Volvimos a encontrarnos. Desde 1986, el Encuentro Nacional de Mujeres (hoy Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries) es una cita que convoca a la militancia organizada y aquellas “sueltas” que van por primera vez. Porque una amiga o una madre o una hija las invita, o por simple curiosidad. Y que vuelven siempre con alguna chispa encendida. Con algo distinto, algo que no muestran los medios de comunicación que se quedan siempre en las paredes pintadas con aerosol.

Una pared se limpia.

Una mujer asesinada no vuelve.

Una travesti asesinada no vuelve.

Estas primeras líneas parecen escritas en 2015, cuando el movimiento feminista adquirió uno de sus primeros picos de masividad (le seguiría luego la marea verde por la legalización del aborto voluntario). Pero son en cierta medida actuales porque adversarios políticos y falsos aliados de ocasión encuentran en el paraguas de la ultraderecha la aguja que desteje su lengua.

Y pasamos, en apenas 11 años, del consenso social sobre el “Ni una menos” a poner en duda las denuncias de las mujeres y de las infancias y en el blanco al sujeto político que desde hace (muchas) décadas dice que el femicidio es la expresión letal y visible de muchas otras violencias. La psicológica, la sexual, la simbólica. Y que todas vivimos esas violencias cotidianamente.

Cuando ganó este gobierno, cuando otras alternativas políticas perdieron, las miradas se dirigieron a nuestros pañuelos verdes: “se pasaron tres pueblos”. Aún me pregunto cómo hubiera sido el mundo si realmente nos hubiéramos pasado esos famosos tres pueblos, si en todo el país hubiéramos tenido presupuestos acordes, si aún con el aborto legal no hubiera habido escollos para el acceso, si se hubiera esfumado la violencia obstétrica, si se hubiera implementado la educación sexual integral sin peros, si hubiera habido salud de calidad para las mujeres que tienen una salita sanitaria a kilómetros de distancia; si no nos faltaran compañeras asesinadas por sus parejas.

El fin de semana en Córdoba fue el 39° Encuentro. Cada año, tres días condensan todas nuestras luchas. Es el escenario vivo de nuestro movimiento porque visibilizarnos es nuestra forma de denuncia y de convocatoria. Así politizamos nuestro orgullo, decimos “acá estamos, pese a todo”. 

Y con ese “pese a todo” me refiero a las dificultades para vivir en un país gobernado por la ultraderecha, donde “les aliades” de ayer aprovecharon la impunidad simbólica que genera el insulto institucional para desplazarnos de nuevo. Pero dedicaré otro artículo a los paneles donde ya no parece necesario ni siquiera el cupo de lo políticamente correcto.

Hay algo que tiene el Encuentro y es que es profundamente popular. Las feministas somos trabajadoras, en la casa y fuera de ella. No es que no sobre el tiempo, es que rascamos la olla del reloj para que el día nos alcance. Y eso nos pasa por el cuerpo. 

Al encuentro nadie llega fácilmente, menos aún en este contexto. O hace una rifa, o pide plata, o se agrupa con otras para que el colectivo y dónde dormir sea más económico. Funcionamos en escuelas, en plazas, en la calle. Y lo hacemos porque necesitamos la comunidad, eso que desde la dictadura en adelante buscaron disolver.

Los nuestros no son encuentros corporativos, donde deberían buscar las verdaderas razones de la ultraderecha en los gobiernos. Las periodistas feministas contamos apenas con lo básico para transmitir lo que sucede desde el lugar de los hechos. No tenemos el despliegue técnico de quienes después solo difunden las paredes pintadas y la mugre en las calles. Sí: la masividad deja mugre. Igual que una hinchada después de un clásico.

Pero ahí estamos, pese a todo o por ese “todo”. Porque la plata no alcanza, porque vemos con impotencia cómo nos siguen saqueando, porque nos duele el país. Porque la salud mental está tan rota y la atención pública es tan precaria que no por nada hay cada vez más suicidios o más consumo de drogas. No es casual la ecuación: falta de futuro, Estado violento y kioscos en cualquier esquina.

Una vez llegadas, se cocinan a fuego lento las revoluciones que no serán televisadas: las de las articulaciones que se arman porque entre marcha y taller una compañera conoce a otra que vive a kilómetros de su casa. Y en ese lugar seguro que genera el Encuentro pueden ponerse a hablar, compartir un mate, encontrar que tienen mucho en común y que pueden hacer cosas juntas.

Así sostenemos nuestra convicción visceral de resistir. Que, como enseña la lideresa indígena colombiana Aída Quilcué, no es aguantar, sino dignificar.

Y seguiremos estando, en el cuarto año de este gobierno decidido a deslegitimarnos como sujetas políticas. Nosotras no volvimos a antes de 2015, nunca declinamos. Nos preguntamos, reflexionamos sobre qué nos faltó para conquistar la dignidad soñada para todo el pueblo. Pero lo hicimos a sabiendas de que somos un movimiento social poroso, expuesto, con tensiones; y que hacemos en ese marco un esfuerzo de escucha, de seguir aprendiendo, de construir con otra aunque siempre sea más cómodo quedarse en casa. 

Llegar a acuerdos homogéneos sería más fácil, claro, si fuéramos cuatro o cinco reunidas pensando en un interés sectorial muy chiquito y no en cómo seguir abarcando y creciendo.

Se habla mucho del encuentro y el año electoral, que es un factor real. Pero quiero subrayar la importancia política de ocupar el espacio público en la Capital, con un gobierno local (el de Jorge Macri) que hostiga a los pobres; y con un gobierno nacional que sueña nuestro exterminio y el de todo movimiento que le haga frente.

Quiero decir que en estos cuatro años no solo no desaparecimos, como hubiera querido el presidente, sino que seguimos andando el camino. Y por eso en 2027 estaremos en Buenos Aires: para mostrarle al Gobierno que estamos de pie. Y para decir, desde el centro político del país, cuáles son nuestras discusiones, de qué modo las damos, cómo se vive lo popular sin jefaturas. 

Por eso el próximo Encuentro no es uno más: es la respuesta de un movimiento popular al fascismo en su propia cancha. No es un asunto porteño, algo a lo que debamos simplemente “llegar”, sino algo que construir desde nuestros diversos territorios. 

El acento en el encuentro en Buenos Aires no es un gesto porteñocéntrico. Es reconocer su peso por la matriz de distribución territorial del poder que nos legó la historia argentina. Es una cita política que convoca a todo el movimiento feminista a estar presente. Ahí sí, ante el mundo. En la Capital Federal de la Argentina que aún gobierna una de las expresiones globales de la extrema derecha. 

La invitación está hecha.

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Los Encuentros Nacionales de Mujeres, hoy Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, fueron el semillero de articulaciones federales, cuna de organizaciones que impulsaron avances legales en materia de género en Argentina. El caso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con su histórica marcha de pañuelos verdes en el Encuentro de Rosario en 2003, es uno de los ejemplos más visibles.

La primera cita fue en el Centro Cultural San Martín de Capital Federal. “No éramos muchas, no sé si llegábamos a mil”, dice Norma Sanchís, presidenta de la asociación Lola Mora. En esa ocasión se llevaron a cabo los primeros talleres. Fue el germen que motivó un nuevo encuentro al año siguiente, en Córdoba. Luego siguieron Mendoza, Rosario… “Y así durante 40 años de esta organización que cada vez fue más numerosa, más popular y más diversa, y que fue recorriendo todos los rincones del país”, agrega la militante.

Para Sanchís, “esto no solo modificó a las mujeres que participaron”. Explica: “En cada lugar, el Encuentro generó una especie de terremoto que abrió debates entre los vecinos, los medios locales, las iglesias, las fuerzas políticas, que trascendió a los barrios. Cada mujer que volvió a su barrio, a su casa, a su familia, volvió cambiada”.

Y agrega que Argentina tiene la posibilidad de mostrar, en cada Encuentro, “la capacidad de movilización frente a las violencias”.

Dora Barrancos es historiadora y también militante del movimiento feminista argentino. Sobre el surgimiento del Encuentro, señala: “Tuvo mucho efecto en Argentina un renacimiento planetario del feminismo que se dio en los años 60. En Argentina eso quedó ‘en demora’ debido al terrorismo de Estado”. Pero a nivel internacional, ciertos hitos internacionales como el Encuentro de Nairobi, tuvieron un impacto grande en un grupo que ya se identificaba con el feminismo. El retorno de la democracia abrió la ventana de las deudas pendientes del Estado. Entre ellas, la equidad entre varones y mujeres.

Esos años 80, con mujeres que retornaban del exilio y con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que ya ocupaban las calles en búsqueda de sus hijos e hijas, fueron el clima de época de una instancia anual que se replica todos los años (solamente no se realizó en 2020 y en 2021 por la pandemia de Covid-19). Hoy es única a nivel regional, por su forma organizativa y capacidad de convocatoria.

El próximo encuentro se realizará este fin de semana en la ciudad de Córdoba.

Encuentros e identidades

Consultada sobre por qué el Encuentro sostuvo el nombre “de mujeres” en lugar de llamarse “feminista” (aunque feministas fueron sus orígenes), Barrancos marca: “Primero las mujeres se movilizan como mujeres y luego se imprime una identidad que es una ruptura, que no se da de la noche a la mañana. Lo que puede haber hecho cada encuentro es convertir al feminismo a muchas mujeres, pero para mí no es inexorable. Deseamos que muchas se transformen en feministas, pero lo que necesitamos son mujeres insumisas. La nomenclatura puede venir después”.

Señala: “Los encuentros nacionales, con el nuevo perfil tan amplio, tan integrado que tiene, tienen fuertes reverberancias en este momento. Es una expresión muy de abajo, que no ha tenido hegemonías, donde ha habido disputas, pero eso es otra cosa. De esa horizontalidad, de esa cuestión de base, han salido lo organizativo y propósitos mucho más plurales”.

A lo largo de los años, dice Barrancos, “ha podido observarse la diversidad extraordinaria en una conjunción que reúne a todos los feminismos y que es la conjunción emancipatoria”.

El nuevo nombre

En el encuentro de 2019, en La Plata, se resolvió el cambio de nombre, a partir de un debate que surgió en Chaco (2017) y que continuó en Chubut (2018). Ya no era “nacional”, sino “plurinacional”. Y ya no era “de mujeres”, sino de “mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries”. Esa modificación fue (es) parte de un proceso de reconocimientos, no exentos de disputas, del movimiento en su diversidad. Implicó reconocer que no existe una única nación en Argentina; como tampoco una sola identidad sexo-genérica que pueda sintetizarse en la palabra “mujeres”.

Recién en 2013, en el Encuentro de San Juan, travestis y trans tuvieron su taller reconocido formalmente por la Comisión Organizadora. La Comisión Organizadora es un grupo autoconvocado de activistas del lugar donde se realizará el Encuentro; su rol es garantizar las condiciones logísticas para que el mismo se lleve a cabo. La inclusión del taller en el Encuentro de San Juan también fue fruto de la militancia trava en el marco de los Encuentros. Actualmente, el movimiento travesti-trans convoca a una marcha en la primera tarde de los tres días, para visibilizar el reclamo al Estado y a la sociedad ante los transfemicidios y los discursos de odio.

María Pía Ceballos, activista travesti-trans afroindígena salteña, integrante de Mujeres Trans Argentina, contaba en 2020 que vivió situaciones de violencia discriminadora durante los Encuentros. “Me bajaron del ómnibus que debía partir hacia el Encuentro de San Juan (2013) porque no había hecho el cambio de nombre en el documento de identidad. En el Encuentro siguiente (Salta 2014) fueron terribles las discusiones. En aquella oportunidad, yo formaba parte de la comisión organizadora. Las transexcluyentes querían impedir que inscribiésemos participantes del Encuentro en las sedes de nuestras organizaciones travestis-trans. Pero finalmente lo hicimos”. En esa lucha resulta inevitable recordar a Lohana Berkins y su legado.

Miriam Lempe pertenece al Pueblo Mapuche. Es secretaria de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma. En mayo de este año, la Colectiva Feminista Federal realizó una jornada conmemorativa de los 40 años del primer Encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Allí Lempe sostuvo: “El camino de los pueblos originarios dentro del feminismo, dentro de los Encuentros de Mujeres, no ha sido tan fácil. Se han generado grandes debates porque es como encontrarse en la génesis misma de la conformación de este Estado. Hablamos del genocidio de los 30.000 desaparecidos, hablamos del genocidio de Palestina, pero no hablamos del genocidio de los pueblos originarios de la Argentina”.

Luego brindó una serie de hitos de ese proceso. “En los primeros años se hablaba de la mujer india y de la mujer aborigen. En 1991 en Mar del Plata y en 1992 en Neuquén los talleres se centraron en el quinto centenario de la conquista. Fue muy fuerte para nosotras las hermanas, porque por primera vez se podía hablar de nuestro genocidio”.

En 2002 en Salta el taller sobre mujeres de los pueblos originarios pasó a llamarse “Mujeres Originarias”. Y en 2003, en Rosario, tomó el nombre que mantiene hasta hoy: “Mujeres de los Pueblos Originarios”. Primero eran pocas, comentó Lempe, pero después empezaron a participar más mujeres de los diferentes Pueblos, que traían las denuncias de la violencia institucional, los desalojos, la contaminación de los territorios y la criminalización de la protesta.

“La palabra ‘plurinacional’ significa reconocer la preexistencia de los pueblos originarios. Este es un punto de inflexión de las voces originarias que ocupan un lugar central en la escena pública”, subrayó la militante. E indicó: “En Argentina hay 40 pueblos originarios y las mujeres originarias somos diversas dentro de nuestra concepción filosófica”.

