El oficialismo del gremio Obras Sanitarias de Rosario había iniciado el proceso de elecciones internas previsto para este viernes aún cuando un fallo de la Justicia Laboral las había suspendido al aceptar la presentación de una lista opositora. Y la jugada les salió bien: poco después de instaladas las urnas en la sede sindical de San Luis al 2100, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe comunicó que había dado lugar a la apelación que interpusieron integrantes de la actual conducción gremial, por lo que dejó sin efecto lo dictaminado en primera instancia.
Por la definición de quién quedará a cargo del sindicato compiten la oficialista Lista Celeste, que encabeza el actual secretario adjunto, Silvio Barrionuevo, en el máximo cargo en reemplazo de su padre Oscar «Rabanito». El histórico referente del sector está con licencia por enfermedad. Le hace frente la lista Azul y Blanca, que capitanea el sobrino del mismo jefe sindical, Oscar Guevara, quien hoy está a cargo de la Secretaría Gremial.
El martes último, la jueza en lo Laboral 10 de los Tribunales de Rosario, Paula Calace Vigo, resolvió la suspención de los comicios internos en Obras Sanitarias de Rosario en respuesta a un amparo presentado por la lista opositora, que en esencia impugnaba la nómina de Silvio Barrionuevo por incluir personal jerárquico en contra, dijeron, de los estatutos gremiales que impiden su presentación. El mismo día, el hijo de Rabanito había desafiado: «El viernes todos a votar, las elecciones se hacen igual», dijo. Y finalmente se cumplió, aunque en el inicio sin la venia de los Tribunales, que se conoció públicamente vrios minutos después de instalarse las mesas de votación.
El ruido en el gremio es más amplio. El 19 de abril pasado, la Justicia ordenó allanamientos a la sede del sindicato y a una casa de Silvio Barrionuevo, en el country Aguadas de Funes, en Hipólito Yrigoyen y autopista Rosario-Córdoba. Los operativos ejecutados por personal de la Tropa de Operaciones Especiales incluyeron otro domicilio del dirigente, en La Paz al 3500, y una vivienda de Paraguay al 800.
Esas irrupciones fueron solicitadas por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, y tuvieron por objeto el aseguramiento de pruebas en una causa que investiga desvío de fondos gremiales.
