La decana de la facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, declaró que las normas constitucionales «consagran la igualdad de todas las personas y sus iguales derechos», y aludió a fallos de altos tribunales y a tratados internacionales sobre derechos humanos.
Juzgó que «Argentina tiene una asignatura pendiente» en cuanto a «reconocer una libertad cercenada» y a «reinstalar la igualdad, considerando a la sociedad conyugal para todas las orientaciones».
«A este cuerpo le corresponde sanear» esos vacíos, opinó la decana, quien se pronunció en contra de que se niegue «el derecho de identidad sexual a un grupo de personas que no quieren ser encasillados en el orden actual».
La académica entendió que las normas actuales «exigen que se adopten las medidas necesarias para que todas las personas tengan aptitud para decidir su inclinación sexual y su derecho a casarse y a formar familia».
Desde la vereda opuesta, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), Gabriel Limodio, y el profesor Nicolás Laferrier plantearon su «rechazo» al proyecto, principalmente por la «alteración del orden filiatorio» que -dijeron- implicaría la modificación al Código Civil.
«La ley, más allá de sus artículos, pretende alterar un orden jurídico, redefiniendo la institución del matrimonio y generando una transgresión al orden procreativo», declaró Limodio.
Laferrier manifestó por su parte que la iniciativa «altera el vínculo biológico que hace a la identidad» y argumentó que «la institución del matrimonio es una conjunción entre naturaleza y cultura».
En sintonía, el decano de la UCA de La Plata, Hernán Mathieu, expresó su postura «adversa a la aprobación» de la ley porque implica un «desbarajuste de toda la legislación vinculada con la reforma, que no fue previsto».
«No se prevén los efectos en cuestiones de filiación; así como está (la norma) no puede ser sancionada; sería una irresponsabilidad de los legisladores», opinó.
Mathieu advirtió que «no se puede legislar en contra de la naturaleza» y, con ironía, graficó que, en todo caso, una reforma como la propuesta debería «incluir también que varón y mujer es lo mismo, cuando no es así».
Del debate, que se realizó en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, participó también el periodista Rolando Hanglin, quien propuso la realización de un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra del matrimonio gay y opinó que debería realizarse un debate específico sobre la ley de adopción.
«La idea de formar una familia está pensada a partir del hombre y la mujer; siempre fue así y la prioridad de adopción la deben tener las parejas formadas por un hombre y una mujer; es lo natural», dijo Hanglin.
Mariano Rapetti, coordinador del Frente Nacional y Popular de la Diversidad Sexual, orientó su defensa del proyecto en la doctrina peronista y en el principio de igualdad de las personas.
En representación de la Universidad Austral, el decano de la facultad de Derecho, Juan Cianciardo, dijo que la discusión sobre el matrimonio gay «no es sólo un debate jurídico, sino moral acerca de la concepción de persona y de lo que es el interés social para la sociedad».
Se manifestó en contra de la iniciativa, advirtió que hay «un deterioro de la idea de compromiso» y evaluó que si los senadores se «detuvieran sobre esa idea deberían rechazar el proyecto presentado y promover otros que estimulen el amor y la familia».
En cambio, el profesor de las universidades de Buenos Aires y San Andrés, Martín Bohmer pidió a los legisladores que «recojan el guante que envía la sociedad civil y los tribunales para construir una sociedad más democrática» y que dicten una ley que «termine con años de desprecio».
La comisión tiene en estudio dos proyectos: el que ya recibió media sanción de la Cámara baja, que impulsa modificaciones a artículos del Código Civil, y otro de la senadora Bortolozzi que propone la «unión concubinaria o unión sexual y afectiva estable».
El martes próximo la comisión recibirá a partir de las 10 a constitucionalistas para que se pronuncien sobre la iniciativa, en tanto que los próximos días se abrirá un ciclo de audiencias públicas en ciudades del interior como Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Chaco.
