Gustavo Adolfo G., el albañil de zona oeste que se encuentra detenido desde el desde octubre acusado de llevar a cabo una amenaza de bomba a la Sede Gobernación, entre otros delitos, seguirá preso en el marco de una medida cautelar de prisión preventiva dispuesta por el juez del caso.
La novedad que arrojó esta audiencia de revisión de medida cautelar de este lunes es que el juez de primera instancia Héctor Nuñez Cartelle prorrogó la prisión preventiva del imputado hasta la finalización de la audiencia preliminar. El fiscal Gustavo Ponce Asahad, de la Unidad de Investigación y Juicio, presentó la acusación contra Gustavo Adolfo G. y solicitó una pena de 6 años de prisión efectiva. El fiscal le atribuye una retahíla de delitos, a saber: intimidación pública, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil; amenazas coactivas anónimas; tres hechos en concurso real y retención indebida en carácter consumado y en calidad de autor.
Gustavo Adolfo G. fue detenido el 4 de octubre en un allanamiento en su casa de Pellegrini al 6700 luego de que la Policía de Investigaciones lo rastree a través de las antenas del servicio de telefonía celular y complejos trabajos de inteligencia.
Adolfo dijo ser albañil, como lo demuestran sus manos. Tiene 56 años y lo habían detenido por una amenaza de bomba anónima hecha a la central del 911. La llamada advertía sobre un elemento explosivo en la edificación que ocupa una manzana frente a la plaza San Martín. El 6 de octubre fue imputado ya que el celular utilizado en la amenaza se encontró en su casa y el llamado implicó un operativo antibombas que rondó los 50 mil pesos, explicó el fiscal. No fue el único hecho que se le había achacado. Una propiedad de un abogado fallecido en poder del imputado terminó en una denuncia por amenazas y retención indebida.
la viuda, el abogado y la casa lindera
La casa allanada en calle Pellegrini al 6700 linda contra una propiedad ubicada por Provincias Unidas. En ésta última funcionaba un estudio jurídico. El letrado falleció y esa casa quedó en manos del albañil. La viuda del profesional pidió su restitución y hay una denuncia penal en medio.
Como informó El Ciudadano, Ponce Asahad le achacó a G. algunas amenazas anónimas que recibió la viuda, su representante legal y la abogada. Algunos mensajes de texto e incluso una carta que llegó al domicilio de la mujer tienen un tono amenazante y según el fiscal se vinculan con el caso. “Ya nos vamos a ver, no hace falta que nos busques. Nosotros sabemos dónde encontrarte” o frases como “si siguen van a terminar mal las cosas” dan cuenta de las amenazas a la familia de la viuda si continuaba el trámite. Una de estos mensajes se envió con el mismo número de celular usado en la amenaza a Gobernación. La viuda intimó a la devolución de las pertenencias de su marido que estaban en una caja fuerte en la casa, entre ellos la escritura, pero eso no sucedió. Ello derivó en la denuncia penal. Durante el allanamiento a la casa de Adolfo G. se encontraron sellos del abogado y el título de propiedad.
