Un hombre firmó un juicio abreviado a seis años de prisión por el homicidio culposo de su hija y las lesiones contra su mujer embarazada, hecho por el que fue detenido.
La mujer fue herida el 19 de abril de 2015. Ese día, llegó al hospital Eva Perón con una cuchillada en el vientre tras ser atacada en su casa por el hombre con el que vivía en Centeno al 6200, luego detenido, y su estado determinó a los médicos a practicarle una cesárea para tratar de salvaguardar la vida del bebé, que no obstante falleció a los pocos días.
Según la denuncia, el hombre golpeó y atacó a la mujer con un cuchillo de cocina, hiriéndola en el vientre. La víctima, Graciela V., relató que estaba en su casa cuando su pareja, Gabriel Aguirre, ingresó en estado de ebriedad y le pidió que lo acompañara a la casa de un familiar. La mujer se negó, él le pegó una cachetada y ella se la devolvió, según consta en el expediente. Luego, Graciela se fue a acostar y ahí fue atacada con un cuchillo tipo tramontina en el abdomen.
La mujer, que llevaba seis meses de embarazo, fue sometida a una cesárea de emergencia. La bebé murió a los pocos días. Sobre la causa de la muerte del bebé, el director del Eva Perón, Eduardo Codino, dijo a los medios poco después de la muerte de la bebé que “el puntazo que recibió esta mujer terminó afectando fatalmente a su hijo». Según el médico, la bebé presentaba una contusión en un pie porque el cuchillo ingresó por el útero de la mamá. “No se pudo hacer nada. El bebé no sólo era prematuro, sino que tenía una herida de ese tipo y no pudo sobrevivir. Pesaba alrededor de 600 o 700 gramos. Era muy chiquito”, señaló Codino.
El padre de la criatura fue detenido el día después en su casa. Allí convivía con la mujer y otros tres hijos, todos menores de 6 años. El juez Juan Carlos Vienna ordenó su prisión preventiva, pedida por la Fiscalía.
Esta semana Aguirre firmó un juicio abreviado a seis años de prisión efectiva por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo en concurso ideal con homicidio culposo. El acuerdo fue pactado entre el defensor Juan Pablo Jardín y el fiscal Adrián Spelta.
