La historia tiene reservado para el 2020 el rotulo del “año de la pandemia” producto de la brutal irrupción del Covid 19.

Muchas pequeñas sagas se construyeron en este contexto. Historias de dolor, de sufrimiento, de angustia e incertidumbre. Pero también las hubo de solidaridad, de trabajo abnegado y compromiso social. El hacer político se materializo en discursos y en prácticas de salud pública.

El discurso neoliberal intentó –y aun lo hace– en menoscabar la tarea de los gobiernos populares con la pretensión de obtener algún rédito. La historia también juzgara, mucho más temprano que tarde, las miserias humanas. Lo que nada ni nadie podrá es boicotear la pasión.

Sólo así se puede empezar a explicar que dos profesionales de las relaciones internacionales hijos de la universidad púbica se pusieran a reflexionar sobre el impacto de la pandemia y sus causas y consecuencias en el concierto global. Un concierto en crisis, marcado por las disputas políticas donde la globalización aporta su dosis caótica.

Y esa práctica dio como resultado un texto: <La Disputa por el poder global. China contra estados Unidos en la crisis de la pandemia<, de Esteban Actis y Nicolás Creus, doctor y licenciado, respectivamente, en Relaciones Internacionales, egresados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

En efecto, en noviembre pasado, en el marco de un contexto adverso y mediante correos, whatsapp y contactos virtuales la editorial Capital Intelectual publicó el texto mencionado.

Lo primero que hay que destacar y resaltar es que la elaboración, con claro perfil de ensayo teórico, fue plasmada en “tiempo real”, y esto, en tiempos globales, es un mérito trascendente.

Pero claro que eso no es todo. El politicólogo Andrés Malamud, a cargo del prólogo, destaca dos aspectos valiosos: por un lado un análisis de una compleja trama internacional en contexto de pandemia y por el otro una escritura en clave de divulgación científica. Juntos alcanzan un tercer objetivo al establecer y articular un conjunto de categorías y conceptos para dar cuenta de “una mirada” sobre un fenómeno sin ocultar su punto de vista.

El desarrollo del trabajo es en extremo didáctico sin por ello estar exento de planteos polémicos o controversiales, pero en ningún caso son expuestos como verdades reveladas sino como reflexiones producto de un recorrido histórico del fenómeno abordado desde el prisma de las ciencias sociales.

El texto está estructurado en cuatro capítulos, pero sólo a los efectos de poder entender la magnitud de la problemática abordada y al mismo tiempo comprender la profunda interrelación que existe en los mismos.

Cada capítulo funciona como un texto independiente con vida propia. Bien se podría afirmar que son cuatro libros en uno, con la salvedad que al final de cada capítulo se abre una puerta para el siguiente nivel, construyendo un hilo conductor que borda el texto no solo en sentido secuencial.

El covid-19 y su impacto mundial

El eje principal, claro está, es la pandemia provocada por el covid-19 y desde esa perspectiva se observa como impacta en el mundo.

Así, en el primer capítulo se analiza al covid-19, en tanto pandemia, y los acontecimientos sistémicos. En este sentido, se afirma que el impacto del covid-19 representa el tercer acontecimiento sistémico del siglo 21, detrás del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001 (11S) y la caída de Lehman Brothers en 2008.

En este mismo capítulo se desarrolla exhaustivamente el concepto “cisne negro”, entendido como una “rareza” y como tal no previsible. En este marco son abundantes las variables e indicadores que ponen de manifiesto que de ningún modo al covid-19 se lo puede catalogar en esta categoría. Esta afirmación inquietante nos dispara a una pregunta casi obvia: ¿Qué paso entonces?

Casi como una respuesta a la pregunta planteada, en el segundo capítulo el texto aborda cómo estaba el mundo pre-pandemia, cuáles eran sus profundos desequilibrios, los riesgos globales latentes por décadas y, al decir de los autores, cierta “incapacidad del mundo para gestionarlos”. La pandemia ni construyó ni generó una crisis, más bien agudizó una muy severa y preexistente.

En este enhebrado que propone el recorrido del texto, el tercer capítulo, señala como un aspecto altamente negativo la crisis de liderazgo global, lo cual arroja como resultado la “incapacidad del mundo” para dar cuenta de los problemas existentes. Pero no es sólo esto lo que sucede, la ausencia de un liderazgo global tiene como consecuencia poner en peligro la cooperación internacional, lo cual atenta contra la estabilidad sistémica.

Para el final queda lo que sobrevuela, como la pandemia, todo el texto: la disputa por el poder global entre Estados Unidos y China. En este aspecto es muy interesante el desarrollo y relación entre un “poder constituido” y un “poder emergente”, donde este último de algún modo desafía al existente y cuáles serían las posibles resoluciones sin llegar a conflicto armado.

El mundo depende de la evolución del vínculo entre Estados Unidos y China

En este sentido, los autores plantean la necesidad imperiosa de transformar la actual “interdependencia negativa” a “interdependencia cooperativa” ya que, sostienen, ninguno de los dos está en condiciones de imponer un conjunto complejo de variables políticas, económicas y sociales. La evolución del mundo como tal depende en gran medida de la evolución en el vínculo entre Estados Unidos y China que definirá el futuro global.

Dice Esteban Actis: “Mientras muchos sostienen que la pandemia cambiará el mundo, al interior de la disciplina de las relaciones internacionales predomina la tesis de que la crisis del covid-19 acelerará fuerzas profundas preexistentes en el orden internacional. Antes de que el virus apareciera en Wuhan, el mundo ya experimentaba una serie de crisis que ahora parecen acentuarse: de la gobernanza global, de la globalización y de la democracia liberal”.

En relación a la producción el autor señaló: “Fue un proceso que duró cuatro meses y se dio entre los meses de mayo a agosto. Lo escribimos durante la pandemia en modalidad a distancia con Nicolás Creus. Todos nuestros intercambios y diálogos fueron vía Zoom y WhatsApp. Fue escribir durante la coyuntura, porque el libro tiene mucho sobre la pandemia, pero mirando los cambios de las transformaciones globales en una perspectiva más sistémica-estructural. Así que fuimos y vinimos permanentemente entre la estructura y la coyuntura, eso fue un desafío, tamizar lo coyuntural para que no sea solo un libro de datos”.

La lectura del estudio es tan apasionante como necesaria, no solo por lo que plantea sino por las preguntas que deja, que se podrían sintetizar en estas dos: ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo viviremos?

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La Cuestión Malvinas es entendida como la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esta controversia abarca 1.500.000 de km2 de recursos minerales, pesqueros y turísticos, renovables y no renovables. A esto hay que sumarle la proyección antártica, el control de los pasos bioceánicos, la mayor base militar británica y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Atlántico Sur, entre otros factores de gran valor estratégico.

Primeras decisiones

Apenas iniciado el gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019,  se anunció la elevación a Secretaría del área de Cancillería dedicada a la Cuestión Malvinas –luego de que fuera degradada a subsecretaría durante el período 2015-2019–, volviéndose a nombrar a Daniel Filmus como secretario de la misma. Esta medida fue el indicio primero del reposicionamiento de la Cuestión Malvinas en la agenda nacional, seguido por una serie de iniciativas que se presentaron durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En la apertura de sesiones, el presidente señaló en su discurso que “no hay lugar para colonialismos en el siglo XXI” y presentó tres proyectos de ley íntimamente vinculados con la Cuestión Malvinas orientados a recuperar el dominio de los espacios marítimos circundantes del archipiélago, como así también endurecer la venta de permisos de pesca de Argentina a Reino Unido.

Los proyectos fueron remitidos y aprobados por el Congreso, posicionando a la Cuestión Malvinas con gran intensidad en la agenda política argentina con la sanción de las siguientes tres leyes:

1-Creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes. El mismo se conforma con representantes del oficialismo y la oposición, veteranos de la Guerra de Malvinas (1982), académicos, juristas y delegados de la provincia de Tierra del Fuego, distrito al que le corresponden estos territorios según ley argentina. Su propósito es contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía a mediano y largo plazo, como así también colaborar en sustentar la elaboración de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos y proponer y llevar adelante actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía. Además, busca promover los derechos argentinos en el ámbito regional y global y proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los ex combatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares.

2-Demarcación nueva del límite exterior de la plataforma continental argentina. A partir de la aprobación por la ONU de la ampliación del espacio marítimo argentino en más de 1,7 millones de km2, este proyecto extiende el territorio submarino de 200 millas náuticas (322 km) a 350 (563 km), buscando fortalecer los derechos de soberanía e incrementar la seguridad jurídica en el marco de la explotación de hidrocarburos y minerales. Un punto importante a tener en cuenta es que la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa. En relación con esta ley, cabe señalar que el Ministerio de Educación distribuirá en los colegios el nuevo mapa de la demarcación de límites de la Argentina con la extensión de la plataforma continental avalada por la ONU y que la Secretaría de Energía avanzará ahora con los estudios de exploración de recursos en el suelo marítimo argentino.

3- Modificación del Régimen Federal Pesquero. Esta medida endurece las sanciones a los barcos que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde el país tiene soberanía sobre recursos vivos. Además busca evitar el saqueo por parte de buques pesqueros que se introducen sin permiso en los espacios marítimos argentinos. Fortalecerá el trabajo de la mesa que se ha conformado con los Ministerios de Defensa, de Seguridad, de Agricultura y la Cancillería, con el objetivo de defender nuestra presencia soberana y actividad económica.

Es importante destacar que en un país donde la “grieta” atraviesa tantas áreas y temas, vemos que la misma no se reflejó en la sanción de estas leyes vinculadas con la Cuestión Malvinas y que la unanimidad prevaleció en los recintos legislativos.

Causa nacional y regional

La Cuestión Malvinas fue reposicionada como tema de agenda con el objetivo fundamental de afianzar la soberanía territorial de la República Argentina. En este sentido, cabe indicar que en su primer mensaje ante la ONU el presidente ratificó los derechos soberanos sobre las islas y reivindicó la vía diplomática para recuperarla, remarcando que Gran Bretaña “insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las Islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional”.

En este sentido, desde el gobierno se ha promovido la Cuestión Malvinas como una causa latinoamericana, recordando que los países de esta región tempranamente manifestaron su solidaridad con la Argentina y afirmaron que se trataba de una agresión colonial que atacaba la soberanía de toda la región.

El respaldo por parte de los diversos foros latinoamericanos implica el apoyo y por tanto la crítica a Reino Unido en relación a la agresión a la soberanía, integración y desarrollo de todo el continente. Un ejemplo claro fue la defensa a las políticas del gobierno argentino respecto de la Causa Malvinas por parte del Parlasur (Parlamento del Mercosur), en el mes de mayo de este año.

El mismo ocurrió en el marco de una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlasur, canalizada por la Subcomisión de Malvinas, donde los participantes de la reunión remarcaron que la Causa Malvinas no es una cuestión privativa de los argentinos, sino de todos y cada uno de los países de Latinoamérica.

Asimismo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) emitió a mediados de septiembre un comunicado mediante el cual reiteró su apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas: la Celac “reitera su más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Por su parte la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó por aclamación la Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando, una vez más, la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia.

El vínculo con Gran Bretaña

La designación de Javier Figueroa como embajador en Londres fue fundamental para las relaciones que busca tener el gobierno con Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Figueroa había sido designado durante el mandato de Cristina Kirchner como subsecretario de la Secretaría de Malvinas en la Cancillería con Daniel Filmus, lo cual terminó siendo un antecedente clave para que Alberto Fernández decidiera enviarlo a Londres como embajador.

Con diferentes medidas y posicionamientos, el propósito de la política argentina es “sacar del área de confort” a Gran Bretaña teniendo como meta retomar el diálogo bilateral por la soberanía de las islas Malvinas, tal como proclama la Resolución 2065 de Naciones Unidas.

En este marco puede leerse la acción argentina ante el avance del covid-19, cuando el gobierno le presentó la posibilidad a los isleños de su ayuda para enfrentar a la pandemia. En nombre del Gobierno Argentino, Daniel Filmus, se puso en contacto con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, para transmitirle la disposición de la República Argentina a colaborar con los habitantes de las Islas Malvinas a raíz de la situación generada por la pandemia de coronavirus. No obstante, la respuesta por parte de los isleños fue totalmente negativa, a pesar de ser considerado un momento de solidaridad global.

Por otra parte, en el marco del Brexit, a principios del mes de noviembre se llevó a cabo una reunión entre el canciller Felipe Solá y los embajadores de la Unión Europea en Argentina. Allí el canciller planteó la importancia para el gobierno sobre el lugar que ocuparán las Malvinas en el acuerdo que se logre entre el gobierno británico y la Unión Europea una vez que Londres abandone el bloque.

Con esto es posible de ver que la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría beneficiar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

Pero también tuvieron continuidad áreas de cooperación con Gran Bretaña. El canciller Felipe Solá y el embajador británico en Argentina, Mark Kent, firmaron a inicios de septiembre un canje de notas donde coincidieron en la importancia que reviste la continuación del proceso de identificación y reafirmaron la voluntad de otorgar un nuevo mandato al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) solicitando su intermediación neutral para el esclarecimiento de la identificación de los restos presentes en la referida tumba del Cementerio Darwin.

También, ambos gobiernos acordaron aplicar la fórmula de soberanía a la ejecución de las tareas de identificación en las Islas Malvinas y a todas las actividades relacionadas y sus consecuencias.

¿Hacia una política de Estado?

En diferentes ocasiones el Embajador Filmus señaló que hace 187 años que tenemos este reclamo y que “si no se transforma en una política de Estado, que no esté sometida a los vaivenes de cada gobierno, va a ser muy difícil poder avanzar”. Por tal motivo, el gobierno ha promovido la generación de consensos a nivel doméstico a través de políticas como la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes y la promoción de la Red de Cátedras, Observatorios e Investigadoras/es sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

De este modo, el primer año del presidente Alberto Fernández tuvo importantes repercusiones en relación con la Cuestión Malvinas, tanto a nivel doméstico como internacional. A futuro será fundamental que el gobierno argentino continúe sosteniendo de manera firme las acciones implementadas hasta el momento con el objetivo de lograr avanzar en la negociación pacífica con Reino Unido.

Las reivindicaciones ante los organismos internacionales y el reclamo de soberanía como políticas de Estado deben ser constantes, ya que son cruciales a la hora de posicionarse a nivel internacional para alcanzar los objetivos nacionales.

**Miembro del Grupo de Estudios sobre Malvinas. Instituto de Investigaciones. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internaciones

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Esta herramienta sonora tiene como objetivo hacer circular más allá de las aulas, los saberes que los docentes e investigadores producen y comparten con los estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales y de la licenciatura en Turismo.

En su producción, la Escuela de RRII viene trabajando con el LABSO UNR, lo cual ha permitido confluir en un proyecto intrainstitucional de carácter interdisciplinario donde priman la vasta trayectoria en el desarrollo disciplinar de las relaciones internacionales y la realización de material sonoro.

En los últimos tiempos el formato Podcast se ha popularizado como dispositivo de divulgación ya que su versatilidad lo hace accesible a un público amplio que tiene interés en conocer opiniones especializadas en diversas disciplinas científicas.

A través de los ocho episodios que componen la Temporada 1, docentes de la licenciatura en Relaciones Internacionales abordan diferentes aspectos del sistema internacional que se han visto afectados por la pandemia como elemento disruptivo de alcance global.

De este modo, en la primera entrega se analizan las relaciones internacionales en términos de conflicto / cooperación, de modo de comprender la forma en que estas interacciones propias del sistema internacional han cobrado dimensión entre los actores estatales en el marco de la aparición del covid 19.

En el segundo episodio, se realiza un recorrido sobre el mundo de la Gripe Española, destacando la forma en que  las grandes potencias han reaccionado tanto en ese mundo de entreguerras como en el actual.

En la tercer entrega, se abordó la repercusión que la pandemia tuvo sobre las cuentas nacionales y cuáles fueron las respuestas de los Estados. En la cuarta entrega la temática es la seguridad internacional para luego continuar con episodios en los cuales se abordan cuestiones de orden político y económico que permiten comprender los desafíos que el mundo en su conjunto y América Latina en particular deberán enfrentar en el escenario pos pandemia.

