Con la economía interna en picada y sin signos de recuperación, el gobierno arrancó el año electoral con una fuerte apuesta en materia punitivista y con eje en lo que considera el combate a la inseguridad: reflotó, de la mano de Patricia Bullrich, una iniciativa para tratar y aprobar en sesiones extraordinarias un nuevo régimen penal juvenil con eje en la baja de edad de imputabilidad de adolescentes. El anuncio vino acompañado de otra propuesta para endurecer los controles migratorios y facilitar la expulsión de extranjeros acusados de delinquir, y de la implementación de las cuestionadas pistolas de electrochoque Taser en sitios de alta concurrencia como estaciones de trenes y aeropuertos.
La ministra de Seguridad de la Nación confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para crear “un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil”, que bajaría de 16 a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves, y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo, al sostener que la iniciativa busca impedir “que ese chico avance en la carrera delictual”.
Bullrich aseguró que se trata de un régimen “muy importante” que, dijo, “va a cambiar las condiciones de seguridad y que consiste en la creación de un régimen socioeducativo que, independientemente de la edad que tenga, cuando un menor comete un robo entra en un régimen de resarcimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad”.
El manual punitivista de Giuliani
Bullrich precisó que el proyecto –que sería enviado en febrero al Parlamento, una vez que el gobierno convoque a sesiones extraordinarias– “avala la teoría de (Rudholph) Giuliani (el ex alcalde de Nueva York) de cuando explota la primera conducta disvaliosa es importante, porque cuando nadie le dice nada, va generando conductas más violentas y avanza en la carrera delictiva”.
“El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual”, aseguró Bullrich, quien destacó además la importancia del texto, al sostener que “no sólo va a generar la conducta sancionatoria sino una conducta de comprensión de que si sigue por ese camino va a terminar peor”.
Mientras que el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, dijo el gobierno busca un «consenso fuerte» en torno al proyecto del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil y que para lograrlo está «dispuesto a negociar» con diferentes sectores. El funcionario admitió que «el tema más álgido, no sé si el más importante, es el tema de la edad» de imputabilidad.
Casares explicó que actualmente se aplica un decreto ley de la época de la dictadura «que no se ocupa de prevención del delito, ni garantiza derechos y garantías de los sujetos dentro de un proceso penal».
«Es una deuda pendiente de la democracia», consideró el funcionario, quien lamentó que «muchos sectores pretendían dejar todo como está» para evitar entrar en polémicas.
