federación de Mutuales de la provincia de Santa Fe (Femsafe).

Además conto con el auspicio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM).

La apertura del evento estuvo a cargo del Licenciado Alejandro Russo, Presidente de la CAM y el informe principal estuvo a cargo del Doctor Marcelo Collomb, Presidente del Inaes.

El desarrollo de la capacitación, en el marco de una colmada sala, se focalizo tres ejes principales:

• Políticas y acciones en materia de control público por parte del Inaes
• Servicio de Ayuda Económica Mutual y Servicio de Gestión de Préstamos. Actualidad y nuevos desafíos.
• Implicancias de la nueva normativa en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En ese marco, Collomb lanzo como disparador que las instancias de capacitación deben atravesar todas la problemáticas, es decir no sólo la económica.

“Debemos abordar con precisión y rápidamente temas como la salud, las nuevas economías y las nuevas tecnologías”, remarcó el presidente del Inaes.

Y agregó a modo de consigna: “Si hay algo urgente por hacer es repensar la mutualidad”.

Del evento también participaron Víctor Raúl Rossetti, presidente de Femsafe; Sergio Pablo Cha, presidente del Iaem; Gonzalo Toselli Secretario Provincial de Cooperativas, Mutuales y Desarrollo Emprendedor y el presidente Fesaem.

La entrada Jornada de capacitación en el mundo de las mutuales se publicó primero en El Ciudadano.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 675/2024, definió que el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) continuará intervenido hasta el 7 de julio de 2025. La novedad se conoció al cumplirse los seis meses del nuevo control que definió la gestión libertaria, con Martín Ozores como responsable.

Los primeros seis meses de intervención estuvieron destinados al análisis de la situación del organismo, y en esta nueva etapa las autoridades buscan hacer efectivos los planes libertarios de limitar la influencia del organismo en el mercado de las telecomunicaciones.

La intervención del Enacom representa distintos escenarios para las cooperativas y organizaciones vinculadas a la comunicación.
Por un lado, está la situación de las entidades que brindan telefonía e internet a los pueblos y las localidades del interior del país donde Movistar, Claro o Personal no llegan.

Por el otro, aparece la situación de las radios y canales de televisión autogestionadas.

La gran inquietud en ambos sectores del asociativismo es qué pasará y cómo se gestionarán las inversiones que surgían del Enacom, para fomentar el desarrollo de las cooperativas y medios comunitarios.

Para las entidades de telecomunicación estaba el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), mientras que para las radios y teles autogestivas es clave el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca).

Ambos apoyos hoy son una incógnita.

Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones

Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), explicó a ANSOL que esperan el llamado para intercambiar ideas en torno a los nuevos lineamientos para el sector: “Los pequeños y medianos operadores somos claves para el desarrollo privado del interior del país; somos los más comprometidos, porque ahí es donde estamos”.

Además, el titular de Catel recordó que “Argentina aún tiene una deuda enorme con el interior en cuanto a conectividad, y tenemos proyectos en marcha y por venir, por lo que sería muy importante que esta nueva gestión del Enacom nos convoque, porque nuestra mirada los va a enriquecer”.

Otros referentes del sector de cooperativas de servicios públicos, plantean que “el ENACOM sí está hablando con las empresas grandes, pero no con nosotros, y eso es muy negativo”.

Y agregan: “se viene de tarifas congeladas y ahora te dejan recomponer; entonces para algunos socios empieza a quedar en segundo plano que nos llame o no el Gobierno, pero los dirigentes tenemos que pensar más allá”.

Desde la pandemia del Covid 19, las cooperativas de telecomunicaciones estaban casi fundidas, ya que sus precios estaban 250 por ciento por debajo de la inflación.

“Era una situación muy desigual en comparación con las grandes empresas, que a través artilugios judiciales, lograron ir aumentando sus valores”, aseguran.

Las radios y los canales autogestivos

La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) denunciaron que a seis meses de la intervención del Enacom por parte del gobierno de Javier Milei la medida se cumple “con fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y Derecho a la comunicación”.

“Desde los canales de televisión que integramos Conta vemos con mucha preocupación esta intervención, porque es una acción arrasadora. Hay un freno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vemos acciones para favorecer a las grandes empresas de comunicación, con una libertad de mercado para que se peleen las multinacionales por el espectro, financiamiento y programas de la comunicación”, señalo a ANSOL Ignacio Etchart de Barricada TV, canal de televisión popular y autogestionado emitido por el canal 32.1 de la Televisión Digital Abierta, en plataformas digitales y a aplicaciones en tiendas Android y Apple.

Etchart explicó que “todo lo que son programas como Fomeca, que potencian herramientas para nuestros medios, están paralizados por esta intervención, y no hay datos de esta famosa auditoría del Ejecutivo, no nos responden al pedido de reuniones y lo que vemos es que hay fondos para nuestros proyectos que fueron paralizados en diciembre 2023, deudas de la gestión anterior que este Gobierno no está pagando y líneas que se deberían estar ejecutando anulados por completo, lo que es ilegal, porque la Ley dice que lo tienen que hacer”.

Para el referente de Barricada TV, “esto es un ataque a nuestra existencia, lo que buscan hacer es derribar las asociaciones comunitarias por la comunicación y nos obligan a buscar alternativas para paliar esta situación con muchas dificultades, a las que se suman los incrementos a los servicios”.

En ese marco, Conta y Farco señalaron en un comunicado conjunto el grave retroceso que significó la paralización de las políticas de acceso a internet en barrios populares, los tarifazos habilitados por el Enacom, el despido de sus trabajadores y el cierre de las delegaciones del organismo en todo el país.

Por su parte, el presidente de Farco, Juan Salvador Delú, aseguró que “la medida impuesta por el Gobierno Nacional quitó totalmente la autonomía que debía tener ese organismo, generó una mirada totalmente autoritaria de manejo y generó una cantidad de despidos sin igual; una parálisis total de toda la institución”.

El Enacom de Milei se arroga ser “menos político”, aunque su política es clara: que sobrevivan los medios con mayor espalda económica en la selva del libre mercado. Sin embargo, las cooperativas de comunicación y los medios audiovisuales autogestivos insisten y buscarán ocupar un lugar en la mesa donde se tomen las decisiones.

(*) Agencia de Noticias Solidarias

La entrada Enacom intervenido: ¿hay futuro para cooperativas de telecomunicaciones y medios autogestionados? se publicó primero en El Ciudadano.

“La apertura de las importaciones en el sector alimenticio es un golpe devastador para las economías regionales”, señaló la organización de la economía social conformada por la alianza de entidades de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

En un comunicado, la cooperativa denunció que, al haberse eliminado la ley de abastecimiento, el gobierno “allanó el camino para que las grandes corporaciones alimenticias dicten sus propias reglas sobre los precios, desencadenando un vertiginoso proceso inflacionario que ha erosionado rápidamente el poder adquisitivo de los salarios, lo que a su vez ha llevado a una drástica caída en el consumo, especialmente perjudicial para nuestras economías regionales”.

El documento agrega: “La importación de alimentos, lejos de corregir las causas del problema, lo va a profundizar. No solo favorece a las multinacionales en detrimento de los productores locales, sino que también socava los cimientos mismos de nuestra seguridad y soberanía alimentaria”.

El sector entiende que la apertura de importaciones “licuará aún más” las capacidades productivas y laborales de las economías regionales, y recordó que los antecedentes históricos de apertura de importaciones fueron “desastrosos”.

La cooperativa Alimentos para la Nueva Argentina se constituyó a comienzos de 2023 en Rosario y esta integrada, entre otras, por la Asociación Mutual de Empleados de Comercio (Amecro); la Cooperativa de Trabajo y Provisión de Servicios para Productores Rurales Nueva Cotar de la Gente, la Cooperativa Integral Coinag, Arraigo; La Hoja; La Cabaña y Mil Hojas

La entrada Cooperativas y mutuales contra la importación de alimentos se publicó primero en El Ciudadano.

Continúa la conformación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en esta nueva etapa bajo la presidencia de Javier Milei. El organismo ahora forma parte del nuevo mega Ministerio de Capital Humano y, con el correr de los días, se hacen oficiales los nuevos nombramientos, que dan pistas sobre cuáles serán sus ejes en esta etapa.

Como se sabe, el nuevo presidente del Inaes es Marcelo Collomb, ex titular del organismo durante el periodo 2016 – 2019 (en ese momento, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social).