De este modo estas entregas están disponibles a partir de suscribirse a los canales de Spotify e Ivoox donde se encuentran los cinco primeros episodios y donde podrán encontrar semana tras semana una nueva entrega de Pandemonium Global, 1° Temporada de Entre Mundos.

Links de acceso:

http://bit.ly/PodcastEntreMundosEnSpotify

http://bit.ly/PodcastEntreMundosEnIvoox

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Algunas voces suelen criticarle al Papa Francisco sus manifestaciones públicas acerca de  cuestiones que aparentan ser exclusivamente políticas y por tanto, según dicen, fuera de toda consideración religiosa.

Muy lejos están del conocimiento del rol apostólico del Sumo Pontífice, a cuyas espaldas pesa una enorme herencia de documentos que constituyen la Doctrina Social de la Iglesia, y que él sólo procura mantener en vigencia, haciéndola conocer al conjunto de la humanidad, actualizándola permanentemente ante cada nuevo acontecer, con la finalidad de que todos, hombres y mujeres, tomen conciencia y la pongan en práctica.

A título ejemplificativo, me detendré en algunos antecedentes que dan fundamento a su prédica.

Sobre la justicia social: en 1891 el Papa León XIII daba a luz su Encíclica Rerum Novarum, que significa “cosas nuevas”, parafraseando una parábola de Jesús en el Evangelio de Mateo, que propone sacar nuevas enseñanzas de la doctrina tradicional, es decir, de las “cosas viejas”.

En aquella hacía una interpretación de la situación económica por la que atravesaba la población de Europa previa a la primera Guerra Mundial y denunciaba abusos contra la dignidad humana.

Comenzaba señalando “el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento del conflicto”.

El Papa se refería al conflicto entre el capital y el trabajo, que denominó “la cuestión obrera”. Aquel Papa sintió el deber de intervenir, en virtud de su “ministerio apostólico”, es decir, de la misión recibida de Jesucristo mismo de “apacentar los corderos y las ovejas”. Su intercesión era ciertamente la de restablecer la paz.

Pero era consciente de que la paz se edifica sobre el fundamento de la justicia. León XIII establecía, de una vez y para siempre, un paradigma permanente para la Iglesia: hacer oír su voz ante determinadas situaciones humanas, individuales y comunitarias, nacionales e internacionales, para las cuales formularía una verdadera doctrina, para analizar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas y dar orientaciones para una justa solución de los problemas de ellos derivados. El Papa León XIII defendía los derechos fundamentales de los trabajadores.

Entre otras consideraciones afirmaba: “el trabajo de los obreros es el que produce la riqueza de los Estados”. (Tema que sirvió de inspiración cien años después a Juan Pablo II para su encíclica Laborem Exercens). Sostuvo que el trabajo en su faz personal, pertenece a la disponibilidad que cada uno posee de las propias facultades y energías; en cuanto es necesario está regulado por la grave obligación que tiene cada uno de conservar su propia vida, de allí el derecho a buscarse cuanto sirve de sustento, cosa que para la gente pobre se reduce al salario ganado con su propio trabajo.

Concluye que el salario debe ser suficiente para el sustento del obrero y su familia, pues lo contrario sería soportar una violencia contra la cual clama la justicia. León XIII se atrevió a sentenciar: “La clase rica, poderosa ya de por sí, tiene menos necesidad de ser protegida por los poderes públicos; en cambio, la clase proletaria, al carecer de un propio apoyo tiene necesidad específica de buscarlo en la protección del Estado.

Por tanto es a los obreros, en su mayoría débiles y necesitados, a quienes el Estado debe dirigir sus preferencias y sus cuidados”. No se trata de una determinada concepción de Estado ni de una particular teoría política.

Aquel Papa insistía sobre un principio elemental, a saber: los individuos, cuanto más indefensos están en una sociedad tanto más necesitan el apoyo y el cuidado de los demás, en particular, la intervención de la autoridad pública.

Este principio conocido como de solidaridad, (retomado por Juan Pablo II en 1987 en su encíclica Sollicitude rei sociales) León XIII lo denominaba “amistad”, que proviene de la filosofía griega.

Con gran inteligencia, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, escrita en 1991, a los cien años de la Rerum Novarum (y en la cual basamos estas reflexiones), señala que los violentos procesos de industrialización y otros procesos de transformación económica habían reducido a grandes multitudes a condiciones de extrema pobreza.

La Doctrina Social de la Iglesia insiste que: aparte de los derechos que el hombre adquiere con su propio trabajo, hay otros derechos que no proceden de ninguna obra realizada por él, sino de su dignidad esencial de persona.

Lucha por la justicia social sin actos de violencia y odio recíproco

León XIII critica severamente al comunismo naciente hacia fines del siglo XIX. Pero aquel Papa, no pretendía condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. “La Iglesia –dirá luego Juan Pablo II comentando la Rerum Novarum– sabe muy bien que, a lo largo de la historia, surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión”.

La Encíclica Laborem exercens ha reconocido el papel positivo del conflicto cuando se configura como “lucha por la justicia social”. Para ello debe abstenerse de actos de violencia y de odio recíproco.

Explica Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus: “Lo que se condena en la lucha de clases es la idea de un conflicto que no está limitado por consideraciones de carácter ético o jurídico, que se niega a respetar la dignidad de la persona en el otro y por tanto en sí mismo, que excluye, en definitiva, un acuerdo razonable y persigue no ya el bien general de la sociedad, sino más bien un interés de parte que suplanta al bien común y aspira a destruir todo lo que se le opone.

Se trata, en una palabra, de presentar de nuevo –en el terreno de la confrontación interna entre los grupos sociales– la doctrina de la «guerra total», que el militarismo y el imperialismo de aquélla época –(y acoto, por qué no el de ahora)– imponían en el ámbito de las relaciones internacionales”.

Esa guerra total suponía la destrucción del poder de resistencia del adversario, llevada a cabo por todos los medios, sin excluir el uso de la mentira, el terror contra las personas civiles y las armas de destrucción masiva, que en aquellos años empezaron a proyectarse.

Concluye Juan Pablo II su comentario en este punto diciendo: “La lucha de clases en sentido marxista y el militarismo tienen pues las mismas raíces: el ateísmo y el desprecio por la persona humana, que hacen prevalecer el principio de la fuerza sobre el de la razón y del derecho.”

Resulta notable, cómo el Papa Juan Pablo II, en 1981, al homenajear los cien años de la encíclica Rerum Novarum, planteara lo que la gente común, de muchos Estados, reclaman hoy: “evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social y someterlos a un control público que haga valer el principio del destino común de los bienes de la tierra”.

Propone entonces cierta abundancia de ofertas de trabajo, un sólido sistema de seguridad social y de capacitación profesional, la libertad de asociación y la acción incisiva del sindicato, la previsión social en caso de desempleo, los instrumentos de participación democrática en la vida social, para preservar el trabajo de la condición de “mercancía” y garantizar la posibilidad de realizarlo dignamente.

Un mercado que sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado

Sobre el desarrollo humano: Si bien la Rerum Novarum se expresa contraria a los totalitarismos y rescata el valor de la propiedad privada, sienta el principio de que la misma no constituye un valor absoluto y proclama otros principios que la complementan, como el del destino universal de los bienes de la tierra. Los sucesores de León XIII han repetido esta doble afirmación: la necesidad y licitud de la propiedad privada, así como los límites que pesan sobre ella (Véanse: Pío XI encíclica Quadragésimo Anno –a los 40 años de la Rerum Novarum–; Pío XII Radiomensaje 1° Junio de 1941; Juan XXIII encíclica Mater et Magistra; Paulo VI encíclica Populorum Progressio).

El Concilio Vaticano II expresó: “El hombre, usando estos bienes, no debe considerar las cosas exteriores que legítimamente posee, como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás.”…“La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria de autonomía personal y familiar y deben ser considerados como una ampliación de la libertad humana… la propiedad privada, por su misma naturaleza, tiene también una índole social, cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes”.

Juan Pablo II, retomando estas consideraciones plantearía: “El origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al hombre, y que ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos.

Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes en la tierra”.

Pero aclara: la tierra no da sus frutos sin el trabajo. Pero al hombre, que con su trabajo ha conseguido su propiedad privada, “le incumbe también la responsabilidad de no impedir que otros hombres obtengan su parte del don de Dios, es más, debe cooperar con ellos para dominar juntos toda la tierra”.

Luego de pasar revista a muchos cambios producidos en la historia de la humanidad, y de destacar el importante rol que cumplen en la sociedad los emprendedores en la formación de la riqueza, da cuenta de este fenómeno, lamentablemente aún actual: “De hecho, hoy (escribe Juan Pablo II en 1991) muchos hombres, quizá la gran mayoría, no disponen de medios que les permitan entrar de manera efectiva y humanamente digna en un sistema de empresa, donde el trabajo ocupa una posición realmente central.

No tienen posibilidad de adquirir conocimientos básicos, que les ayuden a expresar su creatividad y desarrollar sus capacidades. No consiguen entrar en la red de conocimientos y de intercomunicaciones que les permitiría ver apreciadas y utilizadas sus cualidades.

Ellos, aunque no explotados propiamente, son marginados ampliamente y el desarrollo económico se realiza, por así decirlo, por encima de su alcance, limitando incluso los espacios ya reducidos de sus antiguas economías de subsistencia”.

“A pesar de los grandes cambios acaecidos en las sociedades más avanzadas, las carencias humanas del capitalismo, con el consiguiente dominio de las cosas sobres los hombres, están lejos de haber desaparecido; es más, para los pobres, a la falta de bienes materiales se ha añadido la del saber y de conocimientos, que les impide salir del estado de humillante dependencia”.

A estas alturas nos preguntamos: ¿Cuál es el modelo de sociedad que postula la Doctrina Social de la Iglesia? En palabras de Juan Pablo II: “Una sociedad basada en el trabajo libre, en la empresa y en la participación”, que “tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad”.

Refiriéndose al fracaso de la experiencia socialista soviética, afirma: “Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deje al capitalismo como único modelo de organización económica.

Hay que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos Pueblos al margen del desarrollo, y asegurar a todos  –individuos y naciones– las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo.

Es necesario que las naciones más fuertes sepan ofrecer a las más débiles oportunidades de inserción en la vida internacional; que las más débiles sepan aceptar estas oportunidades, haciendo los esfuerzos y los sacrificios necesarios para ello, asegurando la estabilidad en el marco político y económico, la certeza de perspectivas para el futuro, el desarrollo de las capacidades de los propios trabajadores, la formación de empresarios eficientes y conscientes de sus responsabilidades” (Encíclica Laborem Exercens, 1981).

Continuando con las ideas expuestas por el Papa Pablo VI,  Juan Pablo II señala: “La Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí”.

Un gran esfuerzo de comprensión recíproca, de conocimiento y sensibilización de las conciencias

Respecto de la deuda externa de los países más pobres, el Papa Juan Pablo II expresó: “Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago, cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables”.

En su encíclica Centésimus Annus, el Papa aborda la cuestión ecológica, y con una mirada religiosa expresa: “ El hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida….Cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra, sometiéndola sin reservas a su voluntad como si ella no tuviese una fisonomía propia y un destino anterior dados por Dios, y que el hombre puede desarrollar ciertamente, pero que no debe traicionar.

En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1990).

Hace veintinueve años, el Papa Juan Pablo II nos recordaba que en la raíz de la guerra hay en general, reales y graves razones: injusticias sufridas, frustraciones de legítimas aspiraciones, miseria, explotación de grandes masas humanas desesperadas, las cuales no ven la posibilidad objetiva de mejorar sus condiciones por las vías de la paz.

“Por eso, –afirmaba– el otro nombre de la paz es el desarrollo. Igual que existe la responsabilidad colectiva de evitar la guerra, existe también la responsabilidad colectiva de promover el desarrollo”. “… así como a nivel interno es posible y obligado construir una economía social que oriente el funcionamiento del mercado hacia el bien común, del mismo modo son necesarias también intervenciones a nivel internacional.

Por esto hace falta un gran esfuerzo de comprensión recíproca, de conocimiento y sensibilización de las conciencias.” Y finaliza su idea diciendo: “He ahí la deseada cultura que hace aumentar la confianza en las potencialidades humanas del pobre y, por tanto, en su capacidad de mejorar la propia condición mediante el trabajo y contribuir positivamente al bienestar económico.

Sin embargo, para lograr esto, el pobre –individuo o nación– necesita que se le ofrezcan condiciones realmente asequibles. Crear tales condiciones es el deber de una concertación mundial para el desarrollo, que implica además el sacrificio de las posiciones ventajosas en ganancias y poder, de las que se benefician las economías más desarrolladas” (Exhortación Apostólica Familiaris consortio).

Hasta aquí, he procurado revisar algunos de los extensos documentos de la Iglesia contemporánea, que precedieron la labor del Papa Francisco –de cuyo legado me gustaría ocuparme en otra ocasión– al sólo efecto de poner en evidencia que, aunque con su personal impronta, la mirada que proyecta sobre los problemas por los que atraviesa nuestra condición humana universal, no es muy distinta de la que plasmaron sus predecesores.

Por lo que resulta a todas luces inexacta la acusación que ciertas voces le adjudican de incursionar en campos que le son ajenos. Muy por el contrario, él no ha hecho otra cosa que “apacentar a sus ovejas”, es decir, cumplir con su labor de “Buen Pastor”, que le es propio de su ministerio apostólico.

**Profesora adjunta Estructura Jurídica del Estado. Fac. Ciencia Política (UNR). Abogada especializada en la Magistratura (UNR). UCA Magister en Ciencias Sociales con Mención en Sociología. Flacso. México

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El 25 de octubre hemos sido testigos y partícipes de un hecho histórico en nuestro país, pues hemos concurrido con nuestro voto al inicio del término de la constitución política que nos dejó la dictadura cívico-militar de Pinochet.

Millones de chilenas y chilenos, tanto en el extranjero como en suelo chileno han decidido que quieren una nueva carta fundamental.

El alto porcentaje de votantes que superó la barrera del 50% –cuestión que no había ocurrido desde el cambio al sistema de voto voluntario, y además considerando la pandemia– se manifestaron favorablemente por la opción de Apruebo por el fin de la actual constitución y el comienzo de un proceso constituyente con delegados elegidos completamente, en un ciento por ciento entre las y los ciudadanos de nuestro país.

Creo que nuestros compatriotas han sido absolutamente claros y nos han dicho con un contundente resultado del 78,27% a favor del Apruebo, que principalmente, debemos cambiar el paradigma mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos se han relacionado con el poder, con quienes los gobiernan y representamos, y avanzar derechamente hacia un Estado Social de Derechos y a un modelo de desarrollo sustentable, con absoluto respeto y garantía de los derechos humanos.

Esta es la lección que nos ha dejado este plebiscito, y debemos ser capaces de leerlo y comprenderlo.

Estamos obligados a generar cambios profundos, y de no hacerlos, tenemos el llamado de todos aquellos que han votado este domingo, los mismos que se comenzaron a manifestar desde octubre del 2019, y que masivamente nos han dicho “Basta de Abusos”, “Basta de inequidades”, “Basta de financiamientos irregulares”, “Basta de colusiones empresariales”, “Basta de políticos autocomplacientes”.

La gente quiere un nuevo país, y la posibilidad de crear un nuevo modelo, un nuevo tipo de sociedad. El pueblo tiene completamente claro que no podemos seguir con el actual modelo extractivista, de sobreexplotación de nuestras materias primas naturales, sin agregar mayor valor, con un alto costo ambiental. Por tanto, es indispensable avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y digno.

Tanto el denominado “despertar social”, así como la pandemia que nos afecta, ha desnudado una profunda desigualdad y la falta de acceso a bienes esenciales.

En nuestro país, el modelo económico del cual muchos se sienten orgullosos, ha generado grandes diferencias e inequidades, y el sistema ha dejado abandonados a algunos, y a otros los ha hecho competir de tal manera, que hemos creado una sociedad individualista en extremo.

