Dirigentes opositores de distintos espacios políticos criticaron ayer la declaración de “emergencia en seguridad pública” por parte del gobierno nacional, mientras que funcionarios oficialistas anunciaron que enviarán al Congreso un paquete de proyectos de ley sobre este tema.
El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri incluye como uno de sus aspectos destacados la ley de derribo de aviones que fue utilizada en Argentina sólo en dos situaciones puntuales en el marco de cumbres de presidentes y tiene vigencia en algunos países de América latina desde hace unos años.
El decreto dispone también el levantamiento del secreto militar de las reglas de empeñamiento para la defensa aeroespacial, determinando la aprobación de reglas de protección aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino.
La decisión fue comunicada ayer oficialmente a través de un comunicado pero no fue publicada aún en el Boletín Oficial.
“No puede salir por decreto”
Desde la oposición, la diputada nacional de Progresistas, Margarita Stolbizer, indicó que “las políticas de Estado en seguridad y lucha contra el narcotráfico no pueden salir por decreto sino deben ser por el consenso de las fuerzas políticas”, y subrayó que “aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles, y mucho peor sin debate”.
El ex ministro de Defensa y actual diputado del Parlasur, Agustín Rossi, cuestionó el mismo aspecto, ya que consideró que “se asemeja a instaurar la pena de muerte sin juicio previo”, y puso en duda sus “efectos positivos” en la lucha contra el narcotráfico.
En la misma línea, se expresó el ex secretario de seguridad de la Nación y actual senador provincial Sergio Berni, quien sostuvo que la aplicación de ley de derribo en distintos países “no ha demostrado importantes avances (en términos de seguridad) y ha generado costos de vidas inocentes”.
“Como en la región”
Desde el gobierno informaron que la medida “va en sintonía con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de lucha contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el decreto anunciado, anticipó que se enviará un proyecto de ley al Congreso para la “defensa del espacio aéreo” y dijo que las fuerzas de seguridad entrarán a los barrios “donde el narcotráfico es dueño y señor”.
El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, aseguró que “todos los países de la región” tienen algún tipo de norma de protección del espacio aéreo, y advirtió que el hecho de que la Argentina no lo tuviera hasta ahora era “una deuda pendiente”.
Burzaco explicó que, de acuerdo al protocolo que establece la norma, “primero se intenta contactar al avión y que su tripulante justifique su actividad”, y que “sólo en casos muy excepcionales se puede aplicar la instancia de derribo” ante un escenario que implique “una amenaza” para la población.
Por su parte, Gerardo Millman, secretario del Consejo de Seguridad Interior, explicó que “haciendo público este protocolo” se genera “un efecto de disuasión que nos va a llevar a que no tengamos que derribar a nadie sino que por el contrario, los que intrusan nuestro espacio aéreo van a saber cuáles son las consecuencias a las cuales atenerse”.
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