Fue director de Normas y del Registro Nacional de las Entidades de la Economía Social y Solidaria en los últimos cuatro años. Su designación a fines de diciembre significó un alivio para muchos dirigentes, ya que proviene del sector de las cooperativas y mutuales.

En el directorio, lo acompañan varios nombres conocidos: Alejandro Russo y Fabián Brown (de la Confederación Argentina de Mutualidades – CAM), y los cooperativistas Ariel Guarco y Elbio Laucirica (de Cooperar y Coninagro, respectivamente).

A ellos se suman según se oficializó hace dos semanas, la llegada de Eduardo Fontenla y Matías Kelly como vocales por parte del Estado Nacional. En esta mesa, se definirá parte de la vida de las cooperativas y mutuales.

Los nombres del Inaes en esta nueva etapa

Kelly es diplomado en Economía Circular y en 2013 comenzó su camino como especialista en emprendedurismo e innovación social.

En 2015, con la llegada de Mauricio Macri al poder, se desempeñó como secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo que le dio experiencia en el diálogo en el territorio con cooperativas de trabajo.

Si bien no siguió en el cargo con la presidencia de Alberto Fernández, dirigió Sumatoria, una organización que desarrolla vehículos de inversión en unidades productivas de la economía social, solidaria y popular.

Fontela, por su parte, es licenciado en Cooperativismo y Mutualismo y también en Ciencia Política y Gobierno.
Por su amplia trayectoria académica, llegó a la vicepresidencia del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), cargo que ocupó hasta 2016 cuando fue designado Vocal del Directorio del Inaes.

Tras la llegada de Fernández a la presidencia, volvió al CGCyM, donde hasta hace poco estuvo en la Coordinación Nacional de Desarrollo Profesional y Territorial. Ahora, vuelve a ocupar una de las principales sillas del Instituto.

En la última semana, las novedades del Inaes estuvieron dadas por las designaciones de Rubén Brouchy como director Nacional de Cumplimiento y Fiscalización; de Jorge Mosteiro como director Nacional de Control de Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual, y de Tomás Ezequiel Del Giudice como director Nacional de Promoción y Desarrollo Cooperativo y Mutual.

Brouchy trabaja hace diez años como consultor independiente y, entre 2016 y 2019, fue gerente a cargo de la fiscalización de las Cooperativas y Mutuales en el Inaes.

Mosteiro es contador público y trabaja en el Instituto desde 2016, cuando llegó al organismo de la mano del propio Collomb, en su anterior presidencia. En tanto, Del Giudice fue funcionario de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires y de María Eugenia Vidal, en la Provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, el Inaes vuelve a tener una impronta similar a la del periodo 2016-2019. Mientras tanto, resta saber quiénes ocuparán áreas claves como Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos, la de Articulación Territorial, la de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, la de Desarrollo Federal, la de Comunicación y Prensa, la de Promoción de Desarrollo Sostenible, la de Asuntos Jurídicos, la de Infracciones y la de Proyectos Estratégicos.

Por ahora, Collomb promovió a personal de carrera en el organismo para ocupar puestos estratégicos de gestión, como son los casos de la contadora pública Rosa Liliana Pinelli, en la Dirección General Técnico Administrativa (ex Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos); la abogada Mirta Noemí López, en la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos (ex Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales), y Marcela Noemí Passarelli, en la Dirección del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales.

¿Cómo puede afectar al Inaes el ajuste?

El Inaes es un organismo descentralizado que se financia en casi un 80 por ciento por impuestos que pagan las propias cooperativas y mutuales. El resto, sale de las partidas presupuestarias del Estado Nacional, que este año han sido prorrogadas del año 2023 sin actualización por inflación.

Según pudo saber la agencia Ansol, una de las preocupaciones que se conversa dentro del Inaes es que “se prevé que merme la parte del dinero que sale del Estado, lo que llevaría a que las cooperativas y mutuales tengan que aportar más dinero para sostener al Instituto”.

Esa decisión se definirá, llegado el caso, por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, o su par de Finanzas, Luis Caputo.
Sin embargo, un importante dirigente del mutualismo le dio otra mirada a este medio: “No veo una preocupación en el dinero que pueda desfinanciar el Estado, ya que el Inaes se sostiene un 79 por ciento con plata del propio sector y el resto sale del presupuesto público, pero sí tendríamos un serio problema si el Poder Ejecutivo decide retener los pagos que hacen las cooperativas y mutuales, para quedárselos o diferirlos”.

Claramente, un hecho de esas características, tratándose de un organismo descentralizado, motivaría serias denuncias en la Justicia Federal.
Como si esto fuera poco, la visión referenciada por el Ejecutivo en las últimas semanas de tratar a las exenciones impositivas como si fuesen subsidios, encendió las alarmas.

“Nuestro sector depende de esas exenciones, por lo que volver al ataque para quitarlas o que paguemos más impuestos sería un lamentable error”.

De esta manera el Inaes comienza a funcionar en un contexto complejo, pero con el objetivo claro de que en Argentina se siga desarrollando el sector.

(*) Agencia de Noticias Solidarias

La entrada Nueva etapa en el Inaes: cómo se rearma el organismo se publicó primero en El Ciudadano.

En efecto, las cooperativas de trabajo que integran la Red Mayo, que responde a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en Santa Fe, rechazaron la reducción presupuestaria dela Fondo para la Integración Socio Urbana (Fisu), dispuesta por el Gobierno Nacional, y consideraron que va a significar “la desocupación de miles de trabajadores”.

La organización, que realizó ocho obras en barrios del Gran Santa Fe, consideró mediante un comunicado que la reducción del aporte al fondo fiduciario para urbanizar barrios populares es “una medida inconsulta de ajuste”.

En el comunicado añade que esa medida “va a generar la desocupación de miles de trabajadores autogestionados en los 6.500 barrios populares” donde en los últimos cuatro años se “realizaron obras eléctricas, de acceso al agua potable y a cloacas intradomiciliarias, mejoramientos de vivienda y fortalecimiento comunitario a través de las cooperativas de trabajo”.

Las cooperativas que integran la Red Mayo llevaron adelante ocho proyectos de obras tempranas en barrio Santo Tomas de Aquino de Santo Tomé, en Barrios Los Espinillos y Cina de San José del Rincón y en La Guardia, Estanislao López y Alto Verde, los tres de la capital provincial.

En esos proyectos trabajaron obreros de las cooperativas Santa Fe Sustentable y Rincón Sustentable (Construcción), Nutriendo Sueños (Gastronomía), RH Positivo (Textil), Crear (Herrería), Imágica (Comunicación) y Unisol (Logística).

La Red Mayo rechazó el desfinanciamiento de las obras en los barrios populares “donde familias que allí viven no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad que todo ciudadano debe tener” y pidió la “urgente aprobación de las obras solicitadas para concretar el anhelo del buen vivir donde la mano del Estado llega poco o no llega”.

La historia reciente señala que el Gobierno Nacional redujo de 9 por ciento a 0,3 por ciento el porcentaje de recaudación del Impuesto País destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), dirigido al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios, a través del Decreto 193/2024, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial.

En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la reducción del financiamiento al Fisu, así como la eliminación -también dispuesta ayer- del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, permite “seguir eliminando las discrecionalidades”, planteando sospechas sobre la utilización de los recursos y sus destinos.

“Esto va en línea con la convicción del Gobierno nacional de transparentar al Estado cuando se habla de fondos que deben estar destinados a las personas más vulnerables de la sociedad», agregó el portavoz en su habitual conferencia de prensa.

La Ley 27.541 que creó el Impuesto País, estableció que el 70 por ciento de la recaudación se dirija a programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Pami, y el 30 por ciento restante en obras, turismo y vivienda.

La entrada Santa Fe: cooperativas rechazaron la reducción del fondo para obras en barrios populares se publicó primero en El Ciudadano.

Marzo será un mes clave para la presentación formal de CoopTech, el nombre comercial que utilizará la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros (CoopMorteros) para ofrecer soluciones tecnológicas adaptables y escalabres para los servicios públicos y esenciales.

“Es la marca de todo lo que venimos desarrollando internamente en la cooperativa”, explicó el ingeniero Jorge Racca, gerente de Innovación de CoopMorteros.

Basado en la experiencia propia e impulsados por la demanda, “estamos empezando a trabajar con las cooperativas porque ya conocemos las necesidades”.

