Durante el 2018 la provincia realizó 7.541 actuaciones en empresas a partir de denuncias por problemas de seguridad laboral. A partir de esas inspecciones suspendieron a 979 empresas y clausuraron tres. El número, según Oscar Baronio, director provincial de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo, es similar al de años anteriores y explicó cómo trabajan con gremios, empresas y empleados para prevenir accidentes y lograr condiciones óptimas. El problema de la seguridad laboral quedó expuesto esta semana luego de que un camionero y un obrero murieran mientras trabajaban en Rosario y en Timbúes.
Las reglas claras
Baronio explicó que el Ministerio de Trabajo provincial, a través de un convenio con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación (SRT) –que tiene el control de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y las empresas– recibe denuncias sobre espacios que no cumplen con la normativa. Otras llegan desde los gremios como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Empleados de Comercio y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otras asociaciones. Además reciben denuncias anónimas y actúan de oficio.
Suspensiones
Según contaron desde la provincia, cada inspector llega al lugar con una credencial avalada por el Ministerio de Trabajo. Piden la documentación y recorren el lugar. La inspección se divide en dos. Por un lado, corroboran que todas las habilitaciones y altas en el sistema laboral esté en regla. Por el otro, inspeccionan las condiciones del lugar: las instalaciones eléctricas, si hay riesgo de caída en altura, el tapamiento de máquinas, la ventilación, el polvo, el ruido y las radiaciones, entre otros puntos.
La escala de infracciones tiene tres niveles. La primera son faltas leves que conllevan sólo apercibimientos. La segunda son las graves que acarrean multas que van desde el 30 al 200 por ciento de un salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado. La tercera son las muy graces que llevan a multas de entre el 50 al dos mil por ciento del salario por cada trabajador. Si la firma no permite que los inspectores entren al lugar las sanciones van desde un 100 a un 5 mil por ciento del salario por cada trabajador afectado.
“Si se llega a la suspensión la empresa tiene que arreglar lo que estaba en falta y después pedir que la levante. Los inspectores vuelven y, si constatan que los arreglos están en condiciones, levantan suspensión”, dijo Baronio. Si desde la empresa no vuelven a comunicarse los inspectores van al lugar. En caso de que la firma continúa trabajando sin remedir el problema los intiman a hacer las adecuaciones necesarias y corre riesgo de que la clausuren. Si violan esa medida, la provincia abre un proceso en la Justicia.
Prevención
Años atrás el Ministerio de Trabajo provincial formó una comisión tripartita entre las empresas del cordón industrial y los gremios. “Nos reunimos para buscar formas de trabajo más seguras. En 2018 logramos hacer una legislación para la prevención de explosiones de polvo. Desde hace dos años trabajamos en una comisión con las empresas representadas por cámaras empresarias de la zona y las agroexportadoras”, dijo Baronio. Además, detalló que definieron otra comisión tripartita junto con las cámaras empresarias dedicadas a la construcción para que reducir los accidentes en las obras. “Se formaron comités mixtos de salud y seguridad por ley. Santa Fe es la única provincia en todo el país donde se reúnen los empleadores con los representantes gremiales o delegados de cada empresa y acuerdan las formas de trabajo”, advirtió.
Baronio dijo que seguirán trabajando para cambiar la cultura y generar más conciencia de cómo prevenir accidentes. “Es un camino largo. Todo empresario y trabajador tiene que ser consciente de los procedimientos de trabajo. Con los comités de salud y seguridad damos capacitaciones a los delegados de las empresas para que se interioricen en cuáles son los riesgos, los fomenten y les exijan a su empleador a que las cumplan”, resumió el funcionario.
Según Baronio, no puede haber un inspector al lado de cada trabajador o en cada lugar de trabajo todo el tiempo. “Hay que cambiar la cultura para prevenir los accidentes. El trabajador tiene responsabilidad, pero el empleador tiene que proveerle de un espacio seguro de trabajo y los elementos necesarios, entre otras cosas”.
Los fatales
Fernando Peña tenía 35 años y murió este lunes al caer de un tanque de la cerealera Louis Dreyfus, de Timbúes, a 40 kilómetros de Rosario. Trabajaba para la empresa DHSH de Capitán Bermúdez. El domingo por la tarde limpiaba un tanque con vapor de agua hirviendo cuando el piso se desmoronó y cayó sobre los residuos. Los compañeros lo rescataron y lo llevaron hasta el Sanatorio Británico donde estuvo internado en terapia intensiva. Tenía el 90 por ciento del cuerpo quemado. Estuvo en coma farmacológico y murió este lunes a la tarde. Al día siguiente otro operario que trabajaba en la empresa Aercom murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras caer desde el techo de un galpón de la firma mientras hacía tareas de mantenimiento. Este martes, cerca de las 11, Adrián Ferreyra de 50 años, cayó ocho metros desde el techo de la empresa dedicada a la comercialización de grupos electrógenos que tiene un depósito en Pellegrini y Fraga. Momentos más tarde, fue trasladado por una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) hasta el Heca. Lo operaron de urgencia por politraumatismos en el cráneo y el tórax. Ferreyra murió alrededor de las 15.
No fueron los únicos operarios que murieron trabajando en el cordón industrial en los últimos años. El 14 de diciembre de 2016, Gustavo López, de 19 años, falleció aplastado por un alud de soja mientras limpiaba una celda de acopio de la empresa agroexportadora china Cofco. El 6 de febrero del año siguiente, Lucas Coronel, de 21 años, murió en un sanatorio de Rosario después de caer a cuatro metros de altura cuando limpiaba el sector de manipuleo y secado de la cerealera Louis Dreyfus, de General Lagos.