Los Encuentros en Rosario

La militante feminista Mabel Gabarra, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de la Asamblea Lesbotransfeminista de la ciudad, también fue una de las primeras participantes de los encuentros. “En aquella época el movimiento estaba en crecimiento, con una esperanza muy grande de lograr lo que se estaba pidiendo. Había una movilización muy entusiasta”, señala. Y marca que es un espacio de encuentro que fue creciendo y convocando, cada vez, a nuevas generaciones.

Los encuentros duran tres días; en los dos primeros se realizan los talleres. Son el corazón del Encuentro. Podría decirse: su momento más íntimo. Allí cada persona puede contar sus historias personales, sus duelos, sus alegrías, las conquistas colectivas. Es un espacio cuidado, donde la palabra ajena se respeta e incluso para tomar una fotografía se pide permiso a quienes participan. Cada año, las temáticas de los talleres crecen y cada quien elige libremente en cuál participar. Puede ir a uno un día y a otro al otro día. Si un aula de una escuela (donde por lo general funcionan) se llena de gente, entonces se abre el mismo taller en otra aula. Porque en el encuentro hay espacio para todxs. Y si no lo hay, se genera.

Pero como lo personal es político, esas vivencias compartidas no quedan solo entre las paredes de las aulas. Allí lo íntimo se politiza, se vuelve debate público cuando, en la tarde del segundo día, la marcha del encuentro sale a las calles y por los canales de televisión. Allí aparecen las pancartas y las consignas: que vivas nos queremos, que deseamos tener el derecho a abortar, que nuestra propuesta política es la libertad con igualdad y dignidad. De norte a sur, en el campo y en la ciudad.

Gabarra recuerda el encuentro que se realizó en Rosario en 2003. “Fue cuando empezamos a usar los pañuelos verdes. Todavía no había empezado la campaña. Pero Católicas por el Derecho a Decidir trajo los pañuelos, hicimos una marcha que fue hermosa, donde teníamos todas los pañuelos verdes”. Y agrega: “Las mujeres se lo ponían y nació la necesidad de que la Campaña por el Aborto tuviera ese signo”.

Rosario también fue sede del Encuentro en 1989. En esa oportunidad, “hubo una guardería, fue algo novedoso. La guardería estaba atendida por mujeres, pero después estaban ‘hasta acá’ y llamaron a sus maridos, a sus novios. Hubo 56 niños y niñas en la guardería, que se llamaba ‘Así crecemos’. Los varones cumplían la misma función que las mujeres que estaban ahí”, relata.

En 2016 Rosario volvió a ser sede: fue el momento de mayor masividad hasta entonces (en pleno auge del movimiento Ni Una Menos). La marcha tuvo una gran convocatoria, que fue reprimida por la policía provincial mientras llegaba hacia el Monumento a la Bandera. En Santa Fe no fue el único lugar donde se vivió la represión. Por ejemplo, en 2015 en Mar del Plata, también hubo gases lacrimógenos al terminar la marcha.

La tensión con la Policía, la posibilidad de la represión, fue una constante en los últimos años, en la medida en que el Encuentro creció en convocatoria. En la historia del Encuentro también lo fue la tensión con el Vaticano y los sectores más conservadores del catolicismo, que rodeaban las catedrales rezando mientras las mujeres, lesbianas, travestis y trans marchaban. O que asistían a los talleres sobre aborto para agredir a las militantes en favor de ese derecho.

“El movimiento de las mujeres y las diversidades tiene plena vigencia”

La secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, comenzó a participar de los Encuentros en 1994. Por ese entonces era referenta sindical de Ademys (sindicato docente de la ciudad de Buenos Aires). “En esos años los gremios no estaban tan involucrados en el feminismo y en la lucha por los derechos específicos de las mujeres”, recuerda.

En 1993 fue electa concejala de la ciudad de Buenos Aires por el Frepaso. “Ese lugar, el tercero de la lista, fue gracias a la ley de cupo que había sido acuñada por el movimiento de mujeres. Ahí empecé a entender un poco más y a conocer a las compañeras que habían luchado: a la red de mujeres políticas, donde habían luchado peronistas, radicales, intransigentes, socialistas, comunistas. Y ahí me invitaron a participar en este distintos ámbitos de debate político feminista”, relata. Así llegó al Encuentro que se hizo en 1994, en Corrientes.

En esa época se realizaron las reuniones preparatorias de la Cuarta Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing. “Una compañera feminista muy querida, Cecilia Lipszyc, me vino a ver y me dijo: ‘tenés que viajar a Beijing porque sos representante del Frente, sos una de nuestras mujeres políticas’. Yo tenía mis nenes chiquitos, para mí era un esfuerzo enorme. Pero bueno, acordamos en casa con mi marido y viajé a Beijing. Allí vi un mundo de mujeres movilizadas por distintas temáticas. Volví transformada en una militante feminista”.

A lo largo de los años vio el crecimiento de la masividad en los encuentros. Considera: “Eso tiene que ver con que enraizó mucho el feminismo y el tema de los derechos de las mujeres en los sectores populares”.

Y agrega: “Creo que la crisis de los 90, el movimiento piquetero, las mujeres piqueteras, las mujeres de los barrios, las mujeres de los sindicatos participaron con mucha fuerza. El Encuentro se hizo masivo y se incorporaron más temas, como la reforma del Poder Judicial, la educación sexual integral, el aborto legal, la trata y la explotación sexual, la diversidad sexual y las mujeres de los pueblos originarios”.

Consultada sobre qué implica políticamente el Encuentro en la actualidad del país, reflexiona: “Implica la reafirmación de que el movimiento de mujeres y las diversidades tiene plena vigencia, de que es un movimiento que cada vez es más fuerte, más poderoso y que las leyes logradas no se van a poder derribar. Este movimiento de mujeres es muy potente, se ha unido además muchísimo con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento de lucha por el ambiente y por los pueblos originarios”.

“Hoy el desafío es cultural”

Sanchís coincide en que el Encuentro Nacional de Mujeres de 1986 surgió en medio de la euforia, la apertura, el activismo, el optimismo y la esperanza de la apertura democrática. “Las mujeres que habíamos estado calladas recobramos la voz y empezamos a juntarnos, a organizarnos. Algunas volvimos de los exilios, otras que estaban presas salieron libres, otras que estaban en el exilio interno empezaron a subir a la superficie”, rememora.

Y destaca que muchas mujeres de países limítrofes vienen y participan de los encuentros “porque les resulta muy inspirador compartir con una multitud de mujeres tan diversas, tan plural y con tantos debates. Con tensiones, pero también con objetivos muy claros: producir un movimiento emancipador frente al patriarcado y frente al neoliberalismo, frente al capitalismo que las oprime”.

Sobre por qué se sostuvo el Encuentro por 40 años, indica: “Indudablemente, porque desencadenó un movimiento que no para, que sigue inspirando y se sigue reproduciendo aún en las peores condiciones: con gobiernos receptivos, que promueven derechos y con gobiernos represores y antiderechos como el que vivimos ahora”.

De cara al futuro, analiza: “Las nuevas generaciones se encontraron realidades muy diferentes de esas iniciales que comentábamos, pero siguen avanzando en sus propias organizaciones, en sus propios territorios y se siguen alimentando de todo lo adquirido y lo que falta por adquirir”.

Y concluye: “Hoy el principal desafío es cultural, es romper estos moldes culturales que nos están queriendo imponer: el individualismo, la meritocracia y el éxito; para poder volver a la solidaridad, a la construcción de tejido social, a la construcción de comunidad que nos permita avanzar hacia sociedades más justas”.

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«Los Estados son responsables. Los casos se multiplican en forma alarmante y ponen en evidencia el vaciamiento institucional, la falta de presupuestos, de presencia y asistencia en el territorio, de campañas de prevención, la desprotección de mujeres y disidencias», indicaron las organizaciones.

Declarar la emergencia en violencia de género implica que el Estado observa que esta problemática existe y la considera prioritaria para la asignación de presupuesto y la generación de políticas públicas. Los índices de femicidio muestran la gravedad de la situación y la necesidad de prevenir y acompañar a las mujeres y disidencias sexuales que viven en contextos de violencia machista.

A nivel nacional, el gobierno de La Libertad Avanza desarticuló el ámbito institucional específico para la creación de políticas en la materia. El cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad nacional dejó, por primera vez a Argentina desde 1987, sin un organismo que articule las políticas necesarias para abordar las violencias de género. En Santa Fe, el cambio de Ministerio a Secretaría de Género implicó menos partidas presupuestarias para estas políticas, describen las organizaciones.

Alejandra García es militante de la Campaña por la Emergencia en Violencia de Género; vive en Santa Fe capital y también integra la Asamblea Ni Una Menos de esa ciudad. Asevera, en diálogo con El Ciudadano, que la única política de asistencia económica para la autonomía de las mujeres que sufren violencia a nivel provincial “es una ayuda económica por única vez y es muy difícil acceder. Las organizaciones tenemos que ir y pelear a la Secretaría de Género para que les den esta ayuda, por así decirlo, a las mujeres. Y generalmente también se revictimiza a las víctimas de violencia en este proceso”, señala.

Completa que también hay “fortalecimientos de áreas de género en comunas y municipios, que no funcionan y no están pudiendo abarcar todas las situaciones y las problemáticas que hay en torno a la violencia de género”.

A nivel nacional, indica, solo se mantuvo el programa Acompañar, pero implica una serie de requisitos para obtener una ayuda económica por seis meses. Uno de esos requisitos es que la mujer haga la denuncia. “Una mujer que vive con el violento tiene que hacer una denuncia y además, si está con niñeces, ¿qué hace? ¿Adónde va esa mujer con sus hijos para salir de la casa del violento?”, se pregunta García.

Desde la Asamblea Ni Una Menos capitalina reclamaron la declaración de la Emergencia en Violencias de Género, acompañada de partidas presupuestarias «acordes a la magnitud del problema, de rápida ejecución, con políticas integrales, sostenidas y con presencia territorial, que garanticen prevención, asistencia, protección y reparación para quienes atraviesan situaciones de violencia».

Una problemática que se agrava

Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre enero y agosto de este año hubo en Argentina 142 femicidios; 18 femicidios vinculados (cuando se asesina a alguien del círculo afectivo de la mujer con el objetivo de dañarla); siete casos de instigación al suicidio y seis transfemicidios/travesticidios. Es decir, 173 víctimas en total. El relevamiento concluye: “El análisis de la recurrencia temporal de la violencia extrema arroja indicadores de alta alarma social: en Argentina se produce una víctima letal de violencia de género cada 34 horas”.

La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad, con 52 víctimas de violencia de género, seguida por Santa Fe, con 27 casos, y Córdoba, con 11, siempre de acuerdo con este informe.

Por otro lado, el observatorio también registra los intentos de femicidio (235 casos); los intentos de femicidios vinculados (38 casos) y un intento de transfemicidio. Es decir que hubo un intento cada 25 horas, entre enero y agosto de este año.

De acuerdo con «Ahora que sí nos ven», los crímenes fueron perpetrados en mayor medida en la vivienda de la víctima (42%), en vivienda compartida (22%), en la vía pública (19%) y en la vivienda del agresor (7%). Un 9,8% de los femicidios no indicaron información al respecto. El 64% de los agresores pertenecían al círculo íntimo de la víctima: parejas (41%) y exparejas (23%). El resto de los vínculos registrados fueron: familiar (11.6%); conocido (6.4%); desconocido (3,5%) y sin datos (14.5%).

Desde el observatorio consideran que “el Estado ha perdido capacidad de detección temprana y acompañamiento territorial”. Y que “el vaciamiento de las políticas públicas y el avance de proyectos legislativos que criminalizan a las denunciantes consolidan un marco de impunidad que garantiza la continuidad del ciclo de violencia letal”.

“La violencia no empieza con el femicidio, ahí ya llegamos tarde. Hay que fortalecer la prevención, la atención en todos los niveles, el acompañamiento”, dice García.

La militante agrega: “Las respuestas necesitan ser territoriales. La provincia tiene un programa que financia las áreas locales de género, pero pedimos a la Secretaría de Género la evaluación de cuánto estuvo ejecutado del presupuesto y es ínfimo”.

El recrudecimiento de la violencia se da en un contexto de precarización social y económica y de discursos antigénero por parte de los decisores políticos. García analiza: “Las mujeres somos las que salimos a la calle, les damos de comer a nuestras familias, estamos al frente de las ollas populares. Estamos siempre peleando para que no se nos saque ningún derecho. Entonces no es casualidad que siempre seamos el centro de ataque, porque saben que somos las que vamos a salir a la calle y es mucho más fácil culpar a las que están peleando por lo suyo, que hacer lo que tiene que hacer un Estado: estar presente para toda la población”.

Y finaliza: “Una mujer no puede salir de la violencia sin un Estado que garantice las condiciones materiales, el refugio, una vivienda, las capacitaciones, empleo, los centros de día, un subsidio. El Estado tiene que garantizar eso a la mujer violentada para que pueda salir de la casa del violento. Sin esas herramientas, se vuelve imposible y terminamos con la triste noticia del femicidio”.

Faltan denuncias

«Ahora que sí nos ven» informa que solo el 14% de las víctimas (24 de 173) había logrado hacer al menos una denuncia previa. Únicamente el 9% (16 de 173) contaba con una medida judicial vigente. Estos datos demuestran que, incluso cuando el Estado es advertido mediante mecanismos institucionales, las respuestas son insuficientes, tardías o ineficaces para prevenir el desenlace letal”, señalan desde la organización.

