Nueve personas, entre ellas Esteban Lindor Alvarado, fueron imputadas por integrar una asociación ilícita destinada al traer autos desde distintos lugares, elevar su valor, emponcharlos -tal como se dice en la jerga a la confección de autos mellizos- y venderlos, todo ello adquirido con dinero proveniente de actividades ilícitas. Además el grupo usurpaba distintas propiedades donde guardaban estos vehículos. En uno de los casos, el amedrentamiento para obtener un galpón en la zona oeste terminó con dos heridos de bala y su posterior usurpación. Si bien el juez Florentino Malaponte tuvo por formalizada la audiencia imputativa, se declaró incompetente para continuar con la investigación respecto de la asociación ilícita y el delito de lavado de activos.
Para la fiscalía Esteban Alvarado, César Patricio López Coronel, Nahuel Yamir Clavero, Lucas Fabián González, Fernándo Ariel Ayala, Germán Darío “Germancho” Lauretti, Gustavo Armando «Tuerto» Cárdenas, César Humberto López Cena, Maria Fernanda Abaca y otras dos personas que aún no fueron halladas, además de otras que aún no fueron identificadas; formaron una asociación ilícita dedicada a la comisión de diversos delitos con el fin de ocupar distintas propiedades, incluso a través de violencia, para excluir a sus dueños u ocupantes , los que utilizaban para guardar autos adquiridos con dinero que tenía origen ilícito, al que le elevaban el valor y luego los vendían.
Si bien la banda que se estima funcionó durante el primer semestre del 2022, tenía vinculaciones interprovinciales pero su base era Rosario. Para lograr los objetivos cometían diversos delitos, entre ellos extorsiones, estafas, encubrimientos, portación y tenencia ilegal de armas de fuego, lavado de activos qué según los primeros datos tienen un monto cercano a los 6 millones de pesos y algo más de 40 mil dólares. Incluso le achacan al grupo la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio.
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Para los fiscales Marisol Fabbro y Miguel Moreno, esta organización era encabezada por Alvarado desde la cárcel, quién bajaba las órdenes a Nahuel Clavero quién además administraba los recursos del grupo para cometer los hechos delictivos, a este último lo imputaron como organizador. Mientras que el resto fue considerado miembro resaltando algunos de ellos por sus tareas en banda.
Por ejemplo, le achacaron a César Humberto López Cena realizar las maniobras necesarias para materializar el lavado de activos construyendo y haciendo modificaciones en casas de lujo bajo las directivas de Alvarado y una mujer de su confianza con quién también se contactaba Alvarado, identificada como María Fernanda R. Todo ello a pesar de saber que el origen de los fondos era ilegal, contaron en audiencia.
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Mientras que otra de las involucradas, identificada como María Fernanda Abaca la imputaron por tener contacto con Alvarado y el sindicado organizador del grupo Nahuel Clavero y gestionar las pólizas de seguro de los autos que el grupo traía de otras localidades sabiendo con qué dinero se compraban y quién era su verdadero propietario.
Para la fiscalía la empresa delictiva se caracteriza por contar con gran poderío económico y con capacidad de fuego, tenían liquidez en moneda nacional y extranjera que obtenían de actividades ilegales y usaban como fachada una actividad lícita, como la venta de carbón con el fin de dar apariencia lícita a un patrimonio ilegal, contó la fiscalía.
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Desde la cárcel de Ezeiza, Alvarado digitaba las actividades del grupo y daba las órdenes. Usaba testaferros para comprar los autos y disponía la usurpación de galpones para guardar los vehículos a través de maniobras extorsivas para concretar la ocupación.
Para los fiscales todos los integrantes tenían conocimiento del funcionamiento de la organización delictiva y se encuentran a disposición para realizar de propia mano los trabajos encargados por sus superiores, recibiendo directivas y provisiones de los suministros necesarios para lograrlo, como armas de fuego y vehículos.
