Por Asociación Civil de Defensores Públicos de la Provincia de Santa Fe / Asociación de Defensores Públicos Penales Centro Norte de Santa Fe
Desde el comienzo de la gestión, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe impulsó una serie de reformas legislativas tendientes a limitar los derechos de aquellas personas que se encuentran sometidas a proceso, perjudicando aun más a las personas privadas de su libertad.
En paralelo, inició una serie de ataques públicos a la administración de justicia con la finalidad manifiesta de desacreditar el trabajo que los funcionarios judiciales realizamos en lo cotidiano.
En ese contexto, la defensa pública se ha visto particularmente afectada por las políticas del gobierno provincial, donde a medida que va creciendo exponencialmente el universo de usuarios del sistema penal y elevado dramáticamente la intensidad de las restricciones a los derechos individuales de las personas alojadas en las instituciones penitenciarias, se van recortando sus recursos y afectando sus capacidades en forma significativa. Así, aparecemos como testigos involuntarios de rechazos de pliegos de probados funcionarios, la suspensión virtual de ascensos de los empleados, la elección de magistrados por un valorado perfil no explicitado, la eliminación de derechos laborales y el recorte de partidas para la atención de las personas que requieren nuestra asistencia, sólo por citar algunos ejemplos.
Resulta importante destacar que quienes integramos el Servicio Público de la Defensa tenemos como función esencial garantizar el acceso a la justicia y brindar asistencia jurídica en materia penal a los habitantes de nuestra provincia, por lo cual nuestra institución es uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia y, en consecuencia, constituye una parte central del sistema de control de los actos del Estado. Las potestades que van restringiendo a los operadores del sistema perjudican de manera directa y alarmante a los vecinos de esta provincia.
Las acciones de quienes ostentan ocasionalmente el poder político provincial revelan un claro propósito de disciplinamiento a la administración de justicia intentando, a través del vaciamiento de recursos y el desprestigio social, sojuzgar a quienes tienen como función garantizar derechos fundamentales de la población, comprometiendo irresponsablemente al Estado Argentino por eventuales violaciones a normas internacionales y desamparar a sujetos vulnerados.
Quienes integramos la Defensa Pública pertenecemos a esta provincia, asumimos y enfrentamos la realidad cotidiana y los problemas derivados de la inseguridad con la cual también nos toca convivir. Sin embargo, convencidos de que un camino respetuoso del sistema democrático y republicano de gobierno, de equiparación de fuerzas y de respeto a las instituciones, es el idóneo para el abordaje de los flagelos, acompañamos los reclamos de los distintos actores del sistema judicial que se están manifestando y solicitamos se debatan respetuosamente con los involucrados, las sucesivas reformas a llevar adelante a futuro.
