El gobierno de Jujuy aprobó este miércoles una ley que limita el acceso al derecho a la salud a extranjeros y extranjeras que estén en tránsito en la provincia del noroeste argentino. La normativa fue votada por la Legislatura jujeña a pedido del gobernador Gerardo Morales a partir del caso de un músico jujeño que generó un cruce con el gobierno boliviano. Si bien desde el país vecino aclararon que el ciudadano argentino tuvo que pagar porque se atendió en la salud privada y no en la pública, Morales pidió avanzar igualmente con la ley que implementa el cobro de un seguro. En diálogo con El Ciudadano, la cónsul boliviana en Rosario, Ester Torrico Peña, recordó que tanto Argentina como Bolivia adhirieron a tratados internacionales que defienden la salud como un derecho humano. “Si una persona que pasa por Jujuy muere por no ser atendido será una responsabilidad de Argentina por no garantizar los derechos humanos”, explicó. El secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, consideró la medida una forma de distraer el foco de la crisis que atraviesa la salud pública en Argentina: “Los extranjeros representan apenas el 2 por ciento de la población que se atiende en Rosario. Los problemas son la inflación, el valor del dólar, el desfinanciamiento, los costos elevados de los insumos a lo que se suma la cantidad de gente que no puede pagar la obra social y se vuelca a la salud pública”.
La ley impulsada por Gerardo Morales, uno de los principales aliados del gobierno Nacional en la alianza de Cambiemos, generó el rechazo de más de cien organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas del país y del mundo.
Fue considerada una medida xenófoba que va en contra de los tratados internacionales y la Constitución Nacional argentina. La normativa dice que extranjeras y extranjeros en tránsito que no hayan hecho aportes impositivos en la provincia deberán pagar un seguro.
Jujuy no fue la única provincia que avanzó con políticas antimigratorias. Esta semana en Chubut gobernador Mariano Arcioni firmó un decreto que habilita a expulsar de la provincia a ciudadanos y ciudadanas extranjeros condenados por algún delito o que tengan antecedentes penales.
La cónsul Torrico Peña aclaró que como funcionaria diplomática respeta la decisión del gobierno jujeño y que no tiene competencia para entrometerse en decisiones políticas. Explicó que la salud es un derecho humano universal y que Argentina es un país que adhirió a todos los tratados internacionales que la garantizan.
“Con el caso del compañero hermano jujeño se dijeron mentiras. Él mismo aclaró que fue muy bien atendido y que actualmente está en una clínica privada. La salud privada se paga, como también lo hacemos los extranjeros que asistimos un sanatorio en Argentina. Y en salud pública en nuestro país los extranjeros gozan de los mismos derechos que un ciudadano boliviano”, explicó.
“En Bolivia hay clínicas privadas que te cobran pero también hay atención gratuita. Muchos ciudadanos argentinos se han operado y han accedido sin pagar. Si las leyes dicen que la atención en una determinada especialidad es gratis, lo es para todos, tanto para extranjeros como nacidos en el país”, contó.
La representante del gobierno boliviano en Rosario consideró que si una persona muere en tránsito por Jujuy por no ser atendida Argentina iría en contra de los tratados de derechos humanos. “Incitar sin motivos a la discriminación y las diferencias entre latinoamericanos no es humanitario. Latinoamérica es como un solo país y debemos ayudarnos unos a otros”, agregó.
Cómo es en Rosario
El secretario de salud de Rosario, Leonardo Caruana, aclaró que extranjeros y extranjeras en Rosario representan apenas el 2 por ciento de todas las personas que pasan por los hospitales y centros de salud de Rosario. “La población extranjera no impacta en la sustentabilidad de los sistemas de salud. Si pensamos en la salud como un derecho universal, gratuito e integral los verdaderos problemas que tenemos son otros. El aumento del dólar, la inflación, los costos y desfinanciamiento de Gobierno Nacional están poniendo en jaque la atención integral. En un escenario en el que hay pocas garantías de la Nación en el acceso y en el derecho a la salud, hay que hablar de eso y no de los extranjeros”, explicó.
También agregó que sólo el año pasado 40 mil personas llegaron a la salud pública de Rosario porque no podían pagar más la obra social.
Para Caruana no se puede imponer una barrera económica ante una situación de vulneración y sufrimiento. “Anteponer la capacidad de pago es una posición que responde a cómo se piensa la salud y cómo se piensa un derecho. Que un límite de frontera sea la discusión en el acceso a un derecho es un problema ideológico, no económico”, agregó.
En línea con Cambiemos
Para la directora de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario, Marcela Valdata, la medida tomada en Jujuy responde a un debate que el gobierno de Cambiemos buscar instalar a nivel nacional.
“Hay una ola en todo el mundo de políticas regresivas que no consideran los derechos humanos de las personas. Estas decisiones apuntan a generar un clima a nivel nacional para avanzar en el mismo sentido”, señaló.
“Se vienen incremento las políticas restrictivas. Este gobierno tiene claridad para expulsar y disminuir los derechos en detrimento de las personas. Lo han puesto en evidencia muchos políticos con discursos en contra de los inmigrantes”, dijo la funcionaria.
Diferente
“Nuestra provincia tiene una política diferente. En cualquier centro de salud se atienden las poblaciones de países limítrofes y de cualquier parte del mundo sin problema. Las políticas migratorias tienen que garantizar que las personas puedan circular libremente por el mundo sin tener este tipo de controversias”, concluyó Valdata.
