«Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe«, afirmó el gobernador bonaerense. Como señales de ese deterioro mencionó la pérdida de miles de empleos, el cierre diario de empresas, la caída de los salarios y el empeoramiento de la calidad de vida.

El debate argentino llegó a Nueva York

Kicillof habló durante un desayuno en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. En la mesa estuvieron también el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, además de empresarios, representantes de fondos y delegaciones que participan de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La escena condensó uno de los ejes del viaje: disputar fuera del país el diagnóstico económico y político que proyecta el Gobierno nacional. Milei también se encuentra en Nueva York por la Asamblea de la ONU, mientras Kicillof desplegó una agenda paralela con dirigentes políticos, inversores y referentes del mundo académico.

El gobernador vinculó además la crisis argentina con una transformación más amplia del escenario internacional. «Estamos atestiguando un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica. Con todas sus capacidades científicas e industriales, la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias», sostuvo.

Para Kicillof, ese tablero todavía está abierto. «El nuevo orden mundial no está escrito», afirmó. Y planteó que encuentros como el de Nueva York deben servir para pensar «un orden mundial que reconozca la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad».

El mensaje a los inversores

El discurso político tuvo, además, una escala concreta en Wall Street. Un día antes, Kicillof se había reunido con fondos de inversión internacionales que poseen títulos de la provincia de Buenos Aires y participaron de la reestructuración de la deuda bonaerense.

«Nos reunimos en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de nuestra provincia y participaron de la reestructuración de nuestra deuda bonaerense», señaló Kicillof. Según explicó, el encuentro permitió intercambiar opiniones sobre la situación económica argentina.

El economista y analista financiero Javier Timerman, que participó de la reunión, evaluó positivamente el encuentro y sostuvo que uno de los principales interrogantes de los inversores pasa por la continuidad de las políticas argentinas frente a los cambios de gobierno.

Timerman resumió de una manera gráfica el mensaje que, según su lectura, buscó transmitir Kicillof: «No era un loco que venía a destruir todo». También señaló que los fondos preguntaron por la interna del peronismo y por la relación que una eventual futura administración debería mantener con Estados Unidos.

«La comunidad de inversores está desesperada por esta situación de péndulo», afirmó. Y agregó que, para los activos argentinos, una sucesión de giros bruscos en la política económica puede resultar «catastrófica».

La ronda financiera fue seguida por otro encuentro con representantes de la economía real. Según informó el gobierno bonaerense, participaron más de 20 empresas vinculadas con energía, petróleo y gas, minería, granos, farmacéutica y otros sectores productivos.

De los bonistas a Columbia

La gira continuó este miércoles en la Universidad de Columbia, donde Kicillof fue convocado para discutir las transformaciones económicas y políticas que atraviesan Argentina y América Latina en medio de un orden global en movimiento.

La agenda de la universidad anticipó un debate sobre las perspectivas de desarrollo del país, el aumento de las tensiones geopolíticas, la fragmentación económica y la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas latinoamericanas frente a ese escenario.

Entre Gracie Mansion, los fondos de inversión y Columbia, Kicillof buscó unir las distintas escalas de su visita bajo una misma discusión: cómo interpretar la economía argentina, qué relación construir con el capital internacional y qué estrategia debería adoptar el país ante un mundo que también está cambiando.

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El riesgo país subió casi 2% este miércoles y cerró en 566 puntos básicos, con lo que acumuló su octavo avance consecutivo y alcanzó su mayor nivel en cinco meses. Al mismo tiempo, el S&P Merval perdió 1% en pesos y 1,3% medido en dólares, por lo que completó su cuarta rueda seguida en terreno negativo.

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Strada abrió la reunión remarcando la urgencia del debate: “El gobierno de Milei quiere cerrar el Congreso. Niegan la realidad. Nosotros hacemos lo opuesto, queremos legislar para que esta crisis no se lleve puesta a la gente”.

El primero en tomar la palabra fue Ezequiel Centurión, trabajador despedido de Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento, que describió una situación de urgencia extrema: «No se cobró ninguna quincena del mes de julio, ninguna del mes de agosto ni de septiembre. La gente ya no está comiendo».

José Barbara, también de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, trazó una comparación que sintetiza el estado de ánimo de muchos: «Hemos pasado la crisis de 2001 y nunca hubo problemas y ahora, el señor presidente entró y en dos años y medio yo quedé sin trabajo».

Víctor Ávalos, trabajador despedido WADE (Buenos Aires) completó el cuadro con una imagen que se repite en cada rincón del país: «Todos están haciendo Didi, Uber. Salís a la calle, prendés la aplicación y hay 70 autos alrededor. Mi hermano está haciendo un viaje por $3.000».

Joel Mujica, despedido de Granja Tres Arroyos WADE de San Miguel del Monte, puso el foco en la deuda que se acumula cuando el trabajo desaparece: «Me estoy atrasando en todas las deudas. No sé cómo seguir sosteniendo el pago del colegio de mi hijo. Pero la deuda se va acrecentando y no creo que sea mi único caso».

Sergio Talenti, empresario de Jorsa Argentina en San Martín, identificó las consecuencias de la apertura importadora: “El amortiguador del Gol, a nosotros, la materia prima nos cuesta $38.000, mientras que lo recibimos final desde China por $17.000. Es imposible que podamos competir”.

Gabriela Diaz, trabajadora despedida de Expreso Brío de Rosario, rechazó el relato de que la crisis es consecuencia de malas decisiones individuales: «Estoy endeudada no por comprarme un televisor para el mundial. Estoy endeudada porque me dejaron de pagar. Estoy en la crisis de este país, que yo no la provoqué».

Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Sarandí, llegó con pruebas concretas de competencia desleal: “Tenemos una medida antidumping contra China que vence a fin de año. Hemos presentado todas las pruebas donde se demuestra que un calzado chino llega a la Argentina en situación de dumping y no parece haber voluntad de renovarlo. Quieren destruir la industria, es imposible competir en esas condiciones».

Raúl Javier Amil, empresario del sector autopartista de San Martín, midió las consecuencias comparando con lo que sucede del otro lado de la frontera: «Las terminales que operan en Brasil anunciaron inversiones por USD 20.000 millones mientras que en Argentina solamente por mil y pico millones de dólares».

Germán Pucheta, trabajador despedido de la textil Emilio Alal de Goya, Corrientes, llevó el testimonio más duro de la jornada: «A la gente le duele la panza porque tiene hambre. La gente tiene hambre, no tiene para comer. Un compañero mío, 64 años, poquito faltó para jubilarse y se terminó quitándose la vida por esto».

Ezequiel Agüero, dueño de la parrilla Los Agüero en Berazategui que recientemente publicó para 14 puestos de trabajo y se presentaron 1.500 personas, graficó la situación con una escena que resume todo: «Cuando viene un tornero y le preguntas ¿por qué puesto venís a postularte? y te dice por el que sea, te das cuenta qué mal que estuvo nuestro país».

