Sebastián Ochoa, Especial para Télam desde La Paz
Antonio Quispe Ticona salió de su casa en Ventilla, ciudad de El Alto. Ese 19 de noviembre de 2019 las calles estaban repletas de alteñas y alteños movilizados en repudio al golpe de Estado contra Evo Morales y la consiguiente autoproclamación de la senadora Jeanine Añez como nueva presidenta del Estado Plurinacional. Antonio, de 24 años, tenía que recorrer 20 kilómetros a pie para reunirse con su hermana, Gloria, quien lo esperaba en la casa de sus abuelos, en la ciudad de La Paz.
En el barrio alteño de Senkata está la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se almacenan y distribuyen cientos de miles de litros de combustibles para todo el departamento de La Paz. Luego del golpe del 10 de noviembre de 2019, las y los vecinos armaron un piquete en la entrada de este establecimiento para expresar su rechazo al gobierno de facto. Por este motivo no podían entrar ni salir camiones cisterna.
Tras una semana, la falta de nafta y diésel comenzó a sentirse en los barrios de clase media de la ciudad de La Paz, lindera con la altiplánica ciudad de El Alto, emplazada a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Aquel 19 de noviembre, el gobierno de facto de Añez había decidido destrabar la entrada de la planta de Senkata sin importar el costo. Por la mañana comenzaron los enfrentamientos entre vecinos contra las fuerzas conjuntas, integrada por militares y policías. Los uniformados actuaban al amparo del decreto 4078 -firmado por la entonces presidenta y su gabinete-, según el cual podían disparar tranquilamente contra el pueblo boliviano sin tener que rendir cuentas ante la justicia civil.
Poco antes del mediodía, una de las paredes de la planta de Senkata fue derribada con dinamita. Nunca se supo si la tumbaron los vecinos o si fueron los militares para justificar lo que harían más tarde. En ese momento, el régimen de Añez instaló la fake news de que los alteños querían hacer estallar los vastos depósitos de combustible, lo cual habría exterminado toda forma de vida en 10 kilómetros alrededor.
Según el razonamiento, el gobierno de facto, a los alteños no les preocupaba acabar también con sus propias vidas y las de sus familias al ejecutar tan descabellada acción. Era difícil que una hipótesis tan fantasiosa fuera creída por algún sector de la población. Pero, por suerte para los golpistas, allí estaban (y están) los medios de comunicación privados, que rápidamente replicaron la mentira.
«Antonio siempre nos decía que íbamos a salir adelante. Nos decía que los pobres también tenemos derecho a estudiar y a ser profesionales. Ese era su sueño. Siempre nos decía: ‘No voy a permitir que a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis sobrinos nos humillen como nos han humillado hasta ahora’. Él siempre nos defendía», dijo a Télam su hermana Gloria Quispe en la plaza 25 de Julio, de Senkata.
Antonio tenía un deseo muy fuerte y era superarse. “Con toda la familia hemos juntado dinero para que inicie sus estudios. Nos prestamos, él también ha sacado un préstamo del banco para postular al Colegio Militar, porque quería ser militar», contó Gloria.
«Él siempre ha sido alegre. Le gustaba compartir, le gustaba ver a los niños con alegría. Si alguien no tenía comida, él prefería no comer y que lo hiciera esa persona. Así fue siempre. No le gustaba ver a nadie sufrir, a él no le importaba sufrir o no tener nada, pero el otro tenía que tener», recordó su hermana.
«Jamás voy a dejar que humillen a una mujer de pollera, ni que una mujer sea golpeada, porque se merece respeto, porque de esa mujer venimos nosotros», evocó las palabras que le repetía Antonio.
Cuando fue derrumbada la pared de la planta de Senkata, los militares empezaron a disparar desde adentro hacia la carretera que conecta El Alto con el departamento de Oruro. Es innegable que dispararon desde el interior, porque en la muralla de hormigón que divide los carriles aún perduran los impactos de balas militares, provenientes de esa dirección.