CoopTech incluye en su paquete de propuestas el desarrollo Reconecta, un sistema de monitoreo y gestión de líneas de media tensión; Más agua para la gestión y monitoreo de cisternas, acueductos y sistema de ósmosis; Oficina virtual y Centinela para el monitoreo de data centers.

Cada una de estas alternativas de innovación se presentan portables y escalables, según quien lo requiera.

“Una vuelta más de tuerca”

Como etapa de prueba, “empezamos a recorrer las diferentes cooperativas ofreciendo todos estos servicios y nos dimos cuenta que en muchos casos hay que dar una vueltita de tuerca”, señaló el gerente de Innovación.

Además de las soluciones tecnológicas, comenzaron a aparecer otras demandas que llevaron a los desarrolladores de CoopTech a pensar también una propuesta de ingeniería. “Esto nos llevó a mutar antes de arrancar porque tratamos de dar soluciones que sirvan, siempre acompañando a las cooperativas, porque son las que justamente más entendemos•”, dijo Racca.

En tiempo real

Los principales desarrollos de CoopTech se aplican sobre los servicios de energía, agua y atención al usuario con la Oficina Virtual. Con cada uno “ha logrado mejorar la calidad de las prestaciones.

Puntualmente, el servicio de agua venía funcionando con muchas dificultades en Morteros, ya que en esta zona el agua es escasa, y había que estar controlando manualmente cada uno de los parámetros lo que implicaba una demanda excesiva del personal de agua”, explicó Damian Romani.

A partir de un desarrollo que incluye sensores y monitoreo en tiempo real, “cada operario puede manejarlo desde su casa u oficina. Incluso tiene un sistema de alarma que permite que el operario pueda realizar otros análisis y no estar encima”, agregó el ingeniero que integra el equipo de CoopTech.

Tanto las bases de datos como la analítica corre por el cluster de la cooperativa. “No solo tiene la ventaja de la portabilidad sino que la toma de decisiones está basa en datos”, concluye Romani.

Origen del proyecto

Desde el Departamento IT, “la cooperativa viene trabajando hace unos años en la transformación digital”, señaló Racca.
En el año 2018, CoopMorteros empezó a ofrecer servicios en la nube a organizaciones y empresas y “vimos el potencial de poder usar los servidores de hiperconvergencia internamente”.

Una vez desarrollados los distintos proyectos, “veíamos que podía ser una alternativa de solución para cooperativas cercanas que tenían las mismas dificultades que nosotros.

Entonces, empezamos a hablar con una o dos y comenzamos a aplicar parte de estas cosas que fuimos aprendiendo y vimos que era lo que hacía falta”. Como eje rector del movimiento cooperativo, “todo surge por la necesidad de ayudar y de generar también, por supuesto, una nueva unidad de negocio”

El equipo

CoopTech está integrado por once personas, entre los que hay ingenieros, analista de sistemas y licenciados en programación. Tres de los once son mujeres.

(*) Colsecor Noticias

La entrada CoopTech: la tecnología como aliada de los servicios esenciales se publicó primero en El Ciudadano.

“El reciente DNU elimina el límite de licencias audiovisuales a nivel nacional. La decisión de eliminar la regla de Must Carry (es la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitir la señal de televisión abierta en sus sistemas. Favorece la competencia en el servicio de TV de paga y esto se refleja directamente en las tarifas a los usuarios) en TV priva a las audiencias del derecho de acceso a señales y contenidos que, por razones comerciales o de abuso de posición dominante, los operadores pueden no incluir en sus grillas. Esta es una decisión que afecta fuertemente las fuentes de empleo”, agregó Delú durante su intervención en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Farco junto a otras redes de medios comunitarios, populares y cooperativos y agrupaciones y organizaciones de distintas partes del país, que nuclean a trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, consolidaron el movimiento nacional Unidxs por la Cultura, espacio que se originó en 2022 para frenar un posible “apagón cultural” y consiguieron la aprobación de un proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan fondos a las actividades culturales.

El proyecto de Ley Ómnibus le delega facultades al Poder Ejecutivo “para tomar decisiones de todo tipo respecto de los fondos fiduciarios públicos y recursos destinados a asignaciones específicas”, cuestión que ya había aprobado el Congreso el año pasado gracias a la lucha organizada de los trabajadores y trabajadoras de la industria cultural y medios comunitarios.

De aprobarse el texto, “el presidente se encontraría habilitado para adoptar una medida regresiva que afectará el fomento de los medios sin fines de lucro, gestionados por organizaciones indígenas y de una serie de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos y la promoción de la cultura”, remarcó el comunicador.

Además, el presidente de Farco se refirió a la suspensión de la pauta publicitaria nacional “presentada como un ajuste para los privilegiados, pero a quienes más traerá problemas son a los sectores que históricamente fueron más discriminados de la pauta publicitaria”.

“Poca mella le hará a los sectores concentrados de la comunicación, que han usado la pauta para seguir creciendo y las presiones al sistema político para aumentar los negociados. El decreto cuestionado afecta directamente el derecho del pueblo de recibir información de las decisiones de Estado”, agregó.

Por otro lado, consideró que las ideas que propone La Libertad Avanza fomentan la concentración mediática.

Y señaló: “Los oligopolios mediáticos deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión”.

Si el debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, “se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático”.

En ese marco, Delú rechazó la decisión del presidente Milei, ya que “va en contra de esos derechos y vulnera por tanto la libertad de expresión al propiciar la concentración mediática sin límites”.

Por último, afirmó que “la sumatoria del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus propone un escenario desolador para la comunicación comunitaria en el tiempo que viene” y adelantó que si el tema pasa al recinto de la Cámara baja este fin de semana “todas las asambleas que hay convocadas para el sábado se van a transformar en una gran movilización popular en las puertas del Congreso”.

“En los días que vienen se mueve una de las instituciones más grandes que tiene la argentina, que es la calle. Honremos los 40 años de democracia rechazando el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU”, finalizó.

La entrada «El DNU y el proyecto de ley es un escenario desolador para la comunicación comunitaria» se publicó primero en El Ciudadano.

La Cooperativa Oktupak tiene dos ejes productivos, un taller dentro de la Unidad Penal Número 15 de Batán, en General Pueyrredón, y un equipo de tareas en construcción, jardinería y medio ambiente afuera de esta cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El trabajo que realizan permite no solo educar en lo laboral a los asociados, “también refuerza la filosofía de la organización del pasivo al activo», explicó a Tiempo Juan Manuel Aiello, presidente de la cooperativa.
Creación y reglas en el pabellón

Todo comenzó en 2009, cuando el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Esteban Viñas, “introdujo el rugby en los penales como herramienta educativa”, recordó Juan, de 52 años. Esta experiencia y práctica deportiva “fue creciendo y tomando forma hasta que se logró constituir un pabellón, un espacio para todos los detenidos que tuvieran ganas de ser parte del proyecto”, agregó.

Pusieron un requisito a los habitantes del pabellón, que terminen sus estudios: “El que no sabía leer aprendió, quien no tenía terminada la educación primaria la terminó, así también sucedió con la educación secundaria que algunos siguen cursando para cumplir con la regla que instalamos”.

También es obligatorio la participación “en talleres de oficios, estudios terciarios, y todo tipo de formación educativa que les permitiera a los detenidos mejorar sus capacidad intelectual y herramientas de conocimiento”, enfatizó Aiello.
Incentivar a los detenidos

De este modo fue mejorando paulatinamente la vida cotidiana “de las personas en situación de encierro en términos de posibilidades de distintas actividades y oficios”, contó Juan. Entre otras cosas se especializaron en la reparación de sillas de ruedas, en 2018 recibieron 160 sillas de ruedas rotas del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) “de las cuales recuperamos más de 50, esto fue lo que nos impulsó hacia la autogestión, porque se hizo un hermoso trabajo colectivo”.

Pero faltó la parte más importante, “porque el Pami no nos dio un reconocimiento económico y lo real es que para lograr que una persona adhiera o abrace la cultura del trabajo tiene que tener una compensación”, remarcó el presidente cooperativista.

Al ver que eso no sucedió “como lo esperábamos, surgió la idea de constituir una cooperativa, para que administrativa y legalmente podamos ser una empresa, facturar y cobrar el trabajo como corresponde para dignificar nuestras vidas con el ingreso económico como corresponde según la organización social del trabajo”, aseveró.

