La mayoría de los senadores provinciales aprobó un pedido de investigación para dos fiscales de Rosario, que tienen a algunos de ellos bajo la lupa por desvío de fondos y manejo discrecional de subsidios. Los funcionarios judiciales dicen que los legisladores no pueden juzgarlos y aclaran que las presuntas irregularidades que les achacan fueron avaladas en diferentes instancias administrativas y judiciales. También sospechan de un vuelto por la megacausa inmobiliaria.
Un conflicto institucional de grandes dimensiones –con origen aún no muy claro– envuelve a 15 de los 19 senadores provinciales y a dos fiscales de Rosario. Estos legisladores presentaron un pedido a la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa para que se investigue el accionar de los funcionarios judiciales en un caso que terminó con la condena de varios policías de la comisaría 19ª en una pesquisa por asociación ilícita. Los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián MacCormack negaron que los senadores tengan facultades para investigarlos, ya que el propio Ministerio Público de la Acusación tiene competencias administrativas, y se apoyaron en que siete jueces distintos ratificaron esa pesquisa que ahora casi toda la Cámara alta objeta. Y mencionaron especialmente los casos de los senadores justicialistas Guillermo Cornaglia y su antecesor en la representación del departamento Belgrano Alberto Crosetti.
Joaquín Gramajo; Danilo Capitani; Rubén Pirola; Alcides Calvo; Armando Traferri; Osvaldo Sosa; José Ramón Baucero; Ricardo Kaufmann; Cristina Berra; Guillermo Cornaglia; Felipe Michlig; Emilio Jatón; Miguel Angel Cappiello; Eduardo Rosconi, y Orfilio Marcón. Ellos son los 15 senadores de distintas bancadas que la semana pasada pidieron a la comisión de Acuerdos que abra la investigación de los fiscales.
“Ha llegado a nuestro conocimiento que dichos funcionarios presumiblemente habrían, mediante coacción, exigido a un detenido la imputación hacia un personal policial a cambio de beneficiarlo en su situación procesal. Atento a la ley que rige el Ministerio Público de la Acusación (MPA), es pertinente la investigación de este presunto ilícito por parte de los legisladores que componen la Comisión de Acuerdos”, dice el texto de la sanción del jueves pasado.
En marzo de 2014 ocurrió un caso de extorsión por parte de efectivos de la comisaría 19ª que luego se unió con otros y todos terminaron en una causa por asociación ilícita, entre otros delitos, que se juzgó en debate oral y público y terminó en condena, avalada por la Cámara Penal. En este expediente se ventiló una escucha donde, según dijeron entonces los defensores de uno de los policías imputados, los fiscales le piden a una víctima que no reconozca a un imputado por poder usar a este último como testigo contra los policías. Así, según los senadores, los funcionarios judiciales pudieron incurrir en encubrimiento agravado, amenazas coactivas, abuso de autoridad, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Este martes, en conferencia de prensa, MacCormack y Narvaja recordaron que esta misma acusación fue objeto de una denuncia del diputado justicialista Leandro Busatto, de una investigación encabezada por el entonces fiscal regional (de Rafaela) Carlos Arietti, de una pesquisa administrativa monitoreada por los entonces fiscal regional de Rosario Jorge Baclini y fiscal general Julio de Olazábal y también del análisis de siete jueces que no vieron objeción alguna en su accionar.
“Es una situación delicada sobre independencia de poderes. Todos los funcionarios del Estado estamos sujetos a dar explicaciones, pero la Cámara de Senadores no tiene facultades legales para abrir procesos disciplinarios ni para abrir investigaciones a funcionarios del Ministerio Público. Hay un desconocimiento de cuáles son las facultades del Senado y desconocen la ley de Ministerio Público. Pensar en un desconocimiento de tal magnitud no nos parece del todo razonable”, dijo Narvaja.
“Desconozco por qué hemos logrado generar semejante adhesión (al pedido). Hay bloques que no pueden ponerse de acuerdo para un montón de cosas y se ponen de acuerdo para esto”, sentenció.
“La Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional Rosario está investigando a algunos senadores (y otros con mandato cumplido) por el manejo de subsidios que tienen para disponer discrecionalmente, según les permite el artículo 55 inciso 22 de la Constitución provincial y por un acuerdo de 2013 por el cual el Poder Ejecutivo les permite otorgar 7.800.000 pesos cada año por senador”, recordó Narvaja.
Mac Cormack mencionó que entre quienes están bajo la lupa figura el senador Cornaglia, pesquisa que tiene avanzada la pericial contable por parte de peritos de la Corte. Cuando éste era jefe comunal de Bouquet obtuvo 900 mil pesos para la construcción de un jardín materno infantil, y 243 mil pesos destinados a una bloquera, fondos enviados por el gobierno nacional que, según el fiscal, no se usaron para su destino original. Ante la falta de rendición de cuentas la Nación intimó a Bouquet a la devolución de fondos.
También recordó que el ex senador Crosetti está bajo investigación por “una denuncia ingresada a los llamados Buzones de la Vida, derivada del juzgado federal, por actividades relacionadas con narcotráfico, y la posesión de 50 inmuebles, 40 vehículos, dos estaciones de servicio a su nombre y una distribuidora mayorista de combustible”, detalló Mac Cormack.
Este fiscal también centró sus sospechas sobre el abogado José Luis Giacometti, ex comisario y asesor del senador sanlorencino Armando Traferri en la reciente iniciativa de ley de reforma policial –acaba de obtener media sanción del Senado–, quien fue defensor de uno de los policías de la llamada Banda de la Comisaría 19ª y conoce muy de cerca la causa que terminó en condena para cinco uniformados, entre ellos el ex jefe de la seccional.