En este proceso, la gran participación de jóvenes y de la mujer chilena ha demostrado que queremos una nueva Constitución en la que quede claramente establecido y asegurada la igualdad y la justicia de género, para que las mujeres vivan en un ambiente libre de violencia, reconociéndolas como sujetas de derechos, como sujeto político, y redistribuyendo el poder con perspectiva de género, y asegurándoles iguales condiciones laborales y salariales, y de equidad en el trato doméstico.

Generar espacios para que nadie quede afuera

Frente a un triunfo notable y una jornada ejemplar como la del Plebiscito del 25 de Octubre, debemos asumir, aprender la lección y generar espacios unitarios efectivos, en el que nadie quede fuera, en el que los pueblos originarios, los independientes y las mujeres, a partir de una absoluta paridad en la composición de la convención constitucional, construiremos nuestra nueva casa común.

Este gran triunfo es del pueblo de Chile, de las personas que concurrieron emocionadas y esperanzadas como hace muchos años no ocurría, y que de manera fuerte y contundente han dicho que el modelo impuesto por la dictadura ha fracasado, y que debemos remover las barreras que hasta ahora no les ha permitido realizarse en sus proyectos de vida y, mucho menos participar del desarrollo de nuestra sociedad.

** Senadora por la Región de Valparaíso e hija del ex presidente Salvador Allende

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**Carolina Passet

La cooperación internacional para el desarrollo se configuró durante el período de Guerra Fría como una relación de carácter desigual entre el norte desarrollado y el sur en desarrollo, en donde las partes cooperantes se identificaban como donantes y receptores.

Si bien la brecha norte-sur sigue dando sentido a las prácticas de la cooperación internacional en la actualidad y motivando algunos de sus principales debates, cada vez cobran más fuerza aquellos argumentos que sostienen que esta concepción ya no se adecua, del todo, a los propósitos y al entramado de relaciones que determinan el contexto actual.

Aun así, muchos de sus elementos siguen presentes, construyendo imaginarios y reafirmando conceptos que podrían estar obstaculizando la operacionalización de la cooperación a partir de otros criterios estructurantes del debate basados en relaciones recíprocas y equitativas de gobernanza global.

La Cooperación Descentralizada (CD) fue impulsada, en un primer momento, por un conjunto de regiones y localidades europeas como modo de reafirmación de su autonomía.

En ese sentido, crearon marcos normativos y redes de colaboración que facilitaron la asociación entre unidades subestatales de diferentes confines del mundo. Esta modalidad de cooperación internacional se vuelve promisoria en tanto supone la posibilidad de construir un verdadero sentido de colaboración entre los participantes.

Debido a que las relaciones entre unidades subestatales se encuentran supeditadas a la decisión voluntaria de los gobiernos locales que deciden cooperar con sus pares a partir de objetivos afincados en la procura del desarrollo territorial; por lo tanto, tienden a ser participativas y a estar fundamentadas en las necesidades y potencialidades del territorio y la ciudadanía local.

La aparición de la CD es la respuesta a las nuevas realidades del contexto mundial donde convergen los procesos de descentralización y de democratización. En Argentina, la actividad internacional de los actores no centrales se profundizó a partir del retorno de la democracia en 1983 y del proceso de descentralización del Estado Nacional ocurrido en los años 90.

Dicho proceso fue plasmado en la reforma constitucional de 1994, en la cual se incorpora el art. 124 que otorga nuevos márgenes de autonomía a las provincias.

Redes transnacionales de apoyo

¿Cómo se valora esta evolución en el actual contexto de crisis sanitaria y socioeconómica por la que atraviesa el país? Por un lado, se activaron las redes transnacionales de apoyo de las que forman parte algunas ciudades argentinas, comprobando su trascendencia y eficacia.

Por otro, se reforzaron las relaciones bilaterales en el marco de acuerdos de cooperación y hermanamientos que mantienen las provincias del país con sus homónimas, en algunos casos, desde larga data.

Así, desde el inicio de la pandemia por coronavirus, las ciudades establecieron una línea de acción clave de iniciativas locales que abarcan la prevención, contención y mitigación del virus.

A nivel global, ciudades y gobiernos locales unidos, en conjunto con ONU Hábitat, lanzaron una experiencia de aprendizaje con gobiernos locales y regionales fomentando la preservación de los bienes comunes y promoviendo los derechos humanos frente a la actual situación de pandemia.

En el contexto sudamericano, Mercociudades puso a disposición la herramienta “Mercociudades responde al covid-19”, cuyo objetivo principal es ofrecer orientación para que los gobiernos locales y regionales puedan responder de manera eficiente a la gestión de la crisis y, a su vez, puedan compartir las soluciones adoptadas con otros gobiernos locales.

Otro accionar conjunto fue el llevado adelante por el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, integrado por ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay, el cual comenzó a monitorear la evolución del brote con base en datos oficiales de manera conjunta y diseñó acciones de intercambio en tratamiento de pacientes.

Reforzar la acción internacional de las unidades locales como política pública

Asimismo, la activación de la CD en el marco de convenios de hermanamientos supuso la colaboración de la provincia china de Guizhou con la provincia de Jujuy, que permitió la llegada de suministros médicos para apoyar su lucha contra el covid-19.

Otro hecho similar aconteció con la ciudad china de Chongqing, la cual donó material sanitario a la provincia de Córdoba como respuesta a una carta enviada por la provincia argentina, solidarizándose y poniéndose a disposición de las autoridades del gobierno de Chongqing.

En lo que respecta a la provincia de Santa Fe, la misma cuenta con lazos de amistad con la provincia oriental china de Jiangsu desde 2001. En este marco, realizaron una videoconferencia sobre prevención, control, diagnóstico y tratamiento del covid-19. Asimismo, Madrid le envió a Buenos Aires la normativa utilizada para decretar el aislamiento.

A su vez, la capital argentina compartió sus protocolos con la ciudad de San Pablo generando redes de contacto y distribución de información. Parte importante del trabajo diario en muchas jurisdicciones locales estuvo cimentado en el rastreo de políticas de respuesta a la crisis, implementadas por las principales ciudades a escala global.

Ante la crisis que atravesamos en la actualidad, quedó de manifiesto que las alianzas entre ciudades cobran un papel importante como espacios de representación para abordar los temas prioritarios para la ciudadanía desde un frente común.

En ese sentido, es imprescindible avanzar hacia la mejora de los marcos normativos e institucionales que permitan consolidar esta forma de colaboración.

El objetivo, finalmente, debiera fundarse en la idea de reforzar la acción internacional de las unidades locales como política pública y, por lo tanto, avanzar hacia su capacidad operativa para consolidar la tendencia hacia una gobernanza global.

*Licenciada en Relaciones Internacionales (FCPOLIT-UNR). Maestranda en Relaciones Internacionales y en Cooperación Internacional (EPyG-UNSAM). 

** Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales (FCPOLIT-UNR).

Las autoras integran el Observatorio de Política Exterior Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales UNR

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 Antes de la pandemia del covid-19, los cientistas sociales manifestaron gran preocupación por el avance del capitalismo financiero y sus consecuencias. En diversos trabajos destacaron un mayor grado de concentración económica y un aumento de pobres en todo el mundo.

Asimismo, destacaron el agravamiento del deterioro ambiental por una explotación intensiva de los recursos naturales por parte de empresas multinacionales, más proclives al pago de multas que a la recuperación del medioambiente.

La globalización de este sistema excluyente fue materia de análisis de jornadas de ciencia política y seminarios de varias disciplinas.

Motivada por el tratamiento de estos temas es que sintetizaré algunas ideas provenientes, por un lado, de las normas internacionales vigentes y, por el otro, del campo de la Filosofía del Derecho con el afán de comprender el mundo en el cual quizá nos toque vivir en un futuro no muy lejano.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se formó la Organización de Naciones Unidas.

Y tres años después, el 10 de diciembre de 1948, tuvo lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual, entre otros, consagra el derecho a la seguridad social, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, la asistencia médica y a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esa declaración se hagan plenamente efectivos.

Desde entonces hasta la actualidad, las naciones representadas en la ONU efectuaron diversas declaraciones. En tal sentido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a trabajar y la obligación de los Estados de tomar medidas adecuadas para garantizar este derecho.

Así también el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre, debiendo cada Estado y en conjunto con otros, adoptar medidas que incluyan la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.

Conformación de una sociedad global sin gobierno mundial

En 1986, la Declaración del Derecho al Desarrollo como Derecho Humano sostiene que todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él; el derecho de los pueblos a la libre determinación y derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Otro elemento esencial del derecho al desarrollo es el deber de cooperación para el desarrollo, para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, basado en la “igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos”.

En 1995, la Declaración de Copenhague comprometió a Estados y gobiernos del mundo a promover el desarrollo social y a velar porque los programas de ajuste estructural incluyan objetivos de desarrollo social y erradicación de la pobreza.

Es hora de que estas declaraciones se vuelvan operativas, y no meramente programáticas. Para ello es menester construir una comunidad ética universal, regida por una Constitución que obligue a todos los Estados a su cumplimiento, estableciendo procedimientos de enjuiciamiento y sanciones para Estados y también empresas trasnacionales que violenten los derechos a que aluden las declaraciones antes expuestas.

En esta línea, Jurgen Habermas propone la conformación de una sociedad global sin gobierno mundial. Si no, la existencia de una Constitución que otorgue forma legal a las declaraciones de derechos y limite los poderes ya existentes en la sociedad.

Advierte que la evolución constitucional del derecho internacional, a diferencia de la configuración de los Estados nacionales modernos, procede de la asociación no jerárquica de actores colectivos hacia las organizaciones supra y transnacionales de un orden cosmopolita.

El Derecho como producto de una lucha que se libra en el campo social

La observación de los estatutos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea, denota que el programa de un orden cosmopolita democrático dispone actualmente de un nivel constitucional más desarrollado que la débil capacidad efectiva de legislación y ejecución de las organizaciones internacionales.

Habermas propone fortalecer los mandatos de gobierno de las mismas, dotándolas de poderes legislativos y ejecutivos mayores de los que hoy exhiben, sin que los Estados desaparezcan como entes soberanos.

El diseño que el filósofo alemán nos propone para la conformación de una comunidad global consiste en una estructura compuesta por tres niveles de gobierno: El supranacional, quedaría reservado a la O.N.U., circunscripta a sus originales propósitos de preservar la paz y proteger los derechos humanos, sin erigirse en una república mundial.

El nivel intermedio, transnacional, estaría compuesto por las organizaciones que nuclean a las potencias principales y por los bloques regionales que, en foros permanentes, tratarían las cuestiones más acuciantes de la política global, como las económicas y las ecológicas.

El tercer nivel estaría compuesto por los Estados nacionales, los cuales, si bien cederían parte de su capacidad de decisión en esas materias en favor del nivel anterior, conservarían los atributos de su soberanía, con las restricciones en el derecho a la guerra y la obligación de respetar los derechos humanos.

Para hacer realidad este esquema, debería democratizarse el Consejo de Seguridad de la ONU, fortalecer la jurisdicción vinculante de la Corte Penal Internacional y ampliar la Asamblea General de la ONU con una nueva cámara que represente a los ciudadanos del mundo.

Pero el Derecho no se genera espontáneamente. Es producto de una lucha que se libra en el campo social, dando origen a una contracultura. Nuevas prácticas de intercambio, cooperación en lugar de competencia, participación de movimientos populares en lugar de conformismo y disciplinamiento social, deben marcar la agenda de la transformación estatal.

Los “movimientos de lo común” (expresión utilizada por el sociólogo francés Christian Laval aludiendo a movimientos sociales y experiencias cooperativas que se alzan contra el neoliberalismo) tejerán las redes de comunicación necesarias para la constitucionalización de los derechos sociales, económicos y ambientales a nivel global.

**Magister y profesora adjunta de Estructura Jurídica del Estado. Facultad de Ciencia Política (UNR)

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En el medio de un contexto mundial por demás adverso por donde se lo mire, en mayo de 2020 se lanzó la llamada Internacional Progresista (IP), un foro que se trazó el objetivo de organizar y movilizar todas aquellas fuerzas que se reconozcan y sean reconocidas como progresistas para constituir un frente común con el objetivo de frenar o paliar el avance de los sectores de derecha en todo el mundo.

Hace apenas unos días el organismo tuvo su primera cumbre mundial de tres días –de modo virtual, desde ya– donde la temática excluyente rondó sobre un dilema central de los días que corren: “Internacionalismo o Extinción”.

La cumbre contó con varias presencias de alto nivel intelectual y de asidua participación en las discusiones o debates de las problemáticas más urgentes que afectan a la humanidad. Entre ellas destacaron el economista y líder del partido griego MeRA25, Yanis Varoufakis, la periodista y activista canadiense Naomi Klein y el filósofo, pensador y activista norteamericano Noam Chomsky.

En la ocasión también tuvo lugar un debate que atañe fundamentalmente a una problemática hoy lamentablemente en boga en buena parte de Latinoamérica, y que se dio en llamar “Lawfare y la lucha por la democracia en América Latina”, coordinada por la organización Whipalas por el Mundo y en la que fueron parte los candidatos a la presidencia en Ecuador, Bolivia y Colombia, Andrés Arauz, Luis Arce y Gustavo Petro, respectivamente, y en la que participó la argentina Alicia Castro, miembro del Consejo de la IP.

Además de los mencionados, los otros miembros del Consejo de la IP  son el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa; el ex candidato presidencial del brasileño Partido de los Trabajadores Fernando Haddad; el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el ex canciller brasileño Celso Amorim; la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta; los actores John Cusak (Estados Unidos) y Gael García Bernal (México), el filósofo croata Srećko Horvat, el político y activista chileno Giorgio Jackson y la escritora india Arundhati Roy, entre algunos de los más reconocidos.

En lo que respecta a Argentina, además de las mencionadas Castro y Gómez Alcorta, son de la partida la socióloga Alcira Argumedo;, el filósofo Ricardo Forster y el psicoanalista Jorge Alemán; los periodistas María Seoane, Cynthia García, Tema Luzzani y Marco Teruggi, la actriz Cecilia Roth, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, y los sindicalista Roberto Pianelli (titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Metrodelegados) y Víctor Santa María, entre otros.

Una alternativa internacionalista concreta

Como breve texto de fundamento, Chomsky escribió: “La Internacional Progresista se lanza en un momento único de la historia de la humanidad, con una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad. La historia futura, de hecho el destino de la especie, estará determinada por la forma en que nos enfrentemos a ella. Los medios están a mano.

No hay tiempo que perder. La misión de la Internacional es verdaderamente histórica”. La intención de este texto se puso de manifiesto con los resultados de los debates que podrían sintetizarse en que la constitución de la Internacional Progresista resulta un alternativa  internacionalista concreta para oponerse a los devastadores efectos de la globalización y a los exacerbados nacionalismos.

Durante la cumbre, que abrió con discursos de Chomsky y de Klein, se sucedieron conferencias, discusiones, planificaciones y toma de decisiones para lanzar plenamente la organización y se trazó un plan de actividades para el próximo año, “frente al capitalismo que está arruinando las perspectivas de la humanidad”. Buena parte de los expositores coincidieron en la necesidad de encontrar otros rumbos de cara a cierto colapso del capitalismo, con sus nefasta consecuencias económicas y medioambientales.

Desde el inicio, Noam Chomsky trazó una suerte de eje rector de la cumbre al advertir: “El destino de la existencia de la humanidad depende de la lucha entre la internacional progresista y la reaccionaria”, y llamó al progresismo del mundo a entender que este es el momento de dar esa pelea, porque luego podría ser demasiado tarde.

«Este es el momento de demostrar que, sí, hay una alternativa progresista internacionalista tanto a la globalización como al nacionalismo», señaló el también ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. Y contextualizó: “Dos internacionalismos autoritarios están arruinando las perspectivas de la humanidad: lxs capitanxs de los bancos y las corporaciones a cuyos intereses el establishment liberal sirve a nivel mundial.

Y la Internacional Nacionalista xenófoba que promete a lxs desencantadxs de cada nación hacerlxs sentir orgullosos de nuevo poniéndolxs en contra del migrante, el extranjero, el «otro». Sólo un tercero, un internacionalismo progresista, puede contrarrestar estos dos internacionalismos autoritarios”.

