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La investigación realizada por la Fiscalía y la División Homicidios determinó que el crimen estuvo precedido por un contexto de conflicto y consumos problemáticos. Hidalgo había trabajado durante un año y medio como empleada doméstica en la casa de la víctima, ubicada en Rivadavia al 900, en la ciudad de Pérez. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se había deteriorado gravemente. En paralelo, la pareja atravesaba una situación marcada por el consumo de cocaína.

La reconstrucción de los hechos situó la antesala del homicidio en la noche del lunes 21 de agosto de 2023. Cerca de las 20:30, personal policial acudió a la puerta del domicilio de Coelho tras advertir una discusión en la vereda entre el dueño de casa, Hidalgo y Ramírez. En ese momento, la víctima manifestó que no había requerido el personal policial ni pretendía instar una denuncia, mientras que la mujer sostuvo que había ido a retirar sus pertenencias tras ser despedida. Por su parte, Coelho recriminó la presencia de Ramírez, quien adoptaba una actitud hostil y violenta. Antes de retirarse, los efectivos identificaron a los presentes, oportunidad en la que Hidalgo proporcionó un nombre y número de documento falsos.

Minutos después de que la patrulla se retirara, la pareja emboscó al jubilado en el interior de su vivienda. Allí lo golpearon violentamente en la cabeza y le provocaron la muerte por asfixia utilizando un cable HDMI y una media. Antes de darse a la fuga, sustrajeron del lugar dos televisores, un teléfono celular y diversa documentación.

El hallazgo del cuerpo se produjo al día siguiente, cuando a un vecino le llamó la atención que las luces de la finca permanecieran encendidas a plena luz del día. Al alertar al hijo de la víctima, los familiares ingresaron al domicilio y descubrieron la escena del crimen.

Durante la inspección policial en el lugar, un elemento crucial se sumó al expediente: el testimonio voluntario de un remisero de una agencia ubicada a una cuadra de la casa. El chofer relató que la noche anterior una mujer vestida con calza negra y pupera solicitó un viaje hasta la vivienda de Coelho. Desde allí, trasladó a la mujer y a un joven de contextura robusta que cargaron dos televisores con destino a la intersección de Vélez Sársfield y Fraga. El conductor precisó que durante el trayecto notó a la pareja sumamente nerviosa y con signos físicos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Con los datos recabados por el remisero y el cruzamiento de registros de la Central 911 y archivos policiales, los investigadores ubicaron la vivienda de Ramírez en Vélez Sársfield al 6400, en barrio Ludueña, donde días más tarde se concretó la detención de los sospechosos.

El cuadro probatorio se completó con la declaración de una familiar de Hidalgo, quien aportó una revelación determinante al dar cuenta de una conversación telefónica en la que la acusada le confesó de manera explícita: «Tengo que decirte algo: matamos al viejo». Todos estos elementos convergieron para sostener la acusación que concluyó con la máxima pena para los dos imputados.

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El hallazgo tuvo lugar en una vivienda de calle Estrada al 6700 y, según fuentes policiales, se dio a raíz de que una mujer de 52 años fue hasta la casa de su padre fallecido y se encontró con varios elementos de carga explosiva.

Ante el aviso, arribaron al lugar policías de la Brigada y al llegar al domicilio, la mujer le manifestó su voluntad de entregar dichos elementos. En consecuencia, se inició un operativo para manipularlos.

Entre los explosivos encontrados, los agentes policiales encontraron granadas, proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación o bengala para mortero.

Trascendió que durante la inspección, uno de los elementos identificados como granada FMK-2 contenía carga explosiva, mientras que los restantes fueron descriptos como carentes de ella.

El material fue luego secuestrado y el procedimiento informado a la fiscal en turno del MPA, la cual derivó las actuaciones a la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe.

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El nuevo crimen en la ciudad fue en un pasillo de Cerrillos y Espinosa pasadas las 19. De acuerdo a los primeros testimonios, hubo una pelea de la que participaron varias personas y escaló en violencia con resultado fatal.

Tras los avisos al 911, personal policial y del Sies se hicieron presente en el lugar, donde encontraron a un joven de 20 años tendido en la calle con una herida de bala en el abdomen. Lo trasladaron en ambulancia hasta el hospital de emergencias Heca, donde alrededor de las 20.45 informaron que había fallecido. Ingresó con un balazo en el abdomen que le produjo lesión en hígado y aorta abdominal. Lo derivaron al quirófano pero no pudieron salvarle la vida.

