En diciembre un video se viralizó. Mostraba a un oficial de la Policía de Ezeiza tomando cocaína dentro de un patrullero. Tenía 28 años, fue separado de la fuerza bonaerense y le abrieron una investigación por consumo en Asuntos Internos. En abril, el gobierno de la provincia de Buenos Aires empezó a hacer exámenes toxicológicos sorpresa a los 93 mil integrantes de la Bonaerense. La gobernadora María Eugenia Vidal aclaró que no se trataba de una política punitivista. El objetivo era dar a “aquellos que consumen la posibilidad de pedir ayuda y que puedan reinsertarse”. El diario La Nación publicó que desde diciembre de 2015 el gobierno les abrió sumario a unos 150 policías bonaerenses por consumo en horario laboral. Ayer, sin anuncios oficiales y un día después de la visita de la ministra nacional Patricia Bullrich, el control largó en Santa Fe. El primero en someter su orina para que la analicen fue el ministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro. El radical llegó a las ocho de la mañana a la Facultad de Medicina de Rosario y dejó la muestra para que se sepa si en los últimos días tomó cocaína, fumó marihuana, tragó benzodiacepinas o anfetaminas. A Pullaro le seguirá el resto de los funcionarios del ministerio que comanda incluidos los policías. Al igual que en Buenos Aires, las citaciones son sorpresivas y prometen levantar polémica: ¿puede un funcionario público tomar drogas de venta ilegal cuando no trabaja?
Citaciones
Hace unos días los funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe fueron citados para hacerse un análisis de orina con el fin de detectar el consumo de cuatro drogas de venta ilegal: marihuana, cocaína, benzodiacepinas y anfetaminas. Los análisis se hacen en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a partir de un convenio firmado hace seis meses entre el Ministerio de Seguridad y esta casa de estudios.
Los test empezaron ayer por la mañana, con el ministro Pullaro a la cabeza. José Luis Scopetta, de la cátedra de Medicina Legal de la facultad, explicó que el convenio incluye dos instancias. En la cita primero se toma la muestra de orina que se analiza en laboratorio y después se hace una entrevista con un grupo de médicas toxicólogas. Los resultados son remitidos al Ministerio de Seguridad, que definirá qué medidas toma en caso de encontrar casos positivos. El test arroja positivos, negativos y cantidades de consumo. Cada funcionario que es sometido al análisis debe firmar un acta de confidencialidad que sirve para resguardar sus datos. Scopetta aclaró que la citación de los funcionarios corre por cuenta del ministerio y que desde la facultad se ocupan del análisis técnico.
Ante la consulta de El Ciudadano sobre la implementación de esta política de control de consumo drogas, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que los test comenzaron ayer. Igualmente aclararon que no darán información hasta tener los resultados de todos los funcionarios que dependen de esta cartera.
Consumo personal
En la Argentina el consumo de drogas de venta ilegal no es un delito. Por eso, el control de su consumo en el ámbito laboral abre el debate sobre cómo se detecta si efectivamente se consumió dentro del horario laboral. Hay trabajos en los cuales los controles son necesarios por el daño que puede provocar en otros, como los conductores de colectivo o los pilotos de avión.
Vida privada
Para el periodista Emilio Ruchansky, autor del libro Un mundo con drogas, el análisis sorpresivo abre la pregunta de cómo separar en el resultado si el consumo se dio en el ámbito de la vida privada y no como funcionario público. “Si una persona hace un uso recreativo fuera de su horario de trabajo, no hay ningún delito. Si tiene un uso problemático, ¿esta es una forma de generar una ayuda genuina? Esta persona no está pidiendo una ayuda ante un problema de salud, si se le quiere dar un tratamiento no es la mejor forma. Si el fin de esto es que una persona que tiene un arma no vaya a trabajar en un estado de control de impulsos (que debería incluir el alcohol), no está mal hacer un test. Pero tiene que ser en un horario efectivo de trabajo. Fuera de eso es discriminador, estigmatizante y una intromisión en la vida privada. Si no se hace en el horario laboral, no me parece ético”, explicó. Según Ruchansky debiera ser prioridad pensar en que los policías no tengan armas fuera del horario laboral. “La mayoría de los casos de gatillo fácil ocurren cuando los policías no están trabajando, lo mismo con los femicidas policías, que usan las armas reglamentarias”, aclaró.
Para Alejandro Sierra, periodista de la revista THC, la clave está en el daño que el consumo pueda provocar a terceros. “Este tipo de análisis tiene sentido siempre y cuando el consumo de la sustancia que se está buscando interfiera en la función que desempeña. En el caso de una persona que consume benzodiacepina, no puede manejar porque disminuyen los reflejos”, explicó.
Según Sierra, los análisis de este tipo establecen una línea muy fina porque que se detecte una sustancia no significa que el funcionario consumió cuando cumplía funciones. “Se puede usar para discriminar. Por eso cabe preguntar qué acción toman hacia el funcionario si detectan el consumo”, concluyó.
