La paciencia, las buenas maneras y el argumento de permitir «gobernabilidad» con el que la administración del gobernador Maximiliano Pullaro intentó hasta ahora no enemistarse con el Gobierno nacional de Javier Milei se esfumaron junto con el subsidio federal a los sistemas de transporte público de las provincias. Fue Juan Cruz Cándido, secretario general de Gobierno, quien salió con los tapones de punta a reprochar el nuevo recorte a través de su cuenta de la red social X: “No jodan con Santa Fe que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarles a los trolls”, publicó este jueves. Un día después, el vocero presidencial Manuel Adorni prefirió responder que no había leido ese posteo ante la pregunta respectiva. Ratificó la decisión y con su habitual cinismo señaló que o bien las provincias ponen el dinero que ya no enviará la Casa Rosada o deciden aumentar la tarifa para que el costo del ajuste caiga directamente en los usuarios del sistema.
“Si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio o sostener la tarifa, la tendrá que aumentar, como creo que algunos manifestaron que van a hacer. Otros manifestaron que van a mantener el subsidio. Es una decisión de cada gobernador. Es un tema ajeno a nosotros”, señaló Adorni este viernes.
El vocero eligió explicar que la medida por la cual se da de baja el llamado Fondo Compensador para los colectivos de las provincias no es una venganza a los gobernadores por la caída de laley Bases en la Cámara de Diputados, un revés del oficalismo que muchos adjudican más a la propia impericia e intransigencia que a la «traición» de la oposición autodefinida como dialoguista. Adorni insistió en que era «una decisión tomada. Ya se había dicho que se iban a terminar los subsidios a la oferta». Y remató: «Simplemente lo empezamos a aplicar”.
El portavoz agregó que los subsidios al transporte son responsabilidad de las provincias y no de Nación. “Lo que no es nacional es un tema de las provincias, no entiendo a quiénes estamos perjudicando”, dijo con su habitual formato discursivo.
“El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la Nación: las provincias y municipios son responsables de los subsidios. Nación va a seguir asistiendo al transporte que sea de jurisdicción nacional”, sostuvo Adorni. Lo que no terminó de explicar es por qué, entonces, aunque disminuídos, se mantienen los subsidios para el transporte del AMBA (ciudad de Buenos Aires y algunos partidos bonaerenses). “Es más complejo”, alegó sin otra consideración. Se trata de la región que más ruido político genera, pero además, en el caso de la ciudad, gobernada por un aliado, Jorge Macri.
El malestar federal por la nueva embestida de la gestión encabezada por Javier Milei es extendido. La réplica, por canales oficiales y de los otros, furibunda. El radical santafesino Cándido acusó recibo del nuevo escenario abierto, que dejó atrás el extremo cuidado por no confrontar. En declaraciones a Cadena 3, el funcionario respaldó la postura de Pullaro: “Vamos a cuidar los intereses santafesinos. Tenemos un gobernador que se planta y sé que genera rispideces en Buenos Aires no agachar la cabeza frente al poder central”. En sintonía con su jefe político, insistió en que la eliminación de los subsidios nacionales al transporte “no afecta a los gobernadores, sino al pueblo”.
Pullaro había señalado que «a la provincia de Santa Fe siempre la discriminaron», en alusión al Gobierno anterior, y que nunca pensaron una administración libertaria «iba a cortar los subsidios». La pretendida sorpresa, no obstante, choca con declaraciones del titular de Fatap (Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros), Gerardo Ingaramo, a Radio Universidad de Rosario. El empresario dijo que los subsidios nacionales correspondientes a enero para Santa Fe se tendrían que haber transferido entre el 4 y 5 de febrero, y ya se veía que no había novedades. Las resoluciones respectivas, agregó, tendrían que haber estado firmadas entre el 15 y 20 de enero, pero nunca se publicaron. La advertencia de que se avecinaba la quita de la asistencia, afirmó, se la habían hecho llegar desde el sector empresario del transporte a los gobernadores e intendentes, en particular a los de Santa Fe, pero los funcionarios, continuó, pensaron que no se iba a cumplir y que había que seguir negociando.