Federico Soromello, trabajador despedido de la fábrica de caucho de Pampa Energía (Puerto Gral. San Martín, Santa Fe), describió la transformación de una zona que supo ser sinónimo de producción: «Venimos del cordón industrial, pero de industrial está quedando poco. Están cerrando y cerrando empresas. Lo único que queremos es que la empresa no se desmantele. Se está haciendo insostenible».

Marcelo Barrionuevo, trabajador despedido de Ilva de Pilar, resumió en una frase lo que muchos en la sala querían decir: «Llevamos 387 días de conflicto. Con este modelo están destruyendo industrias, están destruyendo familias. Vengo en representación de 300 familias que no damos más».

Gabriel Corigliano, empresario textil de Mom Sports de San Martín, señaló que el problema no es de competitividad sino de reglas del juego: «El consumo está hecho un desastre y la competencia desleal con las importaciones. Entra todo muy barato con reglas diferentes a las nuestras. Porque vienen todos los productos subvencionados de China».

Claudio Gómez, ex trabajador de UnionBat de Gualeguaychú, puso en números lo que significa perder el empleo en una ciudad pequeña: «Los trabajadores están sin su plata de indemnización, sin su sueldo del mes de julio y tenemos 100 personas en Gualeguaychú andando de Uber que se están chocando entre ellos».

Gustavo Melgarejo, trabajador despedido de Dass calzado en El Dorado, Misiones interpeló directamente a los legisladores del oficialismo “Las invito a que vengan a Misiones y me digan a dónde están los puestos de trabajo. De los 14 millones que sacaron de la pobreza, a parte de Adorni, a dónde está el resto».

La reunión se desarrolló en un escenario de profunda crisis del sector industrial. Desde la asunción de Milei, el país perdió 249.220 puestos de trabajo privados, de los cuales 105.136 corresponden al empleo industrial. En el mismo período cerraron 4.158 empresas industriales —una caída del 8,4%— y la capacidad instalada se ubica en 58,2%, operando 7,5 puntos por debajo del promedio registrado antes de la gestión actual. A eso se suma un aluvión importador de bienes de consumo que acumuló USD 11.376 millones en los últimos doce meses, compitiendo de manera desleal con la producción local, mientras los salarios registrados se ubican 8,2% por debajo de noviembre de 2023.

Para finalizar, diputados de Unión por la Patria expusieron los proyectos que impulsan para lograr tratamiento legislativo, a pesar de que estén cerradas las Comisiones permanentes de Legislación del Trabajo, Industria y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por LLA y aliados.

Desde UxP se impulsa la emergencia del sector agro industrial avícola por el caso de Tres Arroyos y que los trabajadores despedidos puedan cobrar REPRO por seis meses, prorrogable por otros seis meses más. También el Bloque de Unión por la Patria busca aprobar la emergencia Pyme y limitar la indiscriminada apertura importadora, reponiendo medidas antidumping y protegiendo la industria mano de obra intensiva.

La entrada La crisis industrial llegó al Congreso: trabajadores y empresarios describieron el desastre del modelo de apertura importadora, cierres y despidos se publicó primero en El Ciudadano.

Los datos se desprenden de los informes relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre las ventas de los distintos comercios.

Supermercados

En el séptimo mes del año, las ventas en los supermercados descendieron 2,1% contra julio del último año y, en el acumulado del año, las mismas registraron una variación negativa de 2,7%.

De esta manera, el rubro entabló su séptimo mes consecutivo con un retroceso en las ventas. La última vez que cerró con un aumento había sido en diciembre, cuando el indicador subió 0,5% interanual.

A su vez, contra junio mostraron un retroceso de 0,7%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.591 millones, un incremento de 25,8% interanual, en donde la venta promedio por metro cuadrado (m²) fue de $777.602.

«Carnes» volvió a ser el grupo con el mayor aumento interanual, con el 39,5%, seguido por «Verdulería y frutería» (30,6%), «Bebidas» (27,7%) y «Lácteos» (25,6%).

Respecto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan abarcando el mayor porcentaje de las ventas totales: recaudaron $1.086 millones y representaron el 41,9% de los medios de pago.

• Tarjetas de débito: $672 millones, el 25,9% de las ventas totales.
• Efectivo: $429 millones, el 16,6% de las ventas totales.
• Otros medios de pago: $403 millones, el 15,6% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 16,5% interanual y alcanzó los $34.981 por compra.

Mayoristas

Las ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 1,1% en la medición interanual y encadenaron el sexto mes consecutivo a la baja desde enero del corriente año. El acumulado enero-junio se contrajo un 2,7%.

A contramano aumentó respecto a junio (1,2%), aunque el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

En este segmento, las ventas totales sumaron $401 millones (+26,3% interanual) con una venta promedio de $411.614 por m².

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron «Lácteos» (35,9%), «Almacén» (29,6%), «Verdulería y frutería» (28,1%) y «Carnes» (27,7%).

En los canales de venta, la opción de pagar con otros medios de pago que no sean los tradicionales (como pueden ser las transferencias o cobros con QR) recaudó la mayor parte de las ventas totales, con $134 millones y un porcentaje del 33,6%.

• Tarjeta de crédito: $105 millones, el 26,2% de las ventas totales.
• Efectivo: $95 millones, el 23,9% de las ventas totales.
• Tarjeta de débito: $65 millones, el 16,3% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 31,8% interanual y alcanzó los $47.535 por compra.

Shoppings

Los centros de compra fueron la excepción. En julio las ventas se incrementaron 1,9%, la segunda expansión del mes, por detrás de la de mayo (11,9%). El acumulado del año cerró con una variación negativa de 2%.

Respecto a junio, también subió 0,5%, mientras que el índice serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,7%.

Las ventas totales alcanzaron los $707 millones (+23% interanual) y la venta promedio por m² fue de $681.682.

• Región Patagónica: $37,7 millones (+30,8% interanual).
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $208,8 millones (+26% interanual).
• Gran Buenos Aires: $229,2 millones (+23,9% interanual).
• Región Norte: $36,3 millones (+22,9% interanual).
• Región Pampeana: $145,7 millones (+17,6% interanual).
• Región Cuyo: $50 millones (+17% interanual).

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Se trata, para el país, de una baja de 0,2% para este año, contra el 2,8% de crecimiento de la anterior previsión que, además, implicaba un recorte de 1,6% respecto a la evaluación previa.

El informe estima que la economía mundial crecería 2,9% este año, por encima del 2,6% que el organismo evaluaba en junio. Para 2027, en cambio, redujo la previsión a 3%, desde el 3,1% anterior. No obstante, aún con un horizonte menos comprometido que el relevado hace dos meses, el ritmo de la economía previsto para 2026 implica una desaceleración frente al crecimiento de 3,4% registrado efectivamente en 2025.

«El crecimiento económico mundial se ha desacelerado, pero se ha mantenido resiliente«, resumió el organismo.

La Ocde atribuye el escenario resiliente a varios factores. Uno de ellos remite a las medidas de apoyo implementadas por distintos gobiernos para amortiguar el impacto de los precios de la energía. Otros, al reemplazo parcial de algunas materias primas, el aumento de la oferta energética fuera de las economías del Golfo y la utilización de reservas de petróleo.

