Los cinco acusados por la desaparición y muerte de Gerardo Escobar seguirán tras las rejas. Así lo resolvió ayer el juez Luís María Caterina en una acalorada audiencia solicitada por la defensa para revisar la medida cautelar que mantiene privados de la libertad a tres patovicas y dos policías. Cuando el magistrado comenzó a leer su resolución, en la que mantuvo la prisión preventiva sin plazos del quinteto, la madre de uno de los detenidos que se encontraba en la sala propinó gritos contra su persona, lo que motivó que la retiren del recinto. Ahora resta esperar que la Cámara de Apelaciones se pronuncie sobre el paso de la investigación al fuero Federal, luego de que Caterina declare su incompetencia como lo venía solicitando la querella desde un primer momento tras denunciar que lo de Pichón es desaparición forzada de persona.
La audiencia de ayer fue para atender un pedido de la defensa de los cinco acusados, que solicitó la libertad o la morigeración de prisión de los detenidos, argumentando que el plazo de privación es “irrazonable” y que no hay certeza sobre la causa de muerte. Al respecto dijeron que al no haber homicidio no hay delito por encubrir y agregaron que tampoco existe peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio.
Al planteo se opusieron la Fiscalía y la Querella que enumeraron evidencias colectadas.
Marisol Fabbro y Rafael Coria mencionaron los videos del boliche La Tienda, donde fue visto por última vez con vida Escobar, y una filmación particular donde se ve al patovica Cristian Jesús V. golpear al joven, cuyo cadáver apareció una semana después en las aguas del río Paraná. También mencionaron los testimonios de los muchachos que salieron con Pichón del after y el de los detenidos de esa noche en la seccional 3º, que mencionaron haber sido encerrados y escuchado gritos de tortura. También ironizaron sobre que si Pichón se broncoaspiró, luego fue al río y se tiró.
Sobre ese punto se explayaron los abogados querellantes, Salvador Vera y Guillermo Campana, quienes esperan los estudios complementarios sobre el cuerpo de la víctima, que serán determinantes para saber si fue brutalmente golpeado antes de morir, como sostienen.
Al respecto, Vera dijo a <El Ciudadano> que hace un mes el cuerpo fue exhumado para la extracción del cráneo que debía ser remitido al laboratorio forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto a los genitales. Pero aún, sus restos permanecen en el Instituto Médico Legal en una “demora desmedida” con todo lo que implica para su familia no poder ir a su tumba a rendirle culto.
La Querella también mencionó en la audiencia la ubicación del celular de la víctima durante su desaparición, en inmediaciones de la vivienda del patovica que lo golpeó y luego su activación en la zona portuaria, donde fue hallado sin vida.
Con todo, el juez Caterina reiteró que hay indicios concordantes de que hubo un homicidio, lo que habilita la posibilidad que de haber pena sea efectiva, con lo que resolvió que los cinco acusados continúen con prisión preventiva sin plazo.
Desde un principio, la familia de Pichón y sus abogados sostienen que el joven fue privado de la libertad con apoyo del Estado, a través de personal policial. Luego, su cuerpo sin vida fue arrojado al río para borrar rastros y por eso, exigen que la causa pase a la Justicia federal como desaparición forzada de persona. El reclamo, aunque tarde, quedó a un paso de concretarse y será la jueza de cámara Georgina Depetris quien lo resuelva.
