Fue a comprar drogas a un búnker de zona norte a finales de febrero. Lo secuestraron y le pidieron plata que luego buscaron en su casa. La Justicia Federal inició una investigación por secuestro extorsivo y detuvo a un hombre de 34 años como uno de los captores. El sospechoso fue investigado por la Fiscalía Federal por unos 10 días hasta que el Juzgado Federal remitió las actuaciones a la justicia provincial que, luego de analizar el caso, concluyó que los delitos se cometieron en el marco de la comercialización de estupefacientes y se declaró incompetente. El conflicto aún no termina. Aún resta saber qué opina la Justicia Federal y abre la puerta para que la competencia se dirima en la Corte Suprema de Justicia Nacional.
El 29 de febrero pasado, Jorge, de 19 años, fue hasta un búnker ubicado en Robles al 3400 de barrio Cristalería a comprar estupefacientes. Lo hicieron pasar a la vivienda, había varias personas, una de las cuales conocía. Fue en ese momento cuando los moradores lo ataron y lo golpearon. Le pidieron plata y le dijeron que en caso de que no entregara el dinero irían a su casa y lastimarían a su madre. Luego, lo subieron a un auto y lo llevaron hasta la casa de un conocido, a quien también golpearon, y le pidieron plata en el interior del vehículo. Finalmente, lo bajaron y fueron con Jorge hasta su casa donde le robaron dinero y algunas pertenencias.
En el caso intervino el Juzgado Federal N° 3 a cargo de Carlos Vera Barros y la Fiscalía interviniente dispuso por 72 horas la intervención de algunos números telefónicos en forma directa. Con la información recabada, la Fiscalía pidió allanamientos donde se produjo la detención de dos personas, un hombre apodado Pato y otro identificado como Luciano Leonel «Chipi» M., de 34, que habita una casa lindante al búnker, según refirió la fuente.
A Chipi lo detuvieron en su casa donde le secuestraron una planta de marihuana y un arma de fuego. El hombre fue sometido a una indagatoria y el fiscal federal le achacó sustracción, retención y ocultamiento de la víctima para obtener un rescate lo que encuadró en el delito de secuestro extorsivo, también le imputó tenencia de un arma y de una planta de marihuana con fines de comercialización.
La víctima identificó a Chipi en una rueda de reconocimiento pero dijo que era la persona que estaba en la puerta de la casa donde estuvo cautivo pero aclaró que no participó en el hecho. El Juzgado Federal se declaró incompetente para seguir interviniendo el 9 de marzo pasado y giró las actuaciones a la justicia provincial.
Entonces Ministerio Público de la Acusación (MPA), realizó una serie de medidas para determinar si el detenido había cometido algún delito de competencia provincial y concluyeron que no por lo que pidieron nuevamente la remisión del caso a la justicia federal de forma urgente al entender que el hecho objeto de la investigación debía analizarse en el marco de la comercialización de estupefacientes.
En su resolución, la jueza María Melania Carrara concluyó que correspondía hacer lugar al pedido fiscal y se declaró incompetente al entender que se investiga una causa radicada en la Justicia Federal por un presunto secuestro extorsivo ocurrido el 29 de febrero, delito que se le imputó al detenido Juan Andrés M. por lo que corresponde intervenir a la Justicia Federal. Además, la jueza remarcó que de las actuaciones se conoció que la víctima «habría sufrido al menos dos hechos de secuestro extorsivo y las motivaciones de dichas conductas estarían relacionadas a la comercialización de drogas».
La magistrada agregó que el secuestro de la planta de marihuana y el arma en el domicilio donde se detuvo al imputado debía considerarse como un hecho complementario o vinculado al ilegal negocio principal, de ahí la necesidad de asumir una única investigación que no pierda de vista todos estos aspectos, lo que haría que cualquier decisión distinta fuera un claro perjuicio al esclarecimiento a partir de una segmentación caprichosa que terminará afectando al interés estatal de persecución y represión punitiva de éstos, concluyó y resolvió declarar la incompetencia de la Justicia provincial en el caso y ordenó mandar nuevamente las actuaciones al juez federal Vera Barros poniendo a disposición en forma urgente al detenido Juan Andrés «Chipi» M.
La jueza invitó a su par del fuero federal, en caso de discrepancia en el criterio, a elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva a quien le corresponde intervenir.