Argentina, a contramano

Para la Argentina, la Ocde volvió a bajar sus estimaciones. Después de una expansión de 4,5% en 2025, proyecta que la economía argentina crecerá 2,6% en 2026.

La cifra representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de su previsión anterior.

Para 2027 también ajustó a la baja su pronóstico: ahora espera un crecimiento de 3%, 0,5 puntos menos que en la estimación previa. De esta manera, el organismo anticipa una moderación clara de la actividad después del rebote registrado durante 2025.

El Niño hace ruido

Más allá de la guerra y del costo de la energía, la Ocde hizo foco especial en otra amenaza: el fenómeno de El Niño.

Según la agencia EFE, el organismo estima una probabilidad del 95% de que el fenómeno se produzca entre octubre y diciembre de 2026, con posibles efectos sobre los precios agrícolas durante los próximos dos años.

La agencia AFP agregó que podría tratarse del episodio más potente registrado hasta el momento y que sus efectos podrían extenderse hasta 2027.

La combinación de eventos climáticos extremos y problemas persistentes en el suministro de fertilizantes originarios del Golfo podría aumentar la presión sobre los precios de los alimentos. Para la Argentina, ese riesgo resulta especialmente relevante por el peso del sector agropecuario en las exportaciones y en el ingreso de divisas.

Buena nota en inflación

La Ocde prevé que continúe el proceso de desinflación en el país. Según el informe, se ubicaría en 30,8% durante 2026.

El organismo espera una desaceleración pese a reconocer obstáculos derivados del encarecimiento de la energía y de los fertilizantes.

Contracara: mejoras de estimaciones para México y Brasil

Dentro de América Latina, en el informe México aparece como uno de los países con mayor mejora en las previsiones.

La Ocde elevó en 0,7 puntos su estimación para México y ahora espera que su economía crezca 1,5% en 2026. Para 2027, mantiene una previsión de 1,8%.

Brasil, por su parte, crecería 2% este año, 0,4 puntos más de lo calculado previamente. Y para 2027 proyecta una expansión de 1,9%.

En comparación, la Argentina tendrá según las estimaciones un crecimiento mayor que las dos mayores economías de la región durante 2026, aunque con una desaceleración bastante más marcada respecto del 4,5% registrado el año pasado.

La IA: pros y contras

La inteligencia artificial aparece en el informe como uno de los motores que sostienen la actividad global, aunque con la advertencia de que también puede convertirse en una fuente de volatilidad.

El economista jefe de la Ocde, Stefano Scarpettala, lo definió como un factor «de doble filo»: si las inversiones se traducen en mejoras reales de productividad, pueden impulsar el crecimiento. Pero si la demanda resulta menor a la esperada, cambian las tecnologías o aumentan los costos energéticos, podrían resentirse las ganancias empresarias y aparecer correcciones en los mercados financieros.

El secretario general del organismo, Mathias Cormann, agregó que el verdadero desafío no pasa solo por incorporar herramientas de IA, sino por lograr que transformen efectivamente la forma de operar de las compañías y generen aumentos concretos de productividad.

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Por el lado de Garbarino Viajes, saldrán a remate cinco lotes con una base conjunta de $13,06 millones. Por su parte, Garbarino, reúne siete lotes con una base total de $9,33 millones, más el IVA correspondiente en cada caso.

El activo de mayor valor es una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business Mixto, modelo 2015, con 258.007 kilómetros y una base de $7,5 millones más 10,5% de IVA. El segundo lote está compuesto por siete portapallets marca Crown, con un precio inicial de $450.000 más IVA. El tercero incluye alrededor de 22 gabinetes o racks informáticos, junto con routers, patcheras, conexiones eléctricas y otros componentes, por una base de $850.000 más IVA.

Entre los elementos que quedaron de los antiguos locales también aparecen cerca de 70 matafuegos y extintores, además de carros, detectores de humo, mangueras y cartelería contra incendios. Todo ese conjunto integra el cuarto lote, que partirá desde los $100.000 más IVA.

El quinto lote reúne materiales destinados a recupero, entre ellos metales, estanterías, lockers, cables, cámaras de seguridad y dispositivos de cobro. También aparecen unos 140 paneles de iluminación para cielorrasos y alrededor de 20 lámparas colgantes, con una base de $80.000 más IVA.

Los últimos dos lotes de Garbarino incluyen mamparas, exhibidores, cajoneras, sillas, sillones, muebles, estantes, escaleras y herramientas, con una base de $100.000 más IVA. A eso se suman 67 conductos de ventilación para calefones de tiro balanceado, de marcas como Longvie y Orbis, por otros $250.000 más IVA.

En Garbarino Viajes, el lote más importante partirá desde los $6,82 millones y está integrado por 32 sillas giratorias, siete sillas fijas, 18 ficheros organizadores, 10 mesas de oficina dobles, una mesa cuadrada, pizarrones, tachos de residuos y otros elementos utilizados en las oficinas de la compañía.

A esto se suma un segundo lote con tres sillones, un camastro, un puff, tres percheros de pie, un soporte para televisión y una marquesina, por $762.375. El tercero, con una base de $3,23 millones, reúne 12 monitores LED, 12 teclados, ocho mouse, tres impresoras y dos destructoras de documentos.

Los dos últimos lotes de Garbarino Viajes incluyen 12 muebles organizadores bajos, un matafuego y dos postes separadores, por $1,38 millones, además de una heladera, una cafetera, una pava eléctrica, un microondas, una aspiradora, un teléfono IP, un reproductor de CD y una caja fuerte digital, con una base de $850.915. La subasta comenzará el 1° de octubre y finalizará el 15 del mismo mes.

Los interesados deberán estar empadronados en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema e inscribirse específicamente en cada remate. En el caso de Garbarino, el plazo de inscripción venció el 21 de septiembre, mientras que para la subasta de Garbarino Viajes los postores podrán anotarse hasta el 28 de septiembre a las 11, tres días hábiles antes del inicio de los remates.

De líder del retail a la quiebra: la historia detrás del remate de Garbarino

La liquidación de los bienes marca una nueva etapa dentro de la larga crisis de Garbarino, que derivó en la quiebra decretada el 3 de marzo por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar evitar la liquidación de la compañía.

La decisión fue tomada por el juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. La empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de cramdown que habilitaba a terceros a presentar propuestas para quedarse con la firma.

Con el decreto de quiebra, Garbarino quedó automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes, que pasaron bajo control de la sindicatura. Desde entonces comenzó el proceso para identificar los activos que todavía permanecían dentro de la compañía y avanzar con su liquidación para intentar recuperar fondos destinados al pago de los acreedores.

El fallo mantuvo la inhibición general de bienes y ordenó notificar a registros inmobiliarios, automotores y de marcas para detectar activos a nombre de la empresa. La medida también alcanzó a Tierra del Fuego, donde Garbarino mantiene participación accionaria en Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., sociedades históricamente vinculadas con la producción electrónica.

En paralelo, la Justicia avanzó sobre los últimos locales que todavía seguían vinculados a la compañía. El tribunal había ordenado constatar y eventualmente clausurar las sucursales de Avenida Cabildo, la calle Uruguay y un outlet en Almagro, mientras la sindicatura quedó habilitada para realizar inventarios y asegurar los bienes que permanecieran en esos establecimientos.