La conformación de Oktupak

Cuando empezó la pandemia, en 2020, empezaron a realizar los trámites para formalizar, se inscribieron en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Finalmente, en 2022, “logramos firmar un convenio con el entonces ministro de Justicia de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak”, recordó el presidente.

Les dio en comodato un espacio dentro de la cárcel de Batán “donde nosotros logramos constituir intramuros un taller de herrería y carpintería, entonces refaccionamos el lugar y permanecemos allí en la actualidad, así pudimos hacer nuestro trabajo y empezamos a visibilizarlo”, reconstruyó el hombre.

Empezaron a trabajar con todos los materiales en desuso que consiguieron, “un balneario de la zona que se llama ‘Luna Roja’ había logrado una nueva habilitación en ese momento, nos donó 70 reposeras de caños galvanizados y viejos camastros de madera, esto nos permitió capacitarnos, mejorar, aprender y conocernos entre nosotros”, recordó el presidente.

La Cooperativa Oktupak está formada por “una plantilla de ocho detenidos fijos y cuatro que vienen en virtud de las necesidades que tengamos en el taller, por si necesitamos sacar trabajo rápido”, explicó Juan. En el inicio no tenían herramientas, “nuestros amigos no fueron regalando algunas y otras compramos con los recursos que generamos con la venta de las cosas que fabricamos”, valoró en relación al trabajo que hacen, sostienen en el tiempo y genera valor.

Con la ayuda del gobernador bonaerense

Hasta que finalmente en 2023: “Recibimos un subsidio de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Axel Kicillof, que nos permitió comprar máquinas, vestimenta adecuada para las tareas que realizamos y elementos de seguridad para el taller”, agradeció el hombre.

Lo hicieron todo durante la pandemia, “regularizamos la cooperativa formal y administrativamente”, exaltó. Realizaron trabajos “para el municipio, privados, clubes, ONG y construimos muchos muebles que hoy están a la venta en una exposición”, señaló.

Ante el contexto económico y político actual pretender seguir luchando “para mejorar nuestras prestaciones junto al país entero, que hoy atraviesa una terrible crisis, para que podamos salir adelante todos juntos”, alentó el presidente.

“Nuestra cooperativa tiene una pata puesta en la Unidad 15 de Batán y la otra extramuros para aquellas personas que salen en libertad y que son parte de nuestra organización tengan una contención laboral”, explicó Juan, para la integración post carcelaria. Continuó relatando “tenemos la rama de construcción y jardinería, con estos dos oficios nos estamos insertando en la cultura del trabajo en la comunidad”.

En total, la plantilla de la cooperativa está compuesta “por 30 familias entre los trabajadores detenidos, liberados, otras personas ajenas al mundo del delito que están capacitadas y que también son parte de nuestra organización”, detalló.

Con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “hemos logrado conseguir una asistencia alimentaria para las familias, esto es muy significativo, porque gracias al trabajo que hacen los detenidos sus parientes reciben algo”, enfatizó el hombre. “Lo cual para nosotros es muy importante, porque sabemos que la cooperativa puede tener un efecto inmediato sobre aquel trabajador que se incorpora a este colectivo”, aseguró.

Salvar a las infancias

Lo que más los motiva y lleva a no claudicar en esta lucha:”Es el futuro de los hijos de los socios que estás detenidos y los liberados, porque nadie tiene mejor ejemplo que el del hogar, los niños y niñas que ven a sus padres trabajar tienen más chances de seguir ese camino y no el que les tocó transitar a sus padres”, ahondó el presidente.

En la actualidad están en contacto con algunas fábricas del Parque Industrial “para poner a disposición el taller de herrería y carpintería que está en la cárcel y el que está ubicado a dos kilómetros para los liberados, para poder capacitarnos en las labores que ellos tengan mayor demanda”, explicó el hombre.

Recordó que en 2021 los visitó la periodista Ana Sicilia, “quien arma bibliotecas continuamente en las cárceles y este jueves vino nuevamente a vernos”. La primera vez le regalaron una muñeca metálica “que lleva libros en una mano y, en la otra, un corazón”, dijo.

También explicó que “el significado simbólico que nosotros le dimos a esa obra, es que la compañera nos trae libros y amor, son dos componentes que para las personas en situación de encierro son muy valiosos e importantes”, enfatizó.

Feria navideña

Con motivos de la víspera navideña, la cooperativa realizó una feria, en la que expusieron muebles y varios artículos que fabricaron, como ser, sillas, sillones, mesas, bancos, taburetes, juguetes de madera, tablas de cocina, bañeras transformadas en coloridos asientos individuales y de tres cuerpos.

Este encuentro con la gente permitió poner de manifiesto la capacidad laboral de los socios de la cooperativa, la manualidad, el conocimiento en herrería y carpintería. Los objetos han sido -en su totalidad- construidos con materiales de descarte, recortes de madera, hierros viejos y donaciones de materiales en desuso.

“Para nosotros ese día estuvo lleno de satisfacciones, porque pudimos mostrar lo que venimos haciendo y la gente aceptó con conformidad nuestra labor, eso es muy importante, porque nos dio ánimo y fuerza para seguir construyendo”, valoró Juan. Finalizó expresando que “soñamos con seguir creciendo, estamos convencidos -conceptual y políticamente- que más trabajo es menos reincidencia en el delito, esto sin dudas nos favorece a todos crear un mundo menos conflictivo”.

La entrada Cooperativa Oktupak: “Proyectamos el futuro de los hijos de nuestros socios que están presos» se publicó primero en El Ciudadano.

El Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajadores en Rosario, celebrado durante el 2023, fue testigo de discusiones fundamentales sobre nuevas formas de trabajo y organización.

La asamblea permanente y el plenario de empresas autogestionadas demostraron un fuerte compromiso con la autogestión y la resistencia frente a las políticas gubernamentales.

Ahora, en un contexto muy complejo, organizaciones de la economía autogestionada señalaron en un comunicado conjunto, su preocupación y repudio hacia el Decreto 70/23 emitido por el presidente Milei, al considerar que pone en peligro la economía social y solidaria.

Declararon estar en estado de alerta y movilización, llamando a la unidad de la clase trabajadora para derrotar estas medidas y cualquier otra que siga la misma línea.

En este sentido, denunciaron que el DNU intenta retrotraer al Estado y la sociedad argentina a épocas de “la República oligárquica y fraudulenta”, así como al plan económico de la dictadura cívico-militar.

En su comunicado, solicitaron la derogación inmediata de estas medidas, destacando que representan un golpe a los derechos laborales y sociales conquistados por el movimiento obrero y las clases populares.

En cuanto al impacto de las medidas en las empresas autogestionadas, señalaron que, aunque aún no haya disposiciones directas hacia su sector, el conjunto de medidas del decreto, sumado al plan de ajuste, la licuación de ingresos y el endeudamiento, crea un marco económico que amenaza su existencia.

Explicaron, además, que la supervivencia de cooperativas, empresas autogestionadas y emprendimientos depende de la imposición de límites estatales a la voracidad del capital, políticas industriales, protecciones y regulaciones frente a la importación indiscriminada, suministro energético a precios acordes a los costos de producción, entre otros aspectos eliminados por el decreto.

A pesar de las dificultades existentes, consideran que estas nuevas medidas representan un peligro directo y una amenaza mortal para la autogestión.

Así, llamaron a la unidad del sector autogestionado y del resto del sector cooperativo, las organizaciones de la economía popular y el movimiento obrero y sus sindicatos, subrayando que la unidad de la clase trabajadora es esencial para derrotar estos intentos de sometimiento a la dictadura del capital.

En un llamado a legisladores y representantes electos, instaron a frenar el DNU en el parlamento.
Además, hicieron un llamado a la movilización y a la toma de medidas de lucha para derrotar las políticas de Milei y sus mandantes corporativos.

Adhirieron a las medidas de lucha, incluyendo la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) del próximo miércoles, y propusieron la elaboración de “un plan de lucha para enfrentar el ajuste y el protocolo represivo”.

El comunicado fue firmado la Federación de Alimentación, Solidaridad y Autogestión (Fasacot), Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (Actra), Federación de Empresas Recuperadas Sociales y Afines (Ferysa) Chaco, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (Gestara) y la Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza (Acerm), entre otras, sumando más de 60 cooperativas.

Solidaridad internacional

Desde diferentes países y organizaciones sindicales, gremiales y sociales, se sumaron voces de solidaridad con la lucha obrera en Argentina tras las medidas implementadas por el presidente Javier Milei.