Añaden: “Observamos una tendencia a la baja en la realización de denuncias por parte de las víctimas de violencia de género. Consideramos que este descenso debe ser analizado en el contexto de la discusión pública impulsada por el proyecto presentado por la senadora Carolina Losada, que propone incrementar las penas para las llamadas «falsas denuncias», y de la persistencia de discursos que ponen el foco en la criminalización y responsabilización de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia”.

El estudio concluye: “La frecuencia de un femicidio cada 34 horas es el diagnóstico de un sistema de protección estatal en colapso. Se requieren respuestas institucionales urgentes, recursos presupuestarios adecuados y un marco legal que proteja, en lugar de criminalizar a quienes denuncian violencias. La vida de las mujeres y diversidades debe ser una prioridad innegociable de la agenda pública”.

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Al momento de los hechos, Paola tenía tres hijos, no había terminado la escuela secundaria, vivía en una habitación prestada y no tenía un trabajo formal. El embarazo y el parto ocurrieron en absoluta soledad, sin redes de contención, sin recursos materiales ni apoyo emocional, atravesada por años de violencia física, sexual y económica.

El TSJ reconoció que en la revisión anterior “no se adoptó un enfoque de interseccionalidad que permitiera visibilizar la confluencia del género con la precariedad económica, el historial de victimización y la violencia familiar”. En línea con ese argumento modificó la condena de prisión perpetua a fijarla en 13 años, 9 meses y 26 días, al reconocer la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación, entre ellas el contexto de vulnerabilidad, pobreza y violencia que atravesaba.

De esta forma, el Poder Judicial respondió favorablemente al pedido de revisión de su condena presentado por la abogada Rocío García Garro, de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), y la abogada Julia Luna.

“Gracias a la fuerza, la convicción y la decisión de Paola de cambiar su propia historia y hacer escuchar su propia voz, y a la potencia de los feminismos que demostramos, una vez más, que organizadas podemos transformar la realidad, hoy esta historia tiene un nuevo capítulo. Celebramos esta decisión como un triunfo del movimiento feminista de Argentina y de la región”, indicaron desde CDD a través de un comunicado.

En 2023, desde la Guardia Feminista de Abogadas de CDD Argentina, comenzó a trabajar en un litigio estratégico que pusiera en el centro la falta de perspectiva de género en su condena, considerando las múltiples violencias y condiciones de vulnerabilidad que atravesaban su vida. Una trabajadora social del Equipo de Salud de la organización estuvo acompañando presencialmente a Paola durante los últimos meses.

Además, indicaron, acompañaron a Paola haciendo visible su historia. Convocaron a la Mesa por la libertad de Paola, “a la que se sumaron organizaciones, referentes y compañeras de todo el país y de la región, para pedir por su libertad”.

El proceso contó con el acompañamiento de organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas que se presentaron como Amicus Curiae. Entre ellas el CELS, Fundeps, INCECIP, ELA, CLADEM, CLACAI, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Asociación Civil Abogadas por Chaco, El Telar-Red Feminista Comunitaria de América Latina, Innocence Project Argentina, Asociación Civil Comunidad, la Directora y Co-directora del grupo de investigación DECyT “Doctrina Penal Feminista” de la Facultad de Derecho de la UBA y O’Neill Institute, que advirtieron sobre la ausencia de perspectiva de género con enfoque interseccional y el uso de estereotipos sexistas sobre el rol materno

“Buscamos que su caso fuera escuchado y sostuvimos durante este tiempo la convicción de que la justicia se transforma cuando los feminismos disputamos aquello que durante mucho tiempo fue presentado como incuestionable”, agregaron desde CDD. Y concluyeron: “La lucha feminista es transformadora”.

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El estudio fue realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en alianza con otras organizaciones: Dejusticia, CEA Justicia Social, Mujeres Libres, Elementa DDHH, Red Internacional de Mujeres Familiares Privadas de la Libertad (RIMUF) e IDPC, que integran el Grupo de Trabajo Mujeres y Encarcelamiento. “Las mujeres privadas de la libertad en América Latina están recluidas en centros penitenciarios en condiciones deplorables que ponen en riesgo el bienestar e integridad de las personas”, señala el mismo.

El relevamiento, titulado “Castigo extra. Violencias hacia las mujeres en la lucha contra el crimen organizado”, se realizó a partir de más de 40 entrevistas a encarceladas, liberadas y familiares de personas privadas de la libertad por delitos asociados al crimen organizado en Argentina, Colombia y México, entre julio y diciembre de 2025. También entrevistaron a operadores judiciales de salud y defensores.

En la región, la cantidad de mujeres en esta situación creció un 212% entre 2000 y 2024. Las organizaciones marcan que la causa es “el despliegue de políticas de drogas punitivas que persiguen, de manera desproporcionada, a mujeres provenientes de contextos caracterizados por la falta de oportunidades, que sufren violencia de género y son discriminadas en el acceso a la justicia”.

“Las políticas de persecución al crimen organizado son ejecutadas de manera sistemática y arbitraria en los tres países. A pesar de ser nombradas como extraordinarias, forman parte del actuar cotidiano de las autoridades judiciales. Muchas no tienen un fundamento normativo, o cuando sí lo tienen, carecen de lineamientos claros o estándares de transparencia”, se lee en el informe. 

Castigo extra

Entre las vulneraciones hacia las mujeres se relevaron capturas realizadas con violencia y vulnerando las garantías judiciales; agentes policiales que no se identificaron y/o no presentaron órdenes de detención ni informaron a las mujeres de sus derechos. Además se enumeran: manipulación de evidencia, violencia física, verbal y sexual y amenazas con lastimar a sus familias. Las mujeres detenidas son aisladas durante periodos prolongados y sometidas a una vigilancia constante que les impide cualquier espacio de privacidad, ya sea en el baño, en el encuentro con sus defensores o durante las visitas familiares.

Las entrevistadas, dice el informe, reportaron que sus hijos e hijas fueron amenazados y agredidos por las autoridades. Esto ocurrió especialmente cuando fueron detenidas mientras estaban cuidando niños y niñas en sus hogares. Las agentes estatales entraron con fuerza e, incluso, apuntando armas de fuego en contra de los infantes. Sus pertenencias fueron robadas o destruidas durante los cateos.

Organismos multilaterales y de la sociedad civil advirtieron que estas políticas son un riesgo para la vida e integridad de las personas. En particular, se identificó en las mujeres una degradación alarmante de la salud mental. Varias expresaron sentir soledad y tristeza, atravesar cuadros de depresión y ansiedad y tener pensamientos suicidas.

El estudio marca dos causas principales de la discriminación hacia las mujeres en este contexto. Por un lado, que “la lucha contra el crimen organizado carece de perspectiva de género en su diseño y despliegue”. El Estado “no da respuestas diferenciadas para cada forma de participación dentro de estas estructuras, como si las autoridades concibieran que todas las mujeres tienen el mismo papel” dentro de las estructuras criminales.

La segunda causa, indican, “es que las políticas de persecución al crimen organizado no son mecanismos excepcionales ni limitados a las redes criminales; carecen de fundamento normativo claro, son aplicadas sin criterios específicos y/o son usadas como una sanción disciplinaria dentro de las prisiones”. 

Macarena Fernández Hoffmann coordina el Equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Cels y coordinó también la investigación. Señala que estos regímenes aíslan a las personas “dentro de su celda, con muy poca salida al espacio común y con ningún contacto con el afuera de la cárcel”. 

Agrega: “Esto implica no tener educación ni trabajo y limitaciones en todo contacto con sus familias, tanto en las llamadas telefónicas como en las visitas. Se ve un régimen muy duro donde las mujeres tienen diferentes impactos: en el ejercicio de su maternidad, en los derechos al cuidado y afectaciones específicas por el gran nivel de aislamiento y de violencia que se impone sobre su entorno familiar”. Menciona como ejemplo que las mujeres no pueden abrazar a sus hijos cuando las van a visitar o que no pueden tener a sus bebés junto a ellas.

Las organizaciones que realizaron el estudio recomiendan a los Estados garantizar que las políticas y medidas de persecución del crimen organizado no sean, ni permitan, una suspensión de derechos y garantías durante la investigación judicial y la aplicación de la sanción penal. También, que adopten una perspectiva de género y de derechos humanos, que tengan en cuenta la situación de las mujeres cuidadoras y de las familias de las personas detenidas por delitos ligados al crimen organizado. Aconsejan atender los principios de dignidad, igualdad y no discriminación, legalidad, proporcionalidad y resocialización en los sistemas penitenciarios,

La situación en Argentina

Para el reporte sobre Argentina, se entrevistó a cuatro mujeres privadas de su libertad en Rosario y a nueve familiares (de Rosario y de Buenos Aires). El país endureció los regímenes penitenciarios del SPF. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas señaló que estas políticas no respetan los estándares internacionales de derechos humanos. En 2020, había 1.283 mujeres presas por este tipo de delitos. En 2024 (último dato disponible) se contabilizaron 1.909.

Santa Fe aprobó una Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que estableció un régimen para “internos de alto perfil”. La categoría engloba a quienes hayan estado o estén en contacto con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y a quienes sean relacionados con indicios de fuga, violencia hacia particulares, resistencia a la autoridad policial, participación en motines o tumultos. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció el Sistema Integral de Gestión para Personas de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, que abarca además a quienes intimidan a funcionarios penitenciarios y entorpecen investigaciones judiciales.

Según el Sistema Penitenciario Federal, 132 personas están sometidas al régimen de alto riesgo (74 de ellas con condena). Más del 60% están detenidas por delitos relacionados con drogas. La autoridad nacional no aportó información sobre mujeres. Por su parte, el sistema penitenciario de Santa Fe informó 607 personas clasificadas como “alto perfil”, de las cuales 55 son mujeres. Esta autoridad local no brindó información sobre los delitos, dice el estudio.

“Ninguno de los dos regímenes hace públicos los criterios de inclusión” (dentro del régimen de alto riesgo), marca el informe. Y añade que, si bien fueron creados para albergar a quienes están relacionados con el crimen organizado, “es posible encontrar allí a personas acusadas de delitos como homicidio y hurto no relacionados con estructuras delictivas”.

Los regímenes federal y provincial tienen un funcionamiento similar: celdas individuales con vigilancia permanente durante 20 o 22 horas diarias. En el caso de las mujeres en la provincia de Santa Fe, hijos e hijas menores de seis meses pueden permanecer con ellas, pero no tienen acceso a otros espacios del establecimiento penitenciario. Los niños y niñas mayores de seis meses no pueden ser alojados con sus madres.

El estudio indica que “las condiciones materiales de detención son graves, con celdas en mal estado y roedores. Está prohibido tener celulares, libros, radios, cuadernos e, incluso, fotos familiares y elementos lúdicos para las y los niños”.

Detalla que las mujeres “no tienen posibilidad de acudir a actividades (como talleres, trabajos o clases). De las celdas solo pueden salir, en grupos de tres o cinco, durante 2 o 4 horas, único tiempo para ir al baño, ducharse, cocinar, comer y hacer ejercicio. En todo momento son escoltadas por personal encapuchado y sin identificación visible”. También marca deficiencias en el acceso a la salud; por ejemplo el requisito de presentar solicitudes por escrito o la falta de personal de pediatría.

Hoffmann relata el caso de una mujer detenida que estaba embarazada, cuya gestación se complicó y el bebé nació prematuro. “El bebé debe ser hospitalizado junto con la madre, pero luego a la madre no la dejaron quedarse en el hospital con el bebé. Hubo una separación muy temprana del bebé con la mamá. Finalmente, el bebé llega al penal, donde deja de tener los controles y las condiciones adecuadas para estar bien. Su condición termina siendo de bastante gravedad y finalmente sale adelante. Pero no tenía las condiciones para estar allí y finalmente la mamá decidió separarse de su bebé y que se vaya con su familia. Hablamos con un bebé de días”.

El estudio refiere que, en la provincia, el personal penitenciario retira a las niñas y niños sin previo aviso. También, que requisan de forma repetitiva y con violencia en presencia de infantes. En estas requisas les han pedido a las madres que les quiten el pañal a niños o niñas para inspeccionarlos; si se negaban las amenazaban con sanciones, añade.

Siempre según el informe, el contacto con el exterior está restringido: «Las mujeres pueden acceder a 20 minutos semanales de llamada telefónica en un horario rotativo, muchas veces incompatible con las rutinas escolares y de trabajo de sus familiares. Las visitas son de media hora por quincena, están limitadas al núcleo familiar y ocurren a través de vidrios blindados o rejas. Solo les permiten el contacto físico con hijos/as menores de 5 años». 

Estas visitas deben ser autorizadas, pero como no hay información clara sobre los requisitos, algunas pasan meses sin recibir a nadie, dice el informe, que agrega: «Otras veces, les suspenden las visitas de forma arbitraria sin previo aviso. Las mujeres no tienen permitido recibir encomiendas, solo hay un sistema de transferencia de dinero que, de acuerdo con defensores y familiares, es poco transparente».

En cuanto al acceso a una defensa, sea de tipo pública o privada, “fue deficiente porque no se les informaba adecuadamente qué sucedía en cada etapa del proceso penal”, dice el estudio, y de inmediato añade:: “La mayoría de los defensores se limitaban a recomendar que aceptaran los cargos para acceder a beneficios y juicios abreviados, y evitar sanciones más graves”.

Las mujeres y el crimen organizado

Las motivaciones para el ingreso y los roles dentro de las estructuras del crimen organizado son diversas. Los motivos documentados en el informe son la coerción por parte de hombres (en su mayoría, parejas), la cercanía a los mercados ilícitos (por lazos familiares o uso de drogas), la falta de oportunidades y la búsqueda de emancipación y mayores ingresos. 

