“Tenemos un conflicto en la empresa Ar Zinc, que se le rompió el horno –que es el corazón de la empresa– y quieren suspender a los trabajadores con el 70 por ciento del salario básico. Rechazamos esta postura”, refería a El Ciudadano en febrero de 2016 el titular del Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán, Daniel Santillán. Por entonces, el además dirigente de la CGT San Lorenzo peleaba por la continuidad: “Ar Zinc es parte del grupo Glencore, que se ve beneficiado por la quita de retenciones a la minería del gobierno nacional”, razonaba. Semanas más tarde, la multinacional con sede en Suiza confirmaba que no sólo no reabría el horno, sino que cerraba toda la empresa, con la que se había quedado al adquirir el paquete accionario. Para abril del año pasado, 420 obreros de la ex Sulfacid reclamaban desde la calle. Habían contribuido con el 30 por ciento de su salario a una promesa que quedó en ilusión. Y ahora, para peor, se termina de cerrar el círculo: la empresa que los echó por una supuesta crisis es una de las que asomaron en los Paradise Papers, los documentos que dan cuenta de firmas y sociedades que operan en paraísos fiscales para eludir miles de millones de todas las monedas del mundo en impuestos.
“Sabemos que con este menemismo moderno se pueden perder puestos de trabajo”, había advertido ya desde el vamos el dirigente Santillán en referencia a las primeras medidas del entonces aún incipiente gobierno de Mauricio Macri. Todavía la pelea del gremio era por “efectivizar a compañeros que estaban como contratados”, pero a la par abría el paraguas: “Ya sabemos cómo son los economistas liberales, que aprietan el bolsillo de los trabajadores y benefician a los grandes grupos económicos”, advertía.
Las presunciones del titular de los Químicos y Petroquímicos se cumplieron: “Cuando el presidente firmó la quita de retenciones a las mineras, al grupo Glencore le convino más sacar de Jujuy los minerales para exportarlos y no procesarlos”, explicaba el cierre de la única planta de la región que producía ácido sulfúrico y lingotes de zinc.
Ahora, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) que investiga millones de documentos filtrados sobre operaciones en paraísos fiscales va encontrando rastros de más de cien mil sociedades, empresas y personas, algunas argentinas –y surgieron nombres de funcionarios del gobierno– que revelan cómo eluden su responsabilidad, no sólo fiscal.
Y ahí está Ar Zinc. Según publicó el periodista Ricardo Robins, de Rosario3, en base a los Paradise Papers, la multinacional Glencore utilizó una empresa offshore radicada en las islas Bermudas para comprar en 2005 y cerrar en 2016 la firma de Fray Luis Beltrán.
Allí dejó en la calle, además de sus 420 obreros a decenas de empleados administrativos y cortó lazos con contratistas que, según estimaciones sindicales, replican a un millar la pérdida de puestos de trabajo en una ciudad de menos de 20 mil habitantes.
Además, le dejó una deuda de Derecho de Registro e Inspección (Drei) a Fray Luis Beltrán. “Nosotros no sabíamos que era una offshore, nos enteramos ahora”, reconoció al portal rosarino la intendenta local, Liliana Canut.
“Aportaban 600 mil pesos del Drei que era muy importante para nosotros. Cuando cerraron no nos querían pagar una deuda. Tuvimos que hacerles un plan de pagos en cuotas y aún queda un remanente de eso”, lamentó Canut.
Tal como lo había marcado el dirigente sindical Santillán, enrolado en la combativa Corriente Federal de la CGT, Glencore es accionista de las mineras La Alumbrera, de Catamarca, en sociedad con el Estado nacional, y El Pachón, en San Juan, donde anunció una inversión –a partir de los primeros meses de 2016– de 3.000 millones de dólares para convertir el yacimiento en “la explotación de cobre más grande del país”. En ambos casos los emprendimientos son a cielo abierto, y con denuncias por contaminación.
Glencore también tiene locomotoras propias que llegan al puerto, también propio, de La Alumbrera en Puerto San Martín.
Según la investigación de la periodista, integrante del Icij Sandra Crucianelli, Glencore extrae de la Argentina millones de dólares anuales a través de al menos seis firmas offshore. Una de ellas, radicada en Bermudas, un paraíso fiscal, es Glencore Finance Ltd: es la que compró Ar Zinc y, coincidiendo con el cambio de reglas sobre retenciones, la cerró.
