Un total de 11.824 presos permanecían alojados en las cárceles federales de toda la Argentina a fines de 2017, lo que equivale a una superpoblación carcelaria del 6 por ciento.
Asimismo, los datos ponen de manifiesto que seis de cada diez detenidos no tienen condena firme.
Según un informe difundido por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), los datos fueron recabados entre el 2014 y el tercer trimestre de 2017, determinando que la tasa de ocupación carcelaria ha mantenido su tendencia creciente.
La PPN indicó que durante los últimos años se dificultó el acceso a información confiable ya que a partir de febrero de 2015 el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dejó de informar en sus registros institucionales la «capacidad real» (cifra referida a la cantidad de plazas disponibles para el alojamiento) y comenzó a indicar sólo la «capacidad general».
De acuerdo a lo publicado por Diario Popular, este cambio significó que sólo se contemplaba el total de plazas en cada establecimiento, incluyendo celdas o pabellones clausurados o inhabilitados, por lo que no se produjo un aumento efectivo en la capacidad de alojamiento, sino que se produjo una modificación del fenómeno contabilizado.
Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2016, el SPF sinceró las cifras relativas a la capacidad de alojamiento efectivamente disponible.
En abril de ese año los listados de población volvieron a discriminar entre «capacidad general» y la «real» -es decir aquella en condiciones mínimas de habitabilidad-, bajo la denominación de «capacidad utilizable».
Según el informe de la Procuración, la «importante disminución en cuanto al cupo informado que se observó durante el segundo trimestre de 2016 no se explicó a partir de una reducción de la capacidad operativa, sino que fue producto del reconocimiento institucional del problema».