En Francia, todas las Confederaciones Sindicales expresaron su preocupación por la situación en Argentina y convocaron a una concentración de solidaridad.

Denunciaron las políticas de Milei como una amenaza para la democracia y los derechos fundamentales, manifestando su total respaldo a las trabajadoras y trabajadores argentinos.

En Madrid, España, se anunció que el 24 de enero se sumarán al paro general con una concentración solidaria con la lucha de la clase trabajadora y el pueblo en Argentina.

Diversas corrientes y organizaciones, como la Corriente Revolucionaria de Trabajadores, Casapueblos, Solidaridad Obrera, Co.Bas, Alternativa Sindical de Clase, Contracorriente, Pan y Rosas, Corriente Roja, y el Ateneo Republicano de Vallekas, se unirán bajo el lema “Abajo el ataque de Milei, la patronal y el FMI. Plan de lucha, asambleas y huelga general para derrotarlos”.

La Comunidad Afroargentina, Afrodescendiente y Africana, Diaspórica de Argentina, emitió un comunicado expresando su alerta frente al DNU, la Ley Omnibus y el Protocolo Antipiquete que pretende implementar el oficialismo. Denuncian la violación de los derechos jurídicos y humanos, exponiendo el racismo estructural que han padecido durante siglos.

En el comunicado, advierten sobre la eliminación de instituciones esenciales como el Inadi, así como la amenaza a la actividad artística con la desaparición de organismos como el FNA, INT, Incaa, Inamu y la Conabip.

Llaman a la defensa de los derechos alcanzados por la resistencia y lucha del pueblo afrodescendiente.

La entrada Alerta y movilización en la Economía Autogestionada frente al DNU de Milei se publicó primero en El Ciudadano.

El sector hotelero y las agencias de viajes confirmaron que una de las peores temporadas había llegado cuando el presidente Javier Milei impuso el DNU 70/2023.

Hace casi diez días, el golpe al sector fue doble: se desreguló completamente la actividad tal como se la conocía y las consultas por alojamientos, micros o paquetes están frenadas. Si este escenario golpea a los grandes agentes, más aún al turismo mutual y cooperativo, una propuesta que había crecido en los últimos dos años a lo largo y ancho del país.

El DNU derogó las leyes N° 18.828 (de reglamentación de Hotelería), 18.829 (que creó el “Registro” de “Agentes de Viaje” y reglamentó su actividad a partir de una “licencia habilitante”, motivo por el cual ya no están obligadas a contar con un profesional idóneo) y 26.356 (de “Sistemas turísticos de Tiempo Compartido”).

“Aún estamos analizando todo”, señaló Héctor Acosta, secretario de Relaciones Internacionales de Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) a la agencia Ansol.

“Hemos sufrido cambios muy fuertes, porque pasamos del sistema regulado a otro totalmente desregulado y no todos los actores tienen la misma fuerza ante la libre competencia”, insistió el dirigente, quién además recordó que “uno de los planteos del sector era que existían muchas exigencias para que las cooperativas y mutuales lleguen a ser agencias de viajes y se habían logrado modificar algunas cosas con el (ahora ex) Ministerio de Turismo”.

“Nosotros creemos que deben existir controles y reglas del juego, que no deben ser extremas, porque el público quiere tener un servicio de calidad y que se le va a cumplir, algo que las cooperativas y mutuales de turismo siempre han sido responsables en el manejo del servicio”, Remarcó Acosta.

Y destacó que en el caso de ellos “hay un plus, porque la mayoría de las personas que usan el servicio son los propios trabajadores del sector cooperativo y mutual que forman parte de las asambleas donde se resuelven las cosas”.

Por su parte, Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) y síndico de la agencia de turismo Cooperativa Rutas Argentinas contó ante la consulta de este medio: “El turismo cooperativo y mutual está inmerso en el esquema general del mercado interno, y depende en gran medida de los asociados a cooperativas y mutuales que toman el servicio que sus entidades brindan, que son trabajadores que están sufriendo el terrible impacto del ajuste, por lo que esperamos una fuerte caída de la actividad turística de nuestro sector como así también ocurre a nivel general”.

En ese marco, Tonarelli remarcó que “tenemos porcentajes muy por debajo de lo esperado en esta temporada, lo que es una prueba más de que lo que se dijo en campaña por el presidente era al revés, porque no existía el ajuste a la casta o grandes poderes económicos, sino que lo pagan los trabajadores”.

Vale recordar que el Catálogo de Turismo Cooperativo, Mutual y de Base Comunitaria en su última edición actualizada en agosto, confirmó que hay en el país 221 prestadores de la economía social para estas vacaciones de temporada, es decir, cooperativas y mutuales con ofertas de alojamiento, transporte, excursiones, gastronomía, propuesta cultural, complejos, hoteles y agencias de viajes con paquetes turísticos.

Este es el sector que más endeble quedó ante el DNU de Milei y que buscará resistir este verano 2024.

En dicho Catalogo bajo el titulo “Retos del Turismo cooperativo, mutual y de base comunitaria” se señala:

El turismo cooperativo, mutual y de base comunitaria se encuentra con desafíos específicos para su propio desarrollo en el país.
En cuanto a estos retos específicos, se encuentran la difusión y visibilización de las ofertas y propuestas, mejorando sus canales comerciales y la llegada a quienes demandan estas prestaciones.

Otro desafío es lograr incrementar la articulación interna entre los agentes del Turismo Solidario y Sostenible (TSS), fortaleciéndose como sector.

En términos de oportunidades, la actividad turística está en crecimiento, con demanda constante pero con centralización de recursos.
El desafío consiste en lograr articular una demanda creciente, que busca alternativas sostenibles y responsables con el entorno y con las comunidades, con una oferta que viene organizándose y fortaleciéndose.

En este sentido, promover un TSS permite dar una disputa cultural en el ámbito del consumo turístico, en el que a partir de prácticas comprometidas con los agentes y los entornos, impulsen procesos de transformación.

Este catálogo entonces surge de ese espíritu, para contribuir a la distribución democrática de recursos con impacto real en las comunidades receptoras, facilitar el fomento de un consumo turístico que tenga en cuenta no solo los intereses y motivaciones de quienes viajan, sino las consecuencias de sus prácticas en los diversos entornos.

Un modelo turístico solidario y sostenible, que visibilice las consecuencias y también considere las oportunidades que puede generar para el conjunto de la sociedad.

(*) Agencia de Noticias Solidarias

La entrada Tras el DNU de Milei, duro golpe para el turismo cooperativo y mutual se publicó primero en El Ciudadano.

A tres semanas de la asunción de Javier Milei, los anuncios y medidas explicitan un modelo que financia y favorece la concentración económica en un espiral inflacionario que amenaza con arrastrar a sectores medios y populares a la pobreza, la indigencia y el hambre.

Atenta también contra la supervivencia de la industria, las pymes, y los pequeños y medianos productores del campo que alimenta.

El precio de los alimentos, entre otros cientos de productos que consumen las familias argentinas, se ve motivado al alza por la falta de controles de precios en una estructura empresaria oligopólica, el aumento del precio relativo de las exportaciones, los servicios públicos y los combustibles.

En paralelo, estas medidas reducen la rentabilidad de pequeños y medianos productores de alimento, ya aquejados por la sequía, el aumento de los insumos, el alquiler y la concentración de tierras, gracias a las ganancias extraordinarias que el capital concentrado del agronegocio viene obteniendo.

Y que incrementará con las nuevas políticas, por sus posiciones financieras, oligopólicas y ante una acción desigual del Estado, garantizando sus ganancias e inversiones mientras deja librado al azar el destino de la industria, las pymes, y los pequeños y medianos productores.

Los beneficiarios de siempre

Se van a cumplir 21 años de la nacionalización de la deuda privada de Domingo Cavallo al final del “Proceso de Reorganización Nacional”.

Fueron beneficiarios de dicha nacionalización los ahora grandes grupos económicos argentinos, que producen y distribuyen la mayoría de los productos que consumimos, pudiendo establecer de manera unilateral sus precios.

La nacionalización de las deudas privadas de las grandes empresas a través del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) parece replicar esta medida y vuelve a mostrar la intervención del Estado en favor del capital concentrado.

Genera, a futuro, una deuda de aproximadamente 30 mil millones de dólares (el doble que la nacionalización de Cavallo y dos tercios de la deuda de Mauricio Macri con el FMI).

Algunos economistas como Claudio Lozano ya estiman que dos tercios de esta deuda corresponden a intercambios entre las propias empresas con sus filiales extranjeras.