Intento de homicidio y usurpación
La tarde del 11 de mayo de 2022 llegaron dos hombres armados al taller mecánico de D. V., ubicado en Bolivia al 2300. Entraron, lo apuntaron — también a un cliente que casualmente había ido al local— y le exigieron al dueño que abandonara la propiedad por orden de Alvarado. Luego le dispararon a ambos, hiriendo a las víctimas en la pierna y en el abdomen, y se fueron del lugar.
Al otro día, uno de los imputados identificado como César Patricio López Coronel., que conocía a la hermana del dueño del taller, se reunió con la víctima en la casa de la mujer y le exigió nuevamente la entrega del galpón, contó la fiscalía.
Luego, este sospechoso por whatsapp terminó de concretar la fecha de entrega del galpón, lo que ocurrió el 28 de ese mes cuando la víctima dejó las llaves en la casa de su madre. Éstas fueron entregadas a Yamil Nahuel Clavero. Este último y Lucas Fabián González ocuparon la propiedad, contó.
La fiscalía imputó a Alvarado como instigador de este hecho. Le achacó los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma, extorsión y amenazas coactivas calificadas para hacer abandono de su lugar de trabajo. César Patricio López Cena, Nahuel Yamir Clavero y Lucas Fabián González fueron imputados por los mismos delitos en calidad de coautores.
Resolución
Tras la imputación el juez Florentino Malaponte tuvo por formalizados los achaques fiscales y declaró la incompetencia, en relación a los hechos encuadrados en el delito de asociación ilícita y lavado de activos ordenando que ésta investigación quede a disposición de la Justicia Federal. Y aclaró que no ordenó medida cautelar sobre los imputados respecto a esa investigación, quienes quedaron detenidos por orden de los fiscales a su exclusiva disposición hasta la intervención de la justicia federal.
Esta es una facultad que se incorporó al Código Procesal Penal tras la última reforma.
En cuanto a la imputación por la tentativa de homicidio, extorsión y amenazas coactivas se continuó con la discusión de la medida cautelar durante este viernes, el juez resolvió la prisión preventiva por el plazo de ley para Lucas González, Yamir Clavero y Alvarado. César Patricio López Coronel ya había sido imputado y contaba con una medida cautelar de encierro; en esta audiencia se readecuó la calificación.
Quién es Alvarado
Esteban Lindor Alvarado cayó preso en 2007 cuando intentaba robar un Fiat Duna en Cochabamba al 800 y terminó condenado en esa causa provincial por robo de autos. Señalado como socio del empresario Luis Medina y vinculados ambos con el narcotráfico, volvió a caer en agosto de 2012 y terminó condenado en Buenos Aires por liderar una banda dedicada a robar, desguazar y mellicear o emponchar autos.
Pero el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, a pocos meses de que Chuchino Alvarado, como lo conocen, consiguiera la libertad condicional, lo ubicó desde fines de 2018 como protagonista de una investigación judicial que dejó a la vista una banda delictiva mixta, sumamente aceitada, dedicada a la comisión de hechos violentos que contaba con una pata económica dedicada a introducir en la economía legal ingresos con origen delictivo a través de una red de empresas y prestanombres.
Varios de los nombres que surgieron en la investigación, ya sea como testigos, imputados devenidos en colaboradores de la investigación o nombrados, sufrieron ataques armados; algunos de esos hechos terminaron en homicidio, como el reciente asesinato del mecánico Carlos Arguelles.
Tras un juicio oral que llevó dos meses en la justicia provincial, Alvarado fue condenado el 3 de junio de 2022 a prisión perpetua por una serie de homicidios, balaceras y liderar una asociación ilícita que abracaba hasta el lavado de dinero con empresas fantasmas. En tanto, el 9 de junio de ese mismo año, el capo narco tuvo su revés judicial en el fuero federal tras ser penado a 15 años de prisión al considerarlo organizador del transporte de media tonelada de marihuana a la provincia de Río Negro en 2017.
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