Un plenario de comisiones del Senado comenzará hoy a debatir el proyecto de ley Ómnibus enviado por el gobierno que prevé un blanqueo de capitales y el pago de sentencias a jubilados, que ya tiene media sanción de Diputados y la semana que viene podría convertirse en ley.
La iniciativa será analizada a partir de las 17 por los legisladores que conforman las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, Coparticipación Federal de Impuestos y Economía Nacional, que se reunirá en el salón Arturo Illia del Congreso.
Los senadores empezarán a debatirlo hoy y continuarán mañana, tras lo cual se firmará el dictamen respectivo para poder llevarlo al recinto el miércoles 29 de junio.
Así se cumplirían los plazos que había pedido el gobierno para poner en marcha el blanqueo de capitales y el pago de sentencias a jubilados, aunque en este caso se especula que el proceso demandará un máximo de tres años.
En la madrugada del jueves pasado y luego de casi 17 horas de debate, Diputados le dio media sanción al proyecto que el gobierno denominó como: “Ley de Reparación Histórica Jubilados y Pensionados y de Blanqueo de Capitales”.
El proyecto contó con 162 votos a favor, aportados por el interbloque Cambiemos, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Argentina (ex massistas) y unos pocos del Frente para la Victoria, y 76 en contra.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo registró alrededor de veinte modificaciones respecto del texto original que llegó a la Cámara baja.
El proyecto establece el pago de sentencias y reajustes por haberes mal liquidados a los jubilados, que será financiado con fondos que ingresen por el blanqueo de capitales, la creación de la pensión universal para la vejez.
Contempla además el acuerdo con las provincias para la devolución del 15 por ciento de la coparticipación, que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional, luego de un fallo de fin de año pasado de la Corte Suprema.
Con la ley, el gobierno pretende empezar a saldar la deuda histórica que el Estado mantiene con un tercio (2,5 millones) del total de jubilados por la falta de actualización de haberes.
Dentro de los jubilados que resultarán favorecidos, hay tres grupos: quienes ya tienen una sentencia firme a su favor; quienes le iniciaron juicio a la Ansés pero aún no obtuvieron fallo, y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda pero no realizaron ninguna acción judicial.
Según la Ansés, los del primer grupo tendrán una mejora en sus haberes mensuales del 50 por ciento (es decir que si cobran 10 mil pesos, una vez homologado el acuerdo para el pago de la deuda, pasarán a cobrar 15 mil pesos); los del segundo grupo, del 40 por ciento, y los del tercer grupo, del 35 por ciento.
El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS), que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.
Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales y la posibilidad de vender una parte de las acciones de grandes empresas que están en manos de la Ansés.
También se crea la Pensión Universal para la Vejez, que será el 80 por ciento del haber mínimo jubilatorio para todas las personas mayores de 65 años, siempre que no cobren jubilaciones ni pensiones.
El blanqueo permite regularizar las deudas de los principales impuestos nacionales, con un descuento del 15 por ciento si se hace al contado o en 60 cuotas.