Salir más radicalizados de la pandemia

La ex embajadora de Venezuela y el Reino Unido, la argentina Alicia Castro subrayó que en medio del caos y la violencia surgió un gran debate entre pensadores, filósofos y cientistas políticos que debería permear y orientar a la política.

“Podemos distinguir dos grandes tendencias, que se pueden resumir en las posiciones del filósofo (Slavoj) Zizek, que augura que la pandemia le dará un golpe al capitalismo y habrá una reinvención del comunismo basado en la confianza, la solidaridad y la ciencia; y la del surcoreano Byung-Chul Han, que advierte que tras la pandemia el capitalismo continuará con más pujanza porque el virus nos aísla y no genera sentimientos colectivos, y traerá aparejado un mayor control de los estados y restricciones a las libertades individuales.

Dentro de este dilema pienso como (Antonio) Gramsci con el optimismo de la voluntad y con el pesimismo de la razón; pero a medida que pasan los meses y se profundiza esta tragedia humanitaria, soy cada vez más pesimista porque no veo que se estén tomando medidas de fondo. Yo espero que salgamos de esta pandemia siendo más radicales”.

Esa expresión de Castro se plasmó en la mesa redonda sobre el derecho en América Latina, de la que participaron los mencionados Petro, Arce y Arauz y que sobre el final anticipó la propuesta de que la próxima cumbre –apostando para que sea presencial–, se realice en Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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Con la explícita intención de aportar a la reflexión y a la acción sobre la brecha de género que existe en el sector de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, (Stem, por sus siglas en inglés), la ONU Mujeres (entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres) presentó recientemente los resultados de un estudio realizado en 2019 sobre la participación femenina en este sector de actividad en América Latina y el Caribe.

El estudio, “Las Mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas América Latina y el Caribe”, se define como “un documento analítico y comparativo sobre las principales experiencias e iniciativas implementadas en América Latina y el Caribe para fomentar y promover la participación de mujeres y niñas en el sector de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y fue elaborado por el experto italiano Alessandro Bello.

Su extenso desarrollo bucea, como es lógico, sobre las desigualdades, la brecha, las oportunidades reales y la paridad, todo en relación al género. Es decir, cual es la participación y el lugar que ocupan las mujeres en el mundo académico en América Latina y el Caribe. Y claro está, todo atravesado por la pandemia del covid-19.

“Las disciplinas Stem resultan claves para afrontar algunos de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, desde la mejora de la salud, y la lucha contra el cambio climático, hasta la igualdad de género en todos los niveles. Su estudio puede proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para crear sociedades inclusivas y sostenibles.

La ciencia y la tecnología, sectores en rápido crecimiento, son vitales para las economías nacionales y, en consecuencia, las habilidades Stem han sido identificadas como necesarias para que un país siga siendo económicamente competitivo”, afirma María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, en el prólogo.

Y agrega de manera contundente: “A pesar de su relevancia, las mujeres han estado persistentemente subrepresentadas en varios campos Stem. Los factores que conducen a los resultados desiguales para hombres y mujeres en Stem son complejos y variados y, por consiguiente, no son fáciles de abordar, y algunos pueden ser más influyentes, en una etapa de la vida, que otros.

Esta disparidad comienza en las aulas desde edades tempranas y abarca ámbitos tan amplios como la investigación, el desarrollo de las carreras profesionales y el acceso a los empleos generados en estas áreas, o el uso que se hace de los productos generados en las áreas Stem.

A pesar de los notables avances logrados en las últimas décadas, todavía es muy reducido el número global de investigadoras mujeres en el campo de las ciencias. En julio de 2019 la tasa mundial promedio de mujeres investigadoras era de sólo 29,3 por ciento (según el Instituto de Estadística de la Unesco), y la brecha se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón. De hecho, sólo tres por ciento de los Premios Nobel en ciencias han sido otorgados a mujeres.

Algunas de las ocupaciones Stem con mayores ingresos, como la informática y la ingeniería, tienen los porcentajes más bajos de mujeres trabajadoras”.

Y continúa Vaeza: “Dar a las mujeres igualdad de oportunidades para desarrollar y prosperar en carreras Stem ayuda a reducir la brecha salarial de género, mejora la seguridad económica de las mujeres, garantiza una fuerza de trabajo diversa y talentosa, y evita los sesgos en estos campos y en los productos y servicios elaborados”.

Sólo para entender la magnitud de la problemática, es preciso recordar que a escala planetaria un 45 por ciento de las mujeres están conectadas a Internet, mientras que el 30 por ciento de las estudiantes mujeres optan por carreras dentro del sector Stem y sólo el dos por ciento de los fondos de inversión se destinan a proyectos liderados por mujeres.

Siguiendo los datos que proporciona el Instituto de Estadística de la Unesco, el informe cita que “alrededor del 27 por ciento de los países había logrado alcanzar lo que se caracteriza como paridad de género, donde las mujeres representan entre el 45 y el 55 por ciento del total de investigadores”.

Sin embargo, allí donde hay paridad de investigadoras, se señala que “las mujeres a menudo enfrentan techos de cristal importantes” y se observa que “la representación de las mujeres se reduce a medida que avanzan en sus carreras, lo que significa que la brecha de género se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón”, tipificado esto último como “segregación vertical”.

Pero, además, la segregación no es sólo vertical, sino también horizontal. En efecto, “las mujeres también se encuentran mejor representadas en el sector de la salud que en los campos de las Stem, tanto como graduadas (especialmente al nivel de doctorado) como investigadoras profesionales, al tiempo que la brecha de género se evidencia especialmente en disciplinas como las matemáticas, la ingeniería y la informática”.

A nivel mundial, según datos de Unesco de 2017, “las áreas educativas más dominadas por los hombres son las de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la ingeniería, cuyas tasas globales de matriculación de mujeres son del 27 y 28 por ciento, respectivamente”.

En ese contexto, sólo Azerbaiyán, Malasia, Mongolia y Venezuela “alcanzaron la paridad en términos de mujeres investigadoras como porcentaje del total de investigadores en el campo de la ingeniería y la tecnología”.

Otro aspecto importante como indicador de la problemática es la publicación de artículos científicos. El informe señala que las mujeres publican menos, a nivel mundial, que sus colegas hombres. En este sentido, da cuenta de un estudio realizado por Wang, L., Stanovsky, G., y Weihs, L. (2019) Gender. trends in computer science authorship. Cornell University / Género. Tendencias en la autoría informática, en castellano) que tras analizar 2,87 millones de artículos sobre informática publicados hasta 2018, afirma: “Si la actual tendencia continúa, no se logrará alcanzar la paridad de género antes del año 2100, y esto según la proyección más optimista del estudio”. Por otro lado, las tendencias globales indican que “las publicaciones escritas por mujeres son menos citadas que las publicadas por hombres”.

El panorama en la región

Si bien el informe de ONU Mujeres señala que a nivel mundial “sólo el 35 por ciento de los estudiantes de carreras y programas del campo de las Stem son mujeres”, la cuestión en la región es más equitativa.

“América Latina y el Caribe es una de las dos regiones que han alcanzado la paridad en la proporción de hombres y mujeres investigadores, ya que 45 por ciento del total de investigadores son mujeres”, dice el informe.

Al realizar un análisis por países se observa que Argentina, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Uruguay alcanzaron la parida señalada. Además, el estudio da cuenta que Venezuela “ya ha logrado atravesar el umbral de la paridad, con el 60 por ciento de mujeres investigadoras” y cinco países están cerca de alcanzar los valores deseables: Costa Rica (42,8), Ecuador (41), El Salvador (39,2), Bolivia (37,5) y Colombia (37,3). En tanto, en Chile, México y Perú las mujeres todavía representan menos del 34% por ciento del total de investigadores.

Pero, aún valorando la inclusión descripta, nada es lo que parece. Es que el estudio llama la atención que a pesar de la paridad en la matrícula, “la segregación horizontal y vertical continúa siendo elevada: las mujeres investigadoras aún se encuentran subrepresentadas en los niveles más altos de las carreras profesionales y continúan siendo una minoría en muchos campos de las Stem en casi todos los países de la región”.

En efecto, si bien en la región se repite el patrón a escala mundial, solo Uruguay y Perú, tienen paridad en egresadas universitarias en ingeniería, manufactura y construcción, con un porcentaje de 45,9 y 47,5 respectivamente.

El análisis agrega un informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018, el cual señala que “los dos países que presentan las mayores disparidades en este sentido son Chile y El Salvador, donde las mujeres sólo representan el 17 por ciento del total de graduados en ingeniería, industria y construcción, y en las tecnologías de información y comunicación”.

Pero además de la matriculación el trabajo incluye datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, donde se indica que “la proporción de investigadoras mujeres que trabajan en el ámbito de la ingeniería y la tecnología en la región es mucho menor que la de los hombres”.

Efectivamente, en 2017, “del total de investigadores en ingeniería y tecnología, sólo el 36 por ciento eran mujeres en Uruguay; el 26 en Colombia; 24 en Costa Rica; 21,5 en Honduras; Bolivia y Perú alrededor del 19 y en El Salvador el 17 por ciento”.

A esta muestra clara de segregación horizontal, se agrega que “las mujeres también son minoría en el campo de la agricultura y las ciencias veterinarias, mientras que en la mayoría de los países tienden a estar sobre representadas en las ciencias médicas y en la salud mental, y en las ciencias sociales”.

Como fue expresado, las desigualdades de género se observan también en las publicaciones científicas: “Las mujeres sólo publican el 38 por ciento de los artículos de ciencias físicas y químicas, y el 30 de los de ingeniería”, haciendo referencia a un estudio de 2018 de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El informe también ofrece propuestas e ideas para su implementación concreta. En este sentido, señala con claridad el rol del Estado: “El análisis muestra que sólo unas pocas iniciativas han sido implementadas en colaboración con múltiples instituciones a diferentes niveles.

Así, a fin de garantizar la incidencia de las políticas y los instrumentos, es preciso fortalecer la coordinación entre los actores. Esto podría involucrar el desarrollo de programas conjuntos entre varios sectores del gobierno, como los ministerios de educación, los ministerios de igualdad de género o de la mujer, los ministerios de ciencia, tecnología e innovación, y los ministerios de trabajo, así como el establecimiento de comités nacionales interinstitucionales”.

Un mensaje esperanzador, pero también de mucho trabajo

“Si bien los primeros pasos han sido dados, resta mucho por hacer para reducir la brecha de género en Stem, un objetivo que requerirá esfuerzos a diferentes niveles institucionales y de políticas, pero también a nivel educativo.

Es preciso que en este esfuerzo se involucren a diferentes actores, tanto gubernamentales como los provenientes de universidades y del sector público.

Hoy más que nunca necesitamos seguir trabajando para lograr un mundo mejor, donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y puedan alcanzar su pleno potencial para el bien de la sociedad, dado que la igualdad de género es una importante condición previa para el progreso hacia el desarrollo sostenible en la región”, concluye el documento.

Link del documento: https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/09/mujeres-en-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas-en-america-latina-y-el-caribe

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La política exterior de la administración Putin se basa en posicionar a Rusia como una potencia de primer orden a nivel mundial, como lo era en los tiempos soviéticos.

Es por esto que ha desplegado su accionar en varios lugares del mundo para expandir su influencia militar, económica y política. La región del Medio Oriente forma parte de esta estrategia con pretensiones globales.

Las inestabilidades que atraviesa esta región le permitieron a Rusia expandir su influencia y ofrecerse como un mediador de estos conflictos, por un lado, y disminuir la presencia de Occidente, por otro.

Como consecuencia de la incursión que hizo el Kremlin en Ucrania en 2014, le fueron impuestas sanciones económicas, lo que obstruyó su acceso a las inversiones extranjeras y las tecnologías occidentales, añadiendo más dificultades a la economía en franca retracción.

Siguiendo a Styagin podemos afirmar que Rusia estaba perdiendo su estatus como un poder hegemónico en el mundo, por lo cual el gobierno de Putin se propuso cambiar las normas y reglas mediante las cuales el orden mundial está “gobernado”.

Es decir, que Moscú busca la restauración de la esfera de influencia rusa, para así poder volver a jugar un papel importante, si no dominante, en las relaciones internacionales.

Política activa en Medio Oriente

Es en este marco que podemos ubicar la intervención en Siria. Si bien la ex Unión Soviética ya poseía fuertes vínculos con el gobierno sirio, en el momento de su colapso se estancaron. Sólo luego de la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000, Moscú reanudó una política activa en Medio Oriente.

En la siguiente década, la política rusa en la región estuvo marcada por un factor que ha ido cambiando el contexto geopolítico regional y, en cierta forma, internacional, como fue la llamada “primavera árabe”.

El Kremlin temió que la agitación  política en Medio Oriente pudiera contribuir a la radicalización de las poblaciones musulmanas y al extremismo violento, incluso dentro de Rusia, debido a su conflicto en Chechenia y a los episodios violentos en otras repúblicas predominantemente musulmanas en el Cáucaso Norte.

En este contexto, y luego de cuatro años de guerra en Siria, iniciada por los enfrentamientos producidos entre el gobierno de Bashar Al-Assad y la oposición en 2011, Rusia comenzó a intervenir en el país directamente a través del envío de tropas y armas.

La intención del gobierno de Putin era, en este caso, la de apoyar al gobierno sirio para que se mantenga en el poder, y constituir un éxito en lo que refiere a su política exterior.

Minar el poderío de la Otan y neutralizar la “amenaza terrorista”

En Siria, a los manifestantes civiles se les unieron las milicias insurgentes, que, junto con las actividades de grupos terroristas como el ISIS, causaron la peor guerra en lo que va del siglo XXI, según lo considerado por una nota del diario español El País de marzo de 2020.

La internacionalización del conflicto llevó a que varios Estados como Turquía, Rusia, Estados Unidos o Irán intervengan y funcionó como un desestabilizador para la región.

Si el gobierno de Putin es capaz de encontrar una solución a este devastador conflicto, eso le permitirá al país erigirse como un poder importante en Medio Oriente y legitimar su accionar en Siria.

Preservar al régimen de Bashar al-Assad asegurará definitivamente la presencia rusa en el Mediterráneo y le permitirá a Moscú preservar una voz significativa en la política regional. De hecho, Siria es el único país en el Mediterráneo que puede proveer a Rusia con bases navales y aéreas para el apoyo aéreo del escuadrón naval mediterráneo ruso.

Rusia posee una base naval en Tartus y una base aérea cerca de Latakia, lo que le permite expandir su influencia en esa zona y minar el poderío de la Otan, alianza militar creada por Estados Unidos con los países europeos occidentales y Canadá, para resguardarse de la ex Unión Soviética.

Luego de la disolución de esta última, la Otan continuó funcionando y llevó a cabo intervenciones en varios países que pertenecían anteriormente a la Unión Soviética. Putin pretende minar el poderío de Estados Unidos y de la Otan en la región y afectar su relación con Turquía, miembro desde 1952, como se explicará más adelante.

En este sentido, el artículo 4 del tratado ha sido invocado a fines de febrero por Turquía luego de recibir ataques contra sus posiciones militares en Siria. Este hecho resulta importante a nuestro análisis ya que parecería que Erdogan, luego de su acercamiento con Moscú, podría nuevamente posicionarse del lado estadounidense y europeo.

Para legitimar su accionar en Siria, Rusia argumenta que el envío de tropas tiene el propósito de luchar contra los “terroristas”, legitimando así también sus posibles ganancias en Siria a los ojos de la comunidad internacional.

Neutralizar la “amenaza terrorista” en tierras lejanas para defender a la población rusa por la posible migración de esa amenaza también sirve como propaganda doméstica.

Mediador indispensable

Rusia procura explotar lo que ve como fallos de las políticas occidentales en Medio Oriente y erigirse como una alternativa para los líderes regionales. Además, su presencia en el conflicto sirio le permitió posicionarse como un “mediador indispensable” en la resolución de las controversias, y fortalecer sus relaciones con otros actores que se encuentran involucrados.

Este es el caso de Turquía, pero también de otros países como Israel o las denominadas “petromonarquías”, en especial con Arabia Saudita. Mediante una disposición al uso de la fuerza militar y una actividad diplomática fuerte, Moscú supo mostrarse como un aliado importante para varios países en la región, y así ir minando la presencia estadounidense.