La víctima fue identificada como Matías Joel Gálvez. Según fuentes policiales, contaba con antecedentes por robo, narcomenudeo y tenencia ilegal de armas.

El caso es investigado por la fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2.

Una chica herida

En el mismo resultó herida la joven de 19 años identificada como Leonela Magalí M., a la que trasladaron en un auto particular también hasta el Heca. Allí la dejaron internada por una herida de bala en el costado izquierdo del abdomen.

En el sitio de la pelea, los peritos policiales recogieron cinco vainas servidas calibre 9mm.

Otros dos heridos

Fiscalía investiga si otras dos personas que ingresaron al Heca con heridas producto de disparos de arma de fuego tienen relación al hecho investigado.

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Un trabajador de un comercio situado frente al lugar advirtió que salía humo y alertó a los responsables del salón. Los empleados utilizaron un matafuegos para extinguir las llamas, que afectaron principalmente la puerta y los materiales colocados para insonorizar el espacio.

Edgardo, propietario del salón, aseguró que desconoce quién pudo haber cometido el ataque y cuáles habrían sido sus motivos. El salón funciona desde 1994 y organiza fiestas, casamientos y encuentros bailables destinados principalmente a personas mayores de 45 años.

El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad sobre Bv. Seguí, pero no sobre calle Maipú. Tras el episodio, el propietario indicó que planeaba instalar nuevos dispositivos para reforzar la vigilancia en ese sector.

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Fuentes policiales informaron que el ataque fue después de las 21.30 en la zona del cruce de Aborígenes Argentinos y Qompi. La víctima fue identificada como Antonio P.. Personal del Sies lo atendió en primera instancia y lo derivó en ambulancia hasta el hospital de emergencias Heca.

Los médicos constataron que presentaba una herida superficial en el cráneo y que se encontraba fuera de peligro.

Quien relató el suceso a la policía fue el amigo de la víctima, de 46 años, con el que estaba bebiendo frente a un kiosco. Dijo que escuchó dos disparos y enseguida notó que Antonio P. había sido alcanzado por un proyectil.

El herido estaba consciente cuando llegó la policía, y alcanzó a decir que el que le disparó se acercó a pie y vestía ropa oscura. Le disparó desde la esquina, agregó, y escapó hacia el norte por calle Qompi.

Las actuaciones iniciales del caso quedaron a disposición de la Justicia en la comisaría 19ª.

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La investigación se inició a partir de los allanamientos realizados en junio pasado, en los que fueron secuestradas 293 ampollas de medicamentos, entre ellas 243 de fentanilo y 50 de morfina, en una casa de la ciudad de Wheelwright, que estaban en poder de un médico y un enfermero que posteriormente fueron imputados. A partir de la trazabilidad de esos medicamentos y de otras medidas investigativas, se avanzó sobre la posible existencia de un circuito de desvío de fármacos por parte de nuevos personas involucradas en las maniobras.

De ese modo, se realizaron allanamientos en domicilios particulares y presentaciones para la recolección de información en distintos establecimientos médicos -sanatorios y farmacia- ubicados en Rosario y Acebal, lográndose secuestrar ampollas de distintos fármacos (diazepam, dezametasona, ondansetron, etc.), teléfonos celulares, una computadora, documentación vinculada al movimiento y registro de medicamentos, entre otros elementos considerados de interés para la investigación. Asimismo, fueron identificadas y notificadas de la existencia de la causa distintas personas vinculadas con los hechos investigados.

Los elementos obtenidos serán ahora analizados con el objeto de reconstruir el circuito de procedencia, sustracción o desvío y eventual comercialización de los medicamentos, así como determinar la posible intervención y responsabilidad de otras personas. La investigación continúa en trámite.

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La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario se presentó ante los legisladores para advertir que diversos artículos del paquete normativo podrían avanzar sobre garantías constitucionales y ampliar de manera excesiva las atribuciones otorgadas a la Policía y a los fiscales.

La iniciativa, denominada «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», modifica varias leyes provinciales con el objetivo manifestado por el Ejecutivo de acelerar la capacidad de respuesta estatal frente al crimen organizado y equipar con mejores recursos a las fuerzas de seguridad, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a las autoridades penitenciarias.