Este proceso no cuenta con la debida fiscalización y encubren giros de dividendos, sobrefacturación o fuga de divisas, entre otras trampas que no han podido ser atendidas.

En paralelo, la fiscalización del Estado cae en las medianas y pequeñas empresas y productores.
El sector de pequeños y medianos productores de alimento (que cubre entre el 60 y el 80 por ciento de las frutas y verduras que se consumen en la mesa de los y las argentinas) se ha visto perjudicado por la acción del Estado en el anterior gobierno.

La transferencia extraordinaria a los sectores agroexportadores concentrados a través del dólar soja (con un costo de 590 mil millones de pesos) equivalió al impuesto a las grandes fortunas, u ocho años de la pauta publicitaria del Estado que ahora el ministro Luis Caputo exhibe como un recorte de gasto importante.

Los perjudicados de siempre

En paralelo el nuevo gobierno desfinancia las pocas ayudas que existían para nuestro sector, vacía áreas estratégicas y nos condena como pequeños y medianos productores a ser parte del nuevo ministerio de Capital Humano, con un rejunte de ex-ministerios en manos de personas sin experiencia que solo puede llevar a la inoperancia, y cuya ministra, Sandra Pettovello, hizo su primera aparición pública para sumarse a la represión de la protesta social anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

No hay anuncios acerca de cómo se piensa afrontar la crisis humanitaria que el propio gobierno fogonea.

Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), de la cual formamos parte, ya hemos presentado propuestas concretas, el Programa Agrario para el Alimento, para reducir el precio de los alimentos a través del apoyo a pequeños y medianos productores, el acceso a la tierra, la creación de nuevos Mercados de Cercanía y otras políticas que ya venimos implementando desde las propias organizaciones.

Los índices elaborados por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) demuestran que dichas políticas implementadas desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) a través de proyectos productivos y de comercialización, brindan alimento más sano y barato a los consumidores, reduciendo la brecha de los intermediarios.

En dichos estudios, que comparan la evolución de la inflación en grandes cadenas de supermercados con la de los locales y ferias de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP), se demuestra, por ejemplo, que tras las Paso, la inflación fue de 20 por ciento en las grandes estructuras oligopólicas, frente al nueve por ciento en nuestros puntos de venta.

Una clara demostración del componente especulativo y oligopólico de la inflación en Argentina

Eso sin comparar la calidad de los alimentos, los beneficios para los productores y las economías regionales. Y el hecho de que, más allá de que para nosotros el alimento es un derecho y no una mercancía (como debatió nuestro referente Nahuel Levaggi con el vocero del agronegocio Antonio Aracre), nuestro sector incluye miles de productores y comercializadoras que hablan de la competencia necesaria para que funcione “la mano invisible” del mercado. Esa de la que hablan los libros de economía, aún en sus corrientes más ortodoxas.

Un Estado para cierto mercado

Los anuncios de las medidas económicas del nuevo gobierno dan por tierra dos mitos muy recurrentes en los discursos neoliberales en Argentina: que el mercado genera oportunidades por igual para toda la población y que el Estado sirve para moderar estos desequilibrios y no para fomentarlos aún más.

No estamos ante un Estado que no interviene, sino uno que precisamente interviene para favorecer a los capitales concentrados que, con la histórica ayuda de ese Estado, han generado reglas desiguales de mercado, aumentando la pobreza, la desigualdad social, el hambre y la primarización de la economía con un fuerte beneficio para los grandes capitales multinacionales (que incluyen grandes empresas argentinas).

Seguiremos organizándonos para mejor la calidad de vida de los y las argentinas, con o sin ayuda del Estado y el mercado. Sin embargo nuestros esfuerzos no son suficientes sin un apoyo de un Estado que lejos está de priorizar el alimento de nuestra población.

Esta desigualdad del mercado y el Estado claramente se va profundizar con las nuevas políticas económicas, con una brutal licuación de los ingresos de las clases medias y populares y un tipo de cambio, y otras medidas, que favorecen a los sectores agroexportadores sin valor agregado (es decir, sin trabajo).

Hoy las medianas y pequeñas empresas exportadoras con valor agregado (incluso algunas dentro de nuestro sector) perciben un dólar de 730 pesos (descontando las nuevas retenciones) y pagan sus insumos a un dólar de 940 pesos (con el impuesto País).

Esta desigualdad afecta la industria, las pymes y pequeños productores, llevando a la Argentina hacia un esquema de economía primarizada y sujeta a los vaivenes de los precios internacionales.

En medio de una crisis económica y social, que lejos de menguar va a tender a incrementarse (junto con las estadísticas de pobreza, indigencia y hambre), desde la UTT y las organizaciones del campo que alimenta redoblaremos la lucha y los esfuerzos para seguir organizando la producción y el consumo para ofrecer a las familias argentinas alimentos sanos y lo más barato que la situación nos permita.

Además de sostener comedores populares y otras tareas con una visión de cuidado de la comunidad y la Casa Común. Para nosotras y nosotros el alimento es un derecho y no una mercancía.

(*) Coordinación Nacional de la UTT

La entrada Un Estado al servicio de la concentración económica se publicó primero en El Ciudadano.

Entre los argumentos, el centenar de cooperativas, empresas autogestionadas y federaciones y confederaciones del sector (que nuclean a su vez cientos de cooperativas), apuntan que “Milei que intenta retrotraer al Estado y la sociedad argentina a las épocas de la República oligárquica y fraudulenta y al plan económico de la dictadura cívico-militar”.

Asimismo, plantean que el Gobierno pretende “instaurar un régimen bajo la dictadura del mercado” y que este avance “significará también un peligro directo y una amenaza mortal para la existencia misma de la autogestión”.

Por todo, se declaran “en estado de alerta y movilización y llamamos a la unidad de la clase
trabajadora para derrotar esta medida y las que le sigan con el mismo sentido”.

El comunicado completo

Las organizaciones y empresas autogestionadas abajo firmantes, integrantes y adherentes del Encuentro Economía de los Trabajadores y Trabajadoras, repudiamos y expresamos nuestra total oposición al DNU del presidente Milei que intenta retrotraer al Estado y la sociedad argentina a las épocas de la República oligárquica y fraudulenta y al plan económico de la dictadura cívico-militar, y exigimos su inmediata derogación.

Nos declaramos en estado de alerta y movilización y llamamos a la unidad de la clase trabajadora para derrotar esta medida y las que le sigan con el mismo sentido.

El plan del gobierno, a solo días de haber asumido, pasa por encima de la democracia que, con todas sus limitaciones, hemos conseguido con la lucha del pueblo durante generaciones y, de lograr imponerse, representaría un golpe de gracia a los derechos laborales y sociales conquistados por el movimiento obrero y las clases populares.

Pretenden instaurar un régimen bajo la dictadura del mercado, que no es otra cosa que la dictadura del capital concentrado corporativo y el capital financiero, convirtiendo al Estado argentino en una mera administración colonial.

Para las empresas autogestionadas, tanto empresas recuperadas como cooperativas de trabajadores y trabajadoras y la economía popular y solidaria, las medidas de este decreto autoritario y arbitrario junto con el plan de ajuste, licuación de los ingresos de los sectores populares y endeudamiento anunciado por el ministro Caputo, constituyen un marco de condiciones económicas y políticas que atenta contra nuestra misma existencia, aún cuando (hasta ahora) no haya disposiciones directamente dirigidas contra nuestro sector. La sobrevivencia de numerosas cooperativas, empresas autogestionadas y emprendimientos populares está íntimamente relacionada con la imposición de límites estatales a la voracidad del capital, a la existencia de una política industrial, de protecciones y regulaciones de la actividad económica frente a la importación indiscriminada, al suministro energético a precios acordes a los costos de producción en el país y muchas otras cuestiones, hasta ahora básicas, que este decretazo
elimina de un plumazo para instaurar la ley del más fuerte.

Ya las condiciones eran duras y nuestras reivindicaciones (la ley del trabajo autogestionado, la resolución jurídica definitiva a los conflictos de las empresas recuperadas, el acceso al crédito y al financiamiento, entre otras que hemos expresado en numerosas ocasiones) lejos están de haber sido resueltas por gobiernos anteriores, pero este salto a la destrucción masiva de nuestra economía significará también un peligro directo y una amenaza mortal para la existencia misma de la autogestión.