En algunos casos se asumen actividades de rango menor o intermedio, como trabajo de limpieza y cuidado, gestión de personal, transporte de mercancía y mensajería. En otros, administración de puntos de venta, manejo de negocios periféricos, espionaje e, incluso, sicariato. Existen casos de mujeres con altos cargos, pero son excepcionales y, en la gran mayoría de los escenarios, el poder fáctico sigue residiendo en los hombres.

“Te encontrás con personas que tienen relaciones con organizaciones criminales, otras que no y otras que tienen algún tipo de relación familiar, pero eso no significa que estén involucradas directamente. Tener alguna relación familiar ya te hace pasible de entrar en estos regímenes. Y esto es bastante discrecional”, dice Hoffmann.

Añade: “Estas medidas ponen en suspenso ciertos derechos y tienen una forma de recaer que es peor para las mujeres. Por eso decimos que configuran un castigo extra”.

—¿Por qué se da esta situación?

—Porque las mujeres, aun aquellas que ocupan un lugar importante o con cierto poder dentro de las organizaciones criminales, suelen tener menos capacidad de defensa, suelen estar en lugares más vulnerables que los hombres y eso hace que, al momento de la defensa y de la seguridad dentro de la cárcel, queden mucho más expuestas y sufran diferentes violencias. Muchas veces se usa a los hijos como forma de extorsión para que se declaren culpables o los mismos hijos sufren violencia directamente en el momento de la detención. Muchas de ellas están en una situación de vulnerabilidad que se acentúa por quedar en esta situación de violencia y luego por vivir ciertas formas de violencia que, en general, se expresan más en mujeres como violencia sexual, las extorsiones, las amenazas.

—¿Qué ocurre con estas formas de ejecución de la pena y los lazos sociales?

—La definición del crimen organizado no es un hecho, sino que tiene que ver con formas de relacionarse para cometer ilícitos y obtener ganancias a partir de ello. Y esto se ve claramente en la aplicación del castigo. Muchas veces son las relaciones las que están criminalizadas, por ejemplo las relaciones familiares. Y muchas veces son las mujeres las que quedan más expuestas porque son las que quizás están sosteniendo ese lazo familiar y los lazos comunitarios. Entonces, en el momento de intervención en los territorios, ellas son las que primero se ven, las que suelen quedar a la vista cuando se perciben las relaciones entre las personas. Y el castigo lo que busca es justamente cortar ese lazo social. Es un castigo de aislamiento total. Muchas veces hay delito, no es que no, lo que marco es el enfoque que tiene esta política criminal. El narcotráfico suele generar muertes y destruir también el tejido social, con lo cual de alguna forma puede ser necesaria la aplicación de medidas excepcionales. El problema es que es un “vale todo”. Respecto al encarcelamiento, hay algunas cuestiones que es muy importante que estén moduladas, como la proporcionalidad y la transparencia. Pero no es lo que pasa.

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El acuerdo señala que «mientras aumenta exponencialmente el costo de vida y el endeudamiento de las familias, mientras crece el hambre, el abandono en salud, el desamparo de grupos sociales, mientras se profundizan las desigualdades y aumenta la mortalidad infantil, mientras el cansancio, la pobreza de tiempo y el pluriempleo moldean la vida, las políticas públicas de cuidado fueron debilitadas, desfinanciadas o directamente desaparecieron».

Indica que ese es el resultado del «ajuste feroz» sobre quienes menos tienen y que se destruyeron 48 de 50 políticas de cuidado. «Cuidar es más que nunca una responsabilidad privada en condiciones aún más frágiles, cuando debería ser una prioridad pública», cuestiona.

Agrega: «La actualidad está marcada por el deterioro de las condiciones para criar, acompañar a las personas mayores y sostener la vida cotidiana».

Frente a este escenario, el Acuerdo propone construir un consenso amplio entre organizaciones sociales, sindicales, religiosas, comunitarias y de la sociedad civil que permita avanzar hacia un sistema de cuidados más justo, inclusivo y sostenible. Para eso, se lanzó esta tarde una campaña nacional con trece puntos.

“Es un día muy importante para nosotras porque además de felicidad tenemos esperanza, porque construimos una alianza social poderosa”, abrió Virginia Franganillo, coordinadora de la mesa intersectorial de La cocina de los cuidados, desde la tarima de la Fundación Foro Sur. Y destacó que esta propuesta “comenzó cuando empezamos a pensar colectivamente una propuesta para la sociedad argentina, central en un proyecto de país, una construcción de abajo hacia arriba con el desafío de sumar muchas voces, y un sueño: que después de Malvinas y el Conicet, la próxima camiseta argentina sean los cuidados”.

Lucía Cirmi, economista y una de las coordinadoras del Monitor que, de manera trimestral, releva las políticas públicas de cuidado para La cocina, explicó que este acuerdo «es al mismo tiempo una denuncia, una propuesta frente a la transición demográfica y un programa de política pública. Es una alternativa al discurso de Milei sobre la baja de la natalidad, a la que no hay que pensar como un problema, sino como una oportunidad para que la sociedad pueda vivir mejor, con más cuidados».

Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que conforman La cocina, detalló uno a uno los trece puntos que propone el Acuerdo. “Lo primero que decimos es que cuidar es un proyecto de país y que los recursos están, porque los cuidados no son un gasto sino una inversión”. Y subrayó que los ejes son “una agenda para desarrollar sistemas de cuidados integrados, infancias, adolescencias, familias, territorios, trabajadoras y cuidados comunitarios, mujeres y diversidades, personas adultas mayores, con discapacidad. Los trece puntos nos dan un horizonte, ahora tenemos que seguir ampliando las redes para que sean una realidad”.

La investigadora María del Carmen Feijoo señaló que estar hoy presentando este acuerdo “es algo muy impactante porque hace casi 50 años en Buenos Aires un grupo de sociólogas empezamos a estudiar qué hacían las mujeres en sus hogares. Y nunca me imaginé que ese tema se iba a convertir en un movimiento social de acción colectiva como el que estamos construyendo acá”. Y propuso que esta campaña “incluya a todos los actores sociales posibles, y no sólo a las mujeres. No puede ser una campaña de mujeres, tiene que desexualizar los cuidados”.

Tras unas palabras de la abogada feminista Nelly Minyersky, se presentaron dos paneles, moderados por Emilia Trabucco, de la CTA de lxs Trabajadorxs y Nodal. En la primera, “Las poblaciones que necesitan cuidados”, participaron Gabriela Bauer, pediatra y ex directora del Hospital Garrahan; Mónica Roqué, de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) y Gabriela Troiano, por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

En el segundo panel, expusieron en representación de las y los trabajadores Norma Morales de la UTEP y las secretarias de Género de la CTA Autónoma, Leonor Cruz, y de la CGT, Carla Gaudensi. Por último, el empresario Gustavo Grobocopatel destacó la importancia de que el sector empresario sea parte de un pacto social por los cuidados. Durante la presentación, también estuvieron presentes concejalas municipales, quienes anunciaron que ya se presentaron proyectos de ordenanza en 50 localidades de todo el país, para adherir y trabajar los distintos puntos del acuerdo en cada territorio.

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Y agrega: «Las mujeres tienen una inserción mucho más precaria en el mercado de trabajo, por lo que en momentos de caída de la actividad económica son las que en primer lugar se ven afectadas».

Las mujeres poseen, en mayor medida, trabajos informales y de menor estabilidad. En el Gran Rosario, el 34,4% de las asalariadas no cuenta con aportes jubilatorios, lo que impacta en sus trayectorias laborales y en su acceso a derechos sociales. En la provincia de Santa Fe, más del 80% de las jubiladas accedieron mediante moratorias, frente a una proporción considerablemente menor en los varones, lo que evidencia las dificultades estructurales para cumplir con los requisitos de aportes. A su vez, los haberes previsionales de las mujeres son inferiores, lo que refleja que la brecha económica posee persistencias aún en las edades avanzadas.

A partir de marzo de 2025, finalizó en Argentina la moratoria previsional establecida por Ley Nº 27.705 de 2023, que permitía acceder a la jubilación a personas que no contaban con la totalidad de aportes requeridos. En números, en Santa Fe, la moratoria posibilitó que 239 mil mujeres accedan a una jubilación pese a no haber alcanzado los 30 años de aportes, según el relevamiento de la UNR.

Cómo se mide la brecha salarial

Barman señala dos maneras de medir la brecha salarial de género. Una de ellas es tomar en cuenta todos los ingresos declarados por varones y por mujeres. «En Argentina se usaría la Encuesta Permanente de Hogares como base de datos principal; a partir de allí se establecería un promedio y una comparación», explica.

La especialista menciona otra forma de medición, que es la “brecha salarial compensada”. Se obtiene a partir de un modelo econométrico que aísla factores que no tienen que ver con el género y que pueden incidir en la brecha salarial. Por ejemplo: la antigüedad, la edad de la persona, el nivel educativo alcanzado. “Lo que se trata de explicar con eso es cuál es la brecha concreta que tiene que ver con la cuestión de género”, señala.

Aplicando un modelo econométrico que elimine el efecto de variables ajenas al género, tales como antigüedad, edad y nivel educativo, se observó que por cada 100 pesos que cobra un varón, una mujer cobra 90 pesos en los 31 principales aglomerados de Argentina. En el Gran Rosario, la diferencia es de 80 pesos contra 100.

«Para el Gran Rosario, la brecha simple nos daba 37% y, a nivel nacional, 29. Con la brecha ajustada, nos dio un 19,8 en Gran Rosario y un 10 a nivel nacional», indica. Es decir que, en la diferencia del 37%, el 20% estaría explicado solo por el género. Y del 30% a nivel nacional,10 estaría explicados por el género.

Las razones de la brecha

La Ley de Contrato de Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación entre las y los trabajadores «por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad». Sin embargo, Barman apunta: «La brecha salarial es la punta del iceberg de algo mucho más estructural que explica esa desigualdad. Es el indicador que más se ve, pero simplemente visibiliza una estructura social de cómo organizamos el trabajo, las tareas de cuidado, los trabajos domésticos. Eso después tiene su correlato en el mercado de trabajo y en la brecha salarial».

Los datos presentados en el informe de la UNR evidencian la persistencia de desigualdades estructurales de la ciudad de Rosario y la región que atraviesan múltiples dimensiones de la vida social, económica y laboral de las mujeres. En primer lugar, marca una distribución desigual de las tareas de trabajo no remunerado —domésticas y de cuidado—. En el Gran Rosario, de las personas que realizan las tareas del hogar, siete de cada diez son realizadas por mujeres.

«Eso ya nos pone en un plano de desigualdad porque son menos horas en el día que podemos destinar al trabajo remunerado. Por eso las mujeres tienen un menor nivel de actividad: las que participan en el mercado de trabajo son cinco de cada diez, mientras que los varones son siete de cada diez», compara.

Agrega que esa situación hace que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo sea «bastante más precaria» o que se desempeñen en áreas que permiten mayor compatibilización entre el trabajo remunerado y el no remunerado. Por ejemplo, el sector de la educación, de la salud o de las tareas de trabajo doméstico en hogares particulares.

Un informe de la red Acuerdo Nacional por los Cuidados indica que, respecto del trabajo diario no remunerado, las mujeres destinan 6.31 horas y los varones, 3.40. Pero frente al trabajo en una ocupación productiva y remunerada, las mujeres dedican 7.34 horas y los varones, 9.06 horas.

Por otro lado, aquellas que pueden insertarse en trabajos de carga horaria completa o en sectores más productivos o con mayores ingresos, enfrentan más dificultades para llegar a puestos jerárquicos. «Son los famosos ‘techos de cristal’ o ‘pisos pegajosos’, que hacen que las mujeres se queden en posiciones no jerárquicas», añade Barman.

Esto se debe, explica, a que, al momento de tener hijos o hijas, las mujeres tienen una «penalización» laboral mucho más alta que los varones, por las licencias asignadas a ambos géneros. En el caso de los varones, es de dos días. En el de las mujeres, es mucho más amplia. También marca «cuestiones ligadas a la subestimación que se hace de las mujeres en determinados rubros».

La organización social del cuidado, en emergencia

Lucía Cirmi es economista e integrante de la organización Futuros Mejores. En diálogo con El Ciudadano, destaca que durante el gobierno de Javier Milei la brecha salarial creció del 25 al 29%.  E indica, en coincidencia con Barman, múltiples motivos: los despidos en el Estado y el congelamiento de esos salarios: «Todo lo que es trabajo estatal es un trabajo que, en términos relativos, está feminizado». Agrega que las trabajadoras de casas particulares también perdieron empleo y poder adquisitivo (aproximadamente el 20%). El recorte de las políticas públicas también afectó particularmente a las mujeres.

«Toda interrupción de políticas de igualdad explica también por qué se amplió esa brecha. Para cerrarla, necesitás políticas de cuidado igualitarias como condición necesaria, pero también políticas igualitarias hacia dentro del mundo productivo», expresa.

La carga de trabajo no remunerado hace que las mujeres tengan una jornada más extendida. Esto, más las condiciones y tipos de trabajos (remunerados) en los que se ocupan las mujeres, explica la brecha de ingresos entre unos y otras a lo largo de la vida, y las barreras para acceder a una jubilación.

El informe de la red Acuerdo Nacional por los Cuidados denuncia que «la organización social del cuidado está en emergencia». Señala: «Mientras aumenta exponencialmente el costo de vida y el endeudamiento de las familias, mientras crece el hambre, el abandono en salud, las políticas públicas de cuidado fueron debilitadas, desfinanciadas o directamente desaparecieron. Se destruyeron 48 de 50 políticas de cuidado».