Según da cuenta Rosario3 la mayoría del paquete accionario de la antigua Sulfacid era propiedad de Shattuck Trading Co, Grupo Minera SA y Minera Aguilar SA. Los documentos indican que Glencore Finance Ltd. fue la que se quedó con el 1 ciento por ciento de las acciones.
“Sulfacid era propiedad del grupo Bunge y Born y después pasó a manos de Comsur, del empresario y ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, un socio de Glencore, empresa que al final se quedó con el paquete accionario”, le dijo al portal Santillán.
“No era un problema de costos. Nosotros siempre lo dijimos, pero nadie nos escuchó: cuando el gobierno nacional les sacó las retenciones todo el grupo se reestructuró y cerraron la fábrica porque no era negocio. Fue por razones financieras: a ellos no les importa qué pasa con nosotros”, lamentó el titular de los Químicos y Petroquímicos. Y los reclamos, al Triángulo de las Bermudas.
Ser y parecer es la cuestión
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una red internacional con sede en Washington, Estados Unidos, que agrupa a más de 190 periodistas de investigación de más de 65 países, entre ellos la Argentina. A su cargo quedó la investigación de los Panamá Papers el año pasado y de los Paradise Papers este año, cuyos datos comenzaron a hacerse públicos el pasado domingo 5. Estos Papeles del Paraíso, contienen más de 13 millones de documentos que involucran a unas 120.000 sociedades, empresas y personas que ocultan fortunas en paraísos fiscales para esquivar el pago de impuestos o esconder inversiones y participaciones accionarias. Se trata de defecciones éticas o morales que también pueden incurrir en hechos delictivos o violaciones legales: por caso, evasión de impuestos es delito, pero –se argumenta incluso en la Casa Rosada– eludirlos no, ya que incluso cuestiones impositivas han formado parte de regímenes de promoción industrial. Pero, ocultar patrimonio, en el caso de funcionarios, viola la ley de Ética Pública.
Sólo queda el tendal
Glencore informó en 2015 que pagó 525 millones de dólares en la Argentina. Pero, según Resource Project, una base de datos que toma información oficial, los pagos a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superaron los 45 millones de dólares entre regalías e impuestos. Ese dato tomó la periodista del Consorcio Icij Sandra Crucianelli para enviar, el pasado 26 de octubre, una carta al director para la Argentina de Glencore, José Luis Musso, en la que le solicitaba información que debía ser pública. Se trataba concretamente de cinco preguntas sobre las subsidiarias de Glencore en el país, radicación de la casa matriz y causas judiciales, en la que solicitaba la versión empresaria antes del 3 de noviembre. La respuesta nunca llegó.
Crucianelli se refería al reclamo de la provincia de Catamarca a Glencore por el pago de regalías de la minera La Alumbrera y a la demanda judicial de la provincia de Tucumán por ocultamiento de ganancias en otras de las empresas del grupo.
No son los únicos tendales por los que acusan a la offshore. La intendenta Canut le dijo a Rosario3 que el cierre de Ar Zinc dejó además “un pasivo ambiental muy grande”, por fuera de lo que está pagando por Drei, en cuotas. Ar Zinc pagaba al municipio de Fray Luis Beltrán unos 600 mil pesos por mes (hoy serían cerca de un millón). “Ese ingreso era muy importante para la ciudad, era la única industria grande que teníamos”, lamentó Canut, que todavía espera el saneamiento ambiental del predio y de las cinco cavas o depósitos de residuos industriales: “Algo están haciendo porque hay movimiento pero muy lento y por sectores”.
El reclamo ya se cursó a la provincia. “No están cumpliendo con el saneamiento y no nos dejan ingresar a la planta a ver cómo está. Esto quedó como una pantalla porque no está constatado el cierre”, dijo el dirigente sindical Santillán.
En cuanto a los trabajadores que pagaron con sus puestos el buen clima para inversiones, algunos todavía no tienen trabajo. “Cobraron una indemnización. Algunos pusieron un quiosco, otros un remís, otros siguen sin empleo. En la ciudad bajó el consumo, hubo cierre de comercios. El círculo que se genera es tremendo”, describió Canut a Rosario3.