Llamamos a la unidad del sector autogestionado para enfrentar este modelo, junto con el resto del sector cooperativo y mutual, las organizaciones de la economía popular y el movimiento obrero y sus sindicatos y centrales. La unidad de la clase trabajadora argentina es la condición para la derrota de este intento de sometimiento a la dictadura del capital.

A su vez, llamamos a legisladores y representantes electos por el voto popular a frenar en el legislativo este DNU. Llamamos a la movilización y a la toma de las medidas de lucha que derroten a Milei y sus mandantes corporativos, nacionales e internacionales y adherimos a las medidas de lucha que, como la marcha convocada para el próximo miércoles por la CGT, enfrenten a estas medidas, proponiendo a las centrales sindicales la convocatoria urgente de un paro nacional y plan de lucha para enfrentar el ajuste y el protocolo represivo.

Firmas de las organizaciones autogestivas

Encuentro Internacional Economía de los Trabajadores y Trabajadoras
Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires para Otra Economía
(Fedecaba)
Federación de Alimentación, Solidaridad y Autogestión (Fasacot)
Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (Actra)
Federación de Empresas Recuperadas Sociales y Afines. (Ferysa) Chaco.
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta)
Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina
(Gestara)
Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza (Acerm)
Mesa de Gestión de Cooperativas de Trabajo La Pampa
Cooperativa de Trabajo La Litoraleña
Cooperativa de Trabajo Unidos, Resistencia, Chaco
Cooperativa de Trabajo CTC Puerto Vilela Chaco
Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé
Cooperativa Ganadero Zona Norte Dpto Castro Barros, La Rioja
La Dignidad Riojana de: Castro Barros, Arauco, Capital y Chilecito La Rioja.
Cooperativa de Trabajo Incob Ltda Bahía Blanca
Asociación Mutual Sentimiento
Cooperativa de Trabajo Proyecto Coopar Ltda
Escuela Cooperativa Mundo Nuevo
Cooperativa de Trabajo Espíritu Guerrero Editor
Cooperativa de Trabajo Callao Ltda.
Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 Ltda.
Cooperativa de Servicios La Comunitaria
Cooperativa de Trabajo El Zócalo Ltda
Cooperativa de Trabajo 27 de Octubre Ltda
Cooperativa de Trabajo Geográfico Cambalache Ltda
Cooperativa de Trabajo Ambiental MBIENTAL Ltda
Cooperativa de trabajo Ingecoop Ltda
Cooperativa de trabajo Dario Santillan
Vital Asistencia Cooperativa de Trabajo Ltda
Graficos Asociados Cooperativa de Trabajo
Cooperativa de vivienda “La Primera del Gallo Ltda”
Cooperativa de trabajo surco
Mercado de Consumo Popular
Cooperativa de trabajo “Brote Popular Ltda”
Fundación La Base Fondo de Microcréditos Solidarios
Cooperativa de Trabajo Textil Telas Ltda
Cooperativa de consumo Consol Ltda
Cooperativa de Trabajo Produciendo La Pampa Ltda
Cooperativa de Trabajo Hornero Construcciones Ltda
Cooperativa de trabajo Despiertavoces Ltda
Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad Ltda
Cooperativa de trabajo Puente del Sur Ltda
Cooperativa de trabajo Apisfemina
Cooperativa de trabajo kolmena Oeste Cooperativa de Trabajo Rutas Argentinas Ltda
Cooperativa de Trabajo Los Carpinchos Ltda
Cooperativa de Trabajo BAIRES Ltda
Cooperativa de trabajo Tierra Soberana Ltda (Mercado Territorial)
Cooperativa de trabajo Caminando caminando Ltda
Ucicoop Unidad de cuidados intensivos cooperativa veterinaria
Cooperativa de Trabajo Cultural Barba de Chiva Ltda
Cooperativa de Mensajeros y Cadetes Coopecad Ltda
Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre Ltda
Cooperativa de trabajo Reciprod Ltda
Cooperativa de Trabajo MadyGraf Ltda
Cooperativa de consumo La yumba
Columna Boli Lescano
Cooperativa de Trabajo y Consumo Inimbo Chaco
Espacio San Martín
Cooperativa de Reciclado Remamcop Chaco
Cooperativa Colectiva Añil, Innovación y Organización
Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI- Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
Programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
Tecnicatura Superior en Economía Social ISFDT 46, La Matanza
Catedra Economía Social, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de
Córdoba
Observatorio de la Economía Popular Universidad Nacional de La Plata

La entrada La Economía Social y Solidaria en «estado de alerta y movilización» ante el DNU de Milei se publicó primero en El Ciudadano.

El texto anima a todos los Estados miembros, así como a las Naciones Unidas y a todas las demás partes interesadas, a aprovechar el Año Internacional de las Cooperativas como una forma de promover las cooperativas y sensibilizar sobre su contribución en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al desarrollo social y económico general. La resolución fue presentada por el Gobierno de Mongolia y aprobada el 3 de noviembre durante la 47 sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La iniciativa llega tras la declaración del primer Año Internacional de las Cooperativas en 2012, que contribuyó en gran medida a concienciar sobre el importante papel de las cooperativas en la promoción del desarrollo sostenible.

El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco, aplaudió la adopción de una nueva resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y añadió que “la proclamación de un nuevo Año Internacional de las Cooperativas 13 años después del primero demuestra el firme reconocimiento por parte de la ONU y de los gobiernos nacionales de la capacidad de las cooperativas para impulsar la Agenda 2030 y construir un mundo más justo y próspero para todos.”

Las recomendaciones de esta nueva resolución de la ONU están bien alineadas con las peticiones de la ACI a los gobiernos y socios de desarrollo como se indica en su reciente Documento de política «Cooperativas: Socios clave en la realización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible».

Documento de posición de la ACI:

En septiembre de 2023, la comunidad internacional alcanzó el ecuador del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La ONU organizó la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que culminó con la adopción de una declaración política por parte de los Estados miembros a través de la cual se realiza un llamamiento a la acción con la intención de invertir la tendencia a la baja y acelerar la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS.

Las cooperativas participaron en el proceso que definió el contenido de la Agenda 2030, lo que se tradujo en el reconocimiento de la importancia de la acción de las cooperativas en el desarrollo sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son parte de la esencia de las cooperativas, ya que el modelo de negocio cooperativo se basa en principios y valores éticos centrados en atender las necesidades y aspiraciones de sus miembros y de su comunidad.

En este documento de posición, la ACI subraya el papel efectivo de las cooperativas como socios en el cumplimiento de la Agenda 2030 y, para ello, identifica contribuciones concretas y probadas de las cooperativas a los 17 ODS. Además, en el documento se reclama un entorno político y normativo sólido y favorable para liberar todo el potencial de las cooperativas como impulsoras del desarrollo sostenible. En este sentido, se proponen las siguientes medidas:

Reconocimiento de la empresa cooperativa como un modelo de negocio adecuado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las cooperativas se caracterizan por la generación y reparto equitativo de la riqueza, la creación y el mantenimiento de empresas sostenibles y empleo local, así como la preocupación por la comunidad, lo que las hace idóneas para el cumplimiento de estos objetivos.

Inclusión de metas e indicadores específicos sobre la promoción y el desarrollo de las cooperativas en los países miembros, que cumplan con la definición, los valores y los principios antes mencionados. Estas metas deben asociarse con un concepto de crecimiento en el que se incluyan indicadores sociales y medioambientales.

Acceso a medidas de aplicación y programas concretos, así como a su financiación. Estos programas y medidas deben adaptarse a las características de las cooperativas y respetar su modelo de negocio particular.

Los Estados miembros de la ONU se han comprometido a aumentar la financiación para la recopilación de datos y estadísticas, para el desarrollo sostenible y para mejorar la capacitación; por tanto, las cooperativas deberían tener acceso a estas oportunidades de financiación, tal como se recomienda en la resolución de la ONU sobre las cooperativas en el desarrollo social aprobada en 2021.

Participación de las estructuras cooperativas en los procesos de debate y toma de decisiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los Exámenes Nacionales Voluntarios y el Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Los procesos de toma de decisiones deben celebrarse cumpliendo siempre los principios de participación.

Es más, debe garantizarse que en el diseño de las medidas y programas específicos participen los negocios locales, sus organizaciones representantes y la sociedad civil. Los programas deben diseñarse a través de procesos de consulta locales e ir precedidos de estudios de evaluación del contexto local.

