Los Centros, Grupos y Equipos de Investigación de la Universidad Nacional de Rosario firmantes expresamos nuestra preocupación por las políticas de seguridad implementadas por el gobierno provincial en estos últimos meses, su bajo impacto en la reducción de la conflictividad urbana, lo que resulta evidente ante los graves hechos sucedidos en los últimos días; y el consecuente agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en la provincia de Santa Fe. Asimismo, la difusión de imágenes y declaraciones de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad contrarían las normas constitucionales, internacionales y legales en materia de prohibición de la tortura y todo trato o pena cruel, inhumano o degradante.
Entendemos que las acciones del gobierno provincial enmarcadas en políticas de “mano dura” no sólo resultan violatorias de derechos humanos básicos, sino que han demostrado su reiterada ineficacia para enfrentar el problema del delito y la escalada de violencia altamente lesiva en la ciudad. En este sentido, Rosario experimentó en la última década (2012-2023) un aumento significativo de las muertes violentas, clasificadas por las burocracias penales como homicidios. Se ubica así como una de las ciudades con mayor registro de homicidios de Argentina. Es decir, según datos oficiales, de una tasa promedio de 9 cada 100.000 habitantes —relativamente baja en relación con el contexto argentino— a partir del año 2012, esta comenzó a incrementarse significativamente. Para el año 2013 llegó a un pico de 23 cada 100.000 habitantes; tendencia que se sostuvo hasta el año 2014. En los años subsiguientes la tasa experimentó un descenso, aunque se mantuvo por encima de su tasa promedio histórica y aumentó nuevamente en los años 2021 y 2022, llegando a valores muy superiores a la media nacional.
A la par de ello, en la última década (2013-2023) se duplicaron la cantidad de personas presas en cárceles y comisarías, con penas cada vez más duras y regímenes de privación de libertad cada más restrictivos, que no resolvieron el problema de la violencia en la ciudad, al contrario, lo agravaron. En dicho período, la población encarcelada de la provincia de Santa Fe creció de forma continua, acumulando un aumento del 200 %, y registrándose en el paso del año 2022 al 2023 un incremento del 9 %. Situación que se tradujo, para finales del 2023, en un total de 8.967 personas detenidas en establecimientos penitenciarios y con una sobrepoblación del 40%, es decir, 2.593 personas que exceden la capacidad ocupacional de las dependencias del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Condiciones que lejos de habilitar propuestas para un abordaje integral de la problemática carcelaria, atendiendo a la combinación de disposiciones securitarias y reintegradoras, acentúan las deficiencias estructurales y las desigualdades pre-existentes, impactando en el aumento de la conflictividad.
Asimismo registramos una reducción de los servicios socio asistenciales en áreas sociales prioritarias, fundamentalmente a nivel nacional pero con un gran impacto en las provincias (nos referimos específicamente al cierre de los Centros Territoriales de Referencia, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, el desfinanciamiento de los comedores comunitarios). Este viraje en materia de políticas sociales profundiza el deterioro del entramado social, debilitando aún más las posibilidades de que las familias pobres y de la clase media empobrecida cuenten con soportes para hacer frente a la actual crisis. Además, observamos con mucha preocupación el recrudecimiento de un discurso que avala prácticas deshumanizantes, sostenidas con un alto nivel de crueldad respecto de los padecimientos y las problemáticas sociales.
Para cumplir con la obligación de brindar seguridad a las personas resulta imprescindible avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas, mediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad, en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Sin dudas desescalar el conflicto en la ciudad no resulta tarea sencilla. Requiere de consensos amplios de diversos actores sociales para diseñar e implementar políticas y acciones integrales, lo que implica también una adecuada asignación presupuestaria. Implica el involucramiento de los tres niveles del estado, donde sin desconocer el rol de las agencias del sistema penal -policía, fuerzas de seguridad, administración de justicia penal y sistema penitenciario- tomen mayor relevancia otras áreas estatales, organizaciones sociales y comunitarias. Fundamentalmente, exige partir de diagnósticos exhaustivos que den cuenta de la complejidad del fenómeno de la(s) inseguridad(es), la(s) violencia(s), el delito y los mercados ilegales; y donde se problematicen las prácticas de las burocracias penales.
Equipo de Investigación (FDER-UNR), Área de Antropología Jurídica (FHyA-UNR) y Equipo de Investigación sobre infancias y juventudes de la Escuela de Trabajo Social (FCPOLIT-UNR) nucleados en el Proyecto PIUNR “Juventudes, violencia(s) y burocracias estatales”.
Equipo de investigación sobre Educación en Cárceles del Centro de Investigación de Comunicación en Contextos Socioeducativos (CICSE-UNR).
Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género (FCPOLIT-UNR).
Grupo de Estudio sobre Violencia y Política (FCPOLIT-UNR)
Centro de Investigaciones en Gubernamentalidad y Estado (CIGE/FCPOLIT-UNR)
Grupo de Estudio sobre Estética y Política (GEEP-UNR)
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Latinoamericanos (CEJUSOL-FDER-UNR).