Ese 19 de noviembre, luego de la masacre, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, celebró ante la prensa el accionar de los uniformados. De lo contrario -según su relato-, el pueblo alteño habría hecho volar por los aires a la mitad de esta metrópoli de más de dos millones de habitantes.
Para tranquilidad de la humanidad, Murillo actualmente está preso en Miami, Estados Unidos. Se lo acusa de lavado de dinero y de participación en sobornos para la compra de materiales represivos destinados a la Policía boliviana. Estos delitos habrían sido cometidos durante su gestión como «número dos» de Áñez.
Asesinato de Antonio
En la tarde de aquel día imborrable, «mi tío vino a casa. Me dijo: «¿Dónde está tu hermano? Le dije que se había ido a El Alto. Está muerto. Está en las redes sociales». Ahí me mostró mi tío en su pantalla: una foto en Facebook decía que un joven transeúnte que pasaba por el lugar acababa de fallecer y no tenía identificación». El de la imagen era Antonio.
Gloria siguió su relato: «Fue un momento de shock para toda la familia. En ese momento no sabíamos si gritar, llorar, correr, ir a buscarlo a no sé dónde». Ella aún no recuerda de dónde apareció una moto, que la llevó hasta El Alto subiendo por escarpadas colinas de piedra, porque la mayoría de las calles para llegar estaban cortadas.
«Estaba todo oscuro, lleno de humo. Las calles estaban bloqueadas con piedras. Había gente que gritaba, lloraba, decía que habían heridos y muertos. Nosotros seguíamos pasando, preguntando a la gente adónde quedaban los hospitales», revivió Gloria.
En el hospital de Senkata había tres cuerpos, pero ninguno era el de su hermano. Afuera, un señor le dijo que había más fallecidos en la iglesia del barrio.
«Estaba todo rodeado de militares. Había tres cuerpos adentro de la iglesia, envueltos en la bandera y en la wiphala. En la esquina, uno de ellos era mi hermano. Yo pensaba que estaba herido, solo le decía que se levante. Pero me dijeron: ‘Está muerto'», narró su hermana.
La gente le decía que Antonio había salvado la vida a una persona que estaba caída por los gases ante la planta de Senkata: «Solo por ayudarme ha fallecido él. Me ha salvado mi vida», le dijo a Gloria un desconocido parado junto al cuerpo.
Permaneció toda la noche al lado de su hermano. Afuera circulaban militares en sus vehículos, para constatar si habían logrado amedrentar a la población con tamaña carnicería. Durante las siguientes horas no dejaron de llegar cuerpos a la iglesia.
«Al día siguiente vinieron tres movilidades particulares, con supuestos doctores que decían que se iban a llevar los cuerpos para hacerles autopsia. Yo no quería soltar a mi hermano. Los vecinos no permitieron que se lleven a los muertos porque iban a hacerlos desaparecer, para ocultar lo que habían hecho», relató la hermana de Antonio.
«Todos pidieron que se realice la autopsia en la misma iglesia. Así que fue en esta misma iglesia de Senkata las realizaron», dijo a Télam mientras señalaba al edificio lindero a la plaza 25 de Julio.
«Fue un charco de sangre. La ropa se salpicaba la sangre, los zapatos estaban llenos de sangre mientras veías cómo descuartizaban a tu ser querido, le cortaban con serrucho la cabeza para sacar la bala. A mi hermano le han abierto el cuerpo, luego lo han cosido pero la sangre chorreaba, esa sangre hemos pisado y hasta ahora no se puede olvidar», dijo Gloria.
El 20 de noviembre de 2019 fueron veladas seis personas en la misma plaza donde la hermana de Antonio dio la entrevista a Télam. Ella también es presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata.
La marcha de los ataúdes
El 21 de noviembre «hemos bajado hacia la ciudad de La Paz, pidiendo justicia –siguió Gloria-. Íbamos con los ataúdes, con los cuerpos adentro. No como comentaron los golpistas, que estaban vacíos. En el Obelisco nos han gasificado. Con lágrimas pregunté a un policía por qué hacían eso a su pueblo. ‘No somos todos’, me dijo».
