La Cámara de Senadores no sesionará mañana debido a que los bloques no llegaron a un acuerdo a la hora de organizar el plan de labor parlamentaria, aunque se informó que la próxima semana sí habrá sesión.
La suspensión del pleno de mañana fue anunciada esta noche, tras la reunión de Labor Parlamentaria que se llevó a cabo en la Presidencia del cuerpo.
Al posponerse la sesión, la oposición terminó de cerrar la posibilidad de debatir el proyecto de Ley sobre el 82 por ciento móvil para las jubilaciones que impulsaba.
Ayer, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, reafirmó la intención del antikirchnerismo de avanzar con el tratamiento de esa norma, pero hoy, tras una reunión de jefes de bloques opositores de ambas cámaras se decidió que el tema comience a ser tratado en Diputados.
La postura de la justicialista federal Roxana Latorre en contra de la iniciativa redujo las chances de la oposición de darle media sanción al proyecto del 82 por ciento móvil.
Esta tarde, en la reunión de Labor, los radicales Morales y Ernesto Sanz propusieron levantar la sesión de mañana.
De hecho, la senadora oficialista Ada Maza confirmó a Télam que la sesión pasó para la próxima semana «para debatir temas no conflictivos», y agregó que el bloque del Frente para la Victoria quería sesionar.
A su turno, el opositor porteño Samuel Cabanchik confirmó que «la sesión pasó para la semana que viene», y que en la reunión de Labor del próximo martes se definirá una nueva agenda.
Aunque no descartó la posibilidad de debatir el proyecto del 82 por ciento móvil la próxima semana, trascendió que la intención de la oposición es que la iniciativa comience su periplo parlamentario en Diputados, donde un proyecto parecido ya tiene dictamen.
Según fuentes parlamentarias, para el próximo miércoles los senadores podrían incluir temas como la situación del INDEC, acceso a la información pública, autorización para la realización de ejercicios militares conjuntos, modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor, la tipificación de delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
