La Casa Educativa Terapéutica “Doctor Ramón Carrillo”, de Granadero Baigorria, es el único espacio gratuito y público de contención y tratamiento para jóvenes con problemas de adicciones en la zona del cordón industrial. Fue la primera del país en su tipo, y su apertura, en septiembre de 2014, representó el cambio de enfoque para el tratamiento de adicciones de jóvenes, ligándolo a la recuperación y a la inclusión social, que había comenzado un año antes con el arribo de un sacerdote, Juan Carlos Molina, a la máxima área nacional sobre narcotráfico. Pero ahora, a poco más de dos años de abrir sus puertas, y después de asistir a alrededor de 170 chicos, debió reducir de 8 a 4 horas diarias su atención, consecuencia de que tras la asunción del presidente Mauricio Macri en diciembre pasado, no se renovaron los contratos de 17 de sus 28 empleados. En febrero, el panorama pareció mejorar, ya que hubo una suerte de acercamiento cuando desde el gobierno nacional pactaron una extensión a los trabajadores por 90 días más.
Sin embargo, sólo se les abonó un mes y todo se volvió incierto.
La CET depende de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Desde el área nacional únicamente reconocieron y ratificaron, a fines del año pasado y tras el recambio de autoridades, los puestos de la directora y de tres profesionales. En tanto, fueron prácticamente desechados los acompañantes terapéuticos, asistentes, coordinadores de talleres y psicólogos que sostenían el funcionamiento de la casa.
El conflicto con los empleados comenzó con la finalización del convenio anual que la CET tenía con la Universidad Nacional de La Matanza. En febrero pasado, mediante diálogos y contactos con autoridades del gobierno nacional, se consiguió renovar los contratos por tres meses, aunque en esta ocasión el acuerdo fue con la Universidad Nacional de San Martín, ambas en el conurbano bonaerense.
Federico Cassale, uno de los trabajadores, contó que sólo se les abonó febrero, adeudándose a la fecha los sueldos de marzo y abril. “Pero además se da otra situación y es que la Universidad de San Martín, en su carácter de prestadora de servicios, se negó a recibir las facturas de este mes y las devolvió, y en el mismo sobre mandó las de marzo, lo que da a entender que no nos van a pagar”, agregó el joven.
En este contexto, la Municipalidad de Granadero Baigorria, que luego de la llegada del PRO a la presidencia se hacía cargo de las facturas de agua, teléfono, luz y del transporte, entre otros gastos de mantenimiento del lugar, les retiró hace un mes todo tipo de ayuda económica.
Desde el Ejecutivo de Granadero Baigorria marcaron que “al Estado (por la Municipalidad) mantener la casa terapéutica le cuesta cerca de 250 mil pesos por mes, cifra que para un gobierno como el de Baigorria significa un gasto muy grande”.
En vistas de que la mayor parte de los chicos que asisten a la CET son de distintas ciudades y comunas del sur santafesino hace unos días el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, se reunió con referentes de los gobiernos de Pérez, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Ibarlucea y Puerto General San Martín, ocasión en la que los funcionarios firmaron un acta de compromiso para garantizar la continuidad del espacio. No obstante, los trabajadores del lugar no son optimistas en cuanto al desenlace.
Cuando comenzaron los conflictos, los trabajadores solicitaron la intervención de Miguel Ángel Cappiello, en su carácter de senador por el departamento Rosario y por su experiencia anterior como ministro de Salud de la provincia, para que oficiara de una suerte de mediador, con el propósito de continuar con la labor social y terapéutica en la institución. Los diálogos con el gobierno provincial continúan y los empleados están a la espera de una respuesta positiva.
Atención necesaria
Actualmente la casa atiende 20 situaciones activas. “Se les llama así –según explicó Cassale– a los chicos que están con tratamiento”. Si bien hay algunos que no tienen la regularidad de una asistencia diaria, se acercan para tener terapia individual o concurrir a los talleres de cultura y de deportes, los cuales son obligatorios y forman parte de la atención integral que incluye terapia individual con un profesional.
“El hecho de que se reduzca la carga horaria y queden afuera algunos psicólogos contratados desencadenó que los chicos no puedan tener terapia individual todos los días”, apuntó el empleado.
En la CET se trabajaba con un enfoque basado en dos ejes fundamentales: uno es la inserción social a través de los talleres y el otro, la terapia individual. “Justamente, creo que se les quitó una parte esencial a quienes están atravesando el proceso para salir de las drogas. Después de más de un año y medio de trabajo, se quedan totalmente desprovistos de ayuda porque podrían tener el doble de talleres de los que tienen actualmente, lo que se traduce en seis horas menos de contención, seis horas menos por día en la calle enfrentándose a lo que ellos tienen por lucha diaria, que no es sólo la droga sino también el hecho de que reemplazaban con el Estado la atención que no tenían por parte de su familia. Un Estado que hoy los vuelve a abandonar”, enfatizó Cassale.
Los jóvenes y adultos que asisten a la casa, además de recibir tratamiento para las adicciones y participar de talleres de integración y recreación, desayunan y almuerzan en el lugar y hay quienes retiran la vianda para llevar a su casa, la que en algunos casos ha sido la única ración que pudieron ingerir en el día.
“Para seguir funcionando pedimos que la Municipalidad nos vuelva a prestar los servicios que nos estaba facilitando, como el transporte. También el teléfono, que nos cortaron y estamos incomunicados”, concluyó sin resignarse Cassale.
Historia grabada a fuego
Cuando hace un año y medio Rubén llegó a la Casa Educativa Terapéutica creía que tenía 26 años. Como no sabía leer ni escribir y estaba indocumentado, los trabajadores del espacio, después de muchos trámites y averiguaciones, descubrieron que en realidad tenía 22. Así, los asistentes y acompañantes terapéuticos le gestionaron su primer DNI.
Tal vez el caso de Rubén sea uno de los que más impactó a los trabajadores. En la CET el muchacho aprendió las cosas más básicas como higienizarse. También se alfabetizó y escribió su nombre por primera vez, después de vivir prácticamente en la calle desde los 6 años, mezclándose con el consumo de drogas cuando apenas era un niño.