Rusia ha logrado tratar con países y grupos con intereses totalmente contrapuestos e incluso enfrentados entre sí. Ejemplo de esto es el acuerdo de Paz de Astaná de 2017 entre el gobierno y la oposición siria, que pretende ponerle fin al conflicto.

Así, a continuación veremos más en detalle algunas de las alianzas que resultan clave para comprender las relaciones que construyó Rusia con otros actores importantes a fin de buscar una resolución al conflicto sirio.

Contener la presencia militar de Irán

En primer lugar, la alianza entre Moscú y Teherán en Siria está basada en el interés común de mantener al régimen sirio en el poder. Ahora bien, existen divergencias en el escenario post-conflicto por el poderío regional al que ambos países aspiran, ya que sus estrategias suponen roles excluyentes.

Por otro lado, la alianza con Ankara es situacional en la más grande confrontación con Estados Unidos y Europa Occidental, ambos buscando una dominación regional en el Medio Oriente.

Sin embargo, mientras los intereses turcos están relacionados directamente con la frontera que comparten con Siria y donde la población kurda quiere tener su región independiente, Rusia está jugando en un panorama más amplio. Turquía no sólo se niega a concederles la autonomía sino que quiere que los kurdos desalojen 30 kilómetros de la frontera.

Además, considera como terrorista al grupo de las Unidades de Protección Popular (YPG), por sus vínculos con las milicias del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

Las milicias kurdas forjaron una alianza con Estados Unidos bajo el compromiso de que les ayudarían a combatir al Estado Islámico y posteriormente se fueron uniendo bajo una coalición llamada Fuerzas Democráticas Sirias (SDF).

En su papel de mediador, Rusia mantuvo reuniones con los presidentes de Siria y Turquía por la situación de Idlib, así como también realizó ejercicios militares conjuntos con Irán, y sostuvo encuentros con Netanyahu, mandatario de Israel.

En relación a esto último, Israel espera que Rusia pueda contener la presencia militar de Irán, especialmente en la frontera entre Israel y Siria. Si bien se sucedieron varios incidentes que pudieron tener consecuencias diplomáticas, ambos países mantienen contactos estrechos, ya que sus mandatarios se reúnen periódicamente.

Todo esto en el contexto de una menor presencia norteamericana, producto de la política del presidente Donald Trump, que retiró gran parte de sus tropas de Siria en octubre del año pasado y cuyo foco es ahora lograr la reelección, en un contexto nada favorable para su gobierno.

Esto último teniendo en cuenta el acuerdo firmado en el mes de agosto entre el YPG y la empresa estadounidense Delta CrescentEnergy para la extracción y explotación del petróleo sirio de los pozos controlados por los kurdos, el cual genera una incógnita sobre los futuros planes de Washington.

Volver al centro del orden global

Así, el Kremlin juega un papel clave en la solución del conflicto sirio, ya que cualquier acuerdo debe considerar sus intereses. Además, al poseer el poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y con el apoyo de China, todas las resoluciones consideradas contrarias al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países discutidas en este órgano con respecto a Siria son vetadas por ambos.

Según un artículo de Magen y Rabinovich publicado en la revista INSS Insight, Putin remarca sus buenas relaciones con todos los países del Medio Oriente, y su interés en fomentar la cooperación en la región como un sustituto a Occidente.

Por lo tanto, su intervención en Siria es solo una pieza más en la estrategia de hacer que Rusia vuelva a estar en el centro del orden global. Con la pandemia del coronavirus expandiéndose por Medio Oriente, varias organizaciones internacionales han pedido el cese inmediato de las hostilidades para evitar a los civiles “un sufrimiento adicional”, según lo declarado por el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir O. Pedersen, y recogido por Europa Press en abril.

El virus aceleró la crisis humanitaria en Siria, lo que hizo que Rusia ofreciera asistencia médica al gobierno, replicando esta estrategia en otros países afectados.

Cualquier solución que se proponga para resolver este conflicto, tendrá que satisfacer los deseos de varios de los actores involucrados, especialmente los rusos, ya que este país es uno de los actores centrales y tiene el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos en su beneficio.

** Escuela de Ciencia Política (UNR)

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La cuestión de los derechos humanos en el Sudeste Asiático históricamente fue un asunto interno de cada uno de los Estados, hasta que en septiembre 2009 se creó la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asean.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés) es una organización gubernamental de cooperación regional, que fue constituida en 1967 por cinco Estados con el propósito inicial de acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional.

Hoy en día cuenta con diez países miembros (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya) y tanto sus funciones como objetivos se han visto ampliados, al igual que en otros procesos de integración regional del mundo.

Uno de estos aspectos tiene que ver justamente con los derechos humanos. En junio de 1993 tuvo lugar en Viena la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional renovó su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos.

A partir de entonces, los países del Sudeste Asiático comenzaron a trabajar para desarrollar un mecanismo regional de protección de dichas facultades.

Fue así como luego de años de trabajo conjunto entre los gobiernos y otros actores claves de la sociedad civil, se logró establecer en 2009 una comisión de derechos humanos en el marco de la Asean, que constituyó el primer organismo de su clase en la región.

En efecto, la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos tiene como principal tarea promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos que conforman la asociación, así como impulsar la cooperación regional en esta temática.

Declaración de Phnom Penh

En septiembre de 2019 el organismo cumplió 10 años desde su creación, pero los avances en la materia tienen un sabor agridulce. Si bien por un lado hay que destacar importantes progresiones, por el otro lado todavía resta mucho por trabajar.

Dentro de los aspectos positivos cabe resaltar, en primer lugar, que con la creación de la Comisión el sistema de derechos humanos del Sudeste Asiático ha ido más allá de un régimen puramente declarativo.

En este marco, los gobiernos de la Asean han implementado medidas y acciones prácticas encaminadas a orientar a todos los Estados, incluidos los más reluctantes, a realizar reformas en sus legislaciones nacionales y en sus sistemas judiciales para la correcta garantía y respeto de los derechos humanos.

En segundo lugar, la Comisión sirve de foro de discusión para posteriormente acudir a los mecanismos universales de derechos humanos con posiciones consensuadas.

En relación con ello, los países de la Asean han declarado su apoyo a las normas internacionales y defienden la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A su vez, han adoptado varios documentos claves; pero el paso más importante lo dieron en 2012, cuando en la 21ª Cumbre de la Asean celebrada en Camboya se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos de la organización, más conocida como la Declaración de Phnom Penh, que contempla los derechos fundamentales de los individuos de la región.

Funciones muy modestas y efecto paralizador

El otro logro relevante es que a partir de 2012, debido a las fuertes presiones de las organizaciones civiles de derechos humanos, las comunicaciones y quejas sobre violaciones de derechos humanos se pueden enviar a la Comisión a través de la Secretaría de la Asean.

No obstante, hasta el momento el organismo aún no ha tomado ninguna acción pública para responder a las situaciones presentadas, por lo que ha demostrado ser débil e ineficaz en el tratamiento estas cuestiones.

De ello se desprenden algunos puntos endebles que en estos diez años la organización no ha podido remediar. El primero tiene que ver con el Estatuto de la Comisión, cuyas funciones son muy modestas si se compara con los mecanismos existentes en otras regiones.

De hecho, en la Cumbre inaugural de 2009 el Primer Ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, dejó bien en claro que la función de la Comisión no sería investigar los abusos ni perseguir a sus responsables, sino fomentar el respeto de los derechos humanos y educar sobre su significado.

Por otra parte, la Comisión asiática ha estado inactiva y restringida ya que todas las decisiones requieren que se tomen por consenso, lo que significa que cada Estado puede rechazar, mediante veto, las críticas a su propio historial de derechos humanos.

Esto ha producido un efecto paralizador en sus acciones, sumado a que el Estatuto no prevé que los representantes de la Comisión tenga la posibilidad de realizar visitas oficiales a los Estados miembros, salvo que cuente con la previa invitación por parte de éstos.

Asimismo, el hecho de que el órgano presente sus informes ante la Reunión Ministerial de la Asean revela que no es independiente y que funciona más bien como un organismo auxiliar.

En este sentido, la falta de requisitos vinculantes de independencia y competencia para sus miembros, y el énfasis en las “particularidades regionales” y la “no injerencia en los asuntos internos”, dan cuenta de la ausencia de un mandato claro de protección de los derechos humanos.

Falta de voluntad política

Finalmente, algunas ONGs defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han criticado abiertamente la falta de protección de los derechos de las personas de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) y de los pueblos indígenas, que no han sido incorporados al texto de la Declaración de los Derechos Humanos de la Asean.

Desde su perspectiva, esta situación podría minar el respeto por las normas universales de derechos humanos. Cabe destacar entonces la intención de progresar en la institucionalización de un organismo regional de tutela de los derechos humanos en el Sudeste Asiático, pero no se pueden desconocer las dificultades que hasta el momento viene atravesando.

En efecto, la falta de voluntad política de los gobernantes para avanzar en el desarrollo de investigaciones y en la persecución de los responsables de los abusos contra los derechos humanos, da cuenta de las debilidades de la Comisión para garantizar su efectivo cumplimiento.

Esto tiene su correlato en que una parte considerable de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales son cometidas por la propia estructura estatal. Como resultado, la cuestión de los derechos humanos en esta región de Asia debe ser un aspecto a reforzar.

** Escuela de Ciencia Política (UNR)

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En el siglo XXI, la problemática del cambio climático se presenta como uno de los retos más desafiantes para la comunidad internacional.

Por una parte, una de sus mayores causas es el gran incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) generadas por los países más desarrollados y las potencias emergentes.

Por otra parte, sus principales manifestaciones se han observado en consecuencias devastadoras en el medioambiente durante el último tiempo.

En este escenario, India se posiciona como uno de los cinco mayores emisores mundiales de GEIs, debido principalmente al desarrollo en los últimos años de una industria basada en el uso intensivo de petróleo, carbón y gas.

Ello ha provocado que repetidas veces, en el marco de las negociaciones internacionales, se pose la mirada sobre este país asiático. La República de India está situada al sur del Himalaya y en un terreno subtropical, con una topografía, clima y biosfera en gran parte diversas, abarcando un área geográfica de 3.280.000 km2.

India es el séptimo país más grande del mundo y se encuentra bajo una gran presión para mantener hábilmente un camino de desarrollo sostenible y aprovechar sus recursos de manera eficiente.

Cabe remarcar que posee un sistema climático único dominado por monzones (vientos que producen lluvias torrenciales y fuertes inundaciones, de los cuales dependen los cultivos de algodón o arroz), que son impulsados por su ubicación, topografía y los océanos que rodean la región.

En consecuencia, India está geográfica y ecológicamente expuesta a grandes riesgos pronunciados por la existencia del cambio climático, tales como inundaciones, sequías, calor extremo, contaminación del aire producto de la industria, deforestación, erosión de los suelos, pastoreo excesivo, entre otros.

Un poder emergente

Históricamente, desde la independencia en el año 1947 hasta inicios de los años noventa, el medioambiente no fue un tema de relevancia para Nueva Delhi.

Durante aquel período India estuvo abocada al abordaje de temáticas estructurales consideradas más urgentes para la época, como el desarrollo económico, la reducción de los índices de pobreza, la inserción internacional o los conflictos regionales irresueltos por cuestiones de soberanía.

Sin embargo, en el contexto internacional posterior a 1990, Nueva Delhi se presentó más proclive a tratar las cuestiones climáticas al comenzar a manifestar un mayor interés y responsabilidad tanto a nivel interno como externo.

Dicho tema fue incluido en la agenda gubernamental desde el gobierno de Manmohan Singh (2004-2014), representante del Partido del Congreso, el tradicional partido indio.

De esta forma, es factible afirmar que desde el año 2004 se esbozó una política de cambio climático, sustentada en múltiples iniciativas nacionales e internacionales, un accionar anclado en un contexto global donde India comenzaba a ser considerada un poder emergente.

Responsabilidades de los países desarrollados

En 2014, llegó al poder Narendra Modi, líder del Bharatiya Janata Party (BJP), partido de orientación nacionalista y opuesto al mencionado Partido del Congreso.

En el mismo año de su asunción, el ministerio de Medioambiente y bosques comenzó a ser denominado ministerio de Medioambiente, Bosques y Cambio Climático.

Así, la actuación por parte del BJP, mucho más contundente y protagónica, tanto a nivel local como en los foros internacionales de discusión sobre cambio climático, marcó más continuidades que rupturas con la gestión de su predecesor en el tratamiento del tema, más allá del cambio de color político en el partido gobernante.

Ahora bien, al observar el posicionamiento en las negociaciones internacionales por parte de Nueva Delhi, puntualmente en la Conferencia de las Partes (espacio surgido en el marco de Naciones Unidas para tratar el cambio climático), el G20 o el Foro BRICS, emergen ciertas cuestiones centrales que vinculan esta problemática ambiental con la defensa del desarrollo por parte de India, objetivo sumamente destacable dentro del interés nacional.

Por un lado, uno de los principios fundamentales que guió la posición del país asiático respecto a los compromisos que deben tomar los diferentes Estados fue el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Esta concepción, generalmente defendida por los Estados del denominado Sur Global, hace referencia a que las responsabilidades en reducción de emisiones de GEIs son mayormente de los países desarrollados, debido a que ya han podido cumplir un ciclo de expansión y producción extensiva a costa de una gran cantidad de emisiones desde la Revolución Industrial.

Por ello, ahora no sería momento de limitar los niveles de emisiones de los países en desarrollo, quienes también deben tener oportunidad para aumentar su crecimiento.

Negociador líder del mundo en desarrollo

Por otro lado, en el marco de los foros mencionados anteriormente, India también esbozó ciertos conceptos como “justicia climática” y “equidad per cápita de las emisiones”.

El primero hace referencia a que el calentamiento global debe ser considerado como un problema ético y político, que no afecta a todo el mundo por igual, y que por lo tanto debe protegerse a las personas y territorios más vulnerables.

El segundo, también presente en los discursos oficiales indios, considera que el derecho a la igualdad de las emisiones per cápita reconoce las posibilidades fundamentales de todas las personas y sus derechos al crecimiento económico.

En tal sentido, India se destacó como uno de los negociadores líderes del mundo en desarrollo. Esto fue observado en su desenvolvimiento en las mesas de negociación, el cual estuvo caracterizado por evitar la consolidación de un régimen climático que obligue a tomar compromisos vinculantes que limiten las emisiones de GEIs, ya que condicionaría sus niveles de crecimiento.

Comportamiento responsable pero compromisos sólo declarativos

De esta manera, podemos afirmar que el comportamiento externo de India respecto del cambio climático fue responsable debido a que el país nunca abandonó la defensa del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, para poder lograr la consecución de uno de los máximos intereses de la nación: el desarrollo económico.

Por otra parte, el accionar indio también fue pragmático, porque más allá de que defendió este principio, fue capaz de asumir compromisos ineludibles para su país a nivel internacional, por ejemplo en la firma del Acuerdo de París en 2015.

Para concluir, más allá de que India se esforzó por no quedar atrás en los debates climáticos internacionales y en desarrollar políticas gubernamentales a nivel interno que sean amigables con el medioambiente, se observó que igualmente en el último tiempo aumentó sus emisiones y que sigue situándose entre los mayores países contaminantes a nivel global.

Por lo tanto, se deduce que los compromisos de Nueva Delhi han sido más bien declarativos y que aún no han surtido efectos contundentes a nivel nacional.

** Licenciada en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR). Miembro del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA, PRECSUR-UNR)

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Vladimir Putin se ha convertido en el líder político ruso que más tiempo gobernó el país luego de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Se convirtió en el Primer Ministro de la Federación Rusa por primera vez en 1999, cuando Boris Yeltsin anunció su dimisión. Putin ha ocupado la presidencia en tres períodos: 1999-2004,2004-2008, 2012-2018, siendo reelegido para el cargo nuevamente en 2018, cuya administración duraría hasta el 2024.

Duraría, debido a que recientemente el máximo líder ruso ha promovido un cambio en la Carta Magna del país para permitirle permanecer en el poder durante dos mandatos más.

