Se trata de cinco proyectos de ley que establecen los plazos y la forma en que se aplicará el nuevo Código y que fueron debatidos de forma conjunta, pero votados por separado.
El proyecto de ley de implementación del Código Procesal obtuvo 45 votos a favor y 11 en contra; el de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal tuvo 37 a favor y 19 en contra, mientras que el de Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa consiguió 45 a favor y 11 rechazos.
Los otros dos proyectos del paquete que se aprobaron fueron el de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, con 37 votos a favor y 19 en contra, y la iniciativa que plantea modificaciones al Código Penal referidas a la suspensión del juicio a prueba tuvo 48 a favor y 8 en contra.
La aprobación de esas iniciativas por parte del Congreso es necesaria para comenzar a aplicar progresivamente el nuevo Código Procesal Penal, que empezará a regir en los tribunales de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.
En líneas generales, hubo consenso entre el oficialismo y la oposición para aprobar el paquete, pero los opositores cerraron filas contra el proyecto de Ley del Ministerio Público Fiscal y contra el que define la competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal.
La primera de esas dos iniciativas es la que señala que el nuevo Código comenzará a regir en la Justicia Nacional con asiento en ese distrito, algo criticado por la oposición debido a que esos tribunales deben ser transferidos a la órbita de la Capital Federal.
Al respecto, la senadora del PRO por la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Michetti sostuvo que el proyecto «atenta profundamente contra la autonomía de la Ciudad» y señaló que «este Código debería aplicarse prioritariamente a la Justicia Federal».
El otro proyecto conflictivo fue el referido al Ministerio Público Fiscal, donde la oposición pidió morigerar el poder del procurador general de la Nación, por tratarse del jefe de los fiscales que, con la aplicación del nuevo sistema, serán quienes estén a cargo de las investigaciones.
El senador Mario Cimadevilla, de la UCR, fue uno de los más críticos al señalar que ese proyecto «convierte a la persona a cargo del organismo en un poder omnímodo, con facultades para intervenir en los concursos y en las sanciones».
También el socialista Rubén Giustiniani consideró que «el nuevo sistema le otorga a la actual Procuración la facultad para designar fiscales sin ninguna sujeción a requisitos de transparencia o control».
El oficialista Rodolfo Urtubey fue el encargado de defender el paquete de proyectos y subrayó que es necesaria «una ley para cada órgano extrapoder», al defender los proyectos referidos al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Entre los puntos principales del paquete de proyectos, se encuentra la fecha de entrada en vigencia, que originalmente era el 1 de septiembre de 2015 y luego del debate de la Comisión Bicameral se postergó para el 1 de marzo.
Además, señala que la Comisión Bicameral será la encargada de monitorear la puesta en marcha del nuevo cuerpo normativo, asistida por una secretaría técnica y un comité asesor.
Ése último órgano será integrado por representantes de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Procuración General, la Defensoría General y el Poder Ejecutivo.
Subrogancias
El Senado aprobó con 37 votos a favor y 19 en contra un proyecto de ley para regular el régimen de subrogancias en tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, que fija nuevas reglas para las suplencias y un nuevo criterio para los juzgados electorales.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo se trató conjuntamente con el paquete de proyectos que pondrán en marcha el nuevo Código Procesal Penal pero fue votada por separado.
El proyecto establece que el Consejo de la Magistratura puede designar jueces subrogantes con mayoría absoluta de sus miembros presentes, «en los casos de suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas» titulares.
De acuerdo a la iniciativa, el Consejo de la Magistratura deberá elaborar «cada seis años» una lista de conjueces «para cada fuero, jurisdicción e instancia» y deberá enviarla al Poder Ejecutivo para su posterior remisión al Senado, que deberá dar su acuerdo.
No obstante, si no hubiere una lista de conjueces con aprobación del Senado, el Consejo podrá nombrar excepcionalmente a un subrogante que no sea conjuez, pero sólo por un plazo de 90 días.
En el caso de los tribunales con competencia electoral, la propuesta de jueces subrogantes deberá surgir de la Cámara Nacional Electoral.
Este punto viene a subsanar conflictos como el que se desató el año pasado, cuando se designó a Laureano Durán, un secretario judicial, como subrogante del juzgado federal 1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, tras la muerte del magistrado Manuel Blanco.
Aviación
En tanto, avanzó el proyecto para que el control del tráfico aéreo en el país pase de nuevo a manos civiles. La vigilancia del tránsito aerocomercial está bajo comando de la Fuerza Aérea desde 2011, después del primer intento fallido de traspaso a control civil con la ANAC.
Una vez que lo vote Diputados, se creará la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado que manejará el tránsito, información, comunicaciones, vigilancia, meteorología y hasta los salvamentos.
