En 2018, la Cámara Nacional Electoral sostuvo que el Congreso debe modificar la integración de la Cámara de Diputados porque están subrepresentadas las provincias que más crecieron en población durante las últimas décadas. Fue en respuesta al planteo de un elector de Córdoba que se quejó de que su voto valiera menos que el de, por ejemplo, un fueguino o un porteño.
La ley electoral que rige es la establecida en julio de 1983 durante el último año de la dictadura militar. Es la llamada “Ley Bignone”, que estableció los criterios de representación electoral y la cantidad de diputados que le corresponden a cada provincia.
El sistema federal argentino le garantiza a todas las provincias un peso político igualitario en la Cámara de Senadores sin importar su cantidad de habitantes: todas tienen tres (dos por la mayoría y el restante por la primera minoría). Sin embargo, la Constitución no deja lugar a dudas respecto a que en la Cámara de Diputados la representación debe ser estrictamente acorde a la población.
Según población por ley Bignone, en Diputados las provincias deberían tener una banca cada 161.000 habitantes o fracción no menor a 80.500. La norma establece que se agregan tres adicionales. Además, fija un piso: el mínimo, cualquiera sea el número de habitantes, es cinco. Otra condición es que la representación no puede ser inferior a la que el distrito tenía en 1976, lo que puede aplicar en todo caso sólo a la Ciudad de Buenos Aires, con un estancamiento demográfico.
Con el último Censo Nacional, cuyos resultados definitivos se publicaron este martes, y de acuerdo a la ley Bignone, el politólogo Andy Tow calculó la sobre y subrepresentación de las provincias. La más perjudicada, por lejos, es Buenos Aires: hoy tiene 42 bancas menos. Le sigue Córdoba, con un déficits de 9. Y en el tercer puesto compartido de subrepresentación, junto con Mendoza, figura Santa Fe.
La provincia de la bota ocupa hoy 19 sillones en la Cámara baja, pero debería tener 25. Es decir, 6 más.
Claro está que para que se cumpla la relación directa proporcional entre diputados y población de cada distrito, el número de integrantes de la Cámara debería ser mayor. De acuerdo al mismo cálculo, tendría que sumar 105 legisladores a los 257 actuales, para llegar a 362. O, de lo contrario, que el cálculo de la proporción sea un diputado por cada 178.000 habitantes para mantener el número total actual, pero respetando las modificaciones demográficas.
El censo de 1980 es el que definió el actual reparto de diputados por provincia, y así el número total se fijó en 257 diputados para una población que entonces era de 28 millones de habitantes.
La reforma constitucional de 1994 abordó esta problemática estableciendo en su artículo 45 que después de cada censo nacional se deben ajustar las proporciones en concordancia con la evolución poblacional. A partir de entonces hubo tres censos: en 2001, en 2010 y el último, corrido de la década por la pandemia. Pero nada se modificó en el sistema representativo pese a la deformación evidente de representatividad.
