El comerciante que fue secuestrado el pasado martes en zona noroeste y liberado anteanoche en Granadero Baigorria estuvo cautivo en una casa de barrio Ludueña, a unas treinta cuadras de su vivienda, determinaron los investigadores. Según voceros del caso, una brigada antisecuestros de la Policía Federal se aprestaba a irrumpir en ese domicilio cuando les comunicaron que Carlos Alberto V., de 44 años, había aparecido sano y salvo. Las mismas fuentes dijeron que hubo más de una decena de comunicaciones entre los captores y la mujer de la víctima, Claudia M., de 41, en la que le pedían dos millones de pesos para su liberación. Sin embargo, de acuerdo con esta versión, no se llegó a pagar el rescate. La sospecha de los pesquisas es que los secuestradores buscaban que parientes directos del comerciante, vinculados con el narcotráfico, se hicieran cargo de juntar el dinero, y que bien pudo haber actuado una “banda mixta”, es decir con pata policial.
Fuentes de la investigación revelaron que no hubo pago de rescate por el comerciante Carlos Alberto V. y que la banda de secuestradores optó por liberarlo ante la presión que generó la difusión pública del caso, lo que a su vez “puso en riesgo la vida de la víctima, porque por ejemplo hubo medios que se acercaron a la vivienda familiar a filmar”, dijo un vocero del caso. Los portavoces confirmaron que los secuestradores exigieron en más de una decena de llamados y mensajes vía SMS el pago de dos millones de pesos, aunque la familia no tenía ese monto para entregar. La última comunicación se produjo en la madrugada del miércoles, dijo un investigador.
Poco antes de las 17 del martes pasado Carlos Alberto V., alias Pilín y quien se dedica a la compra y venta de autos, fue secuestrado mientras transitaba en su Volkswagen Bora rojo, luego de dejar a su hijo en una práctica de fútbol en el predio del club Tiro Federal, ubicado en Pizzarotti al 1800, cuando se le interpuso en su camino un Peugeot 308, en inmediaciones del supermercado Carrefour, vehículo que contaba con al menos otro auto de apoyo.
Según pudieron reconstruir los investigadores en base a testigos y filmaciones de videocámaras, el comerciante debió detener su marcha y fue abordado por dos hombres, quienes lo obligaron a descender del Bora y subirse al Peugeot. Cuando efectivos de la Policía provincial llegaron al lugar, tras una comunicación al 911, ni siquiera estaba el auto: su mujer se lo había llevado, según dijeron empleados del club. Ante el primer llamado de los captores, la esposa de la víctima se comunicó con la delegación local de la Policía Federal para denunciar la situación, dijeron voceros de la investigación.
Así las cosas, el fiscal Marcelo Degiovanni ordenó la interceptación de números telefónicos, entre otras diligencias, mientras que varias brigadas antisecuestro de la Federal llegaron a Rosario para integrar el comité de crisis junto con los efectivos de la delegación local. También brindaron contención a la familia de la víctima, que además de la mujer integran tres hijos. Producto de la investigación, dijeron voceros del caso, los pesquisas determinaron que el comerciante estaba secuestrado en una vivienda ubicada en Ludueña, aunque a unas 30 cuadras de la casa de la víctima, que también reside en ese barrio. Cuando los efectivos policiales y el fiscal se dirigían al domicilio mencionado y estaban a unos 500 metros, listos para irrumpir en el lugar, les llegó la comunicación de que la víctima había aparecido.
Poco antes de las 22 de anteanoche el comerciante apareció sano y salvo, con marcas en la piel de haber estado maniatado y mareado por efecto de pastillas que le habían dado, dijo un vocero policial. Según esta versión, “lo tiraron” aún atado de pies y manos desde un auto en la autopista a Santa Fe, la altura de Granadero Baigorria. “Pudo llegar a una casa y de ahí llamaron al Comando, que lo fue a buscar”, añadió este vocero. La víctima declaró ayer en la Fiscalía, que actúa con conocimiento del juez federal Carlos Vera Barros, aunque no trascendió el tenor de sus dichos, dijeron fuentes del caso, las que añadieron que la banda que actuó demostró tener una logística acorde con un secuestro extorsivo. “No son improvisados, y no descartamos que pueda tratarse de una organización mixta, con vinculación policial”, dijo una fuente de la investigación, para luego añadir que, por ejemplo, se detectó un auto que hacía vigilancia en la vivienda de la víctima.
El mimo portavoz evaluó que la principal hipótesis es que los secuestradores conocían que familiares directos de Pilín tienen vinculaciones con el mundo del narcotráfico, por lo cual especularon que esa rama de la parentela bien podría juntar el dinero requerido para su liberación.
