A tres días de que, hace 34 años, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), la presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó el decreto supremo 009-2024-SA que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) e incorpora nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento: “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica”.
El argumento es incorpora a personas a las que el Estado financia la atención en los centros de salud públicos y privados del país. En función de eso, el Ministerio de Salud incorporó las nuevas categorías basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades de naciones Unidas (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia la actualización CIE-11.
“Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, se pronunció el colectivo Más igualdad Perú, que recolectó firmas para enviarle una carta al ministro de Salud, César Vásquez. La misiva está avalada por 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos.
El científico Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, alertó sobre las consecuencias de la decisión y su extraña justificación. “La población trans no tiene acceso al servicio de salud porque tiene problemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI). En teoría, es una forma «en buena intención» de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma. Entonces, la comunidad LGTBI, la población trans, se opone y dice «¿cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?»», dijo el experto a Perú 21.
La diputada Susel Paredes, de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y afirmó que “refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans”. Además, sostuvo que “urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”.
Un problema más para la presidenta
Boluarte está en el foco de investigaciones judiciales bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y ocultar datos de sus declaraciones juradas. Su casa fue allanada hace más de un mes, por un dato menor en sintonía con las acusaciones: relojes Rolex que no declaró.
También el abogado y el hermano de la presidenta tienen problemas con la Justicia. Los dos están presos desde que, el viernes pasado, allanaron sus domicilios en el marco de una investigación sobre su presunta participación en una red de tráfico de influencias.
Mateo Castañeda, quien defiende a la presidenta en el caso por presuntos actos de corrupción en torno a la posesión de relojes de lujo, fue imputado debido a sus supuestos intentos para archivar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, mediante el ofrecimiento de supuestos “beneficios” al equipo policial que participó en la pesquisa. Al no conseguirlo, el abogado “habría concertado” con su clienta para “defenestrar” a la policía, según señala la orden de detención de la semana pasada.