Es justamente parte de ese patrimonio el que ahora comienza a aparecer en las subastas. En los inventarios realizados durante el proceso surgieron desde mobiliario, equipamiento informático y elementos de los antiguos locales hasta vehículos, racks, matafuegos y herramientas, bienes que durante años formaron parte de la estructura comercial de una compañía que llegó a tener presencia en todo el país.

La caída contrasta con el tamaño que Garbarino llegó a alcanzar. Fundada en 1951, la cadena dominó en sus mejores años cerca del 30% del mercado argentino de electrodomésticos, llegó a contar con más de 300 sucursales, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes. En su etapa de mayor expansión empleó a más de 5.000 trabajadores.

Sin embargo, los problemas financieros, la caída del consumo, los cambios en el comercio minorista y las dificultades para acceder a financiamiento fueron deteriorando progresivamente su estructura. La venta de la empresa en 2020 al empresario Carlos Rosales, quien prometía encarar un plan de rescate, tampoco logró revertir la crisis.

Al momento de la quiebra, Garbarino había reducido su operación a una escala mínima, con menos de 20 empleados y apenas tres locales activos. Seis meses después, el proceso ya ingresó plenamente en su etapa de liquidación: los primeros bienes saldrán ahora a remate y la Justicia comenzará a determinar cuánto valor puede recuperarse de una de las marcas más emblemáticas del retail argentino.

La entrada La Justicia comienza a rematar los bienes de Garbarino: qué sale a subasta y por cuánto se publicó primero en El Ciudadano.

Los títulos públicos sufren bajas de hasta 1,3% (AL41D), lo que lleva al índice soberano a marcar su mayor valor desde el 20 de mayo. Esto, sumado a la suba en la tasa de interés por parte de la Fed y un contexto internacional más adverso, impulsó a un nuevo alza en el indicador.

En tanto, los ADRs de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de bajas, con Globant como la de peor performance, con un retroceso de 1,5%. En tanto, los papeles de YPF (1%), Telecom (1,2%) y Central Puerto (1,6%) son los que lideran las alzas.

En el plano local, el Merval logró repuntar y muestra un avance de 0,1% hasta los 3.003.373 puntos; medido en dólares cotiza a US$1.881 (-1,1%).

La Bolsa porteña opera con disparidades, donde las ganancias avanzan hasta un 3% (Transportadora de Gas del Norte) mientras que las pérdidas alcanzan un 1,6% (IRSA).

Esta mala jornada financiera se produce al día siguiente de una reunión que Caputo mantuvo en la sede del JP Morgan en Nueva York con inversores y que no fue informada por el Ministerio de Economía.

En ese encuentro, el jefe del Palacio de Hacienda dio explicaciones acerca de la continuidad del plan económico y de las herramientas con las que cuenta el gobierno para cumplir con el pago de la deuda pública.

«Ahora tenemos cosas que mostrar», indicó el funcionario, al tiempo que planteó que «las reformas irían más rápido» en caso de ganar las elecciones del próximo año, ya que podrían lograr mayoría en el Congreso.

Fuente: NA

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En principio, Celulosa planteó que su grave falta de liquidez solo le permitía liquidar un 30% de los sueldos del mes pasado, La propuesta mereció el rechazada tajante de la comisión gremial interna y así se llegó al pago de la mitad de los haberes.

El crítico pasivo comercial y financiero de la firma desembocó en un proceso de reestructuración de las deudas con sus acreedores, en un intento por sortear la cesación de pagos.

Larga agonía

Celulosa ya presentaba una situación límite cuando estaba en manos del fondo Tapebicuá Investment Company, integrado por los empresarios José Urtubey (hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey), Douglas Albrecht y Juan Collado, junto a otros accionistas minoritarios.

A 20 días de presentar su concurso de acreedores para evitar la quiebra, el control pasó a manos de Esteban Nofal, hijo de Luis Benjamín, el cofundador junto a Carlos Ávila de Torneos y Competencias SA, hoy Torneos. Nofal adquirió 452,6 millones de acciones clase B, equivalentes al 45,5% del capital social. La operación tuvo una particularidad: el valor informado de la misma fue de un dólar.

El nuevo accionista, Nofal, asumió el compromiso de capitalizar y recuperar la compañía, pero el cuadro se agravó. La compañía continuó registrando pérdidas y enfrentó dificultades para sostener el ritmo de producción.

Los estados financieros difundidos este año expusieron la magnitud del rojo: al 31 de mayo, Celulosa Argentina acumulaba pérdidas por 127.393,6 millones de pesos, y con ventas en fuerte caída.

Encima, sin gas

La empresa quedó en un círculo vicioso: necesita producir para generar ingresos, pero necesita capital para poder producir.

Además de no poder conseguir madera y otros insumos, como químicos, para mantener la producción, la planta de Capitán Bermúdez acusó otro impacto: los cortes en el suministro de gas, esencial para el funcionamiento de la industria papelera.

La empresa distribuidora Litoral Gas, junto con el ente regulador Enargas, le impuso este invierno a la planta (y a otras varias de Santa Fe) numerosas interrupciones del servicio para garantizar, dijo, los suministros residenciales. Eso, incluso, en días de altas temperaturas.

A Celulosa, reemplazar el gas por Fuel Oil le incrementa los costos operativos en un 550%, por lo que esa salida le resulta inviable.

La papelera, como otras industrias, se quejaron por las decisiones de Litoral Gas ya que, aducen, pagan un “canon por capacidad de reserva”, un recargo en la facturación que debería garantizarles un volumen mínimo de suministro durante las épocas de frío extremo. Les cobraron el extra, protestaron, pero el servicio preferencial no se cumplió.

La entrada Celulosa, de mal en peor: con rojo que no puede reducir, falta de insumos y cortes de gas, pagó apenas la mitad de los sueldos se publicó primero en El Ciudadano.

Según los datos correspondientes a agosto, el Indicador del Comercio Minorista/Índice de Confianza Empresaria (ICE) que elabora el INDEC se ubicó en -0,0%. Pese a esto, más del 80% de los supermercadistas no cree que la situación comercial mejore en los próximos tres meses.

Según las perspectivas septiembre–noviembre, la gran mayoría del sector, con un 74,2%, proyecta que su situación comercial no experimentará cambios en los próximos tres meses. Mientras que una minoría del 6,7% prevé una degradación o empeoramiento de su situación comercial. Por último, un 19,1% de los empresarios mantiene una visión optimista y anticipa una mejora en su actividad.

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Un total de 882.173 deudores tenía en julio sus compromisos financieros transferidos a agencias de cobranza, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado a partir de datos del Banco Central. La cifra muestra el avance de una modalidad que ganó peso durante el último año, al mismo tiempo que se profundizó la dificultad de los hogares para cumplir con sus pagos.

La entrada Morosidad récord: casi 900.000 personas tienen sus deudas en manos de agencias de cobro se publicó primero en El Ciudadano.