Sin embargo, la entidad que nuclea a los penalistas cuestionó que el proyecto desplace la intervención y el control previo de los jueces hacia una instancia posterior a los hechos.

Uno de los puntos de mayor tensión gira en torno a los allanamientos sin orden judicial previa. La propuesta habilita a la Policía a ingresar al domicilio de un sospechoso cuando se hallen armas ilegales o explosivos en la vía pública para luego someter el procedimiento a la revisión del juez.

Desde el oficialismo defienden la medida argumentando que busca evitar que los tiempos de tramitación permitan ocultar pruebas, mientras que los penalistas sostienen que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que exige, salvo en las excepciones extremas ya contempladas por la ley, la autorización previa de un magistrado.

El texto también habilita la realización de interrogatorios policiales sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. Para el gobierno, esta facultad busca recabar información crucial en los primeros minutos de una investigación sin vulnerar la libertad del imputado de negarse a declarar; sin embargo, las voces críticas señalan que esta flexibilización pone en riesgo la voluntariedad de los testimonios y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

En cuanto al rol de los fiscales, la reforma faculta al MPA a disponer medidas coercitivas que no impliquen privación de la libertad —como restricciones de circulación, mecanismos de vigilancia o cauciones— sin necesidad de autorización judicial previa.

Según advirtió José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, este esquema reduce la figura del juez a un rol meramente posterior sobre decisiones que ya produjeron sus efectos.

El paquete normativo incluye además la incorporación del juicio en rebeldía para imputados notificados que no se presenten a la Justicia, la creación de un procedimiento por decreto penal para contravenciones menores, modificaciones en el sistema de inteligencia y excepciones a las reglas que excluyen pruebas obtenidas de manera irregular.

Las objeciones no surgen únicamente de los abogados particulares. En jornadas previas, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y representantes de la defensa pública expresaron reparos similares sobre la delegación de atribuciones estrictamente judiciales.

Frente a este panorama, el oficialismo insiste en que el proyecto es compatible con la Constitución y busca modernizar la capacidad operativa del Estado. El diputado Martín Rosúa, referente en la defensa de la iniciativa, rechazó que se pretenda otorgar poderes irrestrictos a las fuerzas de seguridad.

El texto legislativo aún puede sufrir modificaciones antes de desembarcar en el recinto. La intención de la bancada oficialista es consolidar los acuerdos internos dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y someter el proyecto a votación en la Cámara de Diputados durante la sesión programada para el próximo 29 de octubre.

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Se los administraba en forma inadecuada y abusaba de ella, dijo en la acusación la fiscal Antonela Valente.

El sospechoso fue llevado a juicio oral y público por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples, y el tribunal lo condenó a pasar una década tras las rejas.

Según explicó Valente, el acusado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su expareja y le suministró medicamentos para quebrar su voluntad.

En esas circunstancias, en la vivienda ubicada en Gálvez al 2200, abusó sexualmente de la víctima en al menos dos ocasiones.

La Fiscalía señaló que, además, la amedrentó en varias oportunidades con el fin de infundirle temor.

El caso llegó a juicio y el debate estuvo presidido por un tribunal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Carlos Leiva y Paula Álvarez.

Este jueves, los magistrados condenaron a Ricardo C. a la pena de 10 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples.

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El crimen

La madrugada del 21 de julio de 2021, al menos tres hombres llegaron hasta la casa de Ruiz —ubicada en 20 de Junio y la cortada Peralta, en la vecina localidad— a bordo de un Fiat Uno.

Ruiz intentó detener la embestida y se apoyó en la puerta para evitar el ingreso de los agresores, pero no logró frenarlos. Una vez adentro, le dispararon con armas de grueso calibre. En el lugar quedaron al menos cinco vainas servidas.

Los atacantes escaparon mientras la víctima agonizaba. Ruiz recibió dos disparos en la zona del cuello y el tórax. Sus familiares lo trasladaron hasta el hospital Gamen, pero no hubo nada que hacer: falleció a poco de ingresar.

Imputación

Por el crimen fue imputado Nicolás Flores en septiembre de 2023. Este hombre ya estaba preso por otros hechos cuando los investigadores llegaron a él.

Estaba cumpliendo una condena impuesta en un juicio abreviado por portación de armas, abuso de armas y participación en una asociación ilícita, por la cual aceptó 4 años de cárcel.