Y advierte que, con un Estado ausente, los cuidados recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. «Esta organización profundiza las desigualdades sociales y de género, hace crecer la pobreza y la indigencia feminizada e infantilizada, limita la autonomía de quienes cuidan y deteriora las condiciones para sostener la vida», concluye.

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Yama Corín es arteterapeuta, militante feminista, integrante del colectivo Mundanas y madre protectora. En sus palabras, la iniciativa sobre las falsas denuncias “tiene un objetivo más político que jurídico“ y es “instalar en la sociedad un debate misógino, que es la desconfianza hacia las mujeres que denunciamos violencia de género y abuso sexual en las infancias de nuestros hijos o hijas”.

Agrega que, además, va en línea con la persecución que tienen las docentes al momento de aplicar la educación sexual integral. “La ESI es la que garantiza la voz de las niñeces que podrían estar sufriendo violencia y eso se intenta silenciar con esta persecución”, define.

“Se instala la idea de que cualquiera denuncia cualquier cosa o de que el Poder Judicial siempre nos da la razón a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y lo que ocurre es lo opuesto. El Poder Judicial nunca nos dio la razón a las mujeres, ni por ser mujeres, ni por ser madres: todo lo contrario. Siempre tuvo una mirada patriarcal, revictimizante, y con un análisis de la prueba que es igual al de cualquier otro delito, lo que muestra que no permeó la idea de qué es lo que se está investigando y cuál es el costo psíquico para las víctimas”, enfatiza.

Las madres protectoras son aquellas que denuncian abuso sexual contra sus hijas o hijos. En el momento en que se inicia ese proceso, ocurren contradenuncias por falso testimonio y por impedimento de contacto de la persona denunciada con la niña o el niño. Corin comparte sus reflexiones a partir de su propia experiencia como denunciante. Y también del acompañamiento que brinda a otras mujeres que transitan esa situación.

Subraya: «Las madres protectoras necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden, pero porque nosotras estamos cuidando a nuestros hijos e hijas que fueron víctimas de una violencia brutal, que también necesitan acompañamiento, que necesitan protección, que necesitan terapia, que necesitan justicia». Sintetiza: «Necesitamos una sociedad que pueda mirar al otro con empatía».

Agrega que le gusta decir «personas que fueron victimizadas», no «víctimas». Y explica: «Víctima’ es una descripción estanca, es como si ahí quedasen. Es lo contrario a describir cuánto duele. Toda la angustia que nos provoca esta realidad, para mí solo tiene sentido si lo podemos hablar y confiar en que hay gente que va a estar del otro lado escuchando».

—¿Qué implica hacer una denuncia?

—Cuando nosotras denunciamos nos encontramos con la necesidad de desarrollar lo que estamos denunciando. Ese desarrollo implica muchísimo dolor con una escucha que nunca es cuidada, que nunca es en un espacio protegido. Esa denuncia después se tiene que ratificar, hay que volver a ir. Luego empiezan una investigación. Esa investigación implica que las pericias son sobre las personas que denunciamos o las víctimas, previo a que se pericie a los denunciados. Entonces quienes somos sometidas en un proceso de denuncia en primera instancia somos quienes denunciamos y los niños y niñas que fueron víctimas de un delito que es de un alto componente traumático. Para sostener ese proceso judicial hay que pagar patrocinio jurídico. Hay que pagar asistencia psicológica. Para nosotras implica no solo el costo emocional, sino un costo económico. Son muchos años para lograr que esa causa permanezca en investigación sin una absolución por falta de prueba, sin que se archive. Lo que conocemos de estadísticas es que, de 1000 casos se denuncian 100 y de 100, se condena a un solo abusador. Lo que está pasando es contrario a lo que dice este proyecto, que es que hay un beneficio por parte de las denunciantes. Jamás hay un beneficio, sino un altísimo costo. Las causas circulan alrededor de diez años en promedio.

—¿En qué consisten esas pericias?

—La Cámara Gesell es un dispositivo en el que niños, niños o adolescentes menores de 18 años declaran, en teoría, no entrevistados por un fiscal o una fiscal, sino por un profesional de la psicología. Esa entrevista está videograbada, lo que implica la posibilidad de que si esa causa llega al juicio oral, ese video se reproduce en el juicio evitando la revictimización de que la persona tenga que volver a declarar. El dispositivo de Cámara Gessel a veces tiene una entrevista o dos, tres con suerte. Eso varía según las características de la fiscalía. Pero son entrevistas que tienen un inicio y un cierre relativamente corto. Si ese niño o esa niña justo en esa entrevista no pudo desarrollar lo que es un hecho traumático, difícil de poner en palabras, difícil de comprender muchas veces en ese momento, pierde su única chance de ser oído. A veces se intenta que haya un informe previo de un profesional que dé cuenta de si ese niño o esa niña está en el momento indicado para ir a una Cámara Gesell. A veces respetan esos informes, la mayoría de las veces no. Entonces, es una Justicia que no se ajusta a los tiempos de las víctimas, sino al propio tiempo de su proceso. Y cuando las mamás denunciamos nos perician en entrevistas con psicólogos o psicólogas del tribunal que muy pocas veces tienen formación y perspectiva de lo que se está investigando. El Poder Judicial está sostenido por personas y las personas, independientemente de su profesión, tienen ideología, tienen prejuicios y tienen también traumas y dolores. Todo eso opera a la hora de ejercer su práctica y tiene consecuencias. Es importante que podamos dar cuenta de la responsabilidad que tienen esas personas, de la perspectiva que tienen esas personas, que la Justicia no es un ente: tiene cuerpos, personas y a esas personas también tenemos que apelar en el sentido de lo importante que es el cuidado frente a estas situaciones.

—¿Qué pasa a nivel social cuando se denuncia el abuso sexual en las infancias? 

—Se rompe todo. Hay algo muy gráfico que se me vino a la mente cuando yo lo atravesé y después acompañando a otras mujeres. Es la imagen de una piedra que cae en el agua y hace un sinfín de oleajes. Esa piedra es la situación tremenda, traumática que estaba viviendo ese niño o esa niña y también la revelación para la familia, para las madres y para la familia. Frente a esa revelación tan brutal, en general lo que ocurre es que toda la familia y el entorno laboral, profesional o social, sea en un club, sea en un partido político, en un sindicato, en una escuela, ocurre una ruptura. Una ruptura que permite que haya personas que acompañen a esas víctimas, a esa mamá o a esa denuncia. Y que haya otras personas que defiendan al abusador bajo distintos argumentos.

—¿Qué argumentos?

—A veces creemos que toda aquella persona que defiende a ese presunto abusador son igual de mierdas. Y a veces no: lo que ocurre es que es imposible creer que una persona que nosotros vemos en nuestro contexto social como amable, solidario o que responde perfectamente a una profesión, que se lo ve buen padre, sea capaz de cometer una aberración tal como la violación a un niño. Comprendo esa negación, no la justifico, porque esa negación implica dejar al descuido a las personas que lo están necesitando. Después hay personas que son verdaderas mierdas y acompañan a los abusadores por misoginia, por interés, porque hay una red profesional alrededor de patrocinar y proteger a los abusadores y mantener esta estructura social de violencia. Pero hay distintos grados. El tema es cómo uno puede replantearse en qué lugar se posiciona. Y ese replanteo va desde el círculo de cada persona que denuncia a lo social. Por eso hay una disputa por el sentido y por eso intervienen estos sectores que defienden a abusadores con absoluta conciencia, haciendo una campaña de que las mujeres mienten, son malas, denuncian falsamente. Eso les da tranquilidad a aquellos que son o más ignorantes o que tienen una negación o que tienen un afecto por esas personas denunciadas. El entramado es complejo. Si no lo fuera, ya lo habríamos resuelto.

—¿Cómo impacta el desmantelamiento actual de las políticas públicas y los discursos gubernamentales de que la violencia de género no existe? 

—El desmantelamiento es del Estado en su conjunto. Lo que vino a hacer este gobierno, que es un gobierno fascista, es la deshumanización de quienes creen que son su oposición. El aniquilamiento no es solamente con cámaras de gas, sino que el aniquilamiento es el hambre, el abandono, como lo hacen con las personas con discapacidad, con los jubilados, con los estudiantes y con el Estado en su conjunto. Y las feministas también somos sus enemigas políticas. Me parece importante darnos ese lugar porque muchas veces nos sentimos desoladas, pero si nos tienen que agredir de esta manera es porque hay un peso político que sí tenemos. Para aniquilarnos nos dejaron sin política pública. Desmantelaron el Ministerio de Mujeres ,Género y Diversidad, con todas las limitaciones que tuvo, y el Programa Patrocinar, que daba patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de abuso sexual en las infancias. Y los espacios provinciales y municipales van en el mismo sentido. No solo nos dejan sin acceso a denunciar o al acompañamiento del Estado para garantizar un derecho, sino que aparte operan en una batalla ideológica para sostener la decisión política de dejarnos sin Estado. Un Estado lo que tiene que hacer es garantizar derechos, entonces es dejarnos sin derechos.

—¿Cuáles son las respuestas reales que requieren las madres protectoras, las infancias y las mujeres que sufren violencia de género?

—Es muy necesario que cada población que padece alguna violencia pueda sentirse parte del conjunto. Estos proyectos negacionistas de la dictadura, de abandono completo de todo lo público, de no reconocer a quienes sufrimos violencia de género, la disgregación de los espacios colectivos de organización, de todo lo que tiene que ver con la empatía, el creernos, el acompañarnos, el sostenernos. Lo que necesitamos es eso y eso es lo que vienen a romper. Las madres protectoras necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden, pero porque nosotras estamos cuidando a nuestros hijos e hijas que fueron víctimas de una violencia brutal, que también necesitan acompañamiento, que necesitan protección, que necesitan terapia, que necesitan justicia. Nosotras necesitamos una sociedad que pueda mirar al otro con empatía. Así como necesitan los jubilados, las estudiantes, los estudiantes que los miremos con empatía, que haya un compromiso por el otro. Y eso se construye en espacios de organización donde pueda haber una mirada, donde pueda haber una escucha. Creo que las redes sociales son su lugar de poder, porque en las redes no solo es todo es muy masivo y veloz, sino que no sabemos quién está del otro lado. Necesitamos volver a lugares de encuentro donde sepamos con quién estamos hablando, donde podamos tener emoción frente a lo que a la otra persona le pase y compromiso con lo que decimos. Porque en las redes cualquiera te dice: «ojalá te mueras de cáncer en la cárcel”.  Y yo no sé quién está del otro lado. Necesitamos es parar un poquito la pelota y volver a construir con otros. Eso nos va a permitir el acompañamiento como madres protectoras, a nuestros hijos e hijas y a todos los sectores que están siendo vulnerados.

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La incorporación de herramientas digitales busca facilitar respuestas tempranas, acercar información confiable y fortalecer las capacidades de los equipos territoriales que intervienen ante situaciones de violencia por motivos de género.

La jornada incluyó también la presentación de los Juegos Micaela. Se trata de una propuesta pedagógica digital para promover la reflexión y el aprendizaje sobre género, diversidad, cuidados, vínculos y buen trato. A esto se suman cursos virtuales autogestionados dirigidos a la ciudadanía, gobiernos locales, organizaciones sociales y entidades deportivas.

Convenios con municipios

Durante el encuentro se firmaron convenios con localidades del sur santafesino, con el objetivo de consolidar el trabajo articulado entre la Provincia y los gobiernos locales en el territorio.

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, señaló: “Estamos contentos no solo por la firma de los convenios, sino también por poder compartir con los gobiernos locales estas herramientas, que son fundamentales para trabajar en la prevención de las violencias hacia las mujeres y las diversidades, así como en la promoción de derechos. Desde la Secretaría decidimos acercar estos recursos digitales para que cada equipo pueda utilizarlos según las necesidades de su territorio”.

Las herramientas fueron desarrolladas para mejorar la efectividad de las intervenciones territoriales, fortalecer las estrategias de prevención y facilitar el acceso a información y políticas públicas vinculadas con los derechos humanos y la igualdad de género.

Victoria Callonego, integrante de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, explicó: “Cuando el gobernador inició su gestión nos planteó un ambicioso proceso de transformación digital, con el desafío de incorporar nuevas tecnologías y utilizarlas como motor de transformación social y cultural. El chatbot comenzó a implementarse en enero de 2026 y es una herramienta que brinda información clara y precisa, reduce márgenes de error y preserva a la persona usuaria, evitando situaciones de revictimización o cuestionamientos”.

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El proyecto ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y podría tratarse en el recinto en los próximos días. Ante este panorama se realizó la jornada “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian las violencias”, convocada a instancias del senador Carlos Linares (Chubut) y de organizaciones feministas. Estuvieron presentes los senadores Marcelo Lewandowski, Juliana di Tullio, los diputados Esteban Paulón y Gabriela Estévez, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y la senadora por esa provincia, Mónica Macha.

 

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En la jornada, realizada esta semana, tomaron la palabra denunciantes, activistas feministas, especialistas en materia de género y acceso a la justicia. Daniela Dosso, denunciante de violencia de género y madre protectora, aseguró: “Este proyecto de ley quiere profundizar la impunidad de los agresores. Hoy nuestros hijos e hijas están bien, pero aprobar este proyecto es devolverlos a la sala de torturas. Escucharnos es una forma de no revictimizarnos y de contar con nosotras como sujetas políticas, que fue lo que construimos con los años”.

Julia Martino, de Incidencia Feminista, indicó: “Venimos hace bastante tiempo trabajando en contra de este proyecto mal llamado de falsas denuncias. Estamos preocupadas porque se criminalice a las denunciantes y por lo tanto se proteja a los agresores y abusadores. Las denuncias salvan vidas, lo que quieren es que no denunciemos y proteger a los agresores”.