Con estos datos, el sector acumula una contracción de 5,6% en lo que va del año y opera en un piso históricamente bajo. Asimismo, la utilización de la capacidad instalada cayó al 39,6%, con una baja de 5,2 puntos porcentuales frente a 2025.

El relevamiento indicó que este nivel «refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial, similar a los niveles de salida de la pandemia de 2020″.

La caída de la actividad afectó a la totalidad de los rubros industriales y cadenas de valor.

Los descensos interanuales más pronunciados se dieron en Bienes de Capital (-11,1%) y Fundición (-7,9%), donde las fábricas remarcaron la «escasez de pedidos y la debilidad de la demanda».

A su vez, Carrocerías y remolques retrocedió 6,6%, Autopartes bajó 6,4%, Equipos eléctricos cedió 4,4% y Maquinaria agrícola cayó 2,7%.

El empleo metalúrgico

En cuanto al empleo, el sector anotó un descenso interanual de 2,5% y una baja mensual de 0,3%.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señaló que la baja afectó a todas las provincias del rubro.

Entre Ríos cayó 8,8%, Córdoba 7,8% y Buenos Aires 7,3%, esta última con menciones a «menores pedidos y competencia importada». Santa Fe disminuyó 4,4% y Mendoza 0,8%.

Por cadena de valor, los proveedores vinculados a la Construcción retrocedieron 9,3% y los de Consumo Final bajaron 8,8%.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, declaró: “La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”.

El dirigente añadió que “el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones” y reclamó condiciones para “una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad”.

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En ese marco, el Colegio anunció el primer Congreso Inmobiliario de Santa Fe, que se llevará adelante el 23 de octubre en Puerto Norte. La presentación oficial se realizó esta semana en la sede de Cocir y contó con la presencia de autoridades locales, representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, referentes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) y funcionarios vinculados a las gestiones municipal y provincial.

Pero detrás de la presentación del Congreso aparece una discusión de mayor alcance para el sector. En diálogo con este medio, la presidenta de Cocir, María Cristina Peraccia, explicó que el encuentro no estará centrado en las operaciones ni en las tendencias del mercado, sino en el futuro de la profesión y en los requisitos para ejercerla.

“En el Congreso no vamos a hablar de transacciones o de tendencias de mercado, vamos a poner el eje en nuestra profesión y en cómo la proyectamos hacia adelante. Hoy tenemos el problema de que hay una diversidad de empresas inmobiliarias que dejan de lado el asesoramiento personal del corredor, algo indelegable, y ponen la actividad en manos de vendedores”, señaló.

La discusión plantea para el sector un problema que excede la organización interna de las inmobiliarias. Si el esquema de desregulación nacional avanza sobre la obligatoriedad de la matrícula y la colegiación, Cocir podría perder parte de las herramientas con las que hoy controla quién puede ejercer la actividad y bajo qué condiciones. De allí que el Colegio haya puesto el foco en reforzar los mecanismos de regulación existentes en Santa Fe y en sostener canales de diálogo con las autoridades locales.

El sector viene advirtiendo sobre este escenario desde que el Gobierno nacional impulsó, de la mano de Federico Sturzenegger, distintas medidas de desregulación que alcanzan a la actividad inmobiliaria. Entre los cambios que se discuten aparece la revisión de la obligatoriedad de la matrícula profesional y del esquema actual de colegiación, bajo el argumento de que una mayor libertad para ejercer la actividad podría beneficiar a los consumidores.

Para Cocir, en cambio, la matrícula funciona como una herramienta de profesionalización y control. Peraccia sostuvo que la presencia de trabajadores no matriculados dentro de las inmobiliarias puede derivar en una pérdida del asesoramiento profesional que, según la entidad, debería quedar bajo responsabilidad de un corredor.

“Hay muchas inmobiliarias que toman a gente que no está matriculada. La mala praxis se puede evitar tomando personal matriculado. Esto generó que se deje de lado la atención personalizada, el asesoramiento, y eso no es nuestra profesión. Nuestra profesión es indelegable, y solo la puede ejercer una persona idónea”, afirmó.

Vínculos con provincia y municipio

En esa estrategia, Cocir busca reforzar su red institucional en Santa Fe. El respaldo de referentes de la Provincia y del Municipio quedó expuesto durante la presentación del Congreso, con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García, y previamente con un encuentro con el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale.

García participó del encuentro y recibió un reconocimiento de las autoridades de Cocir por el acompañamiento que viene brindando al sector. La diputada provincial planteó que, mientras “corren vientos de desregulación de colegiaturas y falta de profesionalización”, la reforma constitucional de Santa Fe buscó resguardar distintos aspectos vinculados con el ejercicio profesional.

En ese sentido, destacó entre los temas incorporados a la nueva Carta Magna la fortaleza de las colegiaturas, los derechos de los consumidores y el derecho al acceso a la vivienda.

El otro frente está en el ámbito municipal. Días atrás, Chale recibió a las autoridades de Cocir para avanzar en el cumplimiento de la ordenanza 10.303/2021, vinculada a la publicidad de operaciones inmobiliarias.

La normativa establece que toda publicación que promocione una operación inmobiliaria (excepto aquellas realizadas directamente por propietarios y sin intermediarios) debe identificar al corredor inmobiliario matriculado responsable, con nombre, apellido y número de matrícula.

La ordenanza también habilita al Colegio a detectar posibles incumplimientos y comunicarlos al Municipio, lo que permite articular mecanismos de control sobre la actividad y sobre quienes intervienen en las operaciones.

El entramado institucional que busca consolidar Cocir también incluye al Senado provincial y a los organismos municipales vinculados con la defensa de los consumidores. El senador departamental Ciro Seisas y la jefa de la Oficina Municipal de Derecho Ciudadano, Consumidores y Usuarios, Nadia Amalevi, participaron de la presentación del Congreso y expresaron su respaldo al sector.

Así, detrás de la presentación del Congreso aparece una discusión de mayor alcance: quién regula al mercado inmobiliario y qué requisitos debe cumplir quien interviene en una operación. Ante la agenda desreguladora de Nación, Cocir apuesta a que la Provincia y el Municipio sean aliados para sostener el esquema de matriculación, profesionalización y control que rige actualmente en Santa Fe.

Se viene el primer Congreso Inmobiliario de Santa Fe

El Congreso Inmobiliario de la Provincia de Santa Fe 2026 tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte de Rosario. Será organizado por Cocir, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe (CCI), La Cámara Inmobiliaria Rosario (CIR) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Una de las principales características del congreso será justamente su formato de mesas de trabajo, pensado para trabajar de forma directa y presencial cuestiones concretas que atraviesan cotidianamente a la profesión.

A lo largo de la jornada se abordarán temas vinculados con la regulación y el ejercicio profesional, el federalismo y las competencias, la seguridad jurídica y la protección del consumidor, las nuevas modalidades de inversión, la inteligencia artificial y la responsabilidad profesional, y las políticas habitacionales y el rol de las empresas locales y las pymes.

La propuesta apunta así a trascender el formato tradicional de un congreso basado exclusivamente en exposiciones, para generar un verdadero espacio de intercambio, discusión y construcción de una agenda institucional propia para la profesión inmobiliaria.