A esta situación se sumó la imputación por una tentativa de homicidio ocurrida el 15 de julio de 2021, cerca de las 2, en el pasaje 20 de Junio al 100 bis, donde un hombre resultó herido. La mecánica fue similar: hombres armados entraron por la fuerza a la vivienda y le dispararon a la víctima.

El herido debió ser trasladado del hospital Gamen al Heca, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Por este hecho, un hombre identificado como Alan William Velázquez fue condenado a 5 años y medio de cárcel en diciembre de 2022.

Por el homicidio de Ruiz, Flores fue acusado de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la utilización de armas de fuego.

El juicio

Este mes Flores fue sometido a un juicio oral y público que concluyó este jueves. El tribunal —integrado por los jueces Fernando Sosa, María Dolores Aguirre Guarrochena y Gonzalo Fernández Bussy— lo condenó a la pena de prisión perpetua por el crimen, mientras que resultó absuelto por el beneficio de la duda por la tentativa de homicidio ocurrida días previos al crimen.

La entrada Prisión perpetua para uno de los acusados por el crimen de Fabián Ernesto Ruiz en Villa Gobernador Gálvez se publicó primero en El Ciudadano.

Los peritos forenses secuestraron seis vainas servidas calibre .380 en el lugar del hecho. Más tarde, la propia víctima entregó a los investigadores un plomo deformado que había quedado entre su ropa.

El ataque en Roldán no fue el único registrado en las últimas horas en el departamento Rosario. Una vivienda de planta alta ubicada en Paulo VI al 1100, en Villa Gobernador Gálvez, fue baleada, aunque no se informaron heridos. En el lugar, la Policía encontró 17 vainas servidas, que serán enviadas a peritar para avanzar con la investigación.

Dos adolescentes de 12 y 15 años fueron baleados en la zona oeste de la ciudad

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El hecho sucedió en Amenábar entre Lavalle y Avellaneda. El informe policial señaló que los agresores estaban a bordo de una moto negra con detalles blancos y rojos.

Tras el ataque, los primeros agentes policiales que llegaron al lugar encontraron doce vainas servidas, que serán sometidas a peritajes para avanzar en la investigación.

El adolescente de 12 años recibió una  balazo en el brazo derecho. La muchacha de 15 años ingresó con una herida de arma de fuego en el pie derecho

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La víctima había sido trasladada al hospital y allí le realizaron una cesárea de urgencia ya que estaba embarazada de 8 meses. Según el registro policial, permaneció diez días bajo tratamiento en el área de terapia intensiva debido a la gravedad de su estado.

Le realizaron una cesárea a la mujer que ingresó con graves quemaduras y el bebé quedó en neo

Su hijo fue trasladado al área de neonatología para recibir atención médica.

El agresor está acusado de haber prendido fuego a su pareja, que cursaba un embarazo al momento del ataque. La investigación, que inicialmente se enmarcó como un intento de femicidio, ahora deberá contemplar la muerte de la víctima y las circunstancias que rodearon el hecho.

Quiso quemar a su pareja embarazada, a la que le hicieron cesárea de urgencia: quedó preso

Los hechos

Según la investigación del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, el ataque ocurrió el lunes pasado, alrededor de las 13.30, en una vivienda ubicada en Obligado al 400.

El acusado roció con alcohol etílico el rostro, el pecho y los brazos de la víctima, dice la acusación, y luego arrojó un elemento con llama, con la intención de prenderla fuego y causarle la muerte.

Los gritos de la mujer alertaron a una vecina, que acudió en su ayuda y la trasladó al hospital Eva Perón. Allí, los profesionales debieron atender las quemaduras y realizarle una cesárea de urgencia, debido a que cursaba la semana 34 de embarazo. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público de la Acusación, el episodio se produjo en un contexto de violencia de género que se extendió durante al menos dos años, período en el que la pareja convivió.

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Laura, una de las hermanas de Ivana, señaló que el juicio fue difícil de atravesar para sus familiares. “El juicio fue agotador, estamos devastados por todo lo que tuvimos que escuchar”, expresó ante los micrófonos de RTS Medios.

En cuanto a las penas solicitadas, la familia pidió 33 años de prisión para los acusados, mientras que la Fiscalía requirió condenas de 30 años. Laa defensa pidió la absolución.