También estuvo presente la abogada Andrea Lucangioli, quien acompañó a las jugadoras de la Selección Argentina que, en 2021, denunciaron al entrenador Diego Guacci por acoso y abuso sexual. “Todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común: el miedo a que no les crean, a que no las entiendan, a que no las acompañen, a que no puedan acceder a la justicia. Ese es el miedo que también tenían las jugadoras”, indicó.

«Faltan denuncias»

La ministra Díaz expresó: “Lo falso es el problema que quieren construir. Las falsas denuncias no son un problema en la Argentina. Y si existen, como pueden haber existido a lo largo de la historia para cualquier tipo de delito que estemos analizando, ya cuentan con mecanismos legales para su sanción y para la persecución penal. No estamos frente a un vacío legal”.

Agregó: “Instalar a las falsas denuncias como tema y como problema obedece a una perspectiva política que es afín a lo que viene instalando el gobierno nacional desde la presidencia de Milei, que plantea que la violencia por razones de género no existe”.

Y sostuvo: “Quieren generar una situación de silenciamiento y de impunidad para la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes y la violencia de género. Es un camino de construcción, de impunidad para la violencia machista”. 

Detalló que, actualmente, más del 88% de los casos de abuso sexual infantil no llegan a ser denunciados. Al respecto, señaló: “En realidad estamos frente a la falta de denuncias, porque hay mucho desistimiento. No se analiza cómo proteger a quien sufre esa violencia, cómo mejoramos los procesos en la celeridad para la investigación, cómo aportamos la perspectiva de género y de derechos, sino que ponemos el foco en disuadir, en estigmatizar y en discriminar a quienes denuncian, a quienes asisten profesionalmente y a quienes acompañan”.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), indicó: “Esta es una mala respuesta a un problema mal formulado. No es un problema que las personas pidan ayuda. El problema es cuando no lo hacen o no lo hacen lo suficiente”. En ese sentido, agregó que solo una de cada cuatro mujeres en situación de violencia con una pareja actual o pasada ha buscado algún tipo de ayuda institucional.

“Hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia porque las barreras de acceso a la justicia son muchas, son materiales, son simbólicas, son económicas, son emocionales. El problema real es que la Justicia no resuelve los conflictos que le son llevados”, argumentó. 

Un proyecto para silenciar a quienes se animan a denunciar

El movimiento feminista conquistó, en los últimos años, un marco legal que reconoce las múltiples violencias por motivo de género que viven las mujeres y disidencias sexuales en los diversos ámbitos en los que desarrollan sus actividades. La Ley de Protección Integral, 26.485; o la incorporación del femicidio como agravante en el Código Penal son algunos ejemplos. Esas leyes surgieron al calor de un movimiento social creciente y también de los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.

Con un gobierno que, desde los inicios, declaró su guerra contra las mujeres y contra el Estado, proyectos como el de Losada encuentran terreno fértil. El mensaje es: el Estado no está para proteger y erradicar la violencia, sino para encarcelar a quienes alzan su voz.

María Elena Naddeo es abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también participó de la jornada en el Senado. “El objetivo de este proyecto es atemorizar y disciplinar a quienes ejercen sus derechos. Es una represalia de quienes, sintiéndose acorralados por el avance de los derechos humanos y la visibilización de la pedofilia, buscan ampararse en el poder político más conservador para defender sus viejos privilegios patriarcales y retrotraernos a siglos pasados. A ese pasado de silencio y de crueldad al que no estamos dispuestas ni dispuestos a volver”.

La abogada Ileana Arduino, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, manifestó: “Están habilitando un auténtico ‘no te metas’, están destruyendo la responsabilidad comunitaria. Hay un proverbio africano que dice que para criar un niño no alcanza una familia, hace falta una comunidad. Tener normas que amedrenten la posibilidad de acompañar a alguien que en su casa no encuentra refugio sino el horror, es un retroceso en términos de las políticas de solidaridad y de fortalecimiento comunitario”.

Añadió: “No es casual que en un contexto de desmantelamiento estructural de las políticas de género y de antifeminismo de Estado, se busque destruir aquello que hemos sabido conseguir, que es la posibilidad de denunciar las violencias”.

Alejandra Tolosa, abogada e integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), indicó que, si existe el riesgo de una sanción penal por el simple hecho de denunciar, menos personas van a denunciar y menos va a intervenir el Estado. “Y menos intervención del Estado significa menos protección, más impunidad, más riesgo y más violencia”, enfatizó.

Deudas del Poder Judicial

Gherardi consideró que este proyecto de ley no le da una respuesta a quienes sienten que han sido víctimas de una falsa denuncia. “En la medida en que la Justicia siga sosteniendo procesos abiertos por larguísimos años, no le va a dar una respuesta a nadie. Y ahí está el problema”, apunto.

Para la abogada, hay que abordar el funcionamiento del Poder Judicial, de la investigación, de las fiscalías, las condiciones materiales en las que se trabajan y prestar atención a los sistemas judiciales de las provincias, no solo al Poder Judicial federal.

La Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Lucio obligan a profesionales a denunciar cualquier situación de abuso o violencia que pudiera llegar a su conocimiento. “Pero si alguien después argumenta que fue una falsa denuncia porque no se avanzó en la prueba o en la investigación, ese o esa profesional eventualmente corre el riesgo de ser denunciada o denunciado”, observó. 

Naddeo explicó que la mayoría de las denuncias no prosperan porque las pericias son difíciles de constituir: “Estos delitos, que antes llamábamos de instancia privada, ocurren en el silencio, en el horror del hogar”. Pero eso no significa que estén basadas en una mentira.

En el mismo sentido se expresó Sabrina Cartabia, abogada y subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad bonaerense. “Tuve la experiencia de llevar casos de niños, niñas y adolescentes a Cámara Gessel y de ver las condiciones, el poco tiempo que se le da a un niño o una niña de 4 o 5 años, para que en 15 minutos le cuente a alguien que no conoce las cosas más terribles que ha pasado. Es muy difícil, sobre todo en estos casos, poder probar, pero eso no quiere decir que estemos frente a una falsa denuncia. Estamos frente a estándares de prueba que no son sensibles para esas realidades”, relató.

Y aludió a los prejuicios y estereotipos aún presentes en el Poder Judicial: la figura de la mujer mentirosa. “Eso está en la raíz de nuestro derecho, es el derecho romano, donde las mujeres ni siquiera podíamos ser aceptadas como testigos en juicios”.

“Pero pudimos demostrar que no somos mentirosas, que podemos tener manejo de nuestra propiedad, que podemos tener la patria potestad sobre nuestros hijos, que podemos trabajar y tener vidas libres. Eso es lo que se viene a atacar acá”, cuestionó.

A su turno, la jueza Analía Monferrer (de la Cámara del Tribunal Oral en lo criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal), explicó: “Las absoluciones muchas veces se dan porque no existen elementos suficientes para llegar a una condena, no porque la persona haya mentido. Desde que estoy en el tribunal no hemos tenido ningún caso en el que hayamos corroborado la mentira de la persona que denuncia”.

También comentó que en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (OVD) se hizo una experiencia piloto con mujeres que denunciaban violencia de género y a los pocos días retiraban la denuncia. “En el 100% de los casos querían retractarse y levantar la denuncia porque habían sufrido nuevos episodios de violencia o de amenazas por parte de la persona que habían denunciado”, indicó.

Un proyecto que no respeta las obligaciones argentinas en materia internacional

El proyecto de Losada contradice tratados internacionales de jerarquía constitucional en Argentina, como la CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño. Tampoco tiene en cuenta la Convención de Belém do Pará, ratificada por Argentina en 1996.

Tolosa recordó que estas convenciones determinan obligaciones para el Estado: prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres; eliminación del uso de estereotipos en el tratamiento de estas causas; protección efectiva y evitar represalias sobre una persona que asiste al sistema de justicia; no discriminación y garantía del acceso a la justicia, incluyendo la posibilidad de facilitar la denuncia.

El comité de expertas de la CEDAW, que evalúa a Argentina en cuanto al cumplimiento de esta convención, emitió un informe advirtiendo sobre los altos índices de violencia y de feminicidio en Argentina, incluso en casos en los se había denunciado y que se había solicitado protección. También llamó la atención sobre el contexto regresivo de las políticas de género y sobre los discursos negacionistas de la violencia de género por parte del actual gobierno.

Además remarcó que el aumento de las penas por denuncias consideradas falsas en contextos de violencia de género podrían tener un efecto disuasorio en las mujeres que buscan protección y desalentar la denuncia de este tipo de violencia. Por tal motivo, instó al Estado argentino a retirar la propuesta y a garantizar que las enmiendas legislativas no creen obstáculos para las denuncias, que no disuadan a las víctimas de buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género.

“Avanzar con este proyecto podría colocar a la Argentina en una situación de posible un cumplimiento de responsabilidad internacional”, concluyó Tolosa.

Según datos de la Casa del Encuentro, en 2025 hubo 262 femicidios y 20 femicidios vinculados (cuando se comete para generar dolor en la mujer) de varones adultos y niños. 260 hijas e hijos quedaron sin madre; el 53% de ellas y ellos es menor de edad.

“Esto parecería no escandalizar a la senadora y a los senadores que han impulsado este proyecto de ley, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de cómo se reconstituyen los equipos de patrocinio jurídico gratuito que el Ministerio de Justicia de la Nación ha desmantelado también a lo largo y ancho del país”, dijo Naddeo.

Estadísticas sobre falsas denuncias

“Se afirma la existencia de una epidemia de falsas denuncias respecto de la violencia sexual o de la violencia de género, pero no hay ningún dato ningún organismo oficial lo produce. Sería deseable que lo produzcan”, manifestó Arduino. 

El Registro Nacional de Reincidencia para el año 2023 informó que en la Argentina se dictaron 23.419 sentencias condenatorias por diversos delitos. Entre ellas, por una consulta que hizo Inecip, se informó que solo 60 eran por el delito de falsa denuncia. En otra respuesta, afirmó que eran 41. “Incluso en el cálculo de 60 denuncias, esas denuncias representan el 0.25%”, subrayó.

Inecip realizó otros relevamientos para rastrear la correlación entre género y falsas denuncias. “En la jurisprudencia de la ciudad de Buenos Aires, solo en tres de 16 situaciones la cuestión discutida tenía que ver con casos de incumplimiento de deberes alimentarios o lesiones en contexto de violencia de género. Y se desacreditó la existencia de falso testimonio”, puntualizó.

Según datos de Naciones Unidas, en Brasil, la alegación de que las mujeres mentían funcionaba en el 66% de los casos, frente al 17% de casos donde el acusado de mentir era un hombre. “Cuando el acusado era un hombre, la mentira como estrategia de defensa de la contraparte se reducía sustancialmente”, detalló la abogada. La estrategia se replica en otros países, como Canadá e Italia.

Otro argumento utilizado para desestimar una denuncia es la retractación. Sin embargo, una investigación del Instituto Ricardo Núñez (Córdoba), que trabajó sobre niños, niñas y adolescentes que se habían retractado, reveló que en el 75% de los casos cuando revelaron el hecho de abuso recibieron desconfianza o indiferencia por parte del adulto que recibió la información. Más del 60% de ellos seguía en contacto con el adulto agresor y solo el 10% tuvo asistencia psicológica durante el proceso judicial que incluyó esa retractación.

“Todas las recomendaciones de los organismos internacionales indican que una retractación no puede bajo ningún punto de vista clausurar un proceso judicial”, apuntó Arduino. 

Desde el 15 de septiembre de 2008 hasta el 19 de abril de 2026, la OVD de la Corte Suprema de la Nación recibió 171.021 casos. Del total, 131.514 corresponden a denuncias hechas por mujeres a varones, parejas o exparejas, y dentro de ellas un porcentaje es de violencia hacia niñas. Entre todos esos casos, hubo uno solo de falsa denuncia.

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También marcaron la importancia de generar espacios de memoria y acompañamiento en un contexto atravesado por el dolor.

En el acto también hubo cuestionamientos al tratamiento mediático del caso y pedidos de resguardo hacia la familia. “Les pedimos por favor a los medios de comunicación que sostengan la ética, la responsabilidad y el respeto”, indicaron, y agregaron: “Que la cara que salga en todos los medios sea la del asesino, no la de la víctima”.

Además, denunciaron que, a ocho días del hecho, la familia aún no pudo recuperar las pertenencias personales de la joven. Según manifestaron, el único objeto que tienen en su poder es su documento, mientras el resto permanece en la vivienda que compartía con el agresor. “Exigimos que la familia pueda tener acceso a sus pertenencias”, sostuvieron.

La muerte de Sophia Civarelli, ocurrida el jueves 16 de abril en el barrio Lourdes, es investigada como femicidio por el Ministerio Público de la Acusación. Valentín Alcida, quien había sido su pareja, se suicidó tras el crimen.

Fuente: RTS.

Fotos: Juan José García

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Luego de las tareas investigativas realizadas en el transcurso de las últimas horas, la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, determinó la hipótesis del femicidio. Además se ordenó que se realice la autopsia de la víctima en el Instituto Médico Legal de Rosario bajo el protocolo de femicidio. Hay tareas investigativas que permanecen en reserva para dilucidar la mecánica y la motivación del hecho.

«Tras el análisis de las tareas investigativas solicitadas por la fiscal interviniente vinculadas a las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los fallecidos, toma de testimonios, relevamiento y levantamiento de rastros en la escena del hecho se determina el femicidio como principal hipótesis de investigación», indicaron desde el MPA.