Además, esta modificación haría la presidencia más fuerte. Este paquete de cambios, luego de ser aprobado por el Tribunal Constitucional, será sometido a consulta popular, la cual fue pospuesta como consecuencia de los impedimentos que plantea el covid-19 tanto en Rusia como en el resto del mundo.

Los rusos quieren más Vladimir

El mensaje es claro: ante la incertidumbre y los desequilibrios, la mayoría de los rusos, o una gran parte al menos, quieren más Vladimir. Esto puede explicarse de la siguiente forma: cuando Putin accedió al poder en 1999, Rusia pasaba por un proceso de desestabilización.

El presidente Yeltsin había implementado una serie de reformas que habían debilitado al Estado, llegando al punto en el cual éste dejó de ejercer ciertas funciones propias; por ejemplo, numerosas regiones y repúblicas rusas poseían su propia legislación, que a veces contradecían a las instituciones federales.

Por otro lado, también se veía cuestionado el control que el Estado debía ejercer sobre los beneficios obtenidos de la renta de materias primas, lo cual supone una de las principales fuentes de ingresos de la Federación.

Las privatizaciones llevadas adelante por Yeltsin, dieron origen a diversos mecanismos de evasión de impuestos y tasas por parte de las grandes empresas. Ante esto, muchos rusos consideraban que su país estaba en riesgo: o de estallar, o de no poder recuperarse de las consecuencias de la disolución de la URSS y las radicales reformas que sobrevinieron de la mano de Yeltsin.

Democracia dirigida

Sumado a esto, Estados Unidos y sus aliados practicaban una política ofensiva hacia Moscú para reducir la influencia de ésta sobre su zona de predominio heredada de la Guerra Fría.

En ese momento Putin llega al poder. Y con ello, el rápido crecimiento económico y estabilidad política, con la restauración de las instituciones rusas en las diversas regiones de su territorio, la recuperación del control de la renta obtenida por las materias primas del país y la reconstrucción de la industria rusa.

En este marco podemos hablar del término democracia dirigida, que puede ser bastante útil para ilustrar los consecutivos mandatos del líder ruso: un gobierno democrático en el cual el presidente tiene un poder muy fuerte, incluso con tintes autoritarios.

La arquitectura de este tipo de democracia en Rusia tiene como base la idea de un presidente y un gobierno cercano a su pueblo, muy diferente al modelo gubernamental de la Unión Soviética.

Otro factor a tener en cuenta acerca de este modelo, es la idea de crear un método de gobernar en el cual si un ciudadano tuviera un problema, acudiría a sus gobernantes.

Tal vez esta idea fue implementada para desestimar las críticas que recibe el presidente y su gabinete, acusados de los altos niveles de violencia y persecución política existentes en Rusia.

Reconstrucción patriótica y temor al enemigo

Otra cuestión a tener en cuenta cuando pensamos en la permanencia de Putin en el poder, es la desconfianza hacia occidente y sus valores, no sólo por parte del gobierno, sino también por parte de la población.

La disolución de la URSS y los años posteriores fueron tiempos muy traumáticos para la población de la Federación Rusa, consecuencia, en gran parte, de la humillación sufrida por parte de los países aliados a Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Tal vez podemos afirmar que por ese motivo, tanto Vladimir Putin como la mayoría de los rusos, son fervientes nacionalistas. Tienen como objetivo reconstruir la Rusia grande que alguna vez fue y volver a ubicarla en el escenario internacional como una potencia competidora de occidente. Y Putin trabajó por ese propósito.

El buen precio que mantuvo el petróleo, el desarrollo de una dependencia por parte de Europa del gas ruso, entre otras cuestiones, hicieron que Rusia vuelva al plano económico internacional como un país fuerte.

Y la dureza de Vladimir es admirada por gran parte de la población del país que lidera, y muy despreciada por Occidente. Pero lo que molesta a los aliados del otro lado del globo, es que Putin no es un títere como lo fue Yeltsin.

Los reclamos por violaciones de derechos humanos, fraude electoral, intromisiones en asuntos internos de otros Estados, entre muchas otras acusaciones por parte de Estados Unidos y sus socios, serían soportados si el presidente del país más grande del mundo fuera pro-occidental.

Pero no es el caso, y la reconstrucción patriótica y el temor al enemigo siguen siendo factores de suma importancia en la sociedad rusa, heredera del trauma postsoviético, que mantiene el histórico fundamento de que Rusia es única.

Además, Rusia mantiene ciertas costumbres muy arraigadas, siendo las principales la religión ortodoxa, cuya importancia perdura en el tiempo; los campesinos, que siguen siendo numerosos y tradicionalistas; y por último, el estatismo exacerbado, ya que en Rusia el jefe de Estado (ya sean los antiguos Zares o actuales presidentes) tiene un poder que se encuentra muy concentrado en manos de ese único hombre, sumado al acostumbramiento de los rusos a ser dirigidos por líderes autoritarios, lo cual es una tradición difícil de olvidar o soltar.

Pero esta intolerancia y falta de libertad por parte de los dirigentes deben ser probablemente consideradas como una tradición rusa, más que como un legado de la época comunista, como bien dijo Bertrand Russell.

Pese a que, en general, la gente a lo largo y ancho del mundo cree que las privaciones de libertades a niveles alarmantes tienen su origen en el estalinismo, la realidad es que ya desde el momento en que Rusia era gobernada por los Zares (hace ya varios siglos), éstos utilizaban la fuerza para conseguir sus objetivos, privando a los ciudadanos de opinar.

Veinte años en el poder con posibilidad de perpetuarse

A pesar del ocaso del modelo putiniano, hay otra cara del régimen que no siempre es tan mencionada. La crisis económica, política y social que implicó la caída del sistema soviético, con consecuencias directas como la huída de capitales y la baja del precio del petróleo (esencial para la economía rusa), se superó completamente a partir del año 2010.

Sin embargo, la situación no retornó al pasado anterior a la crisis: el “contrato social” implícitamente establecido durante el gobierno de Putin –la sociedad no se metía en política, a cambio de que el gobierno le garantizara una mejora del nivel de vida– sufrió una importante erosión.

En los últimos años, varias protestas o descontentos en la población salieron a la luz,  por ejemplo: en 2005, el gobierno promulgó una ley que afectaba amplios sectores sociales, ante lo cual se llevaron a cabo manifestaciones masivas, demostrando que el gobierno no podía hacer su voluntad como quisiera, principalmente cuando se trataba de beneficios ya adquiridos por la población.

Por otro lado, las transformaciones económicas sufridas por el país, dieron lugar al surgimiento de una nueva clase media, que comenzó a manifestar su descontento con el régimen político, específicamente con el autoritarismo y la corrupción.

Esto se pudo ver en diversas concentraciones multitudinarias, en las que la gente reclamando abarcaba un gran espectro político, desde la extrema derecha al anarquismo.

Esto se puede explicar debido a que el mandato de Putin se modeló de manera tal que dificultó enormemente la emergencia de una oposición gubernamental unificada, principalmente porque las personas contrarias a su mandato han sido encarceladas o perseguidas, decidiendo exiliarse.

Por estos motivos, Putin logró mantenerse durante 20 años en el poder, y tal vez logre incluso perpetuarse, a pesar de ciertos altibajos y siendo un líder controversial y de gran peso político, no sólo en su país sino a nivel mundial. Sin duda, será recordado por años, o quizá siglos.

**Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (FCPOLIT-UNR) y miembro del Grupo de estudios sobre Rusia de Rosario (GERR) y Grupo de Estudio sobre la Unión Europea (GEUE)

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En un escenario incierto, las industrias culturales exploran las posibilidades de un mundo paralizado. ¿Qué sucede con la cancelación de obras y conciertos, de giras y festivales, de estrenos y rodajes?

Encuentros que marcan agenda como la Bienal de Venecia, los festivales de Cannes y Avignon, las Ferias del Libro de Guadalajara o Buenos Aires, ofrecen variantes virtuales o se postergan. Lejos de las certezas, y con una sustentabilidad en riesgo, el panorama del sector cultural se vuelve cada día más complejo.

Para ofrecer el primer aporte estadístico que permita evaluar el impacto del coronavirus en la industria cultural latinoamericana, el bloque de países de Mercosur Cultural, junto con la Unesco, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría General Iberoamericana y la Organización de Estados Iberoamericanos se propusieron hacer un trabajo colaborativo con la idea de diseñar políticas y estrategias en función de las necesidades particulares de cada país.

María Frick, responsable del programa cultural de la oficina de la Unesco en Montevideo (que también representa a los gobiernos de Argentina y Paraguay), contó que el encargado de reunir esta información es el Sistema de Información Cultural de América del Sur, un programa que se creó en 2006 (cuando se reunieron los ministros de Cultura del Mercosur) “para revertir la falta de datos válidos sobre economía cultural”, lo que advertían como “una carencia histórica de la institucionalidad y la gestión cultural de la región”.

¿Quiénes integran este programa? Los Sistemas de Información o las Cuentas Satélite de Cultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Guyana, Surinam y Costa Rica.

En términos generales, aclara Frick, las Cuentas Satélite “se pueden describir como un conjunto de cuentas basado en los principios metodológicos de la contabilidad nacional, que presenta los distintos parámetros económicos –oferta y demanda– de la cultura de forma interrelacionada y en un período de tiempo dado”.

Admite que su importancia es crucial, ya que permite calcular anualmente la contribución de las industrias culturales al Producto Interno Bruto de cada país y, por lo tanto, “visibilizar el aporte de la cultura” en el desarrollo económico.

Lo que se medirá

En este estudio, el impacto de la pandemia se medirá en la facturación, el valor agregado y el empleo en el sector cultural. Y se proyectarán dos escenarios: el primero contempla la proyección 2020 en condiciones normales, y el segundo proyecta el impacto de la suspensión de actividades presenciales y, a su vez, estima los efectos de la caída de la demanda en los demás sectores.

En este caso se tomarán dos momentos: abril y junio de 2020. A su vez, se hará una encuesta regional para relevar la percepción que tienen los artistas y emprendedores culturales de las consecuencias de la pandemia en sus actividades.

En este caso, precisa Frick, “se incluirán preguntas sobre el impacto económico (ventas, ingreso y capacidad de ahorro), condiciones laborales (nivel de precariedad y seguridad social) y capacidad de transición al mundo digital”.

Proyectar posibles escenarios

El estudio, dice, aportará información precisa sobre la magnitud del impacto, lo que permite proyectar posibles escenarios a nivel nacional, y facilitar “el diseño de políticas paliativas más eficientes para el sector”.

También, como los datos siguen “una metodología adoptada regionalmente, los resultados del estudio permiten realizar comparaciones entre países” y “dimensionar la importancia del sector cultural en la economía de la región”.

Frick observa que, en general, no se discute el valor de la cultura en términos de producción simbólica y expresión identitaria, pero reconoce que aún es necesario visibilizar el hecho de que la cultura también genera trabajo y riqueza, y que es un elemento fundamental de toda política pública que apunte al desarrollo sostenible.

Seguramente, este escenario motive una transformación cultural y modifique los hábitos de consumo; resignifique enseñanzas y experiencias de procesos anteriores que hoy pueden ofrecer coordenadas para pensar el presente. La salida será, como siempre, colectiva.

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Las personas no binarias existen. Son aquellas que no necesariamente se identifican con los géneros masculino o femenino. Pueden ser ambos, ninguno, o pueden destruir ese binario y construir algo nuevo.

Es común que se les asocie con el pronombre neutro (elle), pero su uso es una decisión personal. No hay una sola forma de ser no binarie. El primer caso a nivel regional donde una persona pudo registrar su género como “no binario” sucedió en Argentina.

Sin embargo, en América Latina el reconocimiento de las personas no binarias dentro de las leyes de identidad de género existentes sigue siendo una deuda pendiente.

Si bien las normativas apuntan a ejercer el derecho a la identidad desde la autodeterminación, éstas siguen ofreciendo marcadores de sexo y género desde un espectro binario: mujer/hombre; femenino/masculino.

La visibilidad de las personas no binarias no se acaba al conseguir que su identidad esté reflejada en sus documentos. Hay una lucha política que se encarna en la experiencia cotidiana en todos los espacios.

A continuación se describen algunos testimonios que evidencian las dificultades con las que se topan a diario quienes deciden situarse en la percepción de su identidad y no aceptan portar otras falsas.

En México

“Ser no binarie quiere decir que no soy mujer y tampoco soy hombre. Yo me di cuenta que no era mujer desde muy pequeñx. Me sentía una farsa en el género que se suponía que era y en otros momentos excusaba cosas que quería hacer y que eran vistas como «masculinas» pidiendo que me creyeran que no era niño, ni quería serlo.

Estoy en tratamiento de reemplazo hormonal y cuando fui a la nutricionista consideró mi cuerpo como el de una mujer, mi cuerpo ahora funciona distinto.

Los servicios de salud no saben qué hacer con nuestros cuerpos, y son pocxs lxs médicxs que están capacitadxs para atendernos, e incluso estando capacitadxs no existe la investigación necesaria y suficiente para ofrecernos un tratamiento de reemplazo hormonal seguro.

En México, legal, social y sistémicamente nos vemos forzades a elegir cuerpar un género que no somos. Esto es violento y genera violencias. Esto duele y se siente como si cada vez que cedemos, existiéramos un poquito menos.

Por eso creo que lo más poderoso que podemos hacer es voltearnos a ver entre nosotres, crear espacios para nosotres, generar información, educar por más cansador que sea, cuidarnos, apoyarnos, autorepresentarnos, ser valientes y defendernos.

Sólo en nueve entidades de México se reconoce la identidad de género por medio de un proceso administrativo pero ninguna normativa contempla a les no binaries.

Se habla de nosotres en teoría. Ser una persona no binaria es estar constantemente en tránsito, en lo femenino, lo masculino, lo que hay en medio y alrededor.

Es una inconformidad consciente y, al mismo tiempo, un movimiento involuntario de mi cuerpo. A pesar de moverme en muchos círculos donde se discute el tema y son conscientes de que las personas no binarias existimos, la apertura y aceptación es muy lejana.

Se habla de nosotres en teoría, el pronombre neutro es usado más como plural y mi forma de ser y verme tiende a ser tomada como excéntrica”.

En Guatemala

“Los desafíos son en el reconocimiento, las violencias y los derechos. La conversación y la acción son casi nulas en Guatemala. Sabernos mal entendides, al punto de estar en peligro por ser quienes somos, es una cosa muy fuerte y rara.

Y como no se nos nombra, no se nos considera el reconocimiento de identidad, el derecho a la salud, a la seguridad”.

El Congreso guatemalteco no ha dado lectura a la iniciativa de ley de identidad de género. En contraste, la propuesta 5272 de “Ley por la vida y la familia”, respaldada por la iglesia evangélica y que atenta contra los derechos humanos de mujeres, niñas y personas LGBT+ quedó en suspenso a falta de quórum para efectuar su tercera lectura en el pleno.

“Vivimos al margen, muchas veces por autocuidado. Para mí ser no binarie es completa y naturalmente revolucionario. Es evidencia de que muches de nuestres pares invisibilizades e invalidades, existieron.

Es sinónimo de valentía y resiliencia pues a diario toma mucho coraje ser en esta sociedad. Encontrarme en esta identidad es muy potente y me motiva a seguir luchando”.

En Perú

“Uno de los mayores desafíos en Perú es no contar con un documento de identidad. En Perú las identidades no binarias prácticamente no existen. Tenemos límites para la realización de nuestras vidas tanto en salud, como educación, trabajo y socialización.

El gran desafío en Perú, es que no hay información real sobre nosotres y eso nos orilla a una estado cíclico de desorientación y no pertenencia. En la sociedad peruana están muy marcados los roles de género y expectativas de expresión de género.

Nos topamos con distintas vallas, unas más altas que otras, pero todas dañinas. Vivimos al margen, muchas veces por autocuidado, otras, por miedo y otras, porque ya no podemos lidiar más con todo eso.

El proyecto de ley de identidad de género lleva tres años y medio en el congelador pues no se ha debatido en el pleno del Congreso peruano.

“Ninguna característica biológica determina nuestra identidad. Para mí, no binarie es una identidad política.

