Por Celia Arena
Quienes participamos activamente de la vida política en todos los niveles solemos utilizar, en tono reivindicativo, la palabra “diálogo”, en tanto supone un mecanismo de administración negociada de las diferencias que permite llegar a consensos mayoritarios sobre determinadas políticas que así lo requieren. Qué duda cabe, el abordaje de la violencia delictiva es una de ellas.
Ese diálogo se establece en distintas direcciones y a múltiples escalas. Un ejemplo de ello, en lo reciente, es la decisión del gobernador Omar Perotti de firmar, en marzo, el decreto por el cual se autorizó a la policía a retener motos cuyos tripulantes no puedan acreditar el dominio. Esa determinación surgió en el marco del intercambio de ideas con los municipios, autoridades del Ministerio Público de la Acusación, concejales y concejalas, vecinales y otras organizaciones de la sociedad. El resultado y a modo de ejemplo: el delito perpetrado en ese tipo de vehículos bajó drásticamente en la ciudad capital.
En esa misma línea, el gobierno provincial despliega constantemente operativos multiagenciales en las zonas de mayor conflictividad. De esta manera, el Estado interviene con toda su capacidad de acción en articulación permanente con las instituciones que tienen presencia y arraigo en los barrios, desde parroquias y clubes hasta movimientos sociales. Para esos abordajes también se dialoga sistemáticamente con los municipios y el Estado nacional.
Los familiares de las víctimas del delito también son escuchados y sus propuestas atendidas. Desde principios de este mes, ese vínculo fue institucionalizado por el gobernador Omar Perotti, al incorporarlos formalmente a la Junta Provincial de Seguridad. Allí tienen representación los tres poderes del Estado.
Como ya se dijo, de éstas y otras instancias de diálogo surgen acciones concretas, que en numerosas ocasiones se traducen en inversión de recursos públicos. Es el caso del decreto Nº 408 del 17 de marzo de este año, mediante el cual el gobierno provincial transfirió 200 millones de pesos al MPA para el Programa de Fortalecimiento de Áreas Investigativas de ese organismo. En concreto se trata de dineros públicos destinados a “la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación”. Esta decisión surgió de la ley de Emergencia en Seguridad, cuyo texto fue consensuado en la Legislatura santafesina.
Desde ya que el diálogo, en ocasiones, se torna duro. Así es como el gobernador Perotti ha elevado la voz en reiteradas oportunidades ante la Nación en el reclamo por la presencia de mayor presencia de fuerzas federales en nuestro territorio, como así también consensuó con legisladores nacionales santafesinos de todas las bancadas el avance en el Congreso de la Nación de la creación y cobertura de fiscalías y juzgados federales en nuestra provincia, de una importancia decisiva para encarar con eficacia la problemática del narcotráfico.
Podríamos seguir enumerando hasta el aburrimiento las múltiples instancias de diálogo abiertas por el gobierno provincial en materia de abordaje de la inseguridad. Se insiste: no son charlas de café, de allí surgen acciones concretas. Por eso mismo, la honestidad intelectual es un presupuesto básico. O, dicho de otra manera, si se parte de premisas falsas los diagnósticos serán erróneos y, en consecuencia, las acciones resultarán desacertadas.
Es lo que pasa cuando se observan los dichos del titular del MPA, Jorge Baclini, en una actividad desarrollada en Rosario por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. “No hay interés político en el trabajo que hacemos desde el Ministerio Público de la Acusación, en lo que hacemos los fiscales”, aseguró. Es evidente que estas aseveraciones son contradictorias con los hechos concretos precisados aquí en párrafos anteriores.
Afirmaciones de este calibre, desajustadas de la realidad, generan ruidos artificiales en el necesario diálogo político, social e institucional. Como también ocurre cuando el mismo fiscal general Baclini participa abierta y públicamente de una evidente actividad de campaña de precandidatos a presidente, gobernador e intendente de Rosario de un espacio político opositor.
El drama de la inseguridad impone a los poderes del Estado un diálogo fructífero, que a su vez exige honestidad intelectual. Y claridad política.