La entrada El MPA confirmó que el femicidio es la principal hipótesis de investigación de la muerte de Sophia Civarelli se publicó primero en El Ciudadano.

La informalidad «implica menor protección social, mayor vulnerabilidad frente a crisis económicas y menos oportunidades de crecimiento profesional», afirma la ONG.

En cuanto a los ingresos, indica que la brecha salarial pasó de 22,7% en 2016 a 19,8% en 2026. «Si bien el indicador muestra una leve mejora, el ritmo de reducción sigue siendo insuficiente. En promedio, las mujeres continúan ganando cerca de una quinta parte menos que los hombres por el mismo trabajo, lo que impacta directamente en su capacidad de ahorro, inversión y construcción de patrimonio», analiza.

Informalidad y falta de financiamiento

En 2016, siete de cada diez empresas lideradas por mujeres no tenían acceso a financiamiento. En 2026, la proporción prácticamente no cambió: siete de cada diez siguen sin el capital necesario para crecer.

“El problema no es el paso del tiempo. Es la falta de decisiones estructurales, inversión sostenida y voluntad para transformar sistemas que continúan reproduciendo desigualdades”, señaló Carmen Correa, CEO de Pro Mujer.

En Argentina, estos desafíos también forman parte del escenario económico. Según datos del Indec correspondientes al tercer trimestre de 2025, la informalidad entre las mujeres alcanzó el 39,3%, frente al 36,6% en los hombres. A su vez, la brecha salarial llegó al 27,6% en los ingresos promedio: $804.753 para mujeres frente a $1.112.200 para hombres.

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«Las mujeres y disidencias somos las que más sufriremos la aplicación de esta reforma, que profundiza un ajuste brutal a nuestros ingresos, a la salud, la educación y a las políticas de género, vulnerando nuestros derechos y afectando la vida sobre todo de las más pobres», manifestaron. Y se preguntaron: «Con ingresos de hambre y destrucción de fuentes de trabajo. Con la única posibilidad laboral de manejar un Uber o pedalear todo el día, o peor aún entrar al mundo narco, ¿qué sueños y esperanzas dejan en pie?«.

Indicaron: «Este modelo universaliza el saqueo de bienes comunes, el cierre de fuentes de trabajo». Afirmaron que el gobierno lleva a cabo «un extractivismo de derechos». Añadieron: «Desde el gobierno nacional se produjo una gigantesca transferencia de recursos al FMI. Este endeudamiento sumado al marco jurídico que impone La Libertad Avanza profundiza nuestra pobreza, y quita recursos al funcionamiento del Estado como ha quedado expuesto en el presupuesto aprobado en diciembre de 2025».

También expresaron: «Nos preguntamos cómo será nuestra vida, a partir de esta reforma, si ya hoy redoblamos las tareas de cuidado sin salario; disminuimos nuestros ya escasos ingresos; carecemos de alimentos necesarios y de atención a la salud, especialmente a la salud mental, resentida por tantos padecimientos. Si hoy ya buscamos nuevas fuentes de sostén para los comedores comunitarios». Al respecto, reclamaron que se efectivice la ley de reconocimiento a las cocineras comunitarias. Y marcaron lo caro del transporte público. En la ciudad capital, el boleto está a $1.720.

Vidas cada vez más precarizadas

Denunciaron que las mujeres y disidencias sexuales tienen los trabajos informales con los más bajos ingresos, la falta de aportes jubilatorios y protección social. «Nuestras posibilidades son vender pan o ir al trueque», reclamaron. También reclamaron que la Asignación Universal por Hijo no alcanza (hoy en $103.000).

Cuestionaron la desfinanciación de las políticas de género mientras se siguen sucediendo los femicidios. En la Provincia de Santa Fe, según Mumalá durante enero y febrero de este año hubo 5 femicidios y 22 intentos de femicidio.

En cuanto a las mujeres con discapacidad, manifestaron: «En un mercado atravesado por el patriarcado y el neoliberalismo nuestros cuerpos son medidos bajo criterios de ‘eficiencia’ que reproducen el capacitismo y nos vuelven descartables».

También denuncian que las empleadas domésticas reciben menos de 4.000 pesos por hora y no están legalmente inscriptas. «No tenemos aportes ni obra social», afirmaron.

La población travesti trans subrayó: «Somos las más pobres entre las pobres. El ajuste y las campañas de odio nos empujan cada vez más a los márgenes de todo. El cupo laboral quedó en el olvido».

Sobre las jubiladas nacionales, señalaron que perciben un haber mínimo que las pone en la disyuntiva de «comer o comprar remedios». La implementación del FAL (Fondo de asistencia laboral) es un mecanismo que utilizará fondos del ANSES para que las grandes empresas despidan trabajadores sin costo alguno. Sobre las jubiladas provinciales, pronunciaron: «Nos roban nuestros haberes, en nombre del mal llamado ‘aporte solidario’, mientras dejan intactos los ingresos de los más ricos, como las cerealeras que ni siquiera pagan ingresos brutos».

Sobre las juventudes, indicaron: «Nos quieren disciplinades. Nos empujan a la precarización y al abandono de carreras y las que quienes somos docentes universitarias, tenemos sueldos por debajo de la indigencia». Las estudiantes secundarias también indicaron verse afectadas por la reforma laboral: «Nos colocan frente a un futuro incierto y sin libertad de elección».

«La falta de acceso a la educación pública, a la salud y a los bienes culturales nos obliga a dejar la escuela y a hacernos cargo de las tareas de cuidado. Peor aún: nos lleva a las calles donde somos blanco fácil de la droga, la violencia y el sistema prostituyente. El gobierno no sólo nos quita derechos económicos y culturales sino que además nos criminaliza bajando de edad de punibilidad», añadieron.

¿Qué futuro construye la reforma laboral?

El movimiento transfeminista de la ciudad de Santa Fe se pregunta:

¿Cómo vamos a hacer para ordenar nuestros tiempos de trabajo y de cuidados si pasamos a depender de las decisiones de nuestros empleadores, sin descanso, con salarios reducidos y sin la seguridad social? ¿Cómo vamos a coordinar el turno en el pediatra, la salida de la escuela de les niñes o el cuidado de un familiar dependiente si no se sabe cuándo se estará libre?

«Tampoco tendremos tiempo disponible para participar comunitariamente ir a reuniones sindicales o políticas, o simplemente disfrutar del tiempo libre», indicaron. Y denunciaron que «esa es la apuesta de los gobiernos nacional y provincial: meternos miedo, desmovilizarnos, disciplinarnos, romper toda esperanza a una vida mejor mientras los poderosos de adentro y de afuera se forran los bolsillos, destruyen la naturaleza, se apropian de las tierras, el agua y de todos los bienes comunes».

Propuestas para resistir

Con la memoria de las luchas pasadas, proponen:

• Juntarse con otras, otres para construir alternativas comunes.
• Tener presencia en las calles, pensando colectivamente el futuro de las trabajadoras.
• Preguntarse: ¿cuál será el horizonte para nuestras vidas? ¿Cómo sostenemos la importancia de la vida digna, saludable para cada une de nosotres?
• Debatir con otres. ¿Qué trabajos son socialmente necesarios para sostener la vida? No sólo el trabajo bajo patrón es válido. Plantean que se reconozca y se proteja el trabajo cooperativo, autogestivo y comunitario.
• Defender los trabajos de cuidado.
• Plantear sus inquietudes en las diferentes organizaciones gremiales, sociales.
• También aludieron a la importancia de la formación en perspectiva feminista y de género.

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“Marchamos para defender en las calles el derecho al aborto legal. Las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación muestran que la legalización del aborto redujo a la mitad las muertes por aborto si comparamos los tres años anteriores a la sanción de a ley con los tres años posteriores”, expresó Ernestina Saccani, articulante nacional de la Campaña.

Desde la Campaña denuncian la falta de políticas en materia de salud sexual y reproductiva y de políticas para las infancias.

Además manifestaron que “el eje de la convocatoria de este año se centra en el repudio a la reforma laboral de Milei y sus cómplices que afecta al conjunto del mundo del trabajo y en mayor grado a las mujeres y disidencias sexogenéricas”.

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No todas están vinculadas a Pérez, pero alertan sobre lo que ocurre dentro de los consultorios, donde la relación saber-poder coloca en una situación desigual al profesional y a quien consulta. «Los relatos impactan, duelen; están plagados de aberraciones y violencias de todo tipo, falta absoluta de cuidado, humillaciones, ataques, agresiones, manipulaciones, crueldades, abusos, estragos», señalan desde la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas contra los Abusos y Violencias Sexistas en el Ámbito Psi (RedPsi), que está recibiendo estos relatos.

A principios de noviembre, Pérez había dicho en un canal de streaming que «ponerla es más fácil que pedir una pizza». Desde la Red cuestionaron: «El derecho a la salud mental y la lucha contra las violencias patriarcales es un asunto público que nos concierne a todxs. Pedimos responsabilidad a los medios de comunicación y a la comunidad toda en el tratamiento y abordaje de esta problemática».

Julieta Mayor es psicóloga y psicoanalista, egresada en la Universidad de Buenos Aires. Se dedica al trabajo con infancias y adolescentes y lo hace con perspectiva de género. Forma parte de la Red desde el año 2022, cuando se creó. «El video que se difundió muestra muchas faltas al Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina«, señala, en diálogo con El Ciudadano. A partir de esa publicación, comenzaron a recibir múltiples denuncias por Instagram (@redfedpsi) y por correo electrónico (redfedpsi@gmail.com).

“Este es un caso testigo, pero llegaron denuncias y testimonios sobre muchos otros trabajadores de la salud mental”, comenta Mayor. Agrega que reciben este tipo de denuncias desde 2022. La tarea que realizan es recibir los mensajes y tratar de orientar y contener a las personas que se comunican. La profesional asegura que la mayoría son mujeres, aunque no todas. «Hay situaciones que ocurren dentro del ámbito universitario, otras ocurren en institutos de formación, otras en de los consultorios», precisa.

Pérez, matriculado en Rosario, brindaba clases en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Por sus dichos, la Fiscalía de Paraná inició una investigación de oficio acerca de lo sucedido.

«Las manifestaciones de Chinaski se enmarcan en un discurso patriarcal que ridiculiza, estereotipa y manifiesta odio hacia las mujeres. Un discurso que resulta en definitiva en la legitimación y habilitación de violencias y abusos sexistas en dispositivos de atención en salud mental», marcan desde la Red.

Y aluden al contexto actual, en el que el gobierno nacional es «abiertamente antifeminista y antiderechos» y eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, además de desfinanciar las políticas de género. En ese marco, «un psicólogo y divulgador psicoanalista conocido mediáticamente como Dr.Chinaski realiza en un streaming comentarios y expresiones que entendemos podrían constituir formas graves de violencia de género», alertan.

Una red para la contención

La RedPsi está formada por psicólogas y psicoanalistas de diferentes puntos del país. Se agruparon para visibilizar las violencias y abusos que ocurren en el ejercicio de la profesión de la psicología y especialmente dentro del psicoanálisis. Su intención es «desnaturalizar y problematizar las violencias de diferente índole (sexual, simbólica, psicológica) que viven les consultantes al interior de los consultorios y que producen un enorme padecimiento psíquico como consecuencia del abuso de poder al cual son sometides por quienes deberían acompañarles en sus tratamientos».

Agregan que esa violencia trasciende los consultorios y también es ejercida en el ámbito educativo. «Existen prácticas como el acoso sexual y el consecuente abuso de poder que ello conlleva. Les estudiantes están indefensos y terminan sometides a esa lógica patriarcal o abandonan los espacios», señalan. También subrayan que «la ética debe estar atravesada por una profunda mirada interseccional, de géneros y derechos humanos que abogue por el cuidado de quienes confían en lxs profesionales de la salud mental y acuden en busca de alivio de su malestar psíquico».

Desde la Red no solo reciben denuncias. También realizan tareas de sensibilización hacia la población en general, acerca de qué prácticas son esperables o no dentro de un consultorio de salud mental, en espacios de formación y también en relación a la divulgación y la responsabilidad que debe tener un profesional en ese marco.

«La primera vez que esto se había disparado tenía que ver con otro colega, Luciano Lutereau. Recibimos un flujo muy grande de testimonios en relación a conductas antiéticas de parte de esta persona», dice Mayor. Agrega: «Son casos de varones blancos, de mediana edad, que tuvieron acceso a la educación superior y eso les posiciona en un lugar de saber y de poder, pero a la vez un poco reniegan de eso en su forma de divulgar sobre temas como el amor, el rol del analista y lo que debiera pasar en un consultorio». Al respecto, subraya el rol de los medios de comunicación que contribuyen a la difusión de mensajes que contradicen la ética profesional del campo de la salud mental.

Signos de alarma

El Código de Ética de las y los profesionales de la salud mental es de acceso público. Allí explica, por ejemplo, que los psicólogos y psicólogas no deben entablar vínculos personales con sus consultantes, ni de índole amistosa, ni de índole sexual, ni de índole amorosa. “No pueden entablar vínculos afectivos ni comerciales, ni económicos, ni sexuales con sus consultantes, no pueden contactarte fuera de horario con pedidos de fotos, de acceso a tus redes sociales, no pueden agregarte a tus redes sociales ni que te invite a agregarlo a sus redes porque es una invasión a la privacidad”, añade.

Otra señal de alarma, dice Mayor, es «que aluda a lo especial que sos como paciente, que acceda a contarte cuestiones vinculadas a su vida personal y privada dentro del espacio de terapia». Y comenta: «Muchas consultantes nos contaron que se les sugirió que abran plataformas de divulgación de contenido sexual como Only Fans. De más está decir que eso también es inapropiado, como también lo es solicitar fotos, videos o imágenes a nuestros consultantes».