Es una forma de enunciarse fuera de todo el binarismo estructural de las sociedades modernas, es protestar contra las normas y roles de género que se nos son asignadas al momento de nacer guiándose por nuestra genitalidad, y es que nosotres planteamos la idea de que ninguna característica biológica debería ser determinante en nuestra identidad, somos libres de autopercibirnos de la manera en que queramos”.

En Chile

“En Chile nos enfrentamos a una exclusión e invisibilización total por parte de las instituciones y la sociedad. Las personas en particular siempre nos invalidan puesto que en sus mentes no cabe la idea de que alguien no sea hombre o mujer, se nos agrede constantemente negando nuestra existencia o refiriéndose a nosotres como una «moda pasajera».

Nuestro principal desafío hoy es modificar la ley de identidad de género y que haya un reconocimiento institucional de nuestras identidades para así ir sembrando el camino hacia el reconocimiento social.

Y que eso ayude en lo laboral, en salud, educación, que nos permita tener una calidad de vida y que nos cuiden ante la violencia patriarcal de la cual somos blanco de agresión constante por vivir fuera del binario”.

Testimonios:

*Larissa Garza, artista y gestore cultural de Guadalajara, México

*Andrea, comerciante, de Guatemala

*Emil Fabianne, artivista peruano dedicado al baile y la educación

*Savka de Plutón, coordinadora del colectivo Neutres Chile

** Agencia Presentes

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La región latinoamericana registró su primer caso el 26 de febrero de 2020 y, un mes más tarde, cuando Italia ya superaba los 60 mil contagios y los seis mil muertos, Brasil tenía apenas 25 fallecidos.

Casi al mismo tiempo que España, gobiernos como los de Perú, El Salvador, Panamá, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros, empezaron a aplicar medidas de distanciamiento social y de restricción de la movilidad para evitar los contagios.

Entre los quince países del mundo con mayor número de casos confirmados hay cuatro latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México, según las cifras de la estadounidense Universidad John Hopkins.

El incremento de los contagios llevó a que los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador, tres de los más afectados si se descuenta Brasil –donde el gobierno niega la existencia de la pandemia–, tuvieran que adoptar algunas medidas de protección que al principio se negaban a considerar privilegiando la cuestión económica por sobre la salud de sus ciudadanos.

El Salvador fue uno de los primeros países en adoptar duras restricciones ante el covid-19. Países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, que registran un relativo número bajo de contagios confirmados y las muertes no muestran cifras escalofriantes, son excepciones a la tendencia general de la región que apunta al alza y aún está lejos del aplanamiento de la curva.

La razón podría encontrarse en que esos gobiernos fueron diligentes en la aplicación de confinamientos forzosos para evitar la propagación del virus, es decir resultaron eficaces porque se pusieron en práctica en los tiempos adecuados.

Viajeros infectados

La fuerza con la que irrumpió el coronavirus en Europa –sobre todo en Italia y España– generó mucho pánico entre los latinoamericanos que residían en el Viejo continente, muchos de los cuales decidieron regresar masivamente a sus países de origen y, en gran parte, trajeron el virus hacia estas costas con la consecuente propagación a una velocidad también vertiginosa para aquellos países que no tomaron medidas de aislamiento apenas comenzaron a escalar los casos.

Varios especialistas afirmaron que al principio las evaluaciones en los aeropuertos no fueron eficaces porque había muchos infectados que eran asintomáticos pero podían igual transmitir el virus.

Cuando esta gente se reunía con sus afectos comenzó a producirse una ola de contagios que luego se dispersó en cada comunidad.

Las deficiencias estructurales en los sistemas de salud

Hubo países que desde el inicio de la pandemia tuvieron como objetivo fortalecer su capacidad hospitalaria y diagnóstica, y obtuvieron destacables resultados como en el caso de Argentina.

Pero hubo otros que no pudieron adaptarse, o no quisieron, a la velocidad con la que está creciendo el virus. Los casos de Brasil y México son suficientes ejemplos y la situación sigue complicándose cada día más.

La escasa o nula infraestructura sanitaria de buena parte de los países latinoamericanos agravó muchísimo la situación: faltaban hospitales, equipamiento, insumos, personal preparado, laboratorios de testeo, es decir, el abandono y la falta de presupuesto en el área y el desmantelamiento de lo que había fue terrible para una situación como la de una pandemia.

Es decir, los países latinoamericanos tuvieron que importar muchos de los insumos imprescindibles como materiales de laboratorio, respiradores y equipos de protección, y en el contexto de una pandemia global, la región tuvo que competir con aquellos países que no sólo disponen de recursos financieros sino que además tienen el poder político –como es el caso de Estados Unidos– de prohibirle su exportación a las empresas que los fabrican.

La importancia de la adecuada información

Mantener a la población bien informada con mensajes claros y coherentes es un elemento fundamental para obtener resultados en la lucha contra la pandemia.

Personajes nefastos como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ignoró completamente las disposiciones sobre el distanciamiento social pero también en países como Perú, al inicio de la circulación del virus, buena parte de la gente no sabía usar correctamente las mascarillas, haciéndolo de forma descuidada en momentos de riesgo.

Fue necesario brindar sistemáticamente las instrucciones en relación con el distanciamiento social para evitar las aglomeraciones y establecer límites para las reuniones afectivas.

Claro que en no todos los países funcionó debido a cierta desaprensión de los mismos gobiernos al intentar negar una realidad que se les caía encima.

En algunos casos se minimizó la virulencia del virus y se envió un mensaje equívoco a la población, algo que puede se puede ver y escuchar en las declaraciones de Bolsonaro cuando  decía que el covid 19 era sólo una “gripecita”.

Precarización y pobreza

La insolvencia de la economía de casi todos los países latinoamericanos es una de las causales más importantes cuando se trata de explicar por qué las duras medidas de confinamiento no tuvieron mejores resultados.

El alto porcentaje de trabajo informal ha tornado muy difícil el cumplimiento estricto de las cuarentenas. La pobreza y la economía informal son obstáculos muy duros de salvar al momento de aplicar las medidas de distanciamiento social.

La gente de zonas humildes y marginales no quieren abandonar sus viviendas una vez que dieron positivos mediante los test, y al mismo tiempo hay quienes no subsistirían si no salen todos los días a trabajar, más allá de las ayudas y programas sociales que implementaron algunos gobiernos, que sin duda en algunos casos fueron muy efectivos.

Hay muchos empleos informales en la mayoría de los países latinoamericanos y no todos los gobiernos han dispuesto –por decisión, incapacidad o falta de recursos– una estrategia adecuada para sostener económicamente a la población.

Los grandes mercados populares en los países de la zona andina fueron también peligrosos centros de contagio ya que la gente no podía dejar de ir a vender sus productos o a comprarlos lo cual complicó mucho la situación como en el caso de Bolivia, Perú y Ecuador.

Riesgoso desconfinamiento

Hubo países como México que tomaron estas medidas de forma tardía pero también hubo otros que las quisieron aplicar al mismo tiempo que en Europa, cuando en la región apenas la situación estaba en etapa incipiente.

Ahora se quiere hacer el desconfinamiento como se está haciendo en Europa pensando que se está en otra etapa de la pandemia y eso no es real.

No pocos expertos coinciden en que el confinamiento sirvió para reducir la cantidad de contagios pero se debe seguir siendo cauteloso porque en la medida en que comience a levantarse se dará también un aumento de casos puesto que aún no hay nada que garantice la seguridad en la circulación de gente y en las reuniones afectivas, algo que muchos países de la región dejaron de restringir o, directamente, lo hicieron muy tibiamente.

Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, valora estas acciones preventivas aplicadas en la región, pues considera que durante cierto tiempo fueron útiles para evitar que hubiera una explosión de casos como ocurrió en Italia o en Nueva York.

“Argentina fue uno de los ejemplos exitosos en la aplicación de estas medidas porque de este modo evitó la posible saturación de los sistemas de salud y que las muertes se produjeran  por la imposibilidad de acceder a unidades de terapia intensiva y respiradores”, apuntó el experto.

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La pandemia del coronavirus, ya definitivamente instalada en la agenda global, prefigura cambios de todo tipo en el plano internacional. En este sentido, tal vez Brasil sea uno de los ejemplos más dramáticos.

La obcecación demostrada por parte del presidente Jair Bolsonaro ante el avance de la covid-19, al ir en contra de las indicaciones más básicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la expansión de la pandemia, supuso la transformación de ese desacuerdo en un eje de disputa política entre Bolsonaro y su hasta entonces ministro de Salud, Luiz Mandetta, en torno a la estrategia más adecuada para contener el avance del coronavirus. La destitución de Mandetta representó la crónica de una salida anunciada, ya que se especulaba de antemano con este escenario.

No obstante ello, tanto el desarrollo de la crisis interna como su resolución tuvieron su origen en eventos críticos en semanas previas, y aceleró reacomodamientos de importancia en el seno de las alianzas que sustentan el poder del propio Bolsonaro.

Pareciera que pasaron años cuando a mediados de marzo Bolsonaro tomó parte de las manifestaciones que instaban al cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF), a las cuales el presidente infirió su apoyo para luego desmentirlo y, posteriormente, participar de ellas.

En ese momento se registraban poco más de una centena de casos, y el coronavirus empezaba a aparecer como un nubarrón oscuro en los medios de prensa y en las preocupaciones sociales.

El presidente hizo caso omiso a estas voces, subestimando el alcance de la enfermedad con un discurso en el que primó la marcha de la economía sobre la salud pública.

A un mes de aquel evento, hoy la cifra asciende a más de 30 mil casos, con cerca de dos mil muertes. En un contexto de inminente crisis hospitalaria, el clima político se ha tensado a niveles inéditos, incluso para un ambiente acostumbrado al discurso divisivo que ya es una marca registrada del presidente.

La «gripecita»: subestimación ante la crisis

Si algo ha caracterizado al gobierno brasileño en cuanto al tratamiento de la pandemia es el carácter reactivo ante la crisis y la subestimación permanente de los alcances del coronavirus por parte de Bolsonaro, quien llegó a calificarla como una “gripecita” que no debería servir como pretexto para detener la marcha de la economía.

Estas declaraciones, sumadas a medidas económicas antipáticas como el congelamiento por decreto del cobro de salarios durante cuatro meses –más tarde derogado por el propio Bolsonaro, presionado por el Congreso y la opinión pública–, y a apariciones televisivas por cadena nacional amenazando con la pérdida de la democracia ante un escenario de caos social y económico producto de eventuales medidas de mayor restricción social, generaron profundo rechazo incluso en los sectores urbanos que contribuyeron decisivamente en su ascenso al poder, como lo prueban los cacerolazos en Brasilia, Sao Paulo o Río de Janeiro que continúan hasta hoy.

Todo ello ha llevado a un aislamiento político del presidente que puede verse a partir de diversos factores.

El primero de ellos se da en razón de la “rebelión estadual”, con los gobernadores coordinando medidas contra la pandemia sin el concurso del gobierno central, lo cual generó el peligro de un virtual vacío de poder.

El segundo elemento está dado por la prohibición por parte del STF del slogan televisivo “Brasil no puede parar”, impulsado por Bolsonaro, que llamaba a reabrir la actividad económica, así como la validación de las políticas de prevención llevadas adelante por los gobernadores.

Otro ejemplo de alto impacto fue la unificación del discurso opositor encabezado por el PT y otros partidos tanto de izquierda como de centro.

Pero tal vez el elemento que más contribuyó a la situación de debilidad de Bolsonaro fue el creciente papel de los militares en el balance de poder interno del gobierno.

En un primer momento distanciándose del discurso del presidente, jugando incluso con la idea de un reemplazo por el vicepresidente Hamilton Mourao en caso de renuncia o proceso de “impeachment”, para luego maniobrar en torno a una estrategia de contención, el nombramiento del Jefe de la Casa Civil, el general Walter Souza Braga Neto, como “presidente operacional” a cargo de todas las medidas relacionadas con el combate al coronavirus, confirmó el debilitamiento relativo del poder interno de Bolsonaro ante un sector que él mismo contribuyó a empoderar, con capacidad de someter a veto cualquier decisión presidencial.

Este dato es fundamental para comprender la dinámica de la crisis entre Bolsonaro y Mandetta, así como su desenlace.

Consenso interno resquebrajado

La aparición del entonces Ministro de Salud con su defensa de una cuarentena total supuso un correlato de la disputa entre gobierno y Estados al interior del mismo gabinete presidencial, resquebrajando el aparente consenso interno hacia el discurso bolsonarista en relación al coronavirus y reafirmando la posición política tomada por los gobernadores, quienes para ese entonces habían moderado su discurso contra Bolsonaro.

Más importante aún, las diferencias públicas entre Mandetta y el presidente suscitaron un fuerte apoyo popular hacia el ex titular de Salud, lo que explica que, al momento de su destitución, su imagen contaba con un 76% de aprobación, casi el doble del apoyo con que cuenta el propio Bolsonaro.

A este alto apoyo popular se le suma la sintonía discursiva con un sector militar receloso de correr la misma suerte que el presidente en términos de pérdida de apoyo en la sociedad.

En los hechos, estos factores funcionaron como una suerte de cobertura política cuando Bolsonaro comenzó a insinuar un recambio en Salud, motivado en los desacuerdos por los partes sobre el avance de la pandemia a nivel local como en el índice de popularidad, lo que lo convertiría en un potencial adversario político.

Así, ante un primer intento de destituir a Mandetta, fue el propio Braga Neto quien persuadió a Bolsonaro de lo contrario, ejerciendo así su poder de veto ante las decisiones presidenciales. Sin embargo, la suerte de Mandetta se selló cuando, en una entrevista televisada, llamó a promover una “unidad de discurso” con el presidente, lo que fue percibido como un intento de un ministro de condicionar al primer mandatario.

Bolsonaro tuvo entonces el camino expedito para la destitución, hecho del cual se venía rumoreando en días anteriores.

Si bien el presidente sale ganador en el juego táctico deshaciéndose de su principal adversario en el gabinete, al mismo tiempo quedaría más debilitado en términos de poder interno frente a los militares.

Nulo manejo de los tiempos políticos

Es de destacar que la destitución de Mandetta no cierra la crisis política, generada tanto por la retórica y la gestión bolsonarista como por el coronavirus.

Con una economía que caerá un 5,4% este año y con relaciones políticas rotas con todos los actores políticos relevantes, sumado a una oposición que encontró en los gruesos errores del gobierno frente a la pandemia un motivo para unificar su voz, Bolsonaro tuvo la renuncia del sucesor de Mandetta, el médico Nelson Teich, a menos de un mes de asumir, quien abogaba por la  aplicación de un aislamiento social total.

La otra cuestión es más estructural, y se deriva de los escenarios abiertos por el ascendente papel militar en el gobierno –a Teich lo reemplazó un militar, el general Eduardo Pazzuelo, sin ninguna experiencia en salud como ministro interino– en el sentido de generar una posible sucesión ante la eventual renuncia o juicio político de Bolsonaro, y si este papel ascendente continuará más allá de la resolución de la cuestión sanitaria, modificando las reglas de juego políticas de forma sustancial.

Con este panorama, nadie da por sentado que Bolsonaro conserve su cargo al final de año, con un gobierno cada vez más aislado, apoyado principalmente en su núcleo duro de votantes y con un  casi nulo manejo de los tiempos políticos, condicionados totalmente por el avance del coronavirus en Brasil.

*Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (UNR). Analista Internacional del Centro de Estudios Políticos Internacionales (CEPI) y del portal Fundamentar.com

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La economía internacional se desarrolla en medio de relaciones de fuerzas que pueden impulsar su funcionamiento a lo largo de un espectro de posibilidades entre dos polos: hacia la liberalización y estímulo de los flujos de comercio, o bien hacia la restricción o al congelamiento de los mismos. Existen varios tipos de contextos, dos de ellos antagónicos: el contexto de paz y el de guerra.

En un contexto internacional de paz liberal existe un status quo que permite a las potencias del sistema estimular y liberalizar el flujo comercial, ya que coincide con sus intereses nacionales.

Las potencias industriales intentan que las materias primas, que provienen de los países en desarrollo, tengan un precio bajo y que su comercio sea fluido, para aumentar la rentabilidad de su producción industrial.