La jornada contará además con una instancia de cierre especialmente destacada: una charla magistral a cargo del periodista y economista Sergio Berensztein, quien realizará un análisis sobre el momento político, económico y social de la Argentina.

El Congreso contará con una Expo coordinada por CIR con la presencia de marcas de primera línea y la firma Profit será main sponsor. La jornada finalizará con la firma de la Declaración de Rosario 2026, como expresión de los consensos alcanzados durante el encuentro.

Con esta primera edición, Cocir busca consolidar un espacio institucional desde Santa Fe capaz de instalar temas estratégicos de la profesión a nivel nacional y proyectar al Congreso como un ámbito de referencia regional para el intercambio y el desarrollo de la actividad inmobiliaria.

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En Rosario hay 494.297 personas con deuda, por un total de $2,127 billones. La deuda mediana alcanza los $1.255.000 y el 25,9% de los deudores está en mora. Pero detrás de ese promedio aparecen diferencias importantes: la morosidad es mayor entre los jóvenes, entre quienes acumulan varios créditos y, especialmente, en determinados tipos de préstamos no bancarios.

En diálogo con el Stream de Economía, Lavih Abraham, economista del Mate, profundizó sobre el tema y reflexionó: «Mirar los datos de morosidad por sí solos parece solo un ejercicio estadístico, pero es importante entender cómo surgió. Lo que vimos nosotros es que se dio un crecimiento del crédito y un desarrollo tecnológico con nuevas aplicaciones, pero el origen del problema se da por la caída de los ingresos. Además hubo un aporte del gobierno a esta problemática con una desregulación de las tasas y de como se cobran los intereses resarcitorios».

Estos son los principales puntos que expone el informe de Mate sobre la deuda en hogares de Rosario:

1. Los acreedores: quién presta y donde crece la mora

De cada 100 créditos de consumo en Rosario, 55 corresponden a bancos y 45 a prestadores no bancarios. Mercado Libre es la entidad que alcanza a más personas, con unos 135.000 clientes, mientras que algunas entidades no bancarias presentan niveles de mora considerablemente mayores.

2. Qué tipo de deuda tienen los rosarinos

El crédito al consumo concentra la mayor parte del endeudamiento, con $1,64 billones y una mora del 23,1%. Los hipotecarios representan un universo mucho menor, con apenas 2.275 personas, pero concentran montos mucho más elevados y tienen una mora de apenas 1,2%.

3. La deuda que entra en mora

La morosidad aparece tanto entre quienes tienen deudas pequeñas como entre quienes acumulan montos muy elevados. El informe también encuentra una relación entre cantidad de créditos y mora: quienes tomaron varios préstamos presentan mayores niveles de incumplimiento. Además, 83.741 personas tienen toda su deuda en mora, el 17% del total de deudores.

4. Los jóvenes, entre los más afectados

La edad marca una diferencia importante. El 40% de los deudores de entre 20 y 29 años está en mora, frente al 17% entre quienes tienen de 60 a 74 años. El informe vincula esta situación con las condiciones de precariedad laboral y de ingresos de las generaciones más jóvenes.

5. Diferencias entre varones y mujeres

Las mujeres tienen una deuda mediana menor: $1.082.000 contra $1.477.000 de los varones. Sin embargo, la diferencia en los niveles de mora es reducida: alcanza al 25,3% de las mujeres y al 26,5% de los varones.

6. No todos los prestamistas tienen la misma mora

Los créditos rápidos otorgados por financieras y aplicaciones presentan los niveles más elevados: cerca del 60% de sus clientes está en mora. En el otro extremo aparecen bancos y cooperativas, con niveles históricamente más bajos y saldos de deuda mayores.

7. El crédito rápido como puerta de entrada

Entre las personas que ingresaron a la Central de Deudores después de agosto de 2024, Mercado Libre aparece como la principal puerta de entrada al crédito, seguida por Tarjeta Naranja y Cuotas GO. El informe señala que una proporción importante de quienes comenzaron con préstamos rápidos terminó posteriormente en mora.

8. Historias detrás de los números

El informe sigue durante dos años a cinco personas anonimizadas que comenzaron con una deuda pequeña y un solo prestamista. En todos los casos terminaron acumulando deuda con varias entidades y entrando en mora. Los ejemplos buscan mostrar cómo el endeudamiento puede crecer progresivamente hasta convertirse en una “bola de nieve”, especialmente cuando se combina con ingresos inestables y precariedad material.

Varón de 20-24 años. En ene-25 le debía $53.000 a MERCADOLIBRE y a nadie más. En jul-26 debe $1.353.000 a 5 entidades, 26 veces lo que debía al principio, y está en mora desde may-26.

Mujer de 20-24 años. En abr-25 le debía $124.000 a NUEVO BANCO DE SANTA FE y a nadie más. En jul-26 debe $1.653.000 a 5 entidades, 13 veces lo que debía al principio, y está en mora desde ene-26.

Mujer de 50-54 años. En dic-24 le debía $51.000 a CREDISOL y a nadie más. En jul-26 debe $1.481.000 a 3 entidades, 29 veces lo que debía al principio, y está en mora desde mar-26.

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«El indicador muestra que la estabilización de algunas variables macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas. La principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio«, señala el informe de la consultora. El licenciado en Tecnologías de la Información Felix El Idd, CEO de Fidelitas, completa: «El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión. El nivel de endeudamiento vía crédito continúa siendo bajo, mientras que la mora permanece elevada, particularmente entre las empresas».

«La estabilización de precios todavía no se traduce en una mejora de la capacidad de pago ni en una recuperación expansiva de la economía. Para las empresas, el contexto obliga a priorizar cobranzas, liquidez y una selección cada vez más cuidadosa del riesgo comercial»”, señala el informe publicado en septiembre.

Industria, ¿dónde estás?

Uno de los principales factores detrás del deterioro del escenario es el comportamiento de la actividad manufacturera. La producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026.

Más significativo aún fue el retroceso de 5,0% respecto de junio, una vez descontados los factores estacionales.

La caída presenta un alcance amplio: 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron descensos interanuales. Los mayores retrocesos se concentraron en bienes durables y de capital, una señal especialmente relevante para evaluar las perspectivas de inversión.

Maquinaria y equipo se contrajo 26,7%, con una caída de 46,6% en maquinaria agropecuaria, que incluye tractores, cosechadoras y pulverizadoras, y de 20,9% en aparatos de uso doméstico.

Otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 31,4%, con una contracción de 49,8% en electrónica de consumo y de 25% en equipos eléctricos.

También disminuyeron con fuerza las prendas de vestir, cuero y calzado, con una baja de 15,9% y una contracción del calzado de 26,5%.

Solo cuatro divisiones mostraron crecimiento: refinación de petróleo, con 8,1%; madera y papel, 7,1%; metálicas básicas, 1,6%; y otro equipo de transporte, 2,6%, impulsado principalmente por las motocicletas.

En este contexto, el Índice de Actividad del SERF se ubicó en 54,2 puntos, evidenciando comportamientos dispares pero sin una recuperación generalizada.