En ese momento, el resto de los policías iniciaron la represión a esta marcha de dolientes. Ella no soltó el ataúd de su hermano, por lo que recibió gases y golpes hasta quedar desmayada. Despertó al día siguiente en el hospital de Clínicas, para asistir al entierro de Antonio en el Cementerio General de La Paz.
«Tal vez ese 19 de noviembre, al pasar por el lugar vio gente llorando, lastimada… Tal vez se puso a ayudar. Muchos jóvenes jamás van a pasar de largo si ven a las personas humilladas, botadas», reflexionó la hermana de Antonio.
«Dicen que queríamos hacer estallar la planta, según una teoría absurda del señor Arturo Murillo. Pedimos que nos comprueben si realmente estas personas que han fallecido han querido hacer volar la planta», dijo Gloria Quispe.
La presidenta de la asociación subrayó que la mayoría de los asesinados ni siquiera estaban protestando: «Es mi rabia que tengo hasta ahora, porque al solo pasar o al solo ayudar a heridos o personas gasificadas, a esos jóvenes les han matado con armas de fuego y balas militares».
La asociación fue creada el 6 de diciembre de 2019, dos semanas luego de la masacre. «Ahí conocí a la señora Noemí, viuda del fallecido Pedro Quispe Mamani. Ella quedó con tres niños en orfandad. Su esposo trabajaba en la fábrica Polar. Antes de llegar a su casa vino a comprar pan a la esquina, donde recibió una bala y cayó muerto», contó Gloria.
«También conocí a Clemente Eloy Mamani Santander, que iba acompañado de su señora, con cinco meses de gestación. Solo por llevar a su esposa a la posta sanitaria para su control prenatal le dispararon enfrente de ella, y también falleció», agregó.
«Luego están mis compañeras, familiares del fallecido Juan José Tenorio Mamani, que dejó en la orfandad a un bebé de un año y dos meses solo por ir a comprar a la tienda», contó.
Por ello, consideró fundamental que los familiares de los asesinados reciban un apoyo adecuado: «Hay madres y padres que hasta el día de hoy lloran y esperan en la puerta a sus hijos. Hasta el momento tampoco hemos recibido ayuda psicológica», advirtió Quispe.
La asociación de familiares de víctimas de Senkata se conformó al día siguiente de que Áñez firmara el decreto 4100, «donde decía que se iba a dar indemnización a las familias que habían perdido a su ser querido, también decía que se iba a dar curación a los heridos y listo. Nada mencionaba sobre nuestro reclamo de justicia».
Entonces, «hemos tenido que unirnos con más fuerza para rechazar ese decreto, porque era humillante para nosotros al decirnos que un fallecido se puede pagar. Ni con un millón de pesos ni con todo el oro del mundo nos van a devolver a nuestros muertos».
Las necesidades económicas de las familias dolientes los llevaron a aceptar una «ayuda social humanitaria», aprobada el 10 de marzo de 2020, en el decreto 4176. Allí decía que se daría trabajo, becas, víveres y 100.000 pesos bolivianos a los familiares de fallecidos. Y que los heridos recibirían entre 20.000 y 50.000 pesos, de acuerdo a la gravedad de la lesión.
Pero Áñez tampoco cumplió con este compromiso. La expresidenta de facto está presa desde marzo pasado, acusada por varios delitos cometidos durante su toma de posesión ilegal.
Dolor insuperable
A la iglesia de Senkata también acudió el papá de Milton Zenteno Gironda para brindar su testimonio. Pero a último momento prefirió mantener el silencio. En el último año y medio, los familiares se habituaron a compartir su sentir con funcionarios judiciales, comisiones investigadoras internacionales y medios de comunicación. Pero como nada les ayuda a obtener justicia, algunos optan por dejar mudo su dolor.
