Más de 20 homicidios ocurridos entre anteanoche y ayer por la madrugada elevaron a 78 la cantidad de asesinatos registrados desde el pasado miércoles en Salvador, la capital del estado brasileño de Bahía, donde una huelga de la policía militar desató una ola de violencia que el gobierno central intenta frenar con el envío de 3.500 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad. Sólo desde anteanoche se registraron 22 homicidios en todo el estado, 14 de ellos en la región metropolitana y barrios periféricos de Salvador, con lo que suman 78 los asesinatos contabilizados desde el 1º de este mes, día en que comenzó la huelga, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, en este breve período se registraron 150 robos o hurtos de vehículos, según las estadísticas oficiales.
El gobierno central envió en las últimas horas varios contingentes de efectivos del ejército y de fuerzas federales de seguridad que hasta anteanoche totalizaban 3.500, según anunció ayer el comandante del Ejército y ministro interino de Defensa, general Enzo Martins.
El oficial aseguró que “las acciones del ejército van muy bien y hasta ahora son muy positivas, con la presencia de tropas circulando por la ciudad” de Salvador.
“Nuestra acción es de patrullamiento en conjunto con los policías militares que no están de acuerdo con la huelga, y nuestro aporte es apoyar al gobierno del estado, que es quien conduce las negociaciones con aquellos que están involucrados en la huelga”, precisó Martins.
Además de las muertes violentas, las ciudades de Bahía viven una ola de saqueos y asaltos, por lo que la mayoría de los comercios cerró sus puertas y los espectáculos y eventos culturales fueron suspendidos. Con la llegada de las tropas federales, en cambio, el movimiento comenzó a normalizarse poco a poco.
La huelga fue decretada en la noche del martes pasado por la Asociación de Policías y Bomberos de Bahía (Aspra), en demanda de mejoras salariales y laborales.
La entidad no está reconocida por las autoridades provinciales ni por el comando de la policía militar como representante de los agentes y 12 de sus dirigentes tienen órdenes de prisión decretadas por la Justicia, por haber sido identificados en actos de vandalismo. Uno de ellos se entregó ayer, informaron las autoridades.
Los policías que cometan delitos durante la huelga no podrán gozar del beneficio de la amnistía militar para todos los huelguistas, que es uno de los dos puntos exigidos por estos para terminar con la paralización. El otro es el pago de la gratificación por actividad policial, lo que redundaría en un aumento de sus ingresos.
Según el presidente de la Aspra, Marco Prisco, quien tiene orden de captura, las demandas fueron reducidas a esos dos puntos para “facilitar” las negociaciones con el gobierno. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Ministerio de Justicia descartaron de plano la posibilidad de conceder la amnistía y anunciaron que no negociarán hasta que la huelga termine.