La participación del Estado en la vida de las personas se va reduciendo poco a poco dejando espacio a otros tipos de actores, mientras que los márgenes de libertad individual se amplían.

En un contexto de guerra, por el contrario, los márgenes de maniobra de la libertad individual se acortan a medida que el interés y la seguridad nacional excusan cualquier tipo de intromisión en la esfera privada de las personas.

Se producen devaluaciones competitivas de las monedas para aumentar la producción interna y sustituir importaciones, las cadenas de suministros se vuelven esenciales y las materias primas que alimentan la máquina bélica se vuelven estratégicas para la supervivencia del Estado.

Ambos escenarios son antagónicos, pero no son los únicos, los contextos de guerra y de paz son determinados por un ámbito político; la guerra y la paz entre las naciones depende de las relaciones políticas entre las potencias.

Pero pueden existir contextos de estímulo o restricción del comercio internacional en donde la variable determinante no sea la política.

La sanidad pública como variable determinante de contextos

La sanidad pública es la variable determinante de un tipo de contexto restrictivo en la economía internacional, a la que vamos a llamar economía de pandemia. Un estado social de cuarentena es el origen de la economía de pandemia.

En materia económica esto significa un corte de las cadenas de suministro de bienes y servicios, mientras que la mayoría de los actores económicos pasan a un estado de espera; las inversiones, el comercio, la producción, todo queda  momentáneamente detenido.

Pero quizás lo más determinante es la psicología social que genera el estado de cuarentena.

Los agentes económicos buscan liquidez en el sector financiero y generan bajas bursátiles que deterioran al sector privado.

Ante la actual situación, las principales bolsas del planeta cayeron en promedio un 40% depreciando tanto activos sólidos como riesgosos y la causa de tal hecho es la psicología del mercado en un estado de pandemia.

No es una crisis común porque bajan todos los activos. Si bien el oro ha fluctuado a la suba en algunos momentos, también es víctima de la gran bajada en busca de la tan ansiada liquidez.

También caen las materias primas necesarias para la producción como el petróleo, cuyo valor se derrumbó un 70%. Los agentes al principio buscan resguardar los ahorros pero luego las ventas de los activos financieros se ejecutan por obligación. El mercado se vuelve “maniaco depresivo” generando un proceso de desapalancamiento vertiginoso.

En épocas de bonanzas los activos financieros se utilizan como garantías para pedir préstamos, para comprar otros activos financieros o invertir en el sector real de la economía (apalancamiento).

Cuando los precios se reducen lo suficiente, saltan las garantías y los activos deben ser vendidos depreciando aún más los valores financieros (desapalancamiento).

El Estado al rescate

La consecuencia de una depresión económica en primera instancia es una gran destrucción de riqueza por parte del sector privado, este último en pleno proceso de desapalancamiento no puede ser un motor de crecimiento de la economía. La irracionalidad invade al mercado, que no parece tener piso a la vista, por lo tanto el sector privado incapaz de conducir un nuevo proceso de acumulación necesita ser rescatado por el Estado, y ser reconducido para que recupere la racionalidad.

De esta manera, el Estado se re-legitima al tener que ser quien articule las pulsiones individuales para solucionar un problema que es del nivel de la supervivencia, pero ya no del Estado sino de cada individuo. Lo que en la economía de guerra es la acción colectiva del pueblo para salvar el Estado, en la economía de pandemia es la reacción del Estado para proteger la salud pública y así salvar a cada individuo.

En este marco de crisis sanitaria donde el rol del Estado se ve robustecido, observamos como los mandatarios de los distintos países buscan intervenir en el mercado para que la irracionalidad gestada dentro del mismo no se convierta en un abandono hacia la población más vulnerable. En este contexto vemos como (Donald) Trump inyecta 850 mil millones de dólares en la economía estadounidense para que se sostenga el consumo familiar, congela el precio de insumos considerados indispensables para enfrentar la pandemia y presiona a General Motors para producir una cantidad considerable de respiradores.

Mundo de fronteras abiertas sin salida

También observamos como en el área de salud, Alemania se muestra exitosa al tener el mayor número de camas y el mejor servicio de asistencia a personas con problemas respiratorios de Europa. Corea del Sur, otro ejemplo en este escenario de crisis, centraliza las decisiones sobre el sistema sanitario público y privado en la figura del ministro de Estado en esa área.

En otro sector puesto en discusión como es el de las aerolíneas, Alemania, Italia y Francia discuten si la estatización de las mismas puede significar un salvataje eficiente ante la inminente caída de ingresos que genera el contexto pandémico. Parece ser que cuando el “mundo de fronteras abiertas” que la corriente cosmopolita pregona entra en crisis, es el gobierno el que debe tomar una decisión económica para que el sector que más conecta al globo, pero que más problemas de contagios del virus genera, no deje de existir.

Ante este escenario podemos concluir que la pandemia pone en peligro a la cultura cosmopolita y al neoliberalismo, ya que la mayor fortaleza de este es su debilidad, estar en todas partes, el mundo sin fronteras, las transacciones y la libre circulación. El virus utiliza la estructura neoliberal para expandirse y es así como  la pandemia pone en jaque a este sistema.

*Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (FCPOLIT-UNR), miembro del Observatorio de Economía Internacional (OEI)

**Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (FCPOLIT-UNR)

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Si hablamos de las relaciones exteriores de la petro-monarquía saudí, no podemos dejar de mencionar la histórica rivalidad con Irán. Ambos países compiten por el reconocimiento del mundo islámico como garantes legítimos del islam.

Para esto, apelan a una lógica sectaria que enfatiza la división entre suníes y chiíes. El conflicto actual entre estos dos Estados responde a una multiplicidad de factores, pero en lo que respecta a la dimensión geopolítica ambos se perciben como líderes naturales, y eso se traduce en una lucha por consolidar su hegemonía en la región.

Para lograrlo, recurrirán a actores regionales e internacionales intentando, a través de estas alianzas, modificar el inestable equilibrio de poder a su favor, polarizando la región en el marco de lo que se podría denominar como una “guerra fría en Medio Oriente”.

Acontecimientos como la revolución islámica en Irán, la guerra Irak-Irán, y las revueltas árabes de 2011 han acentuado este enfrentamiento. Estas últimas han mostrado una clara ruptura entre los distintos regímenes y la sociedad civil, lo cual crea un clima favorable para la intromisión de las potencias y cultiva un sectarismo que generará las condiciones para un conflicto subsidiario como es el caso de Yemen, al que podemos denominar “proxy war”.

La característica que define a esta “guerra subsidiaria” es la participación de actores nacionales como peones de un enfrentamiento a nivel regional que los trasciende.

En la península arábiga un principio operativo ha guiado la política de Arabia Saudita a través de las décadas: negar a cualquier otro Estado una posición de influencia sustancial.

El liderazgo saudí ve al resto de la península como su esfera de influencia natural. El gobierno de Alí Abdullah Saleh en Yemen llegó a mantener una relación relativamente cordial con Arabia Saudita hasta que fue depuesto por las revueltas populares de 2011 en el marco de la primavera árabe.

El nuevo gobierno de Abdrabbuh Mansour Hadi debió enfrentar tanto las aspiraciones secesionistas del sur, como la amenaza de al-Qaeda y de los rebeldes houthis que lograron tomar Sana’a en 2014, obligando a Hadi a abandonar el poder unos meses después y huir hacia Arabia Saudita, dejando como resultado el nacimiento de un Estado fallido en Yemen.

En 2015 Riad implementó la operación “Tormenta decisiva”, que implicó el bombardeo de las posiciones houthis, un bloqueo marítimo y aéreo, y el despliegue de tropas de la coalición en territorio yemení.

Primer error geopolítico

Yemen puede ser interpretado como el primer error geopolítico de Mohammed Bin Salman. La decisión de entrometerse en un conflicto con su vecino regional le costó caro a la monarquía saudí, no solo por el exponencial aumento del gasto militar que nunca se reflejó en resultados, sino también por el avance de los hutíes en la región.

Cuando se inició la guerra, Riad esperaba gastar 175 millones de dólares al mes y poner fin a los ataques en cinco meses; sin embargo pasados los seis meses la Universidad de Harvard, de EE.UU., calculó que Riad gastaba más de 200 millones de dólares al día.

El punto máximo de las tensiones estalló en septiembre de 2019 cuando los hutíes lograron atacar la base material de la economía saudí, como son la sedes de la multinacional Aramco, principal empresa estatal de oro negro.

Riad acusa a Irán de brindar apoyo a los hutíes, apelando a una retórica sectaria y reduccionista, que no tiene en cuenta los matices y la complejidad  del caso nacional yemení, ni las diferencias religiosas entre el chiismo duodecimano iraní y el zaydismo de los hutíes.

Los enemigos son los «otros»

El accionar de Bin Salman se sustenta en un discurso construido en base a una otredad que amenaza el statu quo y su propia percepción como “los verdaderos islámicos”. Esto hizo implosión en el caso Jamal Khashoggi, un crimen contra la libertad de expresión.

Si la guerra en Yemen asestó un duro golpe a la administración saudí, el asesinato del columnista del Washington Post, terminó creando el germen del desprestigio del régimen.

Quedó demostrado el puño de acero de Bin Salman, quien, a pesar de haberse presentado como un reformista, no deja de recurrir a  prácticas que emulan a los modelos autoritarios asiáticos, se aferran al statu quo y se alejan del reformismo occidental-liberal, perjudicando su campaña para mejorar lazos con las democracias liberales europeas. Khashoggi no fue el primer exiliado ni el primer saudí en ser asesinado, las ejecuciones públicas son moneda corriente en el reino saudí.

Sin embargo el caso Khashoggi es diferente, su desaparición y posterior asesinato en el consulado saudí en Estambul generó entre Riad y distintos sectores en Estados Unidos, ha dañado la reputación del príncipe saudí a nivel internacional.

La CIA, el Congreso de Estados Unidos y una comisión especial de las Naciones Unidas sugieren que el príncipe saudí estuvo al tanto de la decisión de asesinar al periodista saudita.

El castillo de naipes levantado por Bin Salman, dando la imagen de un gobernante reformista se vio derribado por el mismo Estado saudí. Más precisamente por los desaciertos del joven y errático heredero al cual su política en Yemen, sumada al caso Khashoggi y su eco a nivel internacional, le costará millones en relaciones públicas y afectará el tablero geopolítico regional dejando ver a Bin Salman como un gigante con pies de barro.

*Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (FCPOLIT-UNR)

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Lo que comenzó como un brote proveniente de un insalubre mercado chino llegó en tres meses a tomar su lugar entre las grandes pandemias de la historia humana.

El virus, ya propagado a escala global, impone una drástica coyuntura sanitaria, económica, política y social que ha forzado a los Estados a actuar con rapidez. Idealmente, la toma de medidas anticipatorias y la cooperación internacional hubiera permitido aplacar la curva de contagios, elaborando estrategias de contención y apoyo entre los respectivos sistemas sanitarios.

No obstante, en la mayoría de los casos, las administraciones minimizaron el posible impacto e intentaron prorrogar cualquier medida de fondo para tratar la situación, configurando así una tendencia de corte reduccionista –incluso hasta “negacionista”– que priorizó los riesgos de mercado antes que los sanitarios.

Alarma en el extenso escenario asiático

Por otra parte, dentro del extenso escenario asiático, vastamente poblado y desigual, la sensación de alarma se difundió rápidamente y el cierre fronterizo aéreo y terrestre fue la norma. Desde los comienzos del brote, India adoptó rápidamente el cierre total sus fronteras y el establecimiento de un estricto control de toda persona que hubiera viajado recientemente.

La decisión fue controvertida en la opinión pública pero felicitada por la OMS, tras lo cual las medidas se hicieron extensivas al cierre parcial interno de sus 29 estados provinciales, toques de queda, y el confinamiento total en sus principales ciudades. Si bien no puede soslayarse una gran cantidad de críticas e interrogantes respecto a la cantidad y calidad de las medidas de testeo implementadas, sus casos de contagio continúan siendo menores a los cuatro dígitos.

Diferente es el caso de la península coreana, en la que los contrastes entre norte y sur son drásticos aun en términos de tratamiento epidemiológico. Al día de la fecha, Corea del Norte no ha reportado casos positivos de contagio.

No obstante, el gabinete de Kim jong se aprestó desde el primer momento a dispensar medidas que implican el cierre casi completo de la sensible frontera con China, el confinamiento obligatorio para todos aquellos que hubieran viajado al país y la implementación de una ley marcial que ejecuta a cualquiera que lo incumpla.

Las actividades de la mesa de enlace ubicada en la ultra militarizada frontera con su vecina del sur han sido suspendidas, aunque el paso se mantiene abierto.

Corea del Sur llegó a reportar una elevada cantidad de casos de covid-19 para finales de febrero, con cifras cercanas a los mil positivos, y ocupando junto a Italia un lugar entre los países más afectados.

Interesante es también mencionar el caso mongol, ubicado entre Rusia y China, que cerró todas sus fronteras al conocerse su primer caso positivo.

No sólo el país quedó virtualmente aislado, sino que las autoridades pusieron en una cuarentena de 14 días al propio presidente, Jaltmaa Battulga, quien había estado en China algunos días antes.

Seguimiento de la crisis y cooperación entre Rusia y China

El accionar de la Federación de Rusia fue el siguiente: dentro del plan de gobierno, una de las primeras medidas del gobierno de Vladimir Putin se basó en la deportación de ciudadanos chinos y la suspensión temporal de entrega de visados electrónicos a los mismos.

Posteriormente, el 30 de enero, se anunció el cierre de la extensa frontera oriental y el establecimiento de zonas de cuarentena contiguas. Si bien esto le permitió tomar una gran ventaja ante la expansión del virus, dichas medidas fueron rotuladas como agresivas por los ciudadanos chinos residentes, y generaron gran tensión por su publicación repentina.

Eventualmente ambos países lograron coordinar nuevos principios de cooperación que fueron discutidos por vía telefónica entre los mandatarios Xi Jinping y Vladimir Putin, a mediados del mes pasado.

Estas conversaciones resultaron en el acuerdo para un seguimiento mutuo de la crisis, ayuda recíproca y para terceros en el sector sanitario, e incluso el compromiso de trabajar para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.

La materialización de estas conversaciones devino en el envío de refuerzos a Italia –equipos médicos y recursos humanos–, hasta el momento uno de los países más afectados, y con un sistema de salud al borde del colapso.

Estos recursos también fueron destinados a Estados Unidos, y a su vez encontraron réplica por parte de Washington, que también adhirió al envío de ayuda sanitaria al Estado italiano y ha asegurado estar desarrollando una vacuna.

Ayuda por vía euroasiática a los acuciados países occidentales

Puede decirse entonces que están surgiendo de a poco las tan esperadas iniciativas de cooperación, aunque tardías, descoordinadas y con ciertos recelos competitivos.

La complejidad de la coyuntura pone de relieve la incomunicación y contradicciones internas entre los bloques regionales y las tradicionales alianzas occidentales.

La administración norteamericana se ubicó primera y modélica entre aquellos países de la tendencia negacionista. Esto resultó en que actualmente el país llegue a ser el más afectado en materia de contagios y con un panorama sombrío para todo su sistema de salud pública.

A diferencia de otros contextos históricos, ya no cabe esperar un salvavidas de la potencia norteamericana, que actualmente aplica un plan de contención, con la seguridad de la liquidez que le prevé la Reserva Federal.

Entre tanto, la ayuda efectiva llegó a los acuciados países occidentales por la vía euroasiática, e incluso por parte de Cuba, país largamente vituperado. En tal contexto se vislumbra una re-configuración de posicionamientos y nuevas oportunidades para las potencias euroasiáticas.

Para Rusia, implica una oportunidad de estrechar relaciones con sus pares europeos, y tal vez incluso mitigar el peso de las sanciones con las que carga desde la anexión de Crimea.

Mientras tanto, China es el primer país en superar el pico de la curva de contagios, procurándose unas condiciones de control que no sólo anticipan su recuperación antes que el resto de los países, sino que además la posicionan adecuadamente en su rol de potencia de orden mundial para liderar el proceso de recuperación de la crisis.

**Estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (FCPOLIT-UNR) y miembros del Grupo de Estudios sobre Rusia (GERR)

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