El concejal Eduardo Toniolli presentó un nuevo informe del Observatorio Social del Transporte, en esta ocasión orientado al análisis de los cambios efectuados por el Municipio en el servicio de colectivos desde el 25 de enero, en el marco de la emergencia.
El primer apartado del informe incluye una encuesta realizada el martes 9 de febrero en las plazas Montenegro y Sarmiento, a 286 usuarios del transporte local. El 42% de los consultados calificó los cambios como “muy malos”, el 32,2% como “malos”, el 24,4% los definió como “buenos”, y solo un 1,4% como “muy buenos”.
Entre quienes calificaron la reforma como mala o muy mala, la principales razones esgrimidas fueron que creció el tiempo de espera en las paradas (27%), el empeoramiento de los recorridos (23,5%), la mayor distancia entre paradas (22,5%), que se viaja más apiñado a bordo (22%), y que los tiempos de viaje son más largos (5%).
Respecto a los datos, el edil justicialista señaló: “La valoración crítica de la mayoría de los usuarios consultados es una consecuencia lógica de una reforma que fue realizada con criterios exclusivamente comerciales, para mejorarle a las empresas del sector el índice de pasajeros transportados por kilómetros recorridos, sin tener en cuenta de que están prestando un servicio público”.
Por otra parte recordó que cuando se discutió la emergencia en el Concejo Municipal, el bloque del Frente de Todos cuestionó el proyecto en soledad. «No nos paramos solo desde la negativa, planteamos alternativas que incluían formas de financiamiento que evitaran un ajuste tan brutal”, aseguró Toniolli.
Fondo anticíclico
El segundo apartado del informe del Observatorio Social del Transporte despliega un preciso análisis económico del que se desprende que, comparando las grillas horarias de hace un año con la actual, la Municipalidad de Rosario se ahorra aproximadamente 30 millones de pesos mensuales gracias al recorte de servicios efectuado.
En ese marco, Toniolli recordó que el proyecto de creación de un Fondo Anticíclico que presentó a medidas del año pasado, “se proponía suplir -en parte- la baja de recursos producto de la caída en la actividad económica y de la disminución de usuarios del transporte urbano provocada por la pandemia”.
Respecto a ese punto, amplió: «Proponíamos un aumento de la alícuota del Derecho de Registro e Inspección (DREI) a las actividades desarrolladas en los puertos (del 6,83 al 15,75 por mil), y a las entidades bancarias (del 29 al 35 por mil)”.
En ese sentido agregó que a valores actuales lo recaudado por este fondo sería de $20 millones mensuales, las ⅔ partes de lo que el Municipio se ahorra por medio de los recortes de servicios que viene aplicando.
“Lamentablemente el oficialismo y sus aliados, a la hora de discutir la emergencia, no abrieron el debate sobre esta y otras iniciativas que apuntan a financiar el sistema, y podrían evitar o morigerar los recortes y los aumentos de tarifas, que terminan empujando a más usuarios afuera. Nosotros sostenemos que el transporte público es la columna vertebral del funcionamiento de la vida económica de una ciudad, por lo que resulta lógico y razonable que actividades económicas que se sirven de ese servicio -y siguen teniendo ganancias extraordinarias aún en medio de la pandemia- aporten a su funcionamiento, y más en una etapa de crisis”, concluyó Toniolli.