El crecimiento de 2,7% interanual del EMAE de junio contribuyó positivamente al indicador, aunque su tendencia-ciclo permaneció prácticamente estable y los datos preliminares para el mes siguiente no permiten anticipar una mejora significativa.

Más empresas en aprietos

La evolución del crédito tiene su contracara en el crecimiento de la morosidad. Actualmente se registran 57.045 empresas en situación irregular, casi el 12% de las aproximadamente 480.000 empresas activas, lo que representa un incremento interanual de 56,5%.

Solo entre enero y junio de 2026, el incremento de empresas en mora fue del 18,7%.

En el detalle, parece haber cierta paridad: Servicios y Comercio concentran el 71,9% de la morosidad empresarial total. Los mayores aumentos interanuales se registraron en Comercio, con 78%; Manufactura, 76,3%; y Agropecuario, 65,6%.

A este escenario se suma un nivel persistentemente elevado de cheques rechazados, que se mantiene en torno a 80.000 por mes.

En los primeros ocho meses de 2026 ya se alcanzó un volumen de rechazos equivalente al registrado durante los doce meses de 2025.

Cadena de pagos en riesgo

La combinación de mora, cheques rechazados y dificultades de acceso al financiamiento impacta directamente sobre la cadena de pagos.

Una empresa que demora sus obligaciones puede trasladar la presión a proveedores que hasta ese momento operaban normalmente, multiplicando el riesgo cuando varias contrapartes pertenecen al mismo sector o dependen de un mismo ciclo de demanda.

«Hoy en día, la elección de un proveedor no solo debe incluir aspectos de calidad en el producto o servicio, equipo de profesionales o tecnología implementada, sino también solidez financiera para no estar incorporando un problema a futuro en la cadena de producción de quien hace la contratación», explican desde la consultora.

Tasas siderales: vender más no siempre es mejorar la caja

Desde Fidelitas explican que el costo financiero constituye otro de los obstáculos para una recuperación sostenida. En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales con capitalización mensual de los préstamos personales (88,86%) y de los depósitos (23,40%) alcanzó aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.

Para las empresas, el impacto se concentra especialmente en el capital de trabajo. Cuando una compañía cobra más tarde debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes comerciales no compensan ese costo, un aumento de las ventas puede incluso deteriorar la posición de caja.

El crecimiento de la facturación pierde valor cuando queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en sobrestocks.

A esta presión se suma la evolución de los costos empresariales medidos en dólares. Cuando estos aumentan sin una mejora equivalente de productividad, los márgenes se comprimen y la competitividad se deteriora. La sostenibilidad de esta ecuación depende, en consecuencia, de mayores niveles de inversión, eficiencia y generación de divisas.

En este contexto, la baja de la inflación (1,7% en agosto) y el desempeño relativamente favorable del comercio exterior constituyen señales positivas, pero todavía insuficientes para compensar la debilidad del mercado interno y el deterioro del crédito.

«La lectura empresarial del SERF de agosto resulta, así, consistente: la economía muestra señales de estabilización, pero todavía no de recuperación generalizada. Con el indicador en la categoría Riesgo Elevado, no es posible anticipar grandes saltos de evolución en el corto plazo, dado que la mayor severidad continúa concentrada en el frente crediticio», explican desde Fidelitas.

El aumento de la morosidad de personas y empresas, las tasas reales elevadas, el persistente nivel de cheques rechazados y el estancamiento o retroceso de buena parte de los indicadores de actividad conforman un escenario en el que las empresas deberán extremar la administración del riesgo.

A ello se suma una creciente detección, en las bases de datos de Fidelitas, de empresas con deudas previsionales impagas y un mayor número de sanciones de UIF y BCRA, señales que refuerzan la necesidad de profundizar los controles sobre clientes, proveedores y contrapartes comerciales.

«En definitiva, el desafío empresario ya no pasa solamente por vender, sino por vender cobrando, preservar liquidez y administrar cuidadosamente el riesgo de cada operación», concluyen desde la Fidelitas.

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El fallo ratifica el esquema general del proceso pero introduce ajustes clave en las condiciones de venta. Entre las medidas más destacadas, la Cámara resolvió que las ofertas mantendrán sus precios base expresados en dólares, pero las empresas interesadas podrán abonar en moneda nacional al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día hábil anterior a la operación. Asimismo, se confirmó que los compradores podrán presentar propuestas por la totalidad de los bienes o por lotes individuales, aunque el juzgado estará obligado a comparar de manera explícita la suma de las ofertas parciales frente a la propuesta integral antes de adjudicar.

Para garantizar la transparencia en la elección del adjudicatario, el fallo exige la confección de una grilla objetiva de evaluación antes de la apertura de los sobres. En dicha grilla se ponderarán, además del monto económico, el mantenimiento de los puestos de trabajo, el carácter integral del proyecto, el plan de negocios y los antecedentes de los oferentes. Esta decisión cobra relevante impacto social, dado que la quiebra involucra a 914 trabajadores, seis unidades industriales y más de 1.500 acreedores.

Por otra parte, la resolución atiende la situación particular de la planta de Sunchales y de marcas como Mendicrim y Santa Brígida, sobre las cuales existen controversias judiciales vinculadas a contratos de fideicomiso. La Cámara dispuso que estos activos permanezcan dentro de la licitación para permitir que el adquirente tome posesión e inicie operaciones comerciales de inmediato, mientras que la transferencia formal de la propiedad y el depósito de los fondos correspondientes quedarán sujetos a la resolución definitiva de los pleitos pendientes.

Finalmente, el tribunal ordenó actualizar y ampliar las pericias de valuación —incluido el impacto del incendio registrado en la planta de Sunchales— para dejarlas a disposición gratuita de los interesados, al tiempo que ratificó la validez de los pliegos ya adquiridos por diez empresas y fijó pautas de trabajo conjunto para los síndicos del proceso.

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En lo relativo a los cortes obligatorios, la ley fija que, en un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia, el porcentaje mínimo de bioetanol en naftas se elevará del 12% al 15%. Dentro de ese esquema, se mantiene la reserva del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y del 6% para el de maíz, quedando el porcentaje remanente abierto a libre competencia de materias primas. En el caso del biodiésel en gasoil, el corte mínimo obligatorio subirá del 7,5% al 10%.

El debate parlamentario reflejó la conveniencia económica de la medida: actualmente las refinerías ya incorporaban voluntariamente un 3% adicional de etanol para aminorar la necesidad de importar naftas en un contexto internacional de encarecimiento del crudo. En contraste, el oficialismo justificó la no ampliación del corte de biodiésel por encima del 10% debido a las diferencias de costos respecto a la importación de gasoil.

Uno de los puntos clave de la negociación política fue la situación de las pymes productoras no integradas de biodiésel. Tras el acuerdo entre la bancada oficialista y sus aliados, la ley consagró un Período de Transición para el biodiésel hasta el 1° de enero de 2036. Durante el tramo final de este régimen (2031-2036), se garantizó a las empresas no integradas un piso mínimo obligatorio del 4% del mercado, resguardándolas de una apertura abrupta ante los grandes grupos exportadores.

