La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría suspendió la elección popular de representantes del Consejo de la Magistratura y declaró inconstitucional la ley que introdujo las reformas en ese organismo encargado de remover y promover jueces.
A última hora del martes, poco después de las 22, Servini de Cubría firmó una resolución que supera las 30 carillas y en la cual resolvió «el fondo de la cuestión», por lo que ahora el Gobierno nacional podrían interponer un «per saltum» para llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Servini de Cubría suspendió la elección popular de los representantes del Consejo, una de las reformas sumada a aquella que incrementó el número de miembros de 13 a 19.
La jueza, en una decisión de la que se venía hablando, y mencionando como probable en los últimos días, declaró la inconstitucional de los artículos 2, 4, 18, y 30 de la ley 26.855, la cual introdujo reformas en el organismo.
El artículo 2 es el que incrementa de 13 a 19 los miembros (tres jueces, tres abogados, seis representantes del ámbito académico, seis legisladores y uno del Poder Ejecutivo) y el 4 prevé la elección popular.
En tanto, el 18 es el de las elecciones y establece que «el acto eleccionario de los integrantes del Consejo de la Magistratura se celebrará de manera conjunta y simultánea con las elecciones nacionales para cargos legislativos».
Asimismo, decretó inconstitucional el 30 de la norma, referido a «la promulgación de la presente ley».
La jueza falló sobre dos de los cinco amparos presentados: uno formulado por Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y quien lo hizo a titulo personal; y aquel presentado por el apoderado del Partido Demócrata Cristiano de la Argentina, Carlos Lionel Traboulsi.
Aún Servini de Cubría debe resolver otros tres amparos, entre ellos el que presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
La decisión de la jueza fue luego que le corriese vista al Gobierno Nacional para que defienda su posición sobre la reforma judicial aprobada por el Congreso Nacional, y al volver de licencia este lunes.
Ahora, el Gobierno podrá apelar ante la Cámara Nacional Electoral o bien por medio de un «per saltum» ante la Corte Suprema.
Su presidente, Ricardo Lorenzetti, había asegurado días atrás que de llegar un primer caso al Tribunal lo resolverán inmediatamente.
