Dos voces de Rosario llegaron este miércoles a la segunda jornada de exposiciones en el Senado de la Nación para hablarles a las y los legisladores a favor de la legalización y despenalización del aborto en Argentina. El médico tocoginecólogo y ex funcionario público, Daniel Teppaz, expuso desde la experiencia de la salud pública de la ciudad, que desde 2012 no registra muertes por aborto clandestino por aplicar políticas de ampliación de derechos. La abogada y representante del Comité de Expertas de la OEA habló del embarazo y la maternidad infantil forzados, haciendo foco en el caso de Juana, una niña wichi de 12 años que fue víctima de violación y de vulneración de derechos por parte del Estado. El debate en la Cámara Alta del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con media sanción de Diputados empezó el lunes con exposiciones del Poder Ejecutivo. Martes y miércoles hubo 44 voces a favor y en contra de especialistas y referentes. Este jueves será el dictamen y el 29 de diciembre la votación en el recinto.
El proyecto de ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Postaborto empezó a tratarse el lunes, después de que el mismo viernes de la histórica media sanción de Diputados, la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, designara a las tres comisiones por que lo discuten. Son Justicia y Asuntos Penales, Salud y la Banca de la Mujer, que preside el debate con Norma Durango al frente. Durango no sólo está a favor sino que forma parte de la mesa articulación feminista y transversal entre senadoras y senadores de distintos bloques que trabajan para conseguir que esta vez la ley no frene en el Senado. Incluye a la mendocina, del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio; Nancy González (FTD-Chubut); Matías Rodríguez (FTD-Tierra del Fuego); la mendocina Pamela Verasay (JPC); Martín Lousteau (JPC); y el jefe del interbloque, Luis Naidenoff (JPC).
Tanto Teppaz como Chiarotti ya habían expuesto en 2018 cuando pasaron más de 800 personas entre las dos cámaras para defender u oponerse a la legalización del aborto en la Argentina. De Rosario habían sido 21 representantes del activismo, la salud, la política, el derecho, el sindicalismo, el periodismo y otras áreas que defienden el proyecto.
La posible legalización y despenalización de esta práctica es un faro para Latinoamérica, una región particularmente desigual a la hora de legislar sobre el derecho a decidir interrumpir el embarazo: el 97% de las personas gestantes viven en países donde el aborto está criminalizado. De avanzar en la normativa, Argentina será el país con mayor población en hacerlo.
La mirada de la salud
Teppaz trabaja en la salud pública desde hace 30 años y habló desde la experiencia de las y los profesionales que acompañan en el derecho a decidir abortar. Fue director de Salud Sexual de Rosario y de Políticas de Salud y Género de la provincia de Santa Fe. Integra la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Instituto de Masculinidades y Cambio Social.
“Llevo 30 años trabajando en el sistema público de salud de Rosario. Más de la última mitad de mi carrera la he dedicado sólo al subsector público, ya sea en la asistencia como en la gestión y en particular a la gestión de políticas en Salud y Derechos sexuales y Reproductivos. Me siento parte de su construcción y sostenimiento junto a miles de trabajadoras y trabajadores, a la comunidad y a sus organizaciones. Se comprenderá entonces, que no solo he producido, sino que, el trabajo basado en una fuerte noción de derechos me ha producido a mí como persona y profesional”, dijo en el comienzo de su exposición.
Para Teppaz pensar la salud en clave de derechos exige mucho más que tratar bien a quienes deciden abortar en la clandestinidad: “Somos miles de profesionales que desde nuestro compromiso de conciencia acompañamos y tenemos la disposición de seguir acompañando a las mujeres, varones trans y personas no binarias con capacidad de gestar”, dijo y agregó que son miles las y los profesionales que reclaman la ley porque necesitan garantías y tranquilidad para trabajar: “Queremos que se nos nombre y que nuestra conciencia sea respetada en tanto esta ley nos protegerá del estigma”.
“Con la experiencia de haber acompañado a miles de mujeres, señalamos enfáticamente que debemos respetar sus decisiones, dado que están basadas en fuertes razones y nada avala, más que el prejuicio, que las mujeres toman el hecho de abortar a la ligera”.
Desde El Ciudadano compartimos su ponencia completa.
«Nada avala, más que el prejuicio, que las mujeres toman el aborto a la ligera»
Por la reducción del embarazo y la maternidad infantil
La abogada Chiarotti es representante de Argentina del Comité de Expertas de la OEA que monitorea el cumplimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, conocida como Belém do Pará. La convención fue firmada por 28 países, Argentina incluida.
Centró su ponencia en el embarazo y la maternidad infantil, haciendo foco en el caso de Juana, una niña de 12 años que fue víctima de violación y de vulneración de derechos por parte del Estado. “Juana quedó embarazada después de ser violada por 8 hombres. Seis meses después, los 8 autores seguían libres. El fiscal a cargo del caso, Cazón, declaró en la Cámara de diputados: ‘si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más’, dando una imagen de lo frecuentes que son las violaciones en esa zona”, dijo la abogada.
“A pesar de la violación en banda, de la discapacidad de la niña y la inviabilidad del feto, se le pidió que aguante porque el niño podía nacer vivo. El 7 de junio de 2016 fue sometida a una cesárea en el Hospital Materno Infantil de Salta. Juana fue forzada a ser madre de un feto anencefálico, que falleció a los pocos minutos”, agregó.
Chiarotti explicó que no hay estadísticas de niñas embarazadas menores de 15 años ya que se las incluye dentro del embarazo adolescente, que va de 10 a 19. Pero son realidades distintas. “No es lo mismo parir a los 10 que a los 18 años. Si bien el número de embarazos infantiles es menor que el de las adolescentes, quienes trabajamos en el marco de los derechos humanos, no usamos enfoques epidemiológicos y cada niña cuenta. Cada historia de vida es un espejo de la sociedad en que vivimos. Y en este problema de las niñas madres podemos ver la sumatoria de injusticias, desigualdades y discriminaciones que atraviesan el tejido social en cada país”.
En Argentina, las cifras de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación muestran que en el 2018 hubo 2.350 niñas entre 10 y 14 años (3 niñas por día) que se convirtieron en madres cuando sus cuerpos aún no habían terminado de crecer.
“El caso de Juana muestra la realidad de miles de niñas que quedan embarazadas por abusos sexuales, así como la presión ejercida por el Estado para que el embarazo llegue a término y la niña sea madre, a pesar de los riesgos para su salud y su vida. Asimismo, mostró la falta de programas gubernamentales específicos para atender esa realidad”, agregó Chiarotti. Su ponencia completa puede leerse en El Ciudadano.
«En Argentina 3 niñas por día se convierten en madres cuando su cuerpo no terminó de crecer»
Dictamen
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen de este jueves se logre fácilmente. Los acuerdos para conseguir los votos en el Senado empezaron mucho antes de la media sanción, cuando en Diputados hubo negociaciones en la letra chica para emitir un dictamen que no rebotara en el Senado. En este sentido, los poroteos dan cuenta de que los votos estarán garantizados pero lo cierto es que muchos legisladores y legisladoras no han hecho pública su decisión por las presiones que vienen recibiendo por parte de grupos y de sectores religiosos en contra.
El proyecto
La iniciativa permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse en un plazo de 10 días en la salud pública y privada. También contempla la atención postaborto. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
El proyecto habilita la objeción de conciencia de profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
