El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que al final no habrá modificaciones en el cambio de reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública para limitar, precisamente, el acceso a la información pública. “Se trata de que el acceso a la información pública sirva para eso y no destinar más recursos de lo que se requieren para que la sociedad esté informada”, justificó el portavoz, quien así pasó por encima del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en su paso por el Congreso para dar un informe de gestión había dicho que se daría marcha atrás con el candado.
“Ese es el espíritu de la ley, que todos podamos acceder a la información del gobierno, pero que esto no vaya en contra de la privacidad de los funcionarios”, alegó Adorni. En su tono habitual exageró que en lo que va de gestión del gobierno de La Libertad Avanza “se han multiplicado por 10” los pedidos de información oficial: “Nos han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascotas tenemos, si nuestras mascotas son felices, cosa que no tiene por qué importar”, sostuvo como argumento para sostener el nuevo empleo de una fórmula que caracteriza a la gestión y que puede atravesar un proceso de inconstitucionalidad, ya que por decreto reglamentario se modifica una ley del Congreso.
Adormi insistió: “Nos preguntaron si el doctor (Alberto Fernández) cursó la ley Micaela; cuántas materias dicta en la UBA. Queremos terminar con esto de consumir mucho recurso público y que no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”.
“Somos de los primeros que vamos a defender la transparencia, la honestidad y que estén enterados de todo. En 2020 se recibieron 57 pedidos; en 2022, 95, y en 2023, 65. Y hasta agosto 558”, sostuvo. Y justificó: “Esto no va en contra de la información, simplemente tratar de ordenar esto que se pregunten cosas que no hacen a la utilización de fondos y a la honestidad del funcionario y que concentra muchos recursos pata atender este tipo de cuestiones. Incluso no se han recibido judicialización ni amparos por ninguna de estas respuestas”, agregó.
De igual modo, Adorni no contradijo de manera absoluta al jefe de ministros Francos al dejar abierta la puerta a cambios menores: “Se harán aclaraciones, de ser necesario”. Y reinterpretó: “Francos dijo que estamos dispuestos de hacer cualquier modificación en una ley o de cosas que estén mal, pero no es en este caso que vaya a ocurrir. No quita que haya una aclaración adicional”.
A través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que mencionaron como “buena fe”, y establecieron que «la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
Para aplicar los cambios, modificaron el concepto y alcance de lo que se conoce como “Información Pública” al asegurara que no se entenderá como información pública «aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la ley 27.275 y su modificatoria”.