(*) Agencia Colsecor

La entrada Las Naciones Unidas proponen un nuevo Año Internacional de las Cooperativas se publicó primero en El Ciudadano.

El libro cuenta el surgimiento y el recorrido del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las experiencias de organización popular más novedosas de la Argentina, cuya historia permite adentrarse, en esa realidad que está detrás de la muralla invisible de la exclusión.

Santiago Liaudat afirma que “la situación social de la Argentina es dramática. De acuerdo a los indicadores oficiales, a fines de 2022 la pobreza rozó el 40 por ciento de la población, mientras que la indigencia sobrepasó el 8 por ciento.

Detrás de esos fríos dígitos se encuentran, respectivamente, 18 millones y 3 millones 500 personas. Entre tanto, la pobreza infantil comprendió a más de la mitad de los menores de catorce años de edad, de los cuales 1 millón 300 están en condición de indigencia”.

Por su parte, Fontana destaca que “en épocas de consumismo, exitismo, individualismo y sálvese quien pueda, existen cientos de miles de mujeres y hombres que construyen comunidad, que enfrentan la injusticia, que ofrecen su tiempo y exponen sus vidas por una causa solidaria”.

¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Qué piensan y cuáles son sus sueños?

“En este libro no se pretende abordar estas preguntas en toda su amplitud, aunque sí esbozar algunas respuestas parciales a partir de la trayectoria del MTE”, dice Fontana.

Y agrega: “El libro se compone de seis capítulos, que van desde los inicios del movimiento, coincidente con la crisis del 2001-2002 y llega hasta la actualidad, de modo que al leerlo el lector no solo se adentra en la historia del MTE, sino también en la historia reciente de la Argentina”.

Durante varios años, a diferencia de otras organizaciones populares en el país, el MTE fue escasamente estudiado desde el ámbito académico, aún dentro de los campos de estudio de la acción colectiva, el sindicalismo y el trabajo.

Fue recién a partir de la visibilización de la economía popular como sujeto social y político que esta vacancia comenzó a revertirse.
Magdalena Tóffoli, que se encuentra culminando su tesis doctoral en relación al tema, indica que, “esto se debió, en primer lugar, a la centralidad que adquirieron en la resistencia al neoliberalismo las investigaciones acerca del movimiento piquetero y luego en la etapa kirchnerista, los estudios sobre la relación entre Estado y movimientos sociales a partir de la incorporación de organizaciones de matriz nacional popular a distintas áreas gubernamentales”.

“En segundo lugar, desde el campo de los estudios del sindicalismo, el resurgimiento del movimiento obrero organizado en el escenario político, social y laboral relegó, al menos por un buen tiempo, la pregunta por aquellos procesos de organización colectiva que no se asimilaban fácilmente con la acción gremial más convencional, ni con la figura del trabajador asalariado”.

“En tercer lugar, con respecto a las experiencias colectivas en torno al trabajo “informal”, el foco estuvo puesto en el cooperativismo o las microempresas, guiado por ciertos enfoques de la Economía Social y Solidaria y del emprendedurismo, respectivamente. De este modo, la relevancia que cobró la economía popular en el escenario social y político durante la última década produjo un giro en el campo de estudios que permitió incorporar con más fuerza el análisis de este tipo de procesos organizativos”, agrega la investigadora.

Dicho esto, los tres investigadores destacan que si bien el libro cumple con todas las exigencias de la investigación académica, fue elaborado pensando en un público amplio. Por lo que en la introducción y un anexo metodológico contenido en el libro, se detallan aspectos específicos para especialistas, de modo de permitir una lectura más fluida del libro para lectores en general.

Pero, además de la historia del MTE, el libro contiene distintas discusiones de políticas públicas, en la medida en que las luchas de esta organización y otras generaron iniciativas que impactaron en leyes, programas y gobiernos.

“Uno de los aspectos notables del MTE es cómo han logrado traducir una agenda reivindicativa sectorial, la lucha por mejoras para el propio sector, en políticas de amplio alcance, universales incluso. Por ejemplo, la Ley Nacional de Barrios Populares, los programas de reciclado y cuidado ambiental o los abordajes en materia de adicciones, entre otros”, destaca Laudat.

En este sentido, los autores consideran que el MTE constituye una singularidad dentro de las organizaciones del sector.
Entre los principales rasgos diferenciales, destacan la vocación de organizarse “en torno al trabajo” (y no ya a partir de los planes de subsidio al desempleo) y “la definición del movimiento como instrumento” para la lucha gremial en pos de los derechos no reconocidos (por encima de las cuestiones de política partidaria).

Presentación oficial

El libro “El subsuelo de la patria: historia del Movimiento de Trabajadores Excluidos” será presentado este miércoles 20 de diciembre, a las 18 horas, en el Auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

La entrada “El subsuelo de la patria: historia del Movimiento de Trabajadores Excluidos» se publicó primero en El Ciudadano.

Tras la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, se publicó el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la reducción de los ministerios a nueve, ya que se agrupó a las ex carteras de Educación, Cultura, Trabajo, Desarrollo Social y Mujeres y Género bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano.

Bajo esta nueva cartera, que estará controlada por la Licenciada en Periodismo y Ciencias de la Familia, Sandra Pettovello, se ubicará el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo encargado de la aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, así como la reglamentación de la constitución y registro de esas entidades, que anteriormente dependía de Jefatura de Gabinete de Ministros.

Asimismo, el DNU declaró la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena dentro del Ministerio de Capital Humano, que dependía de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Respecto al traspaso de los ministerios anteriores hacia Capital Humano, en el DNU se detalla que se transferirán también “los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes”.

Según se señala en el decreto, la ministra Sandra Petovello deberá ejercer las siguientes funciones: “La educación, a la cultura, a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo; al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores; al empleo; a la capacitación laboral y a la seguridad social”.

A esto se le suma “la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales en las materias de su competencia, coordinando y articulando de manera federal”.

En ese ese contexto, al parecer, la continuidad del Inaes estaría asegurada.

Sin embargo, en el ámbito del mutualismo y del cooperativismo, la pregunta que toda la dirigencia se formulaba en estos últimos días no tiene una respuesta concreta.

La preocupación se instala frente a la decisión del oficialismo de reducir la cantidad de ministerios y reparticiones públicas.

Prensa mutual informo que la dirigencia de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) realizó múltiples gestiones apuntando siempre a la continuidad del organismo de contralor.

El resultado de esos movimientos es que en los próximos días los dirigentes confederativos van a ser recibidos por Pettovello, que ejerce la titularidad del Ministerio de Capital Humano.

Consultado al licenciado Alejandro Russo sobre este tema, el dirigente se mostró confiado en función de esa audiencia, ya que el hecho de que sean recibidos por la ministra implica un reconocimiento a su función y especialmente al sector de la economía social.

Lo que trascendió, en lo que respecta al personal del Inaes, es que se prescindirá de las y los trabajadores que están en situación de contratados.

En tanto, una fuente aseguró que los que se encuentran como planta permanente, permanecerán en el organismo y no habría cambios significativos que modifiquen el actual esquema del sector.

También se espera con cierta ansiedad el anuncio referido a quién será el próximo presidente del Inaes.
Hasta el momento, sólo hay hermetismo y no ha trascendido ningún nombre.

Resta esperar las definiciones oficiales. Y esta situación sólo trae angustias e incertidumbres.

Como curioso contraste, en Córdoba, el gobernador Martín Llaryora creó el Ministerio de Cooperativas y Mutuales.
Y el titular de la cartera es nada menos que el abogado Martín Gill, quien fue intendente de Villa María, secretario de Obras Públicas de la Nación durante la gestión de Gabriel Katopodis, y rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

En su discurso de asunción para el período 2023-2027, Llaryora puso en lo más alto el papel de la Economía Social y Solidaria al afirmar que el sector “lleva las obras donde nadie más las llevaría”.

Y agrego: “Explíqueme alguien, que sea del interior del interior como yo, si no estuviera el Estado junto con las cooperativas y las mutuales, quién llevaría el agua, quién llevaría las cloacas, quién haría los caminos, quién generaría la producción, quién llevaría servicios médicos, quién daría la posibilidad de generar trabajo en cada uno de nuestros pueblos”.

En un contexto complejo con discursos de brutales ajustes, pequeñas sorpresas que entrega la vida.

(*) Agencia de Noticias Solidarias

La entrada La pregunta que todos se formulan: ¿Qué pasará con el Inaes? se publicó primero en El Ciudadano.