No es el caso de María Condori, mamá de Rudy Vásquez Condori, quien volvió a hablar sobre su hijo mientras su voz se quebraba y las lágrimas surcaban su rostro: «No puedo superar el dolor que me han dejado. No puedo olvidar. Era bien alegre, siempre andaba sonriendo. A veces me decía: ‘¿Por qué reniegas mami? La vida no se acaba. Sonríe mami, sonríe por lo menos para mí’, me decía».
El día de la masacre, Rudy -de 23 años- quería visitar a su tío para resolver algunas cuestiones laborales. «Quería ver a su tío porque estaba urgido de trabajo. Pero le dije: ‘No salgas hijo, mañana se van a ver nomás'», recordó doña María.
Ella salió al mercado. Cuando volvió, preparó el almuerzo y le llevó un plato a su hijo, porque no acudió cuando lo llamaron a la mesa. Pero ya no estaba en su habitación.
Al rato, «los vecinos nos avisaron que Rudy estaba en tendido en la puerta, sangrando. He visto que estaba hinchada su frente, le estaba sangrando. Le dispararon en la frente, me dijeron».
Su familia lo llevó a tres hospitales, pero ninguno tenía capacidad para atender una herida tan compleja. «Al final, la bala había entrado al cerebro y se llenó de sangre, ya no había caso», lamentó la madre.
La señora tiene marcadas en su mente las imágenes de la autopsia que le realizaron a Rudy: «Era muy doloroso ver así a mi hijo. Descuartizado se ha ido. Como a un cordero lo han carneado a mi hijo. Así se ha ido».
Siete meses más tarde, el papá de Rudy también falleció, por una embolia probablemente causada por el dolor de haber tenido que despedir a su hijo. «Mucho ha sufrido. Yo también sufro, pero he sido fuerte», dijo la señora, entre lágrimas. Ahora quedó ella sola con sus hijos Álvaro, Alexander, Camila y Verónica.
Desde hace un año y medio, doña María -como todos en la asociación- se dedica a peregrinar por organismos del Estado en busca de justicia: «Es muy blanda aquí la justicia. Al mejor postor se vende. Entonces nosotros tenemos que caminar todos los días en busca de justicia, porque si no nos movemos, nadie nos la va a dar».
La señora Condori recordó que «ese golpe de Estado ha sido respaldado por la Iglesia Católica, también ha sido cómplice Luis Almagro». Afirmó que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sería «el principal autor de todo eso. Él hablaba y hablaba de fraude, pero en ningún momento han demostrado que ha habido fraude (en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019). Eran simplemente sus planes para entrar al Palacio de Gobierno y masacrarnos, robar. Con la Biblia en la mano han entrado, pero esos eran sus planes».
«Lo único que queremos es que se haga justicia a quienes han disparado. Porque aquí en Senkata ha habido una masacre. Pero nadie habla de masacre, solamente hablan de golpe de Estado. Incluso se habían prestado de otros países para masacrarnos a nosotros. Y eso no puede ser: se tiene que hacer justicia», sostuvo la mamá de Rudy.
En tanto, Gloria Quispe evaluó como «muy lamentables las noticias de que el armamento para masacrarnos vino de Argentina. Solo pido que hablen la verdad: de dónde vino el armamento, quién lo solicitó. Todo eso tienen que aclarar, porque está en cada una de las conciencias».
Y agregó: «A aquellos compañeros que han mandado el armamento, les pido que digan la verdad. Porque han hecho una maldita suerte para estas familias humildes. Digan la verdad, porque no van a ser perdonados y no van a vivir con tranquilidad en sus conciencias. Siempre les va a remorder, porque nosotros cada día lloramos. Solo nuestros seres queridos, desde el cielo, nos dan fuerza para seguir adelante», dijo Quispe.
El informe final de la CIDH
Este viernes 23 de julio, el Grupo de Especialistas Independientes (GEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA presentará su informe final sobre las vulneraciones de derechos cometidas en el marco del golpe de Estado de 2019.
«Cuando llegó la CIDH aquí, en diciembre de 2019, hemos dado nuestros testimonios: familiares de fallecidos, algunos heridos, otros que habían sido presos políticos. Les hemos dado pruebas, les hemos dado fotos, hemos dado todo. Nuevamente el año pasado volvieron, e igualmente hemos entregado fotografías y testimonios», contó Quispe.
