La Corte Suprema de Justicia emitió el miércoles un fallo que ratifica la jurisdicción reciente del máximo tribunal orientada a limitar los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Resolución que encuentra sentido si se observan los últimos fallos que disminuyen el margen del Congreso para delegar facultades propias en ministerios u órganos autárquicos como el Banco Central.
Este caso proviene del rubro de las aseguradoras que reclamaban contra dos decretos de necesidad y urgencia por los cuales el Ejecutivo les permitía a empresas de transporte aerocomercial no asegurarse con compañías de seguros locales. Las firmas nacionales esgrimieron una supuesta discriminación frente a sus pares internacionales.
A semanas de un cambio de administración, este fallo adquiere una influencia superior a su letra. Ricardo Lorenzetti recordó que este tipo de decretos son para ocasiones excepcionales, en tanto que Juan Carlos Maqueda fue más allá. El justice redactó su propio voto sobre la base del leading case “Consumidores Argentinos”. Ese precedente estima que, a no ser que el Congreso se encuentre bajo una situación extrema (alude a convulsiones sociales), los DNU no son viables. Para tener en cuenta, más si se considera el paso previo de Maqueda antes de la Corte (el Senado) y el hecho de que el peronismo tendrá, después de la elección del domingo, una posición de privilegio en la Cámara alta.
Sin estruendos, la Corte se ha propuesto escribir sobre asuntos que hacen al momento histórico del país. En las últimas horas limitó los DNU, creó una comisión para avanzar en medidas antinarcotráfico y volvió a poner en jaque el modelo gremial actual al entender en un caso iniciado por el gremio de obreros marítimos. En paralelo se conoció otro fallo de la Cámara Civil que dice que, a pesar del nuevo Código Civil y Comercial, las deudas en dólares se cubren en esa moneda. Resolución que generó una satisfacción visible en el encuentro que Lorenzetti protagonizó con ejecutivos del rubro energético en un hotel céntrico.
Estos asuntos estructurales son funcionales a la estrategia cortesana de por ahora eludir casos explosivos en materia de política contextual. Sucede que justamente en el contexto, en lo agonal, es donde el tribunal encuentra sus dificultades por los cambios que se avecinan en cuanto a la integración (nombramiento de dos nuevos jueces) y especialmente por su naturaleza: aún con una presidencia de Mauricio Macri, el tribunal podría ampliarse. La semana pasada, el alcalde contó en una reunión en su domicilio que según su punto de vista la Corte debería tener siete integrantes.
El mismo cálculo que hace Ricardo Gil Lavedra, entusiasmado ahora ante la posibilidad de que el senador Ernesto Sanz recale en el Ministerio de Justicia.
