El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, objetado entre otras cosas por su pasado nazi en la juventud, escribió una columna de opinión en Infobae con el título “El instituto jurídico del Decreto de Necesidad y Urgencia” en la que afirma: «Nuestro Presidente (Javier Milei) es, en el punto, una figura análoga al Rey (por ejemplo en España) o al Jefe de Estado (por ej. Presidente de la República en Italia) en los actuales sistemas parlamentarios europeos».
Según Barra, el presidente, «como jefe supremo de la Nación, ejerce tal función de jefaturaconforme con el sistema federal, sobre todo el país. Como jefe del gobierno, orienta la acción del Poder Legislativo y, junto con este, da forma al Poder Judicial en cuanto a su dimensión, integrantes y normas procesales. Como responsable político de la Administración, da cuenta de su gestión ante el Pueblo, especialmente a través de la herramienta electoral y también, en situaciones extremas, ante el Congreso».
Por eso, interpreta que «para cumplir con esta grave responsabilidad –la función de jefatura- la Constitución le otorga las competencias que se encuentran enumeradas en su artículo 99, entre ellas, las de dictar normas de naturaleza legislativa, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) «cuando circunstancias excepcionales hicieran imposibles seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes» (art. 99.3). Es decir, le otorga la competencia (“poder”) legislativa (con exclusión de algunas materias) excepcional, sujeta a un régimen especial de revisión y control por parte del Congreso».
Todo el artículo es un justificativo del mega DNU. «No es cierto que con el dictado del DNU se saltea al Congreso. El Congreso puede derogarlo, o modificarlo, con una ley, en menos de 24 horas, o anularlo conforme con el procedimiento de la ley 26.122, también en 24 o 48 horas. ¿Qué no puede hacerlo así porque no tiene suficientes mayorías, no son posibles los acuerdos, etc? Bueno, precisamente por estas razones la Constitución Nacional le otorgó al Presidente –basado en su mayoría electoral (56% de los votos)- la competencia legislativa a la que nos estamos refiriendo, cuando la urgencia, la emergencia, la necesidad social, exigen medidas expeditas, de valentía política, de ejercicio de la Jefatura Suprema de la Nación», argumenta Barra combinando consideraciones jurídicas con juicios de valor moral como la «valentía política» que le adjudica al mandatario libertario que lo designó en el cargo, pese a exceder la edad fijada por la Constitución para el mismo.
No contento con su regreso a tiempos anteriores a la Revolución de Mayo de 1810, Barra culmina su nota de opinión adjetivando peyorativamente a los que custionaron el DNU por inconstitucional: «Así como tenemos sectores que no admiten ser destetados del Estado, son legión en nuestras playas los fariseos del derecho, sepulcros blanqueados en los círculos del autobombo. Me permito repetir: así nos va, pero hasta ahora. Ya hemos comenzado a cambiar».
El pedigree del Procurador
Milei designó a un ¿ex? nazi en la Procuración del Tesoro: Rodolfo Barra
Ex juez de la Corte menemista Rodolfo Barra, tiene más historia en la mochila que la frondoza acumulada durante la década del 90: fue, más joven, militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, una organización política falangista, fascista y neonazi que actuó entre 1957 y 1966 y fue acusada de más de 40 actos terroristas.
Una vieja portada de la revista Noticias lo muestra haciendo el saludo del Tercer Reich, y a causa de ese pasado puesto en evidencia por el diario Página 12 y denuncias de entidades judías, debió renunciar al máximo tribunal. Pero antes y después, sumó cargos e intervenciones en la vida pública. Ahora, regresa al denostado Estado de la mano de los anarco capitalistas.
Barra no es precisamente “lo nuevo”. Fue uno de los paradigmas de la década menemista en la Corte de mayoría automática, en la que estuvo desde 1990 hasta 1993.
Empezó como secretario de Obras Públicas de la Nación desde el 10 de julio hasta el 18 de diciembre de 1989. En ese cargo, secundó al entonces titular de esa cartera Roberto Dromi, el “padre de las privatizaciones” y autor del lapsus: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sincericidio expresado durante el acto en el que Carlos Menem expuso el “decálogo” de su gestión.
Dejó el cargo para transformarse en secretario del Interior del Ministerio del Interior desde el día siguiente a su renuncia hasta el 18 de abril de 1990. Y fue designado juez de la Corte Suprema de Justicia, puesto que ejerció desde el 25 de abril de 1990 hasta el 20 de diciembre de 1993, cuando renunció al exponerse su pasado neonazi. No respondió a las acusaciones, no aclaró si eran ciertas o falsas: renunció.