«Este año, en marzo, nuevamente vino la comisión. Les hemos dado igualmente otra declaración», dijo. Para ella, una investigación tan exhaustiva va a darles resultados positivos: «Creo que ellos no van a permitir que sigamos llorando. Queremos ya descansar, estamos agotados, aunque igual vamos a seguir en pie de lucha», aseguró.
«Solo pido que el informe del GEI diga que sí hubo una masacre, que se brinde el apoyo necesario para todas las madres, padres y familias que han perdido un ser querido», dijo Quispe. Y confesó que «esta pena nos va a matar. Este dolor puede destruir nuestros hogares. Por eso queremos que descansen nuestros seres queridos en paz. Queremos que se haga justicia, porque no deseamos a nadie este mal momento, ni al peor enemigo. Porque lo que nos han hecho no tiene olvido ni perdón».
En varias ocasiones, el Gobierno de Luis Arce manifestó que esperaba a la entrega de este documento de la CIDH para avanzar en el juicio por responsabilidades contra Jeanine Áñez y su gabinete, por el asesinato de 37 personas en manos del aparato del Estado.
«Este informe también lo va a leer nuestro hermano presidente Luis Arce. Porque aquí hay muertos, y por ellos tiene que hacerse justicia. Quizás así nuestras familias vuelvan a vivir con un poco más de alegría», pidió la señora Condori.
Quienes ponen la sangre
El 19 de noviembre de 2019, luego de la masacre, decenas de camiones cisterna ingresaron a la planta de Senkata. Velozmente bajaron a La Paz para abastecer a las estaciones de servicio, donde se habían formado filas de cuadras de autos, con automovilistas ávidos por cargar el tanque. Con tal de tener combustible, no les interesaba que hubieran sido asesinados sus compatriotas.
Aún hoy, parte de la población boliviana niega que en Senkata haya ocurrido una masacre. Aunque Murillo está en la cárcel, todavía persiste en el imaginario su versión, según la cual era necesario eliminar a los manifestantes alteños para evitar una improbable voladura de la planta.
No es la primera vez que los vecinos de Senkata tienen que dejar la vida por la democracia boliviana. En 2003, durante la Guerra del Gas, en este barrio tomaron la decisión de bloquear la entrada a la planta de combustibles. Como resultado, al menos 67 personas fueron asesinadas en todo el país, la mayoría en El Alto. Porque, tal como en último golpe, los militares no dudaron en obedecer la orden de disparar contra su propio pueblo.
En El Alto, una población aguerrida y valiente, tienen vedada la entrada la mayoría de los medios de comunicación privados, mayormente alineados con los intereses de los sectores golpistas.
Mientras se realizaban las entrevistas de esta nota, un señor se dirigió al fotógrafo Satori Gigie para cuestionar la labor periodística que transcurría en la plaza 25 de Julio.
«¿Dónde van a llevar estas fotos? ¿Saben cómo vivimos y cómo somos aquí? Tómame una foto a mí, y luego me pagas. Vayan a tomarle foto a las llamas», molestaba el vecino al fotógrafo, proveniente de una familia Aymara.
Cuando Gigie le indicó que el periodista que realizaba las entrevistas era argentino y que la noticia iba a salir allá, el señor se crispó: «¿Qué quieren los argentinos aquí? ¡Ese es un refinado! Saquen fotos de la realidad». El vecino criticó un poco más y se retiró.
Las masacres de Senkata, de Huayllani (en Cochabamba) y varios asesinatos más cometidos por encargo de Áñez sirvieron para someter temporalmente a la población y forzarla a aceptar al nuevo Gobierno de facto. Pero en menos de un año, la organización social permitió expulsar a los golpistas por la vía democrática.
Antes de que se fuera el sol de Senkata, cronista y fotógrafo dieron una última recorrida para captar imágenes, tanto de huecos de bala en las paredes, como de murales florecidos en repudio a las masacres de 2019.
