Una mujer de 59 años seguirá tras las rejas, acusada de practicar abortos clandestinos y ejercer ilegítimamente la medicina. Mientras que un hombre de 83 años seguirá con arresto domiciliario en una causa que tomó repercusión pública el mes pasado cuando se allanó una propiedad céntrica y dejó el caso al descubierto. El hombre está acusado de prestar una contribución esencial para las prácticas abortivas clandestinas llevadas a cabo por la mujer poniendo a disposición su consultorio médico.
Una llamada anónima denunció que en el lugar se realizaban abortos clandestinos. Lo que derivó en la apertura de una investigación por parte del fiscal Aníbal Vescovo que solicitó intervenir líneas telefónicas. En una de esas escuchas se conoció que se iba a practicar un aborto clandestino en el consultorio médico ubicado de calle Mitre al 1200, lo que adelantó un pedido de orden de allanamiento. En la propiedad que pertenece a un médico de 83 años se encontraba el hombre y una mujer de 59 años, también había un pareja que fue a realizarse una práctica abortiva y terminó de testigo en la causa.
El médico y la mujer fueron imputados por la realización de prácticas abortivas durante los meses de abril y mayo, le imputaron la comisión de tres hechos pero la acusación apunto a marcar la mayor responsabilidad en la mujer que según las primeras informaciones había dicho que era médica. A pedido del fiscal Vescovo le dictaron la prisión preventiva a ambos. En el caso del hombre tuvieron en cuenta su edad y le dieron un arresto domiciliario pero a la mujer la mandaron a un calabozo. Desde entonces se encuentra presa. Si bien su defensa cuestionó la medida, el planteo no tuvo asidero en la Cámara Penal. El 4 de julio el camarista Alfredo Ivaldi Artacho revisó la medida cautelar y confirmó la decisión aunque le quitó algunas calificaciones como la falsificación de sellos y una tentativa de interrupción del embarazo.
Un mes más
Este lunes tuvo lugar una nueva audiencia dónde la fiscalía solicitó la prórroga de la medida judicial impuesta a ambos imputados. La jueza María Trinidad Chiabrera hizo lugar al pedido fiscal y extendió la cautelar hasta el 21 de agosto.
Tras conocerse el caso la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Rosario que garantizan abortos no punibles, emitió un comunicado en contra de las prácticas clandestinas y reafirmó el compromiso en la garantía de los abortos que son legales en Argentina desde 1921. Resaltaron que desde hace 7 años no hay muertes por aborto clandestino y el hecho de que no haya una ley que trate la problemática propicia la existencia de lugares clandestinos que afectan la salud. A lo que sumaron el pedido al Estado de garantizar la aplicación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En Rosario desde 2012 no hay muertes de mujeres por aborto clandestino gracias a una política que combinó la aplicación de los protocolos de ILE con la provisión de misoprostol, la droga considerada esencial por la OMS para abortos seguros. La clave fue pensar la legislación desde una perspectiva no restrictiva y que la decisión de abortar sea de la mujer y no del médico. Por año se hacen entre 500 y 600 abortos en hospitales y centros de salud. Las técnicas usadas son las más seguras: el misoprostol que viene en pastillas y permite a la persona gestante abortar de manera ambulatoria y la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), que tampoco necesita internación. El 80 por ciento de las ILE se hacen con misoprostol. La utilización de estos métodos es un avance en la eliminación del raspaje, que desde 2002 la OMS recomendó abandonar porque requiere internación y anestesia.