«Más allá de este caso testigo, hay un entramado que tiene que ver con las violencias machistas y patriarcales, con abusos de poder que permiten que esto se sostenga hace años. Lo que nos interesa es que las personas puedan hablar y puedan sentir que están en un espacio seguro», explica. Y recuerda que la salud mental es un derecho.

Informar para prevenir

—¿Qué acciones apropiadas puede esperar una persona que asiste a un consultorio de salud mental?
—Que el profesional le explique de qué se va a tratar el espacio de terapia, que le brinde un encuadre, que le explique cuántas veces se van a ver por semana, cuánto tiempo van a durar esos encuentros, cuál es el valor de los honorarios, cada cuánto se van a ajustar esos honorarios que le explique los alcances del secreto profesional. Que el profesional no emita juicios de valor acerca de lo que se cuenta en el consultorio, porque nuestra función es acompañar, contener y tratar de ayudar para que quienes nos consultan puedan estar mejor.

—¿De qué manera se puede empoderar a la persona que concurre al consultorio?
—Lo importante es partir de que existe una relación asimétrica. Entonces es importante la información que mencioné, que debe brindarse al consultante al momento de iniciar un espacio de terapia. El consentimiento informado también está dentro del Código de Ética, de la Ley de Salud Mental y de la Ley de Derechos del Paciente. Es un documento que resguarda al consultante y le brinda un encuadre por escrito. La forma de ayudar a la comunidad a que esté menos expuesta a los abusos de poder y a las violencias dentro de los consultorios y dentro de los espacios de formación es a través de la sensibilización y de la información.

—¿Cómo se puede identificar un juicio de valor por parte de un profesional, por ejemplo?
—Un juicio de valor es decirle a alguien: «Creo que deberías hacer tal acción en esta plataforma para poder pagar la terapia». Eso es un juicio de valor acerca de cómo alguien tiene que ganarse la vida. O cuando aparecen cuestiones vinculadas a la orientación sexual y el profesional habla de confusión, de exploración, de que son etapas. También se produce cuando se patologiza la transición de género. Ese tipo de acciones son contrarias al Código de Ética y a la Ley Nacional de Salud Mental.

—¿Qué pasa cuando estas personas utilizan las redes sociales para brindar elementos de la psicología o del psicoanálisis, en tiempos donde muchas personas no cuentan con recursos para pagar una terapia y toman esas herramientas?
—La divulgación es parte del trabajo que podemos tener las y los psicólogos. Pero como todo trabajo, conlleva una responsabilidad. Ese trabajo debe ser hecho acorde a las normas éticas que nos rigen. No decir cuestiones falaces ni mentiras; no se puede contar cosas sobre nuestros consultantes en redes sociales, porque la persona puede reconocerse en esos dichos y sentirse muy angustiada ya que se vulnera su derecho a la privacidad. Toda difusión y divulgación sobre la disciplina, tiene que estar acorde a las normas éticas, tiene que respetarlas sin dejar de ser algo accesible para la gente. Esa es una responsabilidad que tenemos las y los psicólogos.

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Este encuentro, que el año pasado se realizó en Jujuy y en cuyo cierre se eligió por aplausómetro a Corrientes como sede 2025, se caracteriza por su masividad, autonomía y horizontalidad: un espacio donde más de 70 mil personas se autoconvocan para debatir, proponer y construir desde abajo otras formas de habitar el mundo.

Un evento autogestivo, plural y federal

Como en cada edición, el Encuentro Plurinacional es organizado por una Comisión local que funciona en plenarias abiertas mensuales. Allí se toman todas las decisiones vinculadas a la planificación, logística, talleres y actividades culturales. Más de 70 mujeres y disidencias de Corrientes integran las comisiones de organización, finanzas, comunicación, cultura y logística, sosteniendo el carácter colectivo del evento.

La autonomía es una de las bases del Encuentro: no se aceptan aportes económicos condicionantes ni intervenciones externas. Los encuentros tampoco emiten resoluciones generales: las conclusiones surgen de cada taller, donde las experiencias y miradas territoriales se ponen en diálogo.

Talleres: el corazón político del Encuentro

La Comisión Organizadora confirmó la grilla de talleres que se desarrollarán el sábado 22 y domingo 23 en distintos espacios educativos de la capital correntina. Pero como suele suceder en cada encuentro en el espacio abierto de la Plaza central suelen darse talleres que quedan fuera de las grillas.

Quienes participen del Encuentro podrán elegir entre 16 ejes temáticos que abordan desde historia del movimiento hasta problemáticas laborales, violencias, salud, identidades, territorios, religiones y coyuntura geopolítica.

Los talleres —espacios de debate horizontal, democrático y plural— se desarrollarán con moderadoras y relatoras que garantizan la participación y sistematizan las conclusiones colectivas que luego se compartirán en el cierre del evento.

Entre los ejes confirmados se encuentran:

• Activismo y organización
• Tierras y territorios, naciones y pueblos originarios
• Identidades sexo-genéricas
• Cuidados, crianzas, familias diversas
• Derechos humanos y acceso a la justicia
• Violencias de género en todos los ámbitos
• Trabajo, desocupación y desafíos actuales
• Trata de personas y sistema prostituyente
• Religiosidades e instituciones
• Coyuntura geopolítica y económica

Más que una agenda, estos ejes componen un mapa político del presente: un diagnóstico colectivo de las urgencias sociales que enfrentan las mujeres y disidencias en un contexto de ajuste, persecución política, criminalización de la protesta y deterioro de derechos.

Un territorio vivo donde se piensan y transforman las realidades

Además de los talleres, el Encuentro despliega festivales culturales, ferias, intervenciones artísticas y la tradicional marcha, uno de los hitos más multitudinarios y potentes: una marea de colores, banderas, tambores y consignas que reclama justicia, igualdad y libertad en un país donde las violencias de género siguen siendo una deuda urgente del Estado.

La potencia del Encuentro reside en su capacidad de reunir experiencias diversas: mujeres campesinas, trabajadoras, estudiantes, migrantes, originarias, afro, trans, travestis, docentes, jubiladas, sindicalistas, artistas, científicas, madres protectoras. Todas construyen allí un espacio donde la palabra circula libre, donde los silencios se rompen y las redes se fortalecen.

El carácter plurinacional del Encuentro es resultado de años de lucha por visibilizar identidades, territorios y luchas históricamente invisibilizadas por el Estado-nación. La presencia de comunidades indígenas, migrantes y afrodescendientes expande el horizonte político del feminismo, incorporando miradas sobre extractivismo, racismo, colonialismo y despojo territorial.

En tiempos de discursos antiderechos y un gobierno nacional que ataca al feminismo consolidación de un Encuentro masivo, autogestionado y federal es, en sí misma, una victoria política: un recordatorio de que la organización colectiva puede resistir y crear alternativas frente al ajuste y la violencia estatal.

Corrientes se prepara: la historia continúa

El 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias vuelve a abrir un espacio imprescindible, donde la palabra colectiva se transforma en acción política. Un territorio de resistencia frente al avance reaccionario y, al mismo tiempo, un laboratorio de futuros posibles.

En Corrientes, como en cada edición, miles volverán a decir juntas: “Encontrarnos es político”.

Fuente: AnRed

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Al finalizar el recorrido, en las escalinatas del edificio expusieron un cartel que expresaba: “Milei, Pullaro y Javkin nos quieren como criadas. ¡No lo vamos a permitir!”. La intervención concluyó con un llamado urgente a la acción estatal. “Estamos frente a un Estado femicida que abandona, culpabiliza y revictimiza a las víctimas. No vamos a quedarnos en silencio”, señalaron.

La acción se realizó en un contexto de agravamiento de las violencias machistas. Desde la asamblea, explicaron que la situación se debe a los discursos de odio, el ajuste sobre las políticas con perspectiva de género en todos los niveles del Estado y la falta de respuesta del sistema judicial. “El sistema judicial deja a las mujeres y diversidades sexogenéricas desprotegidas frente a sus agresores”, indicaron.

Según relevamientos de distintos observatorios, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025 se registraron en Argentina alrededor de 208 femicidios y travesticidios. Como consecuencia, al menos 171 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres.

“Denunciamos el incremento tanto cuantitativo como cualitativo de la violencia machista, en este contexto de retroceso de las políticas públicas y de corrimiento del Estado frente a las violencias por motivos de género”, manifestaron las militantes a través de un comunicado.

Y agregaron: “Los discursos misóginos impulsados por el gobierno nacional y sus aliados legitiman el odio y la violencia hacia las mujeres y diversidades sexogenéricas, con consecuencias reales y fatales”.

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La recompensa será implementada por el Gobierno Provincial con el objetivo de incentivar testimonios que ayuden a avanzar con las investigaciones. Quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer el crimen pueden contactarse al 911 o vía mail con la Fiscalía a fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar, fr1@mpa.santafe.gov.ar, fr3@mpa.santafe.gov.ar, fr4@mpa.santafe.gov.ar o fr5@mpa.santafe.gov.ar .

«Con esta iniciativa las autoridades provinciales buscan motivar a testigos o personas con conocimiento del hecho a brindar información y de esta manera colaborar con la familia en la búsqueda de justicia. Se garantiza la estricta confidencialidad de los datos, tal como se hizo en la totalidad de las recompensas que se pagaron hasta ahora», indicaron desde la provincia.

El lunes 12 de octubre de 2020 la joven de 35 años fue abusada sexualmente y asesinada en la localidad de San Jorge. Ese día había salido a caminar por las afueras de la ciudad, en una zona utilizada para hacer deportes. La mujer era madre de dos niñas y militante feminista y comunista.

Cinco años sin justicia

San Jorge es una localidad de 24.000 habitantes situada en el departamento San Martín, en el sudoeste provincial. Allí se llega a través de la Ruta Provincial 13. Es ese camino el que divide la ciudad entre la zona urbanizada y la zona rural. “El 12 de octubre de 2020, ella cruzó la ruta y caminó 1300 o 1500 metros adentrándose en el campo. Ese es un circuito utilizado por la gente del lugar para hacer deportes”, relató su hermano, Diego Urteaga, en una entrevista brindada a El Ciudadano.

El 2020 fue el primer año de la pandemia de coronavirus, por lo que la cantidad de gente circulando era menor. Pero además, había comenzado una sequía, por lo que los campos estaban ralos. “Solamente en una intersección de caminos que hay en esa zona había un cañaveral, donde fue hallado el cuerpo. Los hechos ocurrieron entre la una y las tres de la tarde de un lunes feriado”, recordaba Urteaga.

El femicidio de Florencia generó una gran conmoción en San Jorge y también en la militancia feminista de la provincia y del país. La joven era responsable de género de la Juventud Comunista en la localidad, “donde desempeñó su tarea con rigurosa y profunda ética revolucionaria pero sin perder la dulzura nunca”, según palabras escritas por sus compañeras. Cotidianamente participaba de merenderos, talleres de lectura, tejido, roperos solidarios y huertas comunitarias.

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La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por los jueces Mauricio Clavero (presidente) y Adrián Godoy y por la jueza Paula Borrello en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que realizó en los tribunales venadenses.

La fiscal que dirigió la investigación que permitió llegar a la condena es Andrea Cavallero, quien también representó al MPA en la audiencia que se llevó a cabo ayer.

Con un cuchillo

El hecho ilícito fue cometido el jueves 28 de septiembre de 2023 aproximadamente a las 5:35 de la madrugada en la puerta de la casa en la que convivían el condenado, la víctima y los dos hijos adolescentes de ambos.

Cavallero especificó que «Gusella llegó a inmediaciones del domicilio alrededor de las 5:08 y esperó escondido a que la víctima salga para dirigirse a su trabajo», y remarcó que «a esa hora, el condenado debería haber estado trabajando en una fábrica cercana».

«Una vez que la mujer salió y se subió a su moto, Gusella la atacó con un cuchillo. Le asestó seis puñaladas en la zona del abdomen y tórax», relató la representante del MPA. «Luego de cometer el femicidio, escapó del lugar mientras el hijo de ambos había salido de la casa a raíz de los gritos de la víctima”, señaló.

La fiscal del MPA puntualizó que «cuando el personal de seguridad llegó a la vivienda, encontraron el cuerpo sin vida de Eidner, quien falleció como consecuencia del ataque». Cavallero remarcó que “el condenado se presentó en el lugar, sostuvo que su mujer había sido víctima de un intento de robo”, y agregó que “al ser consultado por una herida cortante que tenía en la mano, manifestó que era producto de un accidente laboral”.

“En el marco de la investigación penal pudimos demostrar lo que efectivamente ocurrió”, valoró la fiscal e hizo hincapié en que “fueron muy importantes las cámaras de seguridad municipales y privadas que captaron movimientos que ubicaban a Gusella cerca de la escena del crimen”. “Además, los registros de ingreso y egreso de su lugar de trabajo evidenciaron inconsistencias, y las pruebas periciales confirmaron la presencia de manchas de sangre en su vehículo y en su ropa”, destacó.

En cuanto al contexto del femicidio, la representante del MPA mencionó que «la víctima y el condenado tuvieron un vínculo de pareja de alrededor de 24 años». Según resaltó, «este ataque sólo puede entenderse en un contexto de violencia de género».

Responsabilidad penal

Gusella admitió expresamente su responsabilidad penal en el ilícito atribuido por la Fiscalía. Asimismo, junto con su abogada defensora, manifestaron su acuerdo con el hecho endilgado, con la calificación atribuida, con la pena impuesta y con el procedimiento abreviado elegido.

Calificación penal

Gusella fue condenado como autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

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