La hermana de Ivana también agradeció a las personas que declararon durante las audiencias y colaboraron con la investigación: “Agradecemos a toda la gente que vino a declarar y ayudó en este juicio”.

Por su parte, el padre de la joven se refirió al dolor que atraviesa la familia desde el crimen y marcó la diferencia entre la situación de los acusados y la pérdida que sufrió. “La familia de los asesinos los va a poder visitar en la cárcel. Yo a mi hija no la tengo más”, manifestó.

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En el marco de un juicio por jurados, un hombre de 25 años identificado como Augusto Joaquín Monzón fue declarado culpable por haber cometido el homicidio criminis causa de Carlos Alberto Farías en un local comercial de la peatonal de la ciudad de Santa Fe.

Luego de deliberar durante casi tres horas y media, el jurado popular tomó la decisión por unanimidad y la comunicó en la audiencia de lectura de veredicto. Según lo dispuesto por el juez Pablo Spekuljak, quien estuvo a cargo de la conducción del debate, la audiencia de cesura en la cual se determinará la pena y concluirá el juicio se llevará a cabo en los próximos días.

El fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1, Estanislao Giavedoni, estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el juicio. En tal sentido, minutos después de conocer el veredicto indicó que “en función de que el jurado popular avaló la acusación que presentamos acerca de que Monzón le quitó la vida a Farías para poder consumar un robo, la única pena que es posible aplicar en este caso es la de prisión perpetua”.

En tanto, la jornada de hoy terminó con una audiencia de impacto en la que uno de los hijos de la víctima fue escuchado por el juez. El familiar de Farías manifestó su conformidad con lo resuelto y valoró el trabajo realizado por el MPA y la Querella.

Golpes

El fiscal recordó que “el hecho ilícito fue el miércoles 21 de febrero de 2024, en el interior de un local comercial de venta de indumentaria en la peatonal, ubicado en San Martín al 2.600”. Al respecto, precisó que “el condenado y la víctima –quien se dedicaba de manera informal al intercambio de moneda extranjera–, se encontraron en el comercio alrededor de las 13:30”, y aclaró que “Monzón había convocado a Farías en ese momento y lugar”.

Giavedoni planteó que “una vez que la víctima estuvo en el comercio, el condenado la atacó con a golpes en el rostro y en la cabeza con un objeto contundente, presuntamente un matafuego”, y subrayó que “Monzón actuó con la clara intención de quitarle la vida y apoderarse ilegítimamente del dinero”.

“Farías murió en el lugar y el atacante escondió el cadáver en el depósito del local, que estaba en la parte trasera del inmueble”, sostuvo el fiscal. “Para procurar su impunidad, cubrió el cuerpo con bolsas que contenían prendas de vestir”, detalló. “Además, limpió rastros de sangre que habían quedado tanto en el salón de ventas como en un pasillo que lleva al depósito”, añadió.

Por último, el funcionario del MPA expuso que “Monzón le sustrajo a la víctima un teléfono celular y entre 15.000 y 20.000 dólares”.

Fuente: Zona Critica

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A mediados de año, la Justicia del fuero de Familia le prohibió acercarse a su ex pareja y dispuso el cese de hostigamiento. Pero en agosto, publicó en la red social Facebook una foto de la mujer junto a una amenaza, contaron las fiscales Guillermina Aiello e Ivana Addoumie.

Para las fiscales, esta acción tuvo como fin amedrentar a su ex e intimidarla para impedir el libre desarrollo de sus actos, además de incumplir una orden de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia la víctima.

El primero de septiembre le mandó un mensaje amenazante y, a fin de ese mes, le envió durante la madrugada un mensaje de Instagram con nuevas amenazas, dijo la Fiscalía. Al día siguiente, fue hasta el lugar de trabajo de la víctima, ubicado en la zona oeste, y dejó una nota por debajo de la puerta en el mismo tono.

A su vez, tuvo conductas similares, al dejar notas extorsivas, dirigidas a la madre y a la hermana de la víctima, y también alusivas a su ex, dijo la fiscal.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Melania Carrara, quien tuvo por formalizada la imputación por los delitos de amenazas simples y desobediencia a una orden judicial en contexto de violencia de género —en forma reiterada— y tentativa de extorsión.

La magistrada dispuso una medida cautelar de encierro por 90 días.

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