En materia operativa, el proyecto instrumenta un Mercado Electrónico transparente para la realización de subastas periódicas de volúmenes y precios. Asimismo, la norma habilita la comercialización e inyección de biometano, autoriza la circulación de vehículos con motores flex fuel, promueve el Combustible Sostenible de Aviación (SAF/Biojet) exento de cortes obligatorios y mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) para el componente renovable.

Durante las intervenciones en el recinto, la senadora Flavia Royón ponderó que el nuevo marco busca preservar el entramado productivo regional avanzando hacia un esquema competitivo y abierto a nuevas tecnologías. En la misma línea, senadores como Beatriz Ávila, José Manzur y Alejandra Vigo destacaron el impacto estratégico para las economías regionales del Norte Grande y para Córdoba, provincia que concentra casi el 70% de la capacidad instalada de bioetanol del país. Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, enfatizó que la ley fija reglas de juego estables para la industria por los próximos 15 años.

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De acuerdo con la metodología aplicada en las mediciones de empleo, que se apoyan en la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), la población ocupada comprende a aquellas personas que han trabajado al menos una hora en la semana de la encuesta.

De esa forma, explica el Cepa, cualquier persona que realice actividades de generación de ingresos a través de aplicaciones de movilidad o delivery, independientemente de la carga horaria o la regularidad, es clasificado estadísticamente como ocupado (o subocupado si trabaja menos de 35 horas semanales).

Con el desplazamiento creciente de empleo asalariado formal hacia el rebusque en deliverys o traslados tipo Uber, más la expansión de esas plataformas, indica el estudio, lo que se produce es una distorsión de los indicadores por mantenimiento de un criterio metodológico que no se corresponde con lo que pretende medir.

Varios son los deterioros del mundo laboral que, entonces, permanecen enmascarados. El trabajador permanece ficticiamente dentro del universo de la población ocupada, pero bajo una modalidad de cuenta propia (formal o informal), lo que esconde su desempleo latente.

La evidencia, sigue el documento del Cepa, indica que un 13% de los trabajadores de plataformas desempeña jornadas de entre 0 y 24 horas semanales. Y aunque se trata de inserciones laborales caracterizadas por la imprevisibilidad y la desprotección, quienes están en esa situación no figuran en las tasas de desocupación pese a que son víctimas de una incapacidad del sistema para proveer empleo de calidad.

El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre del año, el nivel más alto desde 2021

¿Autónomos o desesperados?

El análisis destaca que lo que se presenta bajo el supuesto beneficio de la independencia laboral es, en la práctica, una «subordinación algorítmica» que redefine, para degradar, el vínculo laboral.

Es, en verdad, una relación de dependencia encubierta que le permite a las empresas de plataforma operar sin las responsabilidades propias de un empleador. En ese contexto, estadísticamente los trabajadores son registrados como autónomos.

Al permitir que una parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se mantenga estadísticamente dentro de la ocupación aunque realice tareas marginales o de muy baja carga horaria, se genera una erosión en la representatividad de la tasa de desocupación como indicador único de la salud del mercado de trabajo. De esta manera, señala el Cepa, se oculta un proceso profundo de precarización y flexibilización laboral.

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Entre los proyectos planificados, destaca por su monto la intervención en la Ruta Nacional 178, que contempla el reciclado y bacheo de la carpeta asfáltica en el tramo desde el empalme con la Ruta 33 hasta Las Rosas, con una asignación de $47.850 millones. Asimismo, para la Ruta Nacional 11 se prevén dos obras: la conservación de rutina en el tramo que une Rosario con Santa Fe, por un total de $21.275 millones, y la conservación del puente sobre el arroyo El Ceibalito, entre Las Garzas y Las Toscas, con una inversión de $1.672 millones.

Por su parte, la Ruta Nacional 33 contará con tareas de conservación mediante un sistema modular en el trayecto desde Sancti Spiritu hasta la Circunvalación de Rosario, presupuestadas en $9.687 millones. Finalmente, se incluye la construcción de terceros carriles en la Ruta Nacional 9 (autopista Rosario-Buenos Aires), con un importe asignado de $7.985 millones.

Es importante señalar que estos montos se enmarcan en un esquema plurianual de ejecución. Esto implica que la autorización presupuestaria fija los compromisos de inversión contemplados, pero los desembolsos efectivos y la finalización de las obras se distribuirán a lo largo de varios ejercicios fiscales y no se ejecutarán en su totalidad durante el año 2027.

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Según el relevamiento nacional que realizó FALPA sobre un universo de unas 1.200 librerías independientes de todo el país, la caída en libros vendidos ronda el 25 por ciento, mientras que la facturación real -descontada la inflación- se derrumbó un 41,5 por ciento: por cada $100 que una librería facturaba en 2023, hoy factura apenas $58,5.

El escenario se completa con el aumento de los gastos que deben afrontar los comercios, entre los que figuran los alquileres, servicios de luz, gas y agua y el sueldo de los empleados.

La intención es que las librerías más complicadas puedan contar con un respiro para retomar la actividad, afrontar deudas o reorganizar sus cuentas.

El reclamo también apunta a las editoriales. Desde FALPA prevén emitir una circular para solicitar mejores condiciones comerciales y formas de pago más extensas.

Para los libreros, el problema excede la lógica de un comercio tradicional, puesto que detrás de una librería también existe una actividad cultural que los propietarios intentan preservar aun cuando la ecuación económica no los favorece.

Apoyo institucional

Organismos y entidades del sector, como la Fundación El Libro, acompañaron los reclamos de las pequeñas librerías ante el riesgo inminente de pérdida de espacios culturales y de pluralidad en la industria editorial.

“Siempre hemos sostenido una convicción fundamental: cada localidad o pueblo de la Argentina debe tener su librería. La presencia de librerías de cercanía no es un mero dato estadístico, sino una condición indispensable para el desarrollo federal, la democratización del acceso a la lectura y la formación ciudadana”, expresó la Fundación El Libro en un comunicado.

Y agregó: “Las librerías independientes constituyen un invalorable capital cultural. Son los espacios que garantizan la bibliodiversidad, dan visibilidad a sellos editoriales pequeños y medianos, y ofrecen la mediación comprometida de los libreros. Si estos espacios cierran, se empobrece el ecosistema editorial, se profundiza la desigualdad en el acceso al libro y se debilita aún más la formación lectora en nuestro país”.

“Por todo ello, nos sumamos al llamado de atención y acompañamos las demandas urgentes de FALPA. Defender a las librerías de barrio y de cada pueblo de la Argentina es defender el corazón de nuestra cultura”, concluyeron.

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Así, se incrementó 0,3 puntos con relación al mismo período de 2025 y 0,1 puntos respecto de primer trimestre de este año.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,9%.

La tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,0%.

Y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 7,9%.

Las tasas de empleo y desocupación no registraron variaciones significativas respecto al mismo período del año anterior, según el Indec.

La tasa de actividad (48,9%) registró una suba estadísticamente significativa de 0,8 p.p. respecto al mismo trimestre de 2025.

La informalidad en el empleo presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.

La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